José Guillermo Barrera Barrera, casado, 2 hijos, camionero, dirigente sindical, simpatizante socialista, fue detenido en su domicilio por Carabineros y Militares que actuaron encapuchados la noche del 14 de marzo de 1974, desde allí fue sacado con destino desconocido.

Anteriormente el afectado había sido detenido el 14 de septiembre de 1973, también en su casa en la localidad de Curacaví. En la oportunidad la patrulla de Carabineros actuó al mando del Teniente Gerardo Aravena Langa de la Tenencia de Curacaví. De allí los funcionarios policiales trasladaron al detenido hasta el recinto de Carabineros mencionado.

Posteriormente, la noche del 16 de septiembre de 1973, fueron sacados desde la mencionada Comisaría seis detenidos: Jorge Toro Toro, 30 años, suplementero; Jorge Yáñez; Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, 23 años, soltero, obrero de militancia Comunista; Segundo Nicolás Gárate Torres, 27 años, soltero, militante de la Izquierda Cristiana; Jaime Cabrera; Enrique Patricio Venegas Santibáñez y José Barrera. A ellos se les dijo serían "trasladados al Estadio Nacional en Santiago", recinto deportivo habilitado por la Junta Militar como campo de prisioneros.

Según informara el propio afectado a su familia, antes de salir los formaron y Jaime Cabrera - un fotógrafo de Curacaví-  los fotografió, después los subieron a 2 vehículos, una camioneta color plomo y un jeep color verde (requisado a una empresa del lugar).

Custodiados por policías armados fueron conducidos hasta "Cuesta Barriga", una vez allí los hicieron bajar, con un trato muy malo, luego los hicieron subir hasta los restos de una casa y en lo que era la cocina los pusieron a los 7 detenidos de espaldas a la pared, mientras eran alumbrados en la cara con linternas. Se pararon ante ellos 5 carabineros, dirigidos por el Teniente Gerardo Aravena, quien dio la orden de disparar. Todos los detenidos cayeron con las ráfagas de metralleta, sin embargo, relata Enrique Venegas, uno de los sobrevivientes, quien sólo fue herido en una pierna: "A mi lado cayeron los demás fusilados. Después de descargar las metralletas, el grupo de ajusticiadores se acercó a nosotros y nuevamente fuimos alumbrados por las linternas. Sentí que alguien se aferraba a mi chaqueta, pude darme cuenta que se trataba de "Ñico Gárate", que se encontraba en estado agónico... se acercó el Teniente y descargó su revólver en la cabeza de Gárate..." finalmente procedieron a disparar una ráfaga sobre los fusilados y se retiraron.

Al rato José Guillermo Barrera y Enrique Venegas se percataron de que ambos habían quedado vivos, aunque heridos de bala en las piernas. Como sabían que corrían peligro al permanecer ahí, se retiraron tan pronto tomaron una frazada cada uno y se dirigieron por entre los cerros hacia el sector de Rinconada en Maipú. Así anduvieron varios días por distintos lugares y casas de gente que los ayudaba hasta que lograron apoyo de sus familias.

José Barrera se trasladó entonces a Huasco, junto a su cónyuge e hijos, a la casa de unos familiares. Allí consiguió trabajo e incluso usaba su propio nombre sin tener dificultades.

Transcurridos unos 6 meses decidió regresar a su hogar, para lo cual su hermano Víctor habló con la secretaria del Presidente de la Junta Militar, General Augusto Pinochet. La secretaria, señora Rebeca Valdebenito, le entregó una carta para que se contactara con el Coronel de Ejército Francisco Saavedra en el Ministerio de Defensa. Este, a su vez, contactó a Víctor Barrera con el Auditor de Guerra Subrogante Comandante de la Fach, Luis Marín. Y, éste lo llevó a Talagante para conversar el caso con el Mayor Hernández de Carabineros, quien solicitó que Juan Barrera se hiciera presente ante esta persona para aclarar el caso.

De este modo el afectado decidió viajar hasta Santiago con el fin de resolver su situación y vivir sin temores. Llegó con su familia a Santiago el 10 de marzo de 1974 y el 13 de marzo se presentó ante el Mayor Hernández. Este, al conocer lo sucedido a José Barrera, se comunicó telefónicamente con el Teniente de Carabineros Gerardo Aravena de Curacaví. Luego le manifestó que no habían cargos en su contra y que estuviera tranquilo ya que podría vivir sin problemas.

Llegó a su casa cerca de las 20:30 horas de esa noche, saludó a su madre, estuvo con la familia y se acostó señalando que en la mañana temprano iría a la Tenencia local. Aproximadamente a las 02:00 de la madrugada del 14 de marzo de 1974 llegó a la casa un contingente de Carabineros y Militares, todos encapuchados y fuertemente armados, los que sin exhibir orden de detención y tratando violentamente a la familia y al afectado y en presencia de sus dos hijos menores, lo subieron a un furgón y se lo llevaron en dirección a la Tenencia de Curacaví.

En la mañana su hermano, Víctor Barrera, se comunicó con el Mayor Hernández de Talagante y le relató lo sucedido a lo que el uniformado respondió que "no ha sido una mala jugada mía".

