Durante la dictadura cívico-militar fueron ejecutados y desaparecidos al menos un centenar de personas ligadas a la cultura, las artes y el patrimonio.

El 11 de septiembre se inició la etapa más dolorosa que hayamos vivido, provocada por agentes del Estado y civiles cómplices. Hoy conmemoramos 48 años de esa tragedia que aun enluta a Chile entero.

Más de tres mil personas, hombres mujeres, niños, niñas y jóvenes como estudiantes de educación básica, de secundaria y universitaria; mujeres embarazadas, personas mayores, no vidente, minusválidos fueron directamente afectadas y cientos de miles, pasaron a la categoría de familiares y víctimas de la dictadura. Quienes sobreviven luchan incansablemente por justicia, reparación y no repetición de actos genocidas por parte del Estado.

Hombres y mujeres que cuyo aporte a la sociedad era desde su lucha social, de militante y también desde sus oficios y ocupaciones como zapateros, obreros, empleados textiles, médicos, linotipistas, fotógrafos, modistas, secretarias, dirigentes sindicales, vecinales, funcionarios municipales empleados públicos, empleados de ferrocarriles, suplementeros, carpinteros; obreros campesinos, mineros, forestales, de la construcción; ingenieros. También aquellos que estaban de paso, en una misión, estudiando o habían formado una familia en Chile provenientes de Vietnam, Francia, España, Bolivia, Argentina, Uruguay, Inglaterra, Ecuador, Uruguay, entre otros países.Alguno de sus asesinos y cómplices que pagan tibias condenas en cárceles de lujo nos han privado de ellos y ellas, pero también nos han privado de cerca de un centenar de artistas y creadores que hemos identificado, con el afán de ofrecer un homenaje a quienes, desde las culturas, las artes y el patrimonio fueron víctimas del terrorismo de estado.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a dos ex jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los secuestros calificados del fotógrafo Manuel Bobadilla Bobadilla y el profesor Héctor Maturana Espinoza, delitos perpetrados a partir de diciembre de 1974.

En la sentencia (rol 1.176-2018) la magistrada condenó a los ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo a la pena de 15 años de presidio para cada uno por su responsabilidad como autores del delito en contra de las víctimas cuyo último paradero conocido es el cuartel clandestino de Villa Grimaldi.

En la investigación judicial quedó acreditado que el día 23 de diciembre de 1974, Manuel Antonio Bobadilla Bobadilla, fotógrafo de 42 años de edad, militante del Partido Socialista, se encontraba ofreciendo artículos para la venta en un puesto de una feria navideña ubicada en Avenida Vicuña Mackenna con Diez de Julio. En horas de la tarde fue detenido por agentes de civil y subido a una camioneta color blanco modelo C-10 junto a dos personas que le acompañaban, siendo uno de ellos liberado en el trayecto y el otro desde el centro de reclusión al que arribaron.

Posteriormente, pero en ese mismo día, fue detenido el profesor de enseñanza básica Héctor Pedro Maturana Espinoza, de 27 años de edad, asistente de Bobadilla Bobadilla, apresado por agentes de civil cuando llegaba al domicilio del también fotógrafo Osvaldo Jara Frías, en la Villa Portales, con quien existía un vínculo laboral, quien a esa fecha también trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. 

Bobadilla Bobadilla y Maturana Espinoza fueron trasladados al recinto conocido como Villa Grimaldi, último lugar donde se les vio con vida y desde donde se les perdió el rastro, condición que se mantiene hasta hoy.

En diciembre de 1974, la dictadura militar mantenía operativo un organismo de represión política denominado Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), con una estructura jerarquizada que contaba con medios propios y recintos de detención clandestinos, el que estaba a cargo de Manuel Contreras, como director general, quien ejercía el mando nacional y al cual estaban supeditados todos sus integrantes. En Santiago operaba la denominada Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), al mando de un oficial de Ejército que contaba con una Plana Mayor que lo asesoraba en labores de inteligencia. Espinoza Bravo comandaba esta brigada y Wenderoth Pozo conducía la plana mayor de la misma.

Esta estructura mantuvo contacto y canales de información con sus superiores, a quienes daba cuenta de su trabajo, especialmente sobre la identidad de las personas detenidas, la que se documentaba regularmente en listas confeccionadas como resultado del trabajo de procesamiento de datos de inteligencia, de lo que dependía el destino de los prisioneros, a muchos de los cuales, por tal motivo, se les hizo desaparecer. Las operaciones eran desarrolladas por agrupaciones, brigadas o equipos de trabajos, compuestas por miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile y algunos civiles que colaboraron en sus acciones.