Néstor Espósito

Juzgados de La Plata, General Roca y CABA se derivan unos a otros el caso Carmen Delard Cabezas y José Appel de la Cruz. Los familiares de dos militantes chilenos reclaman el derecho a la Verdad: qué pasó con ellos y dónde están sus cuerpos. La justicia porteña falló que no le corresponde "determinar el paradero".

 La justicia lleva casi un año y medio de demora en definir qué tribunal deberá entender en un habeas corpus presentado por familiares de dos ciudadanos chilenos, militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) en su país y del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo) en la Argentina, desaparecidos durante la última dictadura. Quieren saber qué pasó con ellos, dónde están. "La pretensión orbita la identificación del paradero de las presuntas víctimas, conocer la ubicación de sus restos, recibirlos y sepultarlos de acuerdo a sus creencias, cerrando el duelo que han transitado durante décadas".

Según informó Tiempo Argentino, el 30 de mayo de 2013, Eduardo Delard Cabezas presentó ante el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata un pedido de habeas corpus por su hermana, Carmen Angélica, y la pareja de ella, José Luis Appel de la Cruz. Desde entonces, el expediente rebota de juzgado en juzgado, de un punto a otro del país, sin que nadie se decida a iniciar la investigación.

Appel de la Cruz y Delard Cabezas estaban casados desde 1973 y vivían en Cipolletti, Río Negro. Habían estudiado medicina en la Universidad Austral de Valdivia, Chile, y emigraron tras el golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet.

"El 10 de diciembre de 1976, ellos circulaban en un vehículo tipo citroneta junto a la hija de ambos, Victoria (quien contaba con cuatro meses y medio de vida), por la ciudad de Cipolletti. En ese momento, cuando José Luis bajó del vehículo para realizar una compra, fue rodeado por varios agentes de seguridad vestidos de civil, quienes lo secuestraron, desconociéndose hasta la fecha su paradero", rememora el expediente judicial. Su esposa dejó al bebé al cuidado de familiares y denunció el hecho en una comisaría. "Hasta la fecha permanece desaparecida", explica el documento.

 Appel de la Cruz y Delard Cabezas estaban casados desde 1973 y vivían en Cipolletti, Río Negro. Habían estudiado medicina en la Universidad Austral de Valdivia, Chile, y emigraron tras el golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet.

 "Una eventual condena de los penalmente responsables de las desapariciones forzadas de personas, no resulta comprensiva ni garantiza el derecho a la verdad que les asiste a las víctimas directas e indirectas por los hechos, es decir: conocer qué fue lo que le pasó", precisa el habeas corpus.

El juzgado federal de La Plata se declaró incompetente porque los hechos ocurrieron fuera de su jurisdicción. Así, le envió el expediente "en consulta" a la Cámara Federal de La Plata. Esta, a su vez, lo remitió a la Cámara Federal de General Roca, Río Negro, que por su parte se lo envió al Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén. 

Ese tribunal tampoco aceptó la competencia porque entendió que el hecho que perjudicó a la pareja chilena ya se estaba ventilando en un juicio que tramita en la Capital Federal. Entonces mandó el expediente al Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando este tribunal recibió el expediente determinó que "la finalidad de los procesos llevados adelante por ante este Tribunal consiste en determinar la responsabilidad penal individual –o su ausencia– en relación con los presuntos autores de los hechos que surgen de los requerimientos de elevación de la causa a juicio", que efectivamente incluye los casos de Appel de la Cruz y Delard Cabezas. Pero "no resulta el objeto del presente proceso identificar el destino y paradero de José Luis Appel de la Cruz y Carmen Angélica Delard Cabezas, por cuanto no constituye un presupuesto para el alcance de las metas del juicio".

El martes pasado, rechazó la competencia para investigar qué fue de la pareja chilena. Pero además opinó que "no sería el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén el competente para llevar adelante la acción de amparo, sino la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca", que ya anteriormente se desprendió del caso.

