Luis Alberto Pino Soto

Rut : 11.667.635-4
Fecha Detención : 01-07-1986
Comuna Detención : Arica
Fecha Nacimiento : 15-07-1970
Edad : 15
Lugar Nacimiento : Arica
Oficio o Profesión : Estudiante educación secundaria
Nacionalidad : Chilena

Prensa

Cuatro décadas de lucha familiar logran la incorporación oficial del adolescente desaparecido en Arica al registro de víctimas de la dictadura, mientras una nueva investigación judicial busca esclarecer los hechos como delito de lesa humanidad

Cuatro décadas tuvieron que pasar para que la familia de Luis Alberto Pino Soto, un adolescente de 15 años desaparecido en julio de 1986 en la ciudad de Arica, lograran que el menor fuera reconocido e incorporado en el registro oficial de las personas desaparecidas que dejó la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Este reconocimiento, materializado en febrero pasado, marca un hito en una larga historia de búsqueda, errores administrativos y sufrimiento familiar, abriendo además una nueva etapa judicial, ya que desde fines de 2024 el caso comenzó a investigarse como un crimen de lesa humanidad.

La oficialización de este reconocimiento se realizó en una ceremonia encabezada por el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, en la delegación presidencial de Arica, ocasión en la que se hizo entrega a la familia de Luis Pino de la carpeta del caso y del reconocimiento en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, o “Comisión Rettig”. Este acto representó no solo un gesto simbólico, sino la corrección de dos errores que durante más de treinta años mantuvieron al menor fuera del registro oficial de víctimas.

El camino hacia esta reparación comenzó con una sentencia dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó incorporar a Pino Soto al listado oficial de víctimas. En el fallo se acreditó que en su caso hubo dos equivocaciones: primero, haberlo incluido en la lista de casos «sin convicción», en lugar de reconocerlo como víctima en el Informe de la Comisión Rettig; y segundo, la existencia de un error en la transcripción de su apellido, que durante años dificultó su correcta identificación.

«Reconocimiento del error contribuye a traer tranquilidad»

El abogado Francisco Bustos, representante de la familia de la víctima y miembro del Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos que retomó las diligencias judiciales durante el segundo semestre de 2024, se refirió al significado de este paso para los seres queridos del joven desaparecido.

“Continuaremos acompañando a la familia, buscando verdad respecto del paradero de Luis Pino Soto, y justicia respecto de los responsables de su desaparición. Por décadas el Estado no reconoció su desaparición y muchas autoridades nunca se tomaron la molestia de escuchar a la familia, lo cual incrementó el dolor sufrido. Por lo tanto, el reconocimiento del error contribuye a traer tranquilidad a los padres y hermanos de Luis”, señaló.

Bustos también tuvo palabras de reconocimiento para las instituciones y políticas públicas que facilitaron este proceso, una vez detectado el error administrativo que mantuvo al adolescentes fuera del registro durante décadas.

«Valoramos las palabras del exministro de Justicia y Derechos Humanos, y políticas públicas como el Plan Nacional de Búsqueda que contribuyeron a hacer efectiva su inclusión en la nómina oficial de víctimas del Informe de la Comisión Rettig, una vez detectado el error», sostuvo el abogado, quien también se refirió a la importancia de dar continuidad a estas políticas más allá de los cambios de gobierno.

«Y por lo mismo, esperamos que el nuevo gobierno sepa mantener y apoyar el trabajo en materia de verdad y justicia», afirmó, citado en una nota de prensa.

La reactivación judicial y el error de la Comisión Rettig

El impulso definitivo al caso llegó cuando la familia de Luis Pino, contactada por la organización Mujer, Memoria y Derechos Humanos de Arica, logró establecer comunicación con el jurista Francisco Bustos y el Estudio Caucoto Abogados. Esta alianza permitió presentar una querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de secuestro calificado consumado —que corresponde jurídicamente a la desaparición forzada—, así como de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, cometidos en perjuicio del joven.

La acción judicial fue acogida a tramitación por el ministro en visita extraordinaria que investiga causas de derechos humanos, Sergio Troncoso Espinoza, de la Corte de Apelaciones de La Serena, quien tiene ahora la misión de establecer el paradero y la suerte corrida por el adolescente durante la dictadura.