Realizadas numerosas gestiones ante los mismos militares a los que se recurriera con anterioridad, le dijeron a la familia que el caso estaba cerrado. El padre del afectado acudió al Ministro del Interior General Oscar Bonilla, quien le aseguró la integridad de su hijo. También por intermedio del Comité de Cooperación para la Paz se logró un contacto con el Mayor Hernández, quien afirmó que el afectado no tenía cargos en Carabineros y que su arresto era una acción del Ejército. Lo cierto es que desde esa oportunidad su familia no supo nada más de José Barrera, quien permanece en calidad de detenido desaparecido.

De los cinco ejecutados en la Cuesta Barriga el 16 de septiembre de 1973, no se encontró el cuerpo ni se certificó la muerte de Nicolás Gárate, permaneciendo en calidad de detenido desaparecido al igual que Barrera Barrera.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 16 de marzo de 1974 se presentó un Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

El 17 de agosto de 1976 se presentó una denuncia por secuestro de José Barrera, la que ingresó al Juzgado del Crimen de Casablanca con el rol 17.844. El 24 de agosto de 1976 el Juez se declaró incompetente para conocer el caso y remitió los antecedentes al II Juzgado Militar por lo que se debió presentar una nueva denuncia ante la 1a. Fiscalía Militar, la que ingresó con el rol N°246-78 el 9 de septiembre de 1977.

El 11 de octubre de 1978 fue sobreseída definitivamente la causa en virtud de la dictación de la Ley de Amnistía de abril de 1978 (D.L. N°2.191). La resolución no pudo ser apelada ya que el trámite de la causa se efectuó en "tiempos de guerra", por tanto los Tribunales Ordinarios carecían de jurisdicción, según el Juez Militar.

Posteriormente el 14 de marzo de 1979 se presentó una querella por secuestro y homicidio frustrado de José Barrera Barrera ante el Juzgado del Crimen de Casablanca; causa rol N°19.991, de la que no se tienen antecedentes de su tramitación.

Don Juan Antonio Barrera Barrera, expresa en la querella criminal interpuesta por el homicidio frustrado y posterior secuestro de su hijo José Barrera Barrera, que éste fue detenido el 14 de septiembre de 1973 por 4 carabineros comandados por el Teniente Gerardo Aravena Longa, de la dotación de la Tenencia de Curacaví, a cuyas dependencias fue trasladado. La noche del 16 de septiembre, José Barrera fue sacado del Cuartel junto a otros detenidos y trasladado a la Cuesta Barriga. Allí, en el lugar denominado "Agua del Peumo", todos los prisioneros, entre ellos Nicolás Gárate y Enrique Venegas, fueron obligados a descender del vehículo que los transportaba y conducidos hacia el lado del cerro que margina en uno de sus costados al camino, lugar en que existe una caseta abandonada y semidestruida. Una vez en la caseta señalada, los detenidos fueron puestos de espaldas a la pared y alumbradas sus caras con linternas, existiendo en el lugar absoluta oscuridad, procediendo los carabineros a ametrallar a los detenidos. Milagrosamente, los dos detenidos que se encontraban en ambos extremos, José Guillermo Barrera Barrera y Patricio Venegas Santibáñez no murieron. Tampoco murió en forma instantánea Nicolás Gárate, pero como se quejó en voz alta de las heridas recibidas, fue "rematado" por el Oficial o jefe que comandaba el "pelotón de fusilamiento". Una vez que los policías se retiraron del lugar, los dos sobrevivientes pudieron incorporarse y huir del lugar dirigiéndose hacia el sector de Rinconada de Maipú y luego a un sector denominado "Casas Viejas", donde fueron auxiliados por diferentes personas y José Guillermo pudo avisar de su situación a uno de sus hermanos, quien lo auxilió y los trasladó a Santiago. Con posterioridad, encontrándose José Barrera sano de sus heridas, en el mes de febrero de 1974, su familia conversó con el Coronel Saavedra en el Ministerio de Defensa y le explicó lo sucedido. Este Oficial lo puso en contacto con otro de apellido Marín, que desempeñaba funciones en el Ministerio de Defensa, quien personalmente llevó a Víctor Barrera, hermano de José Guillermo, a Talagante, lugar en donde funcionaba, al parecer, la Superioridad de Carabineros con jurisdicción sobre Curacaví, en donde se entrevistó con un Mayor de apellido Hernández, quien a su vez, solicitó que José Guillermo Barrera se presentara ante él a la brevedad posible. El 13 de marzo de 1974, José Guillermo compareció ante el Mayor Hernández en Talagante en compañía de sus padres y de su hermano Víctor. Dicho Oficial luego de escuchar el relato, llamó telefónicamente a Curacaví, donde conversó con el Teniente Aravena Longa en presencia de José Guillermo y de su familia, preguntándole si había algún cargo en contra del sobreviviente, asegurando a los presentes, después de la conversación que no había cargo alguno y que Barrera Barrera podía regresar seguro y tranquilo a su hogar, presentándose a la Tenencia de Curacaví para dar cuenta de su llegada. Ese mismo día todo el grupo familiar se trasladó a su domicilio en Curacaví. Sin embargo, en horas de la madrugada del 14 de marzo, 5 personas encapuchadas, vistiendo uniforme de Carabineros y de Militares, portando cascos de guerra y armados de metralletas, se hicieron presente en el domicilio y se llevaron a José Guillermo Barrera Barrera, con destino desconocido, quien desde entonces se encuentra desaparecido.