Así, un año y medio después de iniciarse una acción que en términos normales debe resolverse rápidamente, el expediente parece encaminado al tribunal que es "superior común" a todos los que rechazaron hacerse cargo de la causa, esto es la Cámara Federal de Casación Penal, adonde llegará en un momento absolutamente imposible de predecir.

El 10 de enero de 1977, José Luis APPEL DE LA CRUZ fue secuestrado por un grupo de civiles armados, en plena vía pública de la ciudad de Cipolletti, provincia de Neuquén, Argentina, ante los ojos de su cónyuge Carmen Angélica DELARD CABEZAS y de su hija. Carmen Delard desapareció en la Comisaría de esa ciudad al hacer la denuncia de la desaparición de su cónyuge.

El 17 de enero, una semana más tarde, su hermana Gloria Ximena DELARD CABEZAS fue detenida en su domicilio de Buenos Aires junto a su cónyuge Roberto CRISTI MELERO y sus dos hijos. Gloria Delard estaba embarazada de su tercer hijo. La patrulla de agentes de la Policía Federal los trasladó a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), recinto desde donde desaparecieron.

Las dos hermanas Carmen y Gloria Delard y sus maridos eran estudiantes y militantes del MIR de la Universidad de Concepción. Perseguidos en Chile después del 11 de septiembre de 1973, aceptaron el ofrecimiento de un amigo de la familia, ex coronel de Ejército, de ayudarles a cruzar la frontera chileno?argentina, instalándose en Neuquén y Buenos Aires, respectivamente.

Con posterioridad a la detención, los hijos de ambos matrimonios fueron encontrados por sus abuelos en distintos orfelinatos. En cuanto al tercer hijo, sólo se obtuvieron versiones no confirmadas sobre su nacimiento en cautiverio, sin que los padres de Gloria Delard hayan podido encontrarlo.

La Comisión ha llegado a la convicción de que ambos matrimonios fueron víctimas de desaparición forzada, en violación de sus derechos humanos, en el cuadro de la situación ya referida, pero no existen elementos suficientes para afirmar la participación de agentes del Estado de Chile en los hechos.

Victoria Lucía Apell Delard tenía cuatro meses cuando sus padres, Carmen Angélica Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, fueron secuestrados en Río Negro, en diciembre de 1976. Días después, pero en Buenos Aires, el 17 de enero del ´77,  sus primos Roberto y Paula Cristi Delard, con 2 años y ocho meses y 1 año y medio, respectivamente, presenciaron la tortura y secuestro de los tíos, Gloria Delard Cabezas y Roberto Cristi Melero.

El testimonio de los tres por entonces infantes se escuchó en el 9° juicio por delitos de Lesa Humanidad en Neuquén, en el que se investigan los homicidios de Carmen y José Luis, la pareja que había llegado a Cipolletti siendo perseguidos en Chile por su participación en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los imputados por este caso son Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale. Estos hechos ya fueron juzgados con anterioridad en la causa Plan Cóndor.

“Puede haber justicia pero no puede haber perdón”

Cuando Carmen Delard Cabezas vio que personas vestidas de civil y armadas metían a su compañero en un auto y se lo llevaban decidió ir en busca de ayuda a la casa del matrimonio conocido y compatriota de Graciela y Victor Hugo Herrero Rojas. Con lágrimas en los ojos, según se relató, la mujer les avisó que iría a la comisaría a preguntar por José Luis, les encargó el cuidado de la bebé llamada Victoria y les dejó indicaciones de qué hacer si ella no regresaba. Desde entonces, nada más se supo sobre ninguno de los dos.

Ahora, a sus 49 años, Victoria declaró lo que pudo reconstruir acerca de sus padres, y las consecuencias que impactaron en ella cuando esas vidas fueron arrebatadas por la dictadura argentina, “esas repercusiones psicológicas de crecer sin estar sabiendo, porque una no entierra a sus familiares (desaparecidos)”, las “repercusiones que son tan íntimas”, “lo perpetuo” de un sufrimiento que logró superar con terapia y esfuerzo porque, según aclaró, pese a todo no le pudieron quitar “las ganas de vivir, de gozar, ni las ideas”.