En el marco de esta nueva investigación, se solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos toda la información relativa al manejo del caso por parte de la Comisión Rettig. La respuesta de la institución resultó reveladora y confirmó las sospechas de la familia: el caso de Luis Alberto Pino Soto sí había sido reconocido como una víctima calificada en la sesión 72 de la Comisión, realizada el 27 de diciembre de 1990. Sin embargo, por alguna razón que hasta el día de hoy se desconoce, el caso del menor no apareció en el documento final, quedando erróneamente clasificado como «sin convicción», una de las categorías consensuadas por los comisionados para aquellos casos en los que no se reunían antecedentes suficientes para determinar la calidad de víctima.

Este hallazgo no hizo sino confirmar lo que la familia siempre había sostenido: que Luis había sido víctima de la represión dictatorial y que su desaparición merecía ser reconocida como tal, más allá de los errores burocráticos que durante años lo mantuvieron en un limbo legal .

Un largo camino hacia la verdad: la historia de Luis Pino Soto

Luis Alberto Pino Soto tenía apenas 15 años al momento de su desaparición y cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de la ciudad de Arica.

De acuerdo con los datos entregados por su familia y las investigaciones realizadas, el rastro de Luis se pierde cerca de las 14:00 horas del 1 de julio de 1986, una vez que sale de su hogar con destino a la casa de un compañero de escuela en vísperas de protestas contra la dictadura. Desde ese momento, se desconoce por completo su paradero.

El periplo de la familia Pino Soto se extiende desde aquel fatídico día en que se le perdió el rastro al menor. Pese a las diligencias realizadas en esos años por sus padres ante las policías y en los tribunales de justicia de la ciudad nortina, todas resultaron infructuosas. Peor aún, en torno a su búsqueda se suscitaron diversas irregularidades que hoy forman parte de la investigación judicial y que dan cuenta de las dificultades que enfrentaban los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

La primera acción impulsada por la familia fue acudir a la 3ra Comisaría de la ciudad para dejar constancia de la desaparición del menor, diligencia que no se pudo concretar por las pocas horas transcurridas desde su desaparición.

Finalmente, el 3 de julio de ese año, tres días después de perderse su rastro, los padres de Luis acudieron a la Policía de Investigaciones, específicamente al Cuartel Belén, donde procedieron a estampar una denuncia por presunta desgracia, iniciándose oficialmente la búsqueda del joven estudiante. Sin embargo, esta operación tuvo nulos resultados, como ocurrió en la gran mayoría de los casos de detenidos desaparecidos.

Pistas sin confirmar y amenazas a la familia

A lo largo de estos casi cuarenta años, su familia habría recibido dos antecedentes que pudieron ser cruciales para acceder al paradero del menor. Uno de ellos señalaba que Luis habría sido visto subiendo a un camión militar en la esquina de la Avenida Tucapel. El otro indicaba que su cédula de identidad habría aparecido en la tercera comisaría de Carabineros, ubicada cercana a Tucapel. Sin embargo, ambas informaciones nunca pudieron acreditarse.

En la época de los hechos, sus padres también interpusieron un recurso de amparo y otro de protección a favor de Luis ante la Corte de Apelaciones de Arica, buscando la intervención del poder judicial para dar con su paradero. Pero pese a presentar todos los antecedentes requeridos, su familia no solo no obtuvo respuestas, sino que fue amedrentada y amenazada para no seguir investigando.

La luz de esperanza y el error que se repite

El 27 de mayo de 1990 hubo una luz de esperanza para sus familiares. Ese día, el diario La Estrella de Arica publicó una nota con un listado de 10 personas desaparecidas, titulada: «Coordinadora de Derechos Humanos entregó lista de desaparecidos». En dicho listado aparecía el nombre de Luis, pero con su primer apellido mal escrito: en vez de «Pino» se publicó como Víctor «Pinto» Soto, un error que resultaría premonitorio de lo que vendría después.

Este indicio llevó a sus padres a acudir a la Comisión Rettig, donde entregaron todos los antecedentes solicitados del menor, con la esperanza de que finalmente su caso fuera reconocido y su nombre inscrito en la memoria oficial del país.

Sin embargo, al darse a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) en febrero de 1991, la desilusión fue mayúscula. El apellido nuevamente venía erróneo y su nombre se publicaba como «PINTO SOTO Luis Alberto», quedando además incluido en la nómina de casos «sin convicción».