Mejor suerte tuvo el otro sobreviviente de "Cuesta Barriga", don Enrique Patricio Venegas Santibáñez, quien en querella criminal presentaba por los delitos de homicidio frustrado y lesiones graves, expresa haber sido detenido el 12 de septiembre por funcionarios policiales de la Tenencia de Curacaví a donde fue trasladado luego que recibiera una violenta golpiza. En ese recinto fue intensamente interrogado y torturado, y finalmente, amarrado de pies y manos fue lanzado al interior de una pieza que servía en ese entonces para guardar cebada y forraje para los animales, permaneciendo dos días en ese lugar al término de los cuales fue sacado de su encierro y entre varios carabineros procedieron a cortarle el pelo con un cuchillo de cocina. En esos momentos pudo constatar que en la Unidad policial se encontraban en calidad de detenidos numerosos vecinos de la localidad de Curacaví, entre los que recuerda a Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, medio hermano del testigo; don Jorge Toro, a una persona de apellido Manzo; Guillermo Barrera Barrera; Nicolás Gárate. El 16 de septiembre, después que fueran obligados a realizar el aseo del recinto policial, todos los detenidos fueron obligados a formarse y posar para ser fotografiados, tarea que se encomendó al fotógrafo de Curacaví, Jaime Cabrera. Los fotografiados en esa oportunidad fueron 18 personas (el testigo acompaña una copia al Tribunal). Posteriormente, ese mismo día 16 de septiembre, a las 23:30 horas, junto a otros seis detenidos, su hermanastro Justo Joaquín Mendoza Santibáñez que sufría de retardo mental, Nicolás Gárate, José Guillermo Barrera Barrera, Edmundo Manzo, Jorge Toro y Jorge Yáñez, fueron sacados del recinto para ser trasladados, según les informaron, al "Estadio Nacional", lugar que en esa época era usado como campamento de prisioneros políticos. Para el traslado fueron repartidos en dos vehículos, una camioneta de color plomo y un jeep de color verde de propiedad de una Empresa del lugar, y custodiados por funcionarios policiales partieron en dirección a Santiago. Al pasar frente al Control de Carabineros de la carretera, los funcionarios a cargo de ese lugar preguntaron a sus custodios "si llevaban carne para el matadero", a lo que los carceleros contestaron afirmativamente en medio de bromas y risas. Al llegar a la cumbre de la Cuesta Barriga, fueron obligados a descender de los vehículos en medio de insultos, gritos y feroz castigo, subieron hasta las ruinas de una casa en donde los 7 prisioneros fueron puestos de espalda a la pared, siendo alumbrados con linternas en momentos que 5 funcionarios policiales se ubicaron al frente y, a una orden del Teniente, dispararon sus ametralladoras en contra del grupo. El querellante relata en el escrito: "No sentí miedo en ningún momento. Sentí algo caliente que me quemaba, entrando por mi pierna derecha, un poco más arriba del tobillo, causándome gran dolor y obligándome a doblarme hasta caer al suelo. A mi lado cayeron los demás fusilados.

Terminado el estruendo de la balacera nuestros fusileros se acercaron y nos alumbraron las caras con linterna nuevamente, ya que el lugar estaba completamente oscuro. Sentí que alguien se aferraba a mi chaqueta, pudiendo comprobar que se trataba de "Ñico" Gárate. Uno de los asesinos decía en voz alta que quedaba uno con vida, a la vez que alumbraba a Gárate. Se acercó el Teniente y procedió a descargar su revólver sobre la cabeza del moribundo, la cual estalló con los impactos, saltando sangre en diversas direcciones y cayendo gran parte de ella sobre mi rostro. Posteriormente, para despedirse, descargaron nuevamente sus metralletas sobre los cuerpos, dando por cumplida y terminada su macabra tarea.

Cuando tuve la convicción de que los policías se habían retirado del lugar, (sentí partir los vehículos y antes alejarse sus voces), lentamente palpé mi cuerpo para comprobar las heridas que me habían infringido, constatando con no poca sorpresa y agradecimiento a Dios, que sólo tenía herida mi pierna derecha. Entendía que mi salvación se debía exclusivamente a un milagro. Pensé que todos los restantes prisioneros estaban muertos. A tientas encontré el cuerpo de mi hermano Justo Joaquín Mendoza Santibáñez, comprobé su muerte y le cerré los ojos. A la vez, pensé que tenía que sobrevivir a mi situación y buscar amparo para denunciar el crimen de que habíamos sido objeto". La forma en que el testigo logra salir del lugar, ya fue descrita en el testimonio anterior.

Su cónyuge, Ofelia Rojas Maturana, junto a las acciones judiciales realizó innumerables trámites en recintos habituales de detención y consultas a autoridades. En 1975 fue amenazada para que no continuara la búsqueda, ante la posibilidad de que sus hijos menores quedaran sin madre estuvo ausente de Curacaví por más de 10 años. Viajó al norte a casa de familiares.

Hace 49 años, José Barrera Barrera (30) fue detenido y posteriormente desaparecido. Hoy, su nieto Tomás Barrera se refiere a la importancia de mantener viva la memoria. Recién hace dos semanas la Corte Suprema falló positivamente en el caso de su abuelo, quien además conocía a sus captores. “Eran amigos de infancia, se conocían en el barrio”, cuenta Tomás a El Desconcierto.