La mujer relató que tras el Golpe de Estado instaurado en Chile el 11 de septiembre de 1973, su abuelo Orlando fue apartado del empleo de médico que tenía en las Fuerzas Armadas del vecino país acusado por su simpatía con el socialismo de Salvador Allende. Entonces y junto a su abuela Carmela, definieron exiliar la familia completa hacia la Argentina, aunque cruzaron la cordillera en distintos momentos y situaciones.

En el caso de los abuelos, para 1974 terminaron por irse a Francia; su tía Gloria y la pareja Roberto quedaron en Buenos Aires; en tanto que sus padres, Carmen y José Luis, llegaron a Mendoza.  Victoria relató que a esta última provincia lograron cruzar clandestinos y con ayuda de Rene Gajardo, un hombre del que supo que era amigo del abuelo, militar retirado, y que para la dictadura había vuelto a prestar servicio. Una vez en Argentina, Carmen y José Luis fueron cautivos por este hombre en una vivienda de la que finalmente lograron escapar. A partir de entonces, la pareja chilena pivoteó entre la Capital Federal y Neuquén, hasta que fueron ilegalmente detenidos en Cipolletti.

El matrimonio que quedó a cargo de Victoria logró cumplir con su traslado desde la Patagonia a la Capital Federal, donde finalmente fue reunida con sus primos y llevador al encuentro de sus abuelos, en Francia. “Nos criamos los tres como hermanos”, contó la mujer y agregó que, ante la necesidad de niños, terminaron por denominar mamá y papá a su abuela y abuelo, algo que los adultos aceptaron bajo la condición de aclarar reiteradamente que sus verdaderos padres y madres habían sido desaparecidos.

Con ese ejercicio constante de la memoria la mujer logró reconstruir los hechos de su pasado y el de sus padres, así como el de sus primos y tíos, una historia sobre la que profundizó, más aún, cuando pudo viajar a Chile y Argentina, ya en democracia. Entre otros elementos que descubrió, mencionó que en el Archivo Provincial de la Memoria vio una “ficha” sobre alguien desconocido que, para 1975, era acusado de “estar vinculado con el subversivo Luis Appel”.

Los primos. Los abuelos

Los testimonios traídos a este juicio en torno al secuestro y desaparición de la hermana de Carmen -Gloria Delard Cabezas y su pareja Roberto Cristi Melero-, dieron cuenta de un contexto represivo que se extendía más allá de las fronteras nacionales y los límites provinciales. Sobre estes hechos atestiguaron los primos de Victoria, Roberto Andrés Cristi Delard y Paula Alejandra Cristi Delard.

Los hermanos contaron lo que pudieron saber sobre la historia de sus padres exiliados en el conurbano bonaerense, y la de sus tíos y prima Victoria, para aquella época en iguales condiciones en el sur del país. Relataron que ambas parejas militaban en Chile dentro del MIR y comenzaron a ser perseguidos por la dictadura iniciada allí, en el ´73. Si bien Gloria y Roberto habían logrado escapar hacia la Argentina con el resto de la familia en 1974, tres años después sufrieron la represión aquí.

El 17 de enero de 1977  la pareja se encontraba en una casa en Ramos Mejía con sus hijos Roberto Andrés -menor de 3 años-, Paula Alejandra -de 18 meses- y un embarazo en curso. De aquella noche Roberto recordaría: “Torturaron a nuestros padres delante nuestro”. Seguido agregó que fueron dejados por los represores en una casa vecina y luego serían alojados en un orfanato donde permanecieron durante algunos meses hasta que otra tía, con ayuda de organismos de Derechos Humanos, los reunió con la pequeña Victoria y los trasladó a Francia con sus abuelos. Junto a esa familia vivirían también algunos años en Argelia.