Este error administrativo, tuvo consecuencias devastadoras para la familia, ya que durante más de tres décadas impidió que el caso de Luis fuera considerado oficialmente como parte de las víctimas de la dictadura, dificultando el acceso a programas de reparación y, sobre todo, perpetuando la injusticia de mantener oculta la verdad sobre su desaparición.

Una citación electoral que reabrió las heridas

En 2023 ocurrió un hecho que, aunque increíble, reactivó el caso y movilizó a las organizaciones de derechos humanos.

La familia recibió en su domicilio una citación y multa del Juzgado de Policía Local de Arica dirigida a su hijo por no haberse presentado a votar en una elección obligatoria. Este hecho, absurdo considerando que Luis llevaba desaparecido casi cuatro décadas, incrementó la angustia de la familia y llevó a que la organización «Mujeres, Memoria y Derechos Humanos» de la ciudad nortina presentara el caso a diversas instituciones, incluyendo la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos en 2023. Ante la falta de respuesta a sus gestiones, los motivaron a la familia a iniciar acciones judiciales en 2024, lo que finalmente condujo al reconocimiento oficial logrado en febrero de este año.

Un futuro de justicia y verdad

A la fecha, el menor continúa desaparecido, pero ahora el Estado lo ha reconocido como víctima en una ceremonia oficial, mientras su familia sigue una búsqueda silenciosa con la esperanza de poder conocer el destino final de Luis Pino Soto.

La investigación judicial, ahora en manos del ministro Sergio Troncoso Espinoza y con la representación del Estudio Caucoto Abogados, avanza con la calificación de crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe y que puede perseguirse a los responsables independientemente del tiempo transcurrido.

El caso de Luis Pino Soto, con sus errores administrativos, sus pistas no confirmadas, sus amenazas a la familia y su lucha incansable por la verdad, representa de alguna manera la historia de cientos de detenidos desaparecidos en Chile. Pero también representa la posibilidad de reparación, aunque sea tardía, y la esperanza de que, algún día, la justicia pueda alcanzar a quienes cometieron estos crímenes.

Fuente :elciudadano.cl, 13 de Marzo 2026

Fecha :13-03-2026

En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, la familia de Luis Alberto Pino Soto, estudiante secundario desaparecido en 1986, recibió oficialmente la carpeta del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), tras una resolución judicial que corrigió un error administrativo que por décadas impidió su reconocimiento como víctima de la dictadura.

La entrega constituye un hito de reparación simbólica y reconocimiento estatal, luego que se estableciera que el apellido del joven fue registrado erróneamente como “Pinto” en lugar de “Pino”, lo que dejó su caso fuera de los registros oficiales durante casi 40 años.

CORRECCIÓN JUDICIAL Y RECONOCIMIENTO OFICIAL

La ceremonia se sustentó en el fallo emitido el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, el cual ordenó rectificar la información contenida en los archivos oficiales. Esta resolución permitió que Luis Pino Soto fuera finalmente incorporado como víctima de violaciones a los derechos humanos.El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic, destacó que es un deber del Estado esclarecer los hechos ocurridos durante la dictadura, señalando que este avance no solo responde a una demanda familiar, sino también a una responsabilidad colectiva de la sociedad chilena.

Asimismo, subrayó que este logro fue posible gracias a las gestiones realizadas dentro del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que permitió detectar el error de transcripción y activar las acciones judiciales correspondientes.

DESAPARICIÓN Y LARGO CAMINO A LA VERDAD

Luis Pino Soto tenía 15 años y era alumno del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez cuando fue visto por última vez el 1 de julio de 1986, en un contexto marcado por protestas y represión. Tras su desaparición, sus padres, Víctor Pino y María Soto, presentaron una denuncia por presunta desgracia y denunciaron haber recibido amenazas y hostigamientos.

En la actividad participaron autoridades nacionales y regionales, entre ellas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, junto a representantes de organizaciones de memoria y derechos humanos, quienes acompañaron a la familia en este acto de reconocimiento.

La entrega del Informe Rettig marca un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia, y reafirma la necesidad de mantener viva la memoria histórica y garantizar que ninguna víctima quede fuera del registro oficial por errores administrativos.

Fuente :vilasradio.cl, 3 de Marzo 2026

Fecha :03-03-2026

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas contra la dictadura de Pinochet y la derecha en todo el país.