José Guillermo Barrera Barrera, padre de dos hijos y dirigente del Movimiento Patriótico del Transporte (Mopare) en Curacaví, fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en su casa de Curacaví.

Junto a otros cinco hombres lo llevaron a la “Cuesta Barriga”, donde el Teniente Gerardo Aravena dio la orden de disparar a los detenidos mientras estaban de espaldas a la pared. Barrera sobrevivió y logró escapar, herido de bala, para reunirse con su familia.

Acompañado de su esposa e hijos, se refugió en Huasco. Meses después comenzó a hacer las diligencias para volver a su hogar. Según los testimonios, su hermano habló con la secretaria de Augusto Pinochet, Rebeca Valdebenito, quien le entregó una carta para que se contactara con el Coronel Francisco Saavedra en el Ministerio de Defensa.

Este contactó al hermano de Barrera con el Auditor de Guerra Subrogante Comandante de la Fach, Luis Marín, y él lo llevó a Talagante para conversar el caso con un Mayor de Carabineros de apellido Hernández, quien solicitó que José Barrera volviera para aclarar el caso.

De este modo el afectado llegó a Santiago el 10 de marzo de 1974 y el 13 de marzo se presentó ante Hernández. Este, al conocer lo sucedido, se comunicó telefónicamente con el Teniente Aravena quien le manifestó que “no habían cargos en su contra y que estuviera tranquilo ya que podría vivir sin problemas”.

Pasó la noche con su familia, y en la madrugada del 14 de marzo de 1974 lo volvieron a secuestrar. Esta vez, José Barrera no volvió, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Hoy, su nieto encabeza el último spot de Amnistía Internacional, sobre la importancia de rescatar la memoria a 50 años del Golpe de Estado.

“Creo que si bien la justicia llegó muy tarde, 49 años después, también lo que hizo Amnistía fue un acto de reparación en tanto permitirnos poder devolvernos una pizca de esa esencia que tenía mi abuelo”, señala Tomás Barrera, nieto de José, a El Desconcierto.

El joven de 22 años valora el Plan Nacional de Búsqueda iniciado por el Presidente Gabriel Boric y tiene duras palabras contra quienes insisten en negar la violencia que ocurrió en dictadura, y contra los uniformados que mantienen pactos de silencio.

“Mi abuelo conocía a las personas que lo tomaron preso, eran amigos de infancia, se conocían en el barrio”, cuenta Tomás. Recién, la semana pasada, se determinó la sentencia en la Corte Suprema, que rechazó la anulación del juicio que dos de los responsables habían pedido.

-¿Qué significa para ti y para tu familia participar de este spot de Amnistía Internacional?

Fue un proceso en lo personal y en lo familiar bien complejo, primero de poder llevar a cabo, porque dentro de mi familia muy poco se habló sobre el secuestro y la desaparición de mi abuelo, porque generaba mucho dolor. Entonces los nietos, con mis primos, nos criamos precisamente en un ambiente en donde nos costaba entender lo que había pasado y por qué no teníamos un abuelo.

Cuando llegó la posibilidad de trabajar con Amnistía fue bien complejo en un inicio poder enfrentarse a esta historia y reconstruir esa memoria, pero a su vez, luego de todo el proceso y con el gran equipo que tiene amnistía además, muy cálido, muy comprensivo, fue un proceso que en lo personal y en lo familiar nos ayudó a poder reencontrarnos también con la figura de mi abuelo.

Creo que si bien la justicia llegó muy tarde, 49 años después, también lo que hizo Amnistía fue un acto de reparación en tanto permitirnos poder devolvernos una pizca de esa esencia que tenía mi abuelo. Entonces creo que un poco va por ahí también, a pesar de la tristeza y los sentimientos que fueron aflorando, creo que fue un acto de reparación simbólico que nos permite también poder, no cerrar ciclos, pero sí al menos poder seguir avanzando.

-En tus palabras, ¿cuál es la importancia de mantener viva la memoria? Parte del eslogan del spot.

Yo creo que es fundamental porque de alguna forma mantener viva la memoria nos permite poder traer al presente aquellos horrores que se cometieron en el pasado y siempre con una perspectiva futura en el sentido de cómo cuidamos la democracia, cómo seguimos construyendo más democracia y cómo hacer también expandir esa visión a las nuevas generaciones o incluso a las personas que, por algún u otro motivo, prefieren no saber.

Entonces desde esa perspectiva creo que es fundamental. Sobre todo en tiempos donde se avanza con discursos de odio y negacionistas, mantener viva la memoria creo yo que es un imperativo ético, social, político, que nos debería seguir convocando porque es la única forma que tenemos para que los horrores del pasado no vuelvan a cometerse en el presente, pero también para que fortalezcamos cada vez más nuestra democracia.

-¿Y qué le respondes a quienes dicen que las generaciones más jóvenes no tienen por qué hablar de la dictadura o exigir respuestas, ya que no estábamos vivos en esos años?

Yo les respondería que, si bien no estuvimos vivos durante los 17 años de dictadura, como generaciones que nacimos posterior a ella hemos vivido las herencias dictatoriales que nos han dado en tanto sistema político, económico, bueno, para que hablar de la Constitución y el sistema neoliberal... Creo que de alguna forma, si bien no lo vivimos,  podemos tener la posibilidad de acceder a mayores informaciones y además también entender que son nuestras propias familias quienes sufrieron el terrorismo de Estado y eso no lo pueden cambiar, y ese dolor no lo pueden cambiar.