De sus padres Gloria y Roberto pudieron reconstruir que fueron vistos en el centro clandestino de detención Garaje Azopardo. Por su parte, ellos en Francia armaron familia en torno a los abuelos, tíos menores y Victoria. “Nos fueron explicando a medida que íbamos creciendo”, contó Roberto Andrés y resaltó el esfuerzo de sus abuelos para que de niños fueran felices a pesar de todo, algo fue subrayado por su hermana y su prima.

Cada uno en su declaración enumeró al detalle las consecuencias de todo lo vivido. Paula indicó que debió hacer terapia muchos años y ahora se dedica a la psicología, una profesión que eligió porque le “ha costado entender al ser humano”, "la maldad", y “no tener padres”. Su tesis de grado la elaboró en torno a la construcción de la identidad en hijos de desaparecidos.

Por su parte, Roberto Andrés recordó actitudes violentas o autodestructivas, visiones en la oscuridad, desconfianza y depresiones crónicas, por mencionar algunas. Remarcó que con el paso del tiempo pudo elaborar todo esto y dedicarse a las artes como pintor. “Cuando uno está quebrado le da el partido ganado a los que torturaron y me rehúso a eso”, concluyó.

En el Día del Detenido Desaparecido, las distintas agrupaciones de Derechos Humanos recordaron que todavía son mil 192 chilenos y chilenas continúan sin encontrarse, entre ellos 9 ayseninos quienes fueron apresados durante la Dictadura Cívico Militar de Pinochet.

La  desaparición forzada es la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización o el apoyo del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

María Vera Vera, presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, afirmó que no solo existe una deuda del Estado chileno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de verdad y justicia, sino que además de los militares y civiles que fueron autores y cómplices de los violaciones a los derechos humanos en el país, quienes mantienen un pacto de silencio y no entregan la información de dónde están los Detenidos Desaparecidos.

La dirigenta recordó que en nuestra región todavía hay 9 personas, incluido su padre Juan Vera Oyarzún, que se encuentran desaparecidos. Algunos de localidades como Herminio Soto Gatica, subdelegado de Tortel en esa época, o José Orlando Vilugrón fusilado en Cisnes y arrojado al mar. También hay víctimas de la Operación Cóndor como José Rosendo Pérez Ríos, Juan Vera, Néstor Castillo Sepúlveda y Humberto Cordano López, todos con familias que esperan saber la verdad y justicia en estos casos de víctimas de la dictadura.

La lista de detenidos desaparecidos de la Región de Aysén continúa con Flavio Arquímedes Oyarzún Soto y Luis Alejandro Largo Vera, ambos nacidos en Puerto Aysén y detenidos en Santiago,  y José Luis Appel de la Cruz, oriundo de las Islas Huichas detenido en 1977 en Argentina.

El Día Internacional del Detenido Desaparecido es una conquista de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos apoyada por la Organización de Naciones Unidas, por lo que en nuestro país cada 30 de agosto se recuerdan a las miles de víctimas de desaparición forzada en Chile.

 La Universidad de Concepción (UdeC) comienza a celebrar su primer centenario, 100 años de historia y ligazón directa con la ciudad y el país. Una historia que tuvo una participación activa en la realidad social de Chile, donde la fuerte participación y militancia política de sus estudiantes tuvo un auge en los años 60 y 70, y que en dictadura se tradujo en una fuerte represión, tortura y muerte.

La «U de Conce» fue el alma mater de hombres y mujeres que dieron sus vidas para construir una sociedad más justa, o en la resistencia a la dictadura militar-empresarial que azotaba al pueblo chileno. Los nombres de gran parte de estas personas (54 de las 71 en total) están presente en el memorial a un lado de la laguna de Los Patos, otros como Caupolicán Inostroza es recordado con una placa en el estacionamiento de Humanidades, lugar en que fue asesinado por Carabineros en marzo del 84. Sin embargo, es necesario hacer presente a todas y todos, estudiantes y egresadas/os, que también forman parte de la historia de la Universidad y de Chile.