En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron entrega oficial de la carpeta de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig, a los familiares de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 15 años que desapareció cuatro décadas atrás en Arica durante la dictadura civil militar.

El acto se fundamenta en la sentencia dictada el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, la cual ordenó subsanar un error administrativo que impidió su reconocimiento como víctima de violación a los derechos humanos. Esto, porque el apellido de Luis fue transcrito como ‘Pinto’, en lugar de ‘Pino’.

Tras la entrega, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, recordó que «esclarecer los hechos que ocurrieron es un derecho que tenemos como sociedad, no solo las familias y personas afectadas de manera directa, sino que todas y todos».

«Dar cuenta y reconocer lo que sucedió es responsabilidad del Estado. Tras 40 años sin certezas, la familia de Luis Alberto recibe una respuesta a través de las diligencias realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda», agregó el director del INDH.

Desaparecido en 1986

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas contra la dictadura de Pinochet y la derecha en todo el país.

Sus padres, Víctor Pino y María Soto, interpusieron entonces una denuncia por presunta desgracia, recibiendo en los días siguientes amenazas y hostigamientos.

Pero, pese a los intentos de su familia para que Luis Pino fuera registrado como víctima de la dictadura, el error de transcripción impidió su reconocimiento hasta ahora.

En 2024, la familia presentó una querella por la desaparición forzada de Luis Pino Soto, representados por los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos. En este marco, una de las diligencias solicitadas al ministro en visita extraordinaria fue que el Programa de Derechos Humanos remitiera copia de los antecedentes de calificación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Así, a fines de ese año, en la respuesta del organismo estatal a los tribunales, junto con la entrega de antecedentes, se reconoció la existencia del error, detectado al revisar los datos para su entrega, con los resultados ya señalados.

por Absalón Opazo

Fuente :elciudadano.cl,3 de Marzo 2026

Fecha :03-03-2026

La instancia marca un hito en la reparación simbólica para la familia del estudiante secundario desaparecido en 1986, cuyo nombre fue omitido de los registros oficiales debido a un error de transcripción.

En una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hicieron entrega oficial de la carpeta de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig, a los familiares de Luis Alberto Pino Soto, adolescente de 15 años que desapareció cuatro décadas atrás en Arica durante la dictadura.

El acto se fundamenta en la sentencia dictada el pasado 28 de enero por el 19° Juzgado Civil de Santiago, la cual ordenó subsanar un error administrativo que impidió su reconocimiento como víctima de violación a los derechos humanos: el apellido de Luis fue transcrito como “Pinto”, en lugar de “Pino”.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, valoró este hito y señaló que “esclarecer los hechos que ocurrieron es un derecho que tenemos como sociedad, no solo las familias y personas afectadas de manera directa, sino que todas y todos. Dar cuenta y reconocer lo que sucedió es responsabilidad del Estado. Tras 40 años sin certezas, la familia de Luis Alberto recibe una respuesta a través de las diligencias realizadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda”.

Luis Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, tenía 15 años cuando fue visto por última vez, el 1 de julio de 1986, en un contexto de alta represión y protestas. Sus padres, Víctor Pino y María Soto, interpusieron una denuncia por presunta desgracia y en los días siguientes recibieron amenazas y hostigamientos.

Pese a los intentos de su familia para que Luis Pino fuera registrado como víctima de la dictadura, el error de transcripción impidió su reconocimiento hasta ahora. El caso llegó el 2024 al Plan Nacional de Búsqueda, donde sus profesionales descubrieron el error e interpusieron una acción declarativa ante el 19° Juzgado Civil de Santiago.

En la actividad participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla; la Delegada Presidencial Regional (s) de Arica y Parinacota, Olga Testa Camp; la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Ana Vargas Valenzuela; junto a familiares de la víctima y representantes de organizaciones de memoria y derechos humanos de la región.