Y además de la empatía también. Eran personas que en muchos de esos casos enrollaron su vida por un proyecto político distinto, porque creían en un proyecto político distinto, democrático, escogido democráticamente, y solo por ese hecho los tomaron detenidos, los secuestraron, los torturaron, ejecutaron y los hicieron desaparecer.

Me pasó que el 30 de agosto pasado salía una imagen en las redes sociales que decía 'yo también seguiría buscando', porque claro, son nuestros familiares. Yo no conocí a mi abuelo, pero quiero seguir buscando porque quiero al menos saber la verdad.

No es posible que hoy día sigamos debatiendo si la dictadura estuvo bien o mal, o sea, estuvo mal en todo sentido, y peor aún con las violaciones a los derechos humanos. Ahí no debería haber debate, debiésemos estar todas y todos convocados.

Entonces, creo que de alguna forma el negar lo que sucedió es poner en peligro la democracia, es no haber entendido nada sobre esos procesos históricos, y peor aún es banalizar, distorsionar y dejar la puerta abierta a que esos horrores puedan volver a cometerse hoy día. Hago esos dos llamados: un llamado a la empatía porque eran personas como nosotros, como nosotras, pero también un llamado a que negarlo es poner en peligro la democracia y no tiene que haber discusión alguna cuando se trata de dignidad humana. 

En el caso particular de tu abuelo, pasó por un proceso donde una serie de autoridades de Carabineros, la Fach, el Ejército, supieron de su caso antes de volver a Santiago después del  primer intento de asesinato, y le aseguraron que podía regresar sin mayores problemas. Aún así lo detuvieron y desaparecieron cuando volvió en la madrugada. ¿Crees que falta un gesto de su parte? ¿Me imagino que no se han comunicado con ustedes?

No, nunca, nunca se han comunicado. Y además, lo otro que es muy curioso es que en estos casos donde generalmente son comunas pequeñas, en este caso de la ruralidad de Santiago, la gente se conocía. Mi abuelo conocía a las personas que lo tomaron preso, eran amigos de infancia, se conocían en el barrio, y es súper contradictorio y desleal, diría yo, lo que sucedió. Por supuesto que las Fuerzas Armadas, Carabineros, quienes participaron, nunca se han puesto en contacto con nosotros.

La semana pasada se determinó finalmente la sentencia en la Corte Suprema, dos de los responsables habían pedido la anulación del juicio y finalmente eso no fue ratificado, afortunadamente, por la Corte Suprema. Pero de alguna forma creo que las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir. Hay un pacto de silencio que nos ha impedido saber dónde están nuestros familiares.

Aún habemos mil familias buscando a nuestros familiares sin ni una pizca de esperanza porque quienes tienen la información no la han entregado.

Valoramos mucho que el Presidente Boric haya precisamente decretado el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, pero si no conocemos la verdad desde quienes fueron los responsables de esto, los protagonistas de esto, es muy poco probable que la conozcamos. Incluso desde la teoría, Theodor Adorno dice que para conocer lo que pasó en los procesos genocidas hay que conocer lo que dicen los genocidas. Y eso no lo tenemos porque no han hablado.

Esa deslealtad que se presentó particularmente también en el caso de mi abuelo y que debe haber en muchos otros casos, es parte de la manipulación y es parte de sumarse a un sistema represivo que no discriminaba, que no diferenciaba y es parte de instalar el terror en la sociedad también. Entonces creo que de alguna forma va precisamente en esa línea y espero que en algún momento puedan romper los pactos de silencio, que con tanta impunidad ideológica producto del paso de los años, lo veo bien difícil.

-Sobre la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, ¿Crees que cumple con las necesidades, las demandas justas de las familias de detenidos desaparecidos?

La única crítica que le hago, y como familia le hacemos al Plan de Búsqueda, es que llegó 50 años tarde. Eso es consecuencia de que en estos 30 años de democracia no hubo nunca voluntad política para poder saber dónde estaban nuestros familiares.

Yo lo valoro mucho, creo que es una muy buena política, creo que hay que seguir avanzando, hay que sistematizar toda la información que tienen las diferentes instituciones, organizaciones, la Vicaría de la Solidaridad, el Servicio Médico Legal, pero también hay que ser súper claros y súper transparentes en que en Chile no contamos ni con el nivel tecnológico ni con la capacidad profesional para poder llevar a cabo una búsqueda tan importante y que este Plan de Búsqueda trascienda más allá del gobierno de turno. Creo que eso es fundamental.

Son aún 1.100 y tantas personas que nos faltan, no solo a las familias sino que la sociedad completa, y si no entendemos eso, la verdad es que habremos fracasado como una sociedad democrática. Entonces creo que desde ahí el Plan de Búsqueda viene a subsanar esa deuda histórica que hay con las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos, con los familiares que no estamos agrupados, pero que sin duda necesitamos salir también en el proceso y por sobre todo necesitamos ser escuchados.

Hemos sido las familias, nuestras abuelas que en algunos casos ya no están, quienes han luchado más de 40 años por buscar a nuestros familiares y quienes pueden colaborar en esta búsqueda también. Si no somos escuchados, creo que tomaría otro rumbo ese Plan de Búsqueda. Pero lo miramos con mucha esperanza, sobre todo en esta conmemoración de los 50 años que nos tiene a todos bastante emocionados.