Memorial Universidad de Concepción

Conoce la lista completa a continuación:

La historia de José Luis Appel de la Cruz, oriundo de Caleta Andrade, quien en su juventud luego de ingresar a estudiar medicina en la Universidad Austral y unirse al MIR, termina siendo detenido y posteriormente desaparecido en el año 77 en Argentina junto a su esposa Carmen Delard, es el nuevo caso de una de las víctimas de la Dictadura Cívico Militar que se suma en la Segunda Edición del libro Aysén Muertes en Dictadura, Historias de Ausencia y Memoria, publicación de la Agrupación de DD.HH de Coyhaique que presentó en Puerto Aysén.

En la actividad que se realizó en la Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda, dirigentes sociales y políticos, familiares y amigos de las víctimas, y vecinos presentes, pudieron conocer los detalles de esta nueva publicación de palabras del coordinador del proyecto, el sociólogo e integrante de la Agrupación de DD.HH. de Coyhaique, Ariel Elgueta, y de Verónica Venegas, a cargo del equipo investigador.

Ariel Elgueta, destacó que se tomó la decisión de lanzar esta nueva edición en Puerto Aysén para rendir tributo a la gente que se asesinó en el lugar. “Acá se mataron vecinos que no tenían ningún vínculo en el ámbito político. Eran vecinos comunes y corrientes que transitaban todos los días por las calles, la intolerancia en su grado máximo”.

Por su parte Verónica Venegas, detalló que “cuando empezamos a conversar con los familiares estábamos en la búsqueda de la historia de la persona que había sido víctima, pero te empiezas a encontrar con las historias de las familias de las víctimas, de los entornos, de las comunidades que también van viviendo estos episodios de violencia, donde todavía existe tanta impunidad”.

Ninón Neira, Presidenta de la Agrupación de DD.HH., junto con agradecer el trabajo desarrollado por el equipo investigador, la dedicación exclusiva del Ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Luis Sepúlveda Coronado en casos de Derechos Humanos, asimismo la labor desarrollado por el equipo de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones , llamó a que las historias descritas pese a su dolor, “dejen el sentimiento más profundo para seguir buscando la verdad y tomar debida conciencia del valor del diálogo y acuerdos para construir un Chile más solidario y justo”.

En la actividad también estuvieron presentes Oscar del Solar, Director Regional de Cultura, y María Soledad Silva, coordinadora Nacional del Área de Proyectos y Memoriales de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quienes valoraron el aporte de esta publicación a la memoria histórica de nuestra región.

Cabe mencionar que la Segunda Edición de “Aysén: Muertes en Dictadura, Historia de ausencia y memoria”, proyecto de la Agrupación de DD. HH. de Coyhaique contó con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humano y del Consejo de Las Artes y Cultura de Aysén, y fue publicado por la Editorial LOM, quien la distribuirá a nivel nacional.

"Nuestra presencia en el juicio tiene el propósito de reclamar más a nuestros caídos, de validar sus vidas y convicciones. Fueron hombres y mujeres de ideales profundos y loables y no terroristas como los retrataron los dictadores", dijo Odette Magnet antes de viajar a la capital trasandina.

En "busca de Justicia" viajaron a Buenos Aires este lunes dos chilenas, para declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la capital argentina, en el juicio por familiares desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor.

Se trata de Odette Magnet Ferrero y Laura Elgueta Díaz, hermanas de María Cecilia Magnet Ferrero y Luis Elgueta Díaz, secuestrados en julio de 1976 Buenos Aires, donde vivían, por militares argentinos y desaparecidos desde entonces.

María Cecilia Magnet y Luis Elgueta integran una lista de 23 chilenos desaparecidos en Argentina, opositores a la dictadura de Augusto Pinochet que buscaron refugio en el país vecino antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón.