 

Fuente :INDH , 2 de Marzo 2026

Fecha :02-03-2026

En septiembre de 2023, a la casa de los padres de Luis Alberto Pino Soto, a quien buscan hace cuatro décadas, cuando desapareció a sus 15 años, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llegó una notificación de un juzgado de Arica, en el extremo norte de Chile, donde su hijo era citado por no ir a votar en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo, de acuerdo con los registros del Servicio Electoral (Servel): la ley de sufragio obligatorio sanciona a quien no acude a las urnas, si no presenta una justificación. La carta no solo fue escalofriante y un nuevo dolor para la familia, que tiene una herida abierta desde el 1 de julio de 1986, cuando vio por última vez a Luis. También dejó en evidencia, tiempo después, un error administrativo del Estado que se arrastró por años y que, al corregirse, derivó en que el adolescente haya sido reconocido oficialmente este jueves como una de 1.469 personas desaparecidas, en una ceremonia en Arica: su nombre no quedó en los registros del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, en 1991, que impulsó Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática y en el que se identificó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Luis era el segundo de cuatro hermanos. Y desapareció cuando a las 13.45 horas salió de su casa, en la población Santa Rosa de Arica, a buscar un cuaderno al domicilio de un compañero de la secundaria del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez. Ese 1 de julio de 1986 había un clima convulso, en la antesala de una masiva protesta contra Pinochet, en una convocatoria a un paro nacional, para los días 2 y 3, en la que se llamó a la apertura de los registros electorales y a la realización de elecciones libres: terminó con una brutal represión. Al transcurrir las horas, y Luis no regresaba, sus padres, Víctor Pino y María Soto, comenzaron a buscarlo. Acudieron, por la noche, a Carabineros, que no recibió la denuncia debido a que debían pasar 48 horas para abrir una pesquisa por presunta desgracia. Dos días después, la Policía de Investigaciones sí recepcionó el caso.

Fuente :El País - 27/2/2026

Fecha :27-02-2026

A mediados de 2023, un particular documento arribó hasta el domicilio de la familia Pino Soto en Arica. Su contenido, en formato de carta certificada, dejó estupefacto a Hans, el hijo menor de María del Tránsito Soto y Víctor Pino Pino. Su hermano, Luis Alberto Pino Soto, quien desapareció en 1986 durante la dictadura militar, estaba siendo citado a declarar al Juzgado de Policía Local por no presentarse a sufragar.

Según un reportaje publicado por 24 horas el 7 de diciembre del mismo año, Hans Pino pensó en un principio que se trataba de una mala broma. Miró a su padre, nervioso, y se preguntó por qué, luego de (para entonces) 33 años de búsqueda, su hermano mayor no había sido incorporado al Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos: “Es un chiste de pésimo gusto”.

Los hechos

La desaparición de Luis Pino Soto se produjo el 1 de julio de 1986 a primeras horas de la tarde, mientras caminaba desde su casa en la Población Santa Rosa hasta la de un compañero de curso para buscar un cuaderno, ad portas de una jornada de protestas nacionales contra el régimen de Augusto Pinochet.

Su profesor jefe, Daniel Santander, declaró a La Estrella de Arica que se trataba de un niño “sosegado, aceptado y querido por sus compañeros”. Al momento de perderse su rastro cursaba tercer año de enseñanza media en el Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica.

Fue su personalidad tranquila y costumbre de volver de inmediato a casa lo que encendió las alarmas en la familia. El matrimonio Pino Soto, según contó en una carta escrita en  2010, acudió la misma tarde a la Tercera Comisaría de Carabineros a dejar constancia de la desaparición del menor. Sin embargo, los funcionarios de turno no recepcionaron los antecedentes.

Al día siguiente volvieron al lugar, siguiendo la indicación de Carabineros de esperar 24 horas para interponer la denuncia. Pese a eso, la respuesta obtenida fue la misma. Ante ello, acudieron a la Policía de Investigaciones (PDI), institución que acogió la denuncia por presunta desgracia y desaparición. Este hecho inició una búsqueda que, hasta la fecha, no ha dado resultados.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica de la época era Adela Manquilef, quien –según relataría años más tarde Víctor Pino Pino en la misma misiva– al ver que la madre de Luis sostenía conversaciones con personas que ella calificaba como “dirigentes de izquierda”, le manifestó que “como se estaba juntando con gente comunista, las buenas noticias que tenía para ella ya no se las iba a dar”, para luego solicitar que abandonara la sala de audiencias. Tras ello, a la salida de la Corte, se enfrentaron a diversas amenazas de sujetos que la familia asegura que eran agentes de la CNI.