-¿Qué otras decisiones, gestos o acciones son necesarias a 50 años del Golpe?

El gobierno también lanzó una agenda de políticas sobre derechos humanos en el marco de esta conmemoración... Creo que es importante seguir avanzando en la recuperación y protección de sitios de memoria, porque los sitios de memoria son los espacios que nos permiten precisamente educar en derechos humanos y memoria para que estos horrores no se vuelvan a repetir en el presente.

Pero no sacamos nada, y aquí voy con otra propuesta, con declarar sitios de memoria si estos no tienen como autosustentarse en el tiempo. Estamos viendo hoy día muchas declaraciones de sitios de memoria, lo que es muy bueno, la meta del gobierno es un sitio de memoria por región, lo que es muy positivo, pero si no tenemos la posibilidad de que nos autosustentemos como tal –yo trabajo también en los sitios de memoria– la verdad es que es muy complejo. Vamos a tener la estructura, pero no vamos a poder mantener esa estructura.

También acelerar los procesos judiciales. Recién este año, en el marco de la conmemoración de los 50 años, han salido muchas causas importantes que llevan décadas esperándose de tener una sentencia final como el caso de mi abuelo.

Por sobre todo, creo yo que en tiempos donde el negacionismo se está instalando, poder combatir desde la política pública, desde las legislaciones, una ley que sancione el negacionismo, porque no podemos caer en el argumento de que esto es libertad de expresión. La libertad de expresión, cuando atenta contra la dignidad humana, ya no es libertad de expresión.Si bien sabemos que una ley contra el negacionismo lo más probable es que no impida el avance de nuevos grupos negacionistas como lo vemos en Alemania por ejemplo, sí al menos va a poder poner una barrera importante y un piso mínimo para desde ahí poder seguir construyendo con las organizaciones de memoria, con los sitios de memoria y las agrupaciones de familiares. Me parece importante en esas tres líneas que debemos seguir avanzando los próximos cinco años.

Por Tomás Barrera (22 años), nieto de detenido desaparecido

 Recuerdo que cuando era niño preguntaba por mi abuelo, pues no sabía nada de él. Me generaba curiosidad porque mis compañeros sí tenían y hablaban de ellos. A mi papá hasta el día de hoy le cuesta hablar de él y de lo que pasó. Mi abuela, quien era mi figura materna, se mantenía en silencio, un silencio ensordecedor. Sin embargo, recuerdo muy bien haberla acompañado a reuniones donde se juntaba con otras mujeres que también llevaban una fotografía en blanco y negro colgada en el pecho. Al tiempo supe que el hombre de la foto era mi abuelo. Su nombre es José Guillermo Barrera Barrera, fue detenido en su casa en Curacaví cuando tenía 30 años y nunca más supimos de él.

Me acuerdo que el día que mi abuela me contó lo que realmente había pasado con su marido, yo no entendí mucho, pero mi instinto hizo que la abrazara y lloramos juntos. A partir de esa conversación nuestra relación fue mucho más íntima. Ella era una mujer luchadora y muy cálida. Lamentablemente falleció el año pasado y cuando miro sus fotos veo mucha tristeza en sus ojos, a pesar de eso nada la paralizó. Creo que esa misma tristeza cargamos hoy los nietos, pues la desaparición forzada no afecta solo a la persona desaparecida, es un trauma que traspasa las generaciones.

Yo siempre digo que en mi familia hubo un silencio permanente. Lo que pasó tras el golpe de Estado es un tema del que se habla muy poco. Sin embargo, recuerdo con nitidez cada 14 de marzo, día de la desaparición de mi abuelo, cuando nos reuníamos como familia simplemente a pensar en él. En la inocencia de niño, siempre me pregunté por qué había mucha tristeza ese día, siendo que generalmente nos juntábamos para reír y celebrar.

Mi abuelo era el sustento económico de la casa. Ante su ausencia mi abuela tuvo que salir a trabajar, así que su tiempo lo dividía en eso, en la búsqueda de su marido y sus hijos. Creo que la segunda generación, es decir los hijos de las víctimas, quedaron muy solos.

Es imposible dejar de pensar dónde estará mi abuelo. Hay personas que recuerdan haberlo visto en diferentes centros de detención en Santiago. Los testimonios coinciden en que se le veía muy maltratado producto de las torturas. Ya han pasado casi 50 años, pero la necesidad de cumplir con el rito de ir al cementerio a dejarle flores sigue siempre vigente.

Lo que yo aprendí de la dictadura no fue necesariamente por lo que me contaron en mi familia, desde muy pequeño sentí interés por aprender y hacer algo para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir. A los 15 años me convertí en voluntario del Sitio de Memoria del Estadio Nacional, luego trabajé en el Museo de la Memoria y actualmente estoy en la Fundación Víctor Jara. Todo esto me ha ayudado a tener más empatía con mi familia y de esa forma poder entender sus silencios.

Actualmente tengo 22 años, pertenezco a la tercera generación de familiares de las víctimas y estudio Historia en la Universidad de Chile, lugar que me ha permitido coincidir con otros nietos de víctimas y desde allí construir espacios de contención que me han permitido sobrellevar todo de una mejor manera. El daño que generó la dictadura no es un dolor solo del pasado, mientras no encontremos a nuestros familiares la herida seguirá abierta.  