María Cecilia Magnet fue secuestrada junto a su marido argentino, Guillermo Tamburini, desde el domicilio de ambos, el 16 de julio de 1976, en tanto Luis Elgueta fue detenido el día 27 del mismo mes junto a su pareja argentina, Clara Haydée Fernández y la hermana de ésta, Cecilia Fernández.

La Operación Cóndor, según se ha establecido, fue una coordinación entre las policías secretas de las dictaduras militares sudamericanas para exterminar opositores.

En el juicio abierto en Buenos Aires, a cargo del fiscal Pablo Ouviña, están representados familiares de 106 desaparecidos de diferentes nacionalidades, 23 de ellos chilenos, con un total de 450 testigos, según organismos chilenos de derechos humanos.

"Nuestra presencia en el juicio tiene el propósito de reclamar más a nuestros caídos, de validar sus vidas y convicciones. Fueron hombres y mujeres de ideales profundos y loables y no terroristas como los retrataron los dictadores", dijo a Efe Odette Magnet antes de viajar a Buenos Aires.

"Se trata de insistir en el deber de abrazar la memoria, rescatarlos del olvido y sumergirse en el dolor, si es necesario", añadió.

"Pese al tiempo transcurrido no descansaremos en nuestro esfuerzo de llegar a la verdad y a la justicia (...). Cuando esto se entienda como una obligación ética de un país entero, sólo entonces podremos aspirar a una sociedad reconciliada con su historia y su pasado", concluyó.

A su vez, Laura Elgueta dijo que su presencia en el juicio "expresa la voluntad de honrar la memoria, el nombre, las convicciones y las vidas de nuestros desaparecidos".

"Son tiempos dolorosos y difíciles, nadie está listo para declarar sobre la muerte de nuestros hermanos y hermanas, pero este tipo de gestos contribuyen a avanzar en la búsqueda de la justicia y la verdad", agregó.

"Nadie nos garantiza el triunfo, pero esta ha sido nuestra lucha durante todos estos años y no descansaremos en nuestro esfuerzo", acotó.

El Tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer y los chilenos representados en el juicio son Edgardo Enríquez Espinoza, Luis Elgueta Díaz, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Juan Hernández Zaspe, Alexei Jaccard Siegler, José de la Maza Asquet.

También Miguel Orellana Castro, Cristina Carreño Araya, Ángel Athanasiu Jara, Pablo Athanasiu Laschan, Frida Laschan Mellado, Carlos Rojas Campos, Carmen Delard Cabezas, Gloria Delard Cabezas, José Appel de la Cruz, Luis Zaragoza Olivares, Luis Espinoza González, Oscar Urra Ferrarese, Susana Ossola, Rafael Ferrada, Oscar Oyarzún Manso y Cecilia Magnet Ferrero.

Dieciocho son los militares y exagentes imputados: Eduardo Samuel de Lío, Eugenio Guañabens Perello, Bernardo José Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Santiago Omar Riveros, Carlos Horacio Tragant, Antonio Vañek, Carlos Humberto Caggiano, Humberto José Román, Felipe Jorge Alespeiti, Manuel Juan Cordero, Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, José Julio Mazzeo, Horacio de Verda, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Reynaldo Benito Bignone, Enrique Braulio Olea, Juan Avelino Rodríguez y Mario Alberto Gómez.

La Operación o Plan Cóndor, según se ha logrado establecer, surgió de una reunión celebrada en Santiago entre el 25 y 28 de noviembre de 1975, convocada por el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet.

En la secreta "Acta de Clausura" de la reunión, se establece "el contacto muy rápido o inmediato cuando se expulse del país un individuo (s), o viaje un sospechoso, para alertar a los Servicios de Inteligencia".

También señala que "el presente organismo se denominará 'CÓNDOR', aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país sede".

Firmaron el "Acta", por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor del Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel del Ejército José A. Pons; por Paraguay el coronel del Ejército Benito Guanes Serrano y por Chile el coronel Manuel Contreras.

Este último está actualmente en prisión, condenado a más de 300 años de cárcel en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.