Los datos sobre el paradero de Luis Pino Soto son difusos. Testigos que posteriormente nunca declararon en forma judicial dijeron a la familia que lo vieron subir a un camión militar. Otras versiones indican que su cédula de identidad apareció en la Tercera Comisaría de Carabineros, lo que tampoco fue corroborado.

No figura en ningún registro

A juicio de la familia, un error de tipeo fue fundamental para que el joven no fuera calificado como detenido desaparecido, puesto que el 27 de mayo de 1990 el diario La Estrella de Arica publicó una lista de 10 personas desaparecidas, que le fue entregada por la Coordinadora de Derechos Humanos.

Dicha lista –aseveran las denuncias realizadas por la familia–, contenía una falta tipográfica y de ese modo la víctima figuraba en el listado como Luis Alberto “Pinto” Soto, en vez de “Pino”, su real apellido.

Este error escaló a la Comisión Rettig, que no lo consignó como víctima. Esto se replicó en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123, en los 90, y a la Comisión Valech II.

Esta equivocación explicaría, por ejemplo, la carta de citación del Servel. El 2023, el Servicio Electoral argumentó que la inscripción automática, establecida el 2012, sumó entre los sufragantes a Luis Pino Soto, pues según los datos recolectados desde el Registro Civil no figura ni en la lista de desaparecidos en dictadura ni entre los fallecidos.

A fines del año pasado la causa fue asumida por los abogados Francisco Bustos y Francisco Ugás, del estudio jurídico Caucoto, quienes junto con querellarse emprendieron acciones en torno al error sobre el nombre del joven, en búsqueda de una reparación de parte del Estado. Al respecto, Bustos explica que “tuvimos respuesta del Programa de Derechos Humanos, donde reconocían este error histórico. Dentro de la Comisión Rettig es la única equivocación de este tipo que conozco”.

Un trabajo pendiente de reparación

El querellante recalcó que, pese a que siguen trabajando en el proceso penal y su orientación, aún quedan varias materias pendientes y que “uno de los objetivos que tiene esta labor es relativa a la búsqueda; es decir, cuál fue el destino final de Luis Pino” y, en ese sentido, el que ahora sea reconocido como víctima de violación de sus derechos humanos por parte de Estado permitirá que su caso sea incorporado al Plan Nacional de Búsqueda.

“También está pendiente la reparación del daño a la familia, que el reconocimiento del error también signifique que se le paguen las pensiones adeudadas a la madre (…). La pregunta que nos hacemos es cómo esto no hizo saltar las alarmas en otras personas que revisaron este caso”, comenta el abogado.

Cabe indicar que a principios de este año el Gobierno se comprometió a reconocer esta equivocación y a entregar los beneficios estatales que existen para familiares de víctimas de violaciones de los DD.HH. a la madre de Luis Pino Soto. Sin embargo, estas medidas estarán sujeta al decreto establecido por el Ejecutivo, que debería publicarse prontamente, en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, que se conmemora cada 30 de agosto.

N. de la R.: Cabe consignar que la Comisión Rettig reconoció a Luis Pino en una sesión (la número 72), como víctima de violaciones a los DDHH, pero no estuvo en la lista de víctimas, sino en la de casos sin convicción.

 

Fuente :elmostrador.cl, 30 de Agosto 2025

Hans Pino tenía siete años cuando se perdió el rastro de su hermano el 1 de julio de 1986 en Arica, en el norte de Chile: admiraba sus dibujos y figuras de naves espaciales. Recién a finales de febrero, Luis fue reconocido en el listado oficial de víctimas

Luis Alberto Pino Soto era el tercero de cuatro hermanos y tenía 15 años cuando desapareció, la tarde del 1 de julio de 1986, cuando salió de su casa, en la población Santa Rosa de Arica, en el extremo norte de Chile, en la víspera de una protesta nacional en contra de la dictadura Augusto Pinochet (1973-1990). La manifestación tuvo una compleja antesala y luego una violenta represión. El último que lo vio fue el más pequeño de sus hermanos, Hans, de siete años, y no lo olvida. Pese a la diferencia de edad, eran muy cercanos. Jugaban, se reían y juntos veían dibujos animados. Hans también esperaba con ansias y admiración las ilustraciones y figuras de naves espaciales que Luis solía construir para él en papel de aluminio y corcho. “Era muy talentoso. Si él hoy estuviera con nosotros, habría sido un artista”, dice Hans, hoy de 47 años.