José Guillermo Barrera Barrera fue sentenciado a muerte por partida doble. Primero recibió ráfagas de metralleta de un pelotón de fusilamiento liderado por el entonces teniente Gerardo Alejandro Aravena Longa en la Cuesta Barriga, pero salvó con vida. Se hizo el muerto y estuvo oculto durante un tiempo en el norte de Chile, pero cuando regresó a su casa en Curacaví en marzo de 1974, fue detenido nuevamente y lo hicieron desaparecer. Una historia que 45 años después podría tener su último capítulo.

Los restos óseos de Carlos encontrados el 25 de marzo de 2018 en el condominio "Hacienda San José", comuna de Curacaví. Tras un examen genético en un laboratorio austriaco, se determinó que el resto -una tibia izquierda- correspondía a Zelaya.

Este viernes, la ministra en visita extraordinaria para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes confirmó la identificación de los restos de un detenido desaparecido. Se trata de Carlos Hugo Zelaya Suazo, detenido el 7 de febrero de 1974 en su lugar de trabajo, una bodega de la viña Carafi.
Por vía telemática, Cifuentes informó el hecho a los hijos de Zelaya; Beatriz, María, Orlanda, Mario, José, Carlos, Juan, Erasmo y Luis Zelaya López.Los restos óseos -una tibia- fueron encontrados el 25 de marzo de 2018, en el condominio "Hacienda San José", comuna de Curacaví.
En primera instancia, los restos fueron llevados a un laboratorio en Estados Unidos. Allí identificaron que el resto óseo correspondía a un fragmento de tibia izquierda, que le pertenecía a un sujeto, de sexo indeterminado, que falleció entre los años 1965 y 2014, consigna Radio Bío Bío.
En una segunda instancia, dos muestras óseas fueron derivadas al laboratorio del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (GMI), en Austria. Tras un examen genético, se logró determinar, con una probabilidad de 99,99999%, que el fragmento óseo pertenecía Carlos Hugo Zelaya Suazo.
Zelaya fue detenido por una patrulla militar dirigida por el teniente Carlos Dionisio Figueroa Silva (fallecido). Algunos de sus otros integrante eran soldados Luis Armando Elgueta Rivas y Eugenio Humberto Vásquez Miranda, de la dotación del regimiento “Coraceros” de Viña del Mar.En horas de la noche del día de su detención, Carlos fue ejecutado, junto a otras dos personas, con disparos de fusil percutidos por los tres soldados anteriormente mencionados.

Actualmente, Elgueta y Vásquez se encuentran en calidad de acusados. Están en espera a la sentencia de primera instancia.

JOSÉ GUILLERMO BARRERA BARRERA

El 14 de marzo de 1974 desapareció José Guillermo BARRERA BARRERA, de 30 años, quien era dirigente del Movimiento Patriótico del Transporte (Mopare) en Curacaví. Había sido detenido en el mes de septiembre de 1973 junto a otras personas por efectivos de Carabineros de la Tenencia de Curacaví, siendo llevado a la Cuesta de Barriga, donde todos los detenidos murieron fusilados, salvo José Barrera y otra persona, quienes fueron heridos solamente y lograron huir del lugar una vez que se alejaron sus ejecutores.

Luego de ello la víctima se fue junto a su cónyuge y dos hijos al norte del país. Estando trabajando en el norte su hermano lo llamó para decirle que había hablado con diversas autoridades de Gobierno quienes le aseguraron que no había problema para que volviera.

Con el fin de tener más seguridades José Barrera se entrevistó en Talagante con el Comisario de la zona quien le reiteró que no había inconveniente para que volviera a Curacaví con toda su familia. En atención a ello regresó en la fecha en un comienzo indicada, pero esa misma noche Carabineros de la Tenencia de Curacaví y efectivos del Ejército lo detuvieron en su casa. Desde entonces no se ha vuelto a saber del paradero de José Barrera.

La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de esta ciudad y otras agrupaciones entre las cuales se encuentra el Núcleo de Investigación en Sociología del Cuerpo, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, inauguraron la piedra que mantendrá vivo el recuerdo del día en que siete vecinos de Curacaví fueron asesinados contra un muro con disparos a quemarropa.

El 16 de septiembre de 1973 fueron detenidos en Curacaví -en calidad de prisioneros políticos- Segundo Nicolás Garate Torres (28), Jorge Gustavo Gómez Retamales (28), Justo Joaquín Mendoza Santibáñez (23), Gastón Reimundo Manzo Santibáñez (34), Juan Manuel Toro Toro (30) y Juan Guillermo Barrera Barrera. El 2 de abril de 2011, se levantó el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, ubicado en la ex Tenencia de Carabineros de Curacaví, para que el pueblo chileno no olvide lo que ocurrió ese día. Iniciativa llevada a cabo por el Comité de Derechos Humanos de esta ciudad y el Núcleo de Investigación en Sociología del Cuerpo, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, entre otras agrupaciones.

La ex Tenencia de Carabineros fue lugar de prisión y tortura en el que varios cuidadanos fueron privados de su libertad y la mayoría fue ejecutado. Por lo que la instalación de este memorial es un símbolo histórico ya que "busca no olvidar lo que sucedió con quienes fueron secuestrados y muertos en ese lugar", comentó Kerly Fuentes Mucherl, integrante del Núcleo Sociología del Cuerpo del Departamento de Sociología de FACSO, Universidad de Chile.