Recordar a Luis, cuatro décadas después, a Hans le genera varios sentimientos. Alegría porque pasaron muy buenos momentos juntos. Dolor porque no está. Nostalgia porque tiene vivas las imágenes de su hermano. Algo de paz, porque recién el 26 de febrero pasado, 40 años después de que se perdió su rastro, Luis fue reconocido como víctima oficial de la dictadura, tras una investigación del equipo del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, una iniciativa estatal que arrancó en 2023 en el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric, en una ceremonia en Arica. Asistió junto a Víctor Pino y María Soto, sus padres octogenarios, que han buscado a su hijo desde 1986. Un papel clave cumplió la agrupación Mujeres, Memoria y Derechos Humanos de la ciudad.

“Nosotros siempre hemos sido una familia humilde, de esfuerzo”, cuenta Hans a EL PAÍS desde Arica, donde ejerce como encargado de soporte técnico de un colegio. Su padre trabajó de obrero de la construcción y era muy destacado como maestro soldador. Su madre era empleada doméstica, pero tras la desaparición de Luis solo se abocó a buscarlo, y cuando no, se encerraba en su dormitorio, sumida en una tristeza de que la que no se recupera. Después de la desaparición de Luis, en su casa, recuerda Hans, “nunca más se celebró nada. Ni los cumpleaños”. El Año Nuevo, a las 22.00 horas, su madre se iba a acostar. No había ánimo. Faltaba Luis.

“Vivir con un hermano desaparecido es una sensación de vacío. Aunque tengas todo lo que quieras, hijos, una familia, un auto, un buen trabajo, te juntes con tus amigos, conozcas gente buena... siempre te falta algo”, dice.

Hans se recuerda niño, sin entender demasiado lo que pasaba, acompañando a su madre a todas partes en la búsqueda. Iba a edificios estatales para pedir ayuda; iba a la policía. Iba donde fuera. En su desesperación, María tomó contacto con agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura. No conocía a nadie allí. Los Pino Soto nunca militaron en un partido político; nunca fueron a una protesta contra Pinochet en los años 80. Pero fue con esas madres que María encontró compañía y solidaridad.

En 1990, cuando Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática, impulsó la Comisión de Verdad y Reconciliación, la familia presentó el caso de Luis. Pero, cuando se emitió el informe final, no quedó consignado en el listado de víctimas oficiales. Más de 40 años después, el Plan de Búsqueda determinó que hubo un error humano de transcripción, que generó que el estudiante secundario no fuera incorporado: su apellido fue escrito como Pinto, en vez de Pino. Hoy Luis es una de las 1.469 personas que en Chile siguen desaparecidas. De ellas, 219 tenían menos de 21 años.

La comisión que impulsó Aylwin calificó no solo a quienes fueron perseguidos por sus militancias políticas, que fue la mayoría. También hubo casos como el de Luis, parte de “la represión indiscriminada”, según ha explicado Francisco Bustos, el abogado de la familia: “Víctimas del descriterio y de personas que sabían que actuaban en la impunidad. En términos del derecho internacional, es el ataque generalizado de la población civil”.

Una luz encendida toda la noche

Los recuerdos de Hans sobre Luis están intactos. “Mi hermano hacía maquetas. Construyó un iglú de yeso y le quedó perfecto. Y con un papel metálico de aluminio hizo una figura de Citripio [el famoso androide de La Guerra de las Galaxias]. Y en un cuaderno dibujó a mano alzada a Eddie, de Iron Maiden [un personaje de la banda de heavy metal]“.

Tiene otra imagen en su memoria. Cuando iban a la casa de su abuelo, Luis miraba sus herramientas con detención. De ahí sacaba ideas, como cuando en base a una de ellas, apenas llegó a la casa, la dibujó y luego construyó una nave espacial. Después hizo un comic, con personajes que viajaban dentro de esa nave. Hans estaba impresionado.

Con los ojos de adulto, y de padre hoy de un hijo de 14 años y de una hija de 16, Hans se ha dado cuenta que su hermano era bastante niño todavía. “No estaba preparado para pasar de la niñez a la adolescencia. No salía con las chiquillas que lo venían a buscar; me pedía que les dijera que no estaba. Tampoco iba a fiestas. Todavía jugaba conmigo. Teníamos una pelota vieja, de los años 60, que nos regaló mi abuelo y jugábamos fútbol”.

“Nosotros pasábamos mucho tiempo juntos. El paseo más grande que él tenía conmigo, era ir a la playa. Mi mamá nos dejaba dinero para la micro, y nosotros nos íbamos y veníamos caminando para poder comprar berlines [una masa redonda dulce frita con crema pastelera o mermelada]. Una vez se nos perdió la plata y yo me puse a llorar porque pensé que nos tendríamos que devolver a pie a la casa y sin comer nada. Y no sé cómo, pero mi hermano encontró la plata”.

La casa de la familia Pino Soto era sencilla, de material ligero. No era un lugar, recuerda Hans, a la que llegaran visitas, pues vivían de manera muy humilde, pero está ubicada en una población donde todos se conocen y saludan, muchos viven hacen más de 50 años allí. “Es el típico barrio de ciudad chica. Los vecinos viven con sus hijos y sus nietos”, dice. Hans y sus padres todavía residen allí, con todos los recuerdos que conlleva.

Los años 80 eran tiempos difíciles, y en la vivienda solo tenían una ampolleta para iluminar dos habitaciones, que se prendía por ratos cortos. Excepto la larga noche del 1 de julio de 1986, cuando Luis no llegó. “Esa fue la primera vez que vi que la luz estuviera encendida toda la noche”, dice Hans.

Hans fue el último de la familia que vio a su hermano. El día que desapareció, vieron juntos dibujos animados en la televisión y después del almuerzo, Luis salió. Según la carpeta de investigación, iba a buscar un cuaderno a la casa de un compañero del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica. Se cambió su pantalón corto y se puso un jeans, una polera blanca, un sweater rojo y unas zapatillas de lona, su mejor tenida. “Recuerdo que al salir, yo lo miré; él me miró y me sonrió. Vi su imagen yéndose por la ventana, detrás del visillo”.

Cuando Luis salía, siempre llegaba a la casa antes del anochecer. Por eso, al volver del trabajo, sus padres comenzaron de inmediato a preguntar por él. Pasaban las horas y cundía la desesperación y la angustia. Con los ojos de niño, Hans recuerda el momento así: “Era como estar en el medio de las líneas del metro, cuando los carros pasan para allá y para acá. Mi papá y mi mamá pasaban por el lado mío y yo no entendía lo que decían. Estaba todo oscuro, solo con la luz de la ampolleta”.

Según la investigación del caso, por la noche Víctor y María fueron a Carabineros, pero la denuncia no fue recibida pues debían pasar 48 horas para abrir una pesquisa por presunta desgracia. Dos días después, la Policía de Investigaciones sí recibió la causa.

Fueron horas, meses y años de desesperación. Recurrieron a la prensa de Arica, que los escuchó; al liceo; a las autoridades. “A mi mamá la mandaban a hablar con uno y después con otro. Una vez fue a un edificio institucional, donde afuera había militares, para hablar con una autoridad. Recuerdo que fue una reunión larga que para mí, que era niño, duró toda la tarde. Ella salió llorando y me abrazó. Yo la acompañé varias veces”.

A sus 47 años, Hans dice que en las noches se acuerda de Luis. “Cada vez que veo dormir a mi hijo de 14 años, veo dormir a mi hermano. Mi hijo también es un niño, como lo era mi hermano, que era un artista, le gustaba dibujar, La Guerra de las Galaxias y ver dibujos animados. Incluso, tienen un lunar casi en el mismo lugar en la cara. Se parecen mucho”.

El 26 de febrero, en la ceremonia en Arica, encabezada por el ministerio de Justicia y la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Boric, donde Luis fue reconocido como víctima oficial de la dictadura, a la familia se le entregó una carpeta con todos los antecedentes del caso, desde 1986 en adelante, con recortes de prensa de la época y documentación que da cuenta de todas las gestiones, y las puertas que no se abrieron durante 40 años.

Ese día, el Hans adulto revisó cada uno de los archivos, y los miró con los ojos de ese niño de siete años que recorrió durante años las calles de Arica con su mamá: “Entendí por qué ella lloraba tanto y salía a buscar a mi hermano”.

Fuente :elpais.com, 12 de Abril 2026

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Ultima Actualización : 13/04/2026