Y agregó: "En el lugar donde se encontraba la Tenencia se pretende realizar actividades para la comunidad de Curacaví, tales como: talleres educativos e interactivos, la instalación de una biblioteca comunitaria, brindar atención médica y judicial". La puesta en marcha del conjunto de actividades educativas y culturales en la ex Tenencia de Carabineros estará a cargo del Comité de Derechos Humanos de Curacaví y el Movimiento de Jóvenes de Izquierda de esta ciudad (MOJIC).

Simultáneamente -comentó la socióloga- la línea de investigación Las Memorias/cuerpos castigados del Núcleo Sociología del Cuerpo realizará un estudio en torno a las lógicas de castigo puestas en práctica sobre quienes estuvieron secuestrados en esta Tenencia durante los años 1973-1977. "Esto diferencia mucho a este lugar de otros", apuntó.

De hecho, Leopoldo Montenegro, de la Coorporación Londres 38, consideró la posibilidad de pensar en un reconocimiento para otros edificios en los que también se torturó y mató a ciudadanos chilenos en época de dictadura.

En el lugar estuvieron presentes alrededor de 60 personas, entre las cuales se encontraban parientes de los detenidos desaparecidos, quienes inauguraron el memorial, sobre el cual estaban inscriptos los nombres de sus seres queridos. También estuvo presente la ex presa política, Juana Aguilera Jaramillo, que actualmente integra la Comisión de Ética Contra la Tortura.

Dictamen del ministro en visita Joaquín Billard afecta al teniente (r) del Ejército Carlos Figueroa Silva y al coronel (r) de Carabineros Gerardo Aravena Longa.

.A 16 años de presidio fueron condenados el teniente (r) del Ejército Carlos Figueroa Silva y el coronel (r) de Carabineros Gerardo Aravena Longa, en calidad de autores del delito de homicidio calificado contra cinco opositores a la dictadura de Augusto Pinochet en la Cuesta Barriga, en Curacaví.

En su dictamen, el ministro en visita Joaquín Billard establece que los crímenes se llevaron entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, cuando los militares secuestraron y fusilaron a José Barrera Barrera, Segundo Gárate Torres, Jorge Toro Toro, Justo Mendoza Santibáñez y Jorge Yáñez.

El juez también decretó una indemnización de $ 30 millones, suma que el Fisco deberá cancelar a Víctor Barrera, hermano de una de las víctimas, en base al daño moral que ha sufrido la familia, el que “debe ser resarcido y regulado”, señala el dictamen.

La resolución se alcanzó después "de 30 años de impunidad", destacó el abogado querellante Nelson Caucoto. "(El fallo) viene a sentar justicia; este es un caso emblemático de la zona de Curacaví, donde cinco vecinos de ese sector fueron secuestrados y asesinados", agregó.

El 14 de septiembre de 1973 un grupo de carabineros detuvo a las cuatro víctimas, señalándoles que serían trasladadas al Estadio Nacional, situación que nunca ocurrió, ya que fueron conducidos hasta “Cuesta Barriga”, donde fueron fusilados.

Pese a los disparos, Barrera fue el único que sobrevivió y logró permanecer oculto durante algunos meses, tras lo cual se contactó con su hermano para contarle lo ocurrido. Éste acudió hasta el Ministerio de Defensa para aclarar la situación.

Las autoridades se comunicaron con el coronel Aravena, quien señaló que no existían cargos en su contra por lo que podía ir tranquilo hasta su casa, lo que se materializó la noche del 14 de marzo de 1974.

Sin embargo, a las dos de la madrugada, mientras dormía en su pieza, un grupo de uniformados llegó hasta el inmueble para detenerlo y trasladarlo hasta la tenencia de Carabineros de Curacaví, donde se perdió su rastro.

La realización de exámenes después de que el general (R) sea desaforado -el escenario que más acomoda al Gobierno- es inviable para los abogados del senador vitalicio, porque mantendría las sospechas en su contra e impediría probar su inocencia.
La defensa del senador vitalicio Augusto Pinochet presentó ayer un escrito para que se suspenda la vista de la causa de la apelación al desafuero en la Corte Suprema, por lo que la relación del caso comenzará la próxima semana. A su vez, hoy el pleno analizará la petición de la parte querellante para que sean anexados al proceso en el máximo tribunal dos expedientes y un cuaderno secreto que posee el ministro Juan Guzmán Tapia y que no fueron vistos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Ayer, en tanto, llegaron a 130 las querellas en contra de Pinochet al presentarse tres nuevos libelos por las desapariciones de José Guillermo Barrer y César Negrete Peña y otra por la ejecución de Guillermo Vallejos.
Fuentes cercanas a la defensa aseguraron ayer a La Tercera que la estrategia será insistir en la realización de exámenes físicos y mentales para su cliente, pero sólo antes de que la Corte Suprema se pronuncie sobre el desafuero "como medida de mejor resolver". Lo que la defensa quiere evitar a toda costa es que a Pinochet se lo declare loco o demente, la única condición que establece el código de procedimiento penal para que un imputado eluda sus responsabilidades. El Gobierno, sin embargo, cree que la corte podría eludir este punto reinterpretando la ley para aceptar exámanes físicos -y no sólo mentales- de acuerdo al concepto del "debido proceso".