Están sentenciados por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, operación Albania y caso Degollados. Entre ellos se cuentan Álvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez. No cumplirían requisitos para beneficio por razones humanitarias.

Nueve ex militares condenados a cadena perpetua cumplen sentencia en el penal de Punta Peuco, según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Estos reos no pueden recibir beneficios antes de 20 años de sentencia y tampoco podrían optar a un eventual indulto por razones humanitarias.

Se trata de Álvaro Julio Corbalán Castilla, Carlos Herrera Jiménez, Armando Cabrera Aguilar, Hugo Iván Salas Wenzel, Miguel Arturo Estay Reino, José Florentino Fuentes Castro, Guillermo Washington González Betancourt, Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

El mayor de Ejército (R) Álvaro Julio Corbalán Castilla no requiere de mayores presentaciones. En el año 2000, el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Santiago fue condenado a perpetua por la Corte Suprema por el homicidio calificado del carpintero Juan Alberto Alegría Mundaca.

LO "SUICIDARON"

En 1983 el cadáver de Alegría apareció en Valparaíso con las muñecas cortadas, junto a una "carta-suicida" en que se incriminaba por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Sin embargo, los homicidas cometieron el error de cercenarle tan profundamente una mano, que no habría podido manejar un arma blanca para cortarse la otra.

Por el crimen de Alegría Mundaca también fueron condenados a perpetua el mayor de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial de Carabineros (R) Armando Cabrera Aguilar, los dos adscritos a la CNI. Los homicidas pensaron que, en su condición de alcohólico y por tener antecedentes penales, el carpintero sería el chivo expiatorio perfecto para el crimen del sindicalista.

Herrera Jiménez es otro que tampoco requiere presentación. Estuvo prófugo en Argentina, de donde fue extraditado. Paradojalmente, en 2004 Herrera Jiménez fue condenado por la Corte Suprema a sólo 10 años de cárcel como autor material del homicidio de Tucapel Jiménez, ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), crimen cometido en 1982.

OPERACIÓN ALBANIA

En 2007, el máximo tribunal del país dejó a firme la condena a cadena perpetua en contra del general de Ejército (R) Hugo Iván Salas Wenzel, ex director de la CNI, como coautor de cinco homicidios simples y como coautor de siete homicidios calificados en el caso Albania.

La Operación Albania o "Matanza de Corpus Christi" se produjo entre los días 15 y 16 de junio de 1987, en Santiago. En ella doce miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron ejecutados por agentes de la CNI en diversos puntos de la capital en supuestos enfrentamientos.

En esta misma causa, Álvaro Corbalán fue condenado por la Suprema a 20 años de cárcel como coautor de cuatro homicidios simples y como coautor de ocho homicidios calificados.

CASO DEGOLLADOS

Los otros cinco condenados a perpetua son ex carabineros que participaron en uno de los peores crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet: el degollamiento de los profesionales comunistas José Manuel Parada Maluenda, Manuel Leonidas Guerrero Ceballos y Santiago Esteban Nattino Allende.

El 28 y 29 de marzo de 1985, los tres fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron degollados y con signos de tortura en un camino de Quilicura. En agosto de ese año, el caso provocó la salida del general director de Carabineros, César Mendoza, de la Junta Militar de Gobierno.

En 1995, el coronel de Carabineros (R) Guillermo Washington González Betancourt, ex jefe de la Dicomcar, fue condenado por la Corte Suprema a presidio perpetuo como autor de los secuestros seguidos de homicidios de Parada, Guerrero y Nattino, y también como autor de los secuestros de otras seis personas.

Nattino y Guerrero pertenecían a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), entidad paralela al entonces oficialista Colegio de Profesores. Los seis secuestrados que sobrevivieron pertenecían a la Agech. El sociólogo José Manuel Parada era hijo de los actores Roberto Parada y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad.

Los otros ex carabineros condenados a perpetua por este crimen son el ex empleado civil Miguel Arturo Estay Reino ("El Fanta"), el sargento (R) José Florentino Fuentes Castro, y los cabos (R) Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes.

El paco condenado por el caso degollados que se entretiene pidiendo información al Consejo para la Transparencia

Jose Fuentes Castro, un ex carabinero condenado a presidio perpetuo por haber degollado a un grupo de profesores comunistas en 1985, tiene tiempo de sobra el tiempo en el penal de Punta Peuco. Y vaya que lo usa. Tiempo libre, le llaman entre rejas.

Desde la cárcel construida especialmente para los uniformados culpables de violaciones a los derechos humanos, Castro ha hecho nada menos que 19 presentaciones al Consejo para la Transparencia, solicitando información. Algunos de los requerimientos son bastante particulares.

En 2009, el ex hombre de verde comenzó a pedir todas las sanciones aplicadas en su contra desde 1989 en adelante y el porqué de las mismas. Esta fue su inauguración con éxito ante el CPLT, que acogió la petición en su totalidad.

Al año siguiente, el preso se molestó viendo televisión. Por alguna razón no le gustó que el chico de la farándula, Claudio Valdivia, hiciera un vivencial en el servicio de prisiones para el programa de TVN Calle 7. En su presentación al CPLT el ex paco solicitó la documentación respecto de quién autorizó la entrada del farandulero bailarín a la Escuela de Gendarmería; por qué le enseñaron las técnicas de allanamiento y más aún por qué usó el uniforme institucional, hecho que calificó como “ejercicio ilegal de la profesión”.

Fuentes Castro ha tenido en el penal un comportamiento que en más de una ocasión ha violado las normas. En la navidad de 2004, se agarró con Alejandro Saez Maldonado, otro miembro de la temida Dicomcar, condenado por el mismo caso degollados. Ese año Fuentes Castro presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. En la oportunidad aseguró que lo habían amenazado de muerte y lo trataban de traidor.

Más y más

No contento con la información recibida, en 2011 se quejó de “violación de correspondencia” y pidió todos los criterios, documentos y facultades de la autoridad para hacerlo. Luego un listado de todos los artefactos eléctricos -de su propiedad- desde su fecha de internación en Punta Peuco.

En agosto pasado también puso el grito en el cielo porque su cónyuge, cada vez que lo visita, debe dejar los datos personales al ingresar, como sucede en todos los penales del mundo. Entonces le pidió al CPLT que obligara a Gendarmería a revelar qué hacía con esa información. El recurso, por cierto, no fue acogido por improcedente.

También pidió datos del porqué se habían retirado los balones de gas del recinto carcelario. Todo en el marco de las nuevas medidas que adoptó Gendarmería después del incendio ocurrido en el penal de San Miguel. El CPLT le acogió la solicitud y Gendarmería tuvo que responderle.

En diciembre pasado Fuentes Castro afino su puntería: pidió saber cuáles fueron las actividades desarrolladas por Gendarmería “para remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva de los reclusos”. Fue acogido.

Religión

En septiembre de 2011 a Fuentes Castro le bajo el ánimo deportivo y quiso saber todo al respecto. Por eso requirió los documentos relativos a la compra de implementos, la metodología diseñada para su uso y por qué no se les preguntó a los internos su opinión antes de adquirirlos.

Su afán fiscalizador también llegó a las medidas de reinserción y capacitación. Y con el fin de adentrarse en la materia, volvió a pedir en 2011 el tipo de cursos, si la autoridad había pensado en el campo laboral y, nuevamente, por qué no fueron consultados.

Se nota que, además, Fuentes Castro, tiene una absoluta desconfianza en la administración pública pues pidió información relativa a la construcción de una sala multiuso en Punta Peuco. Si se hizo licitación, si contaba con permiso municipal, entre otros aspectos.

Y si de comunicación con Dios se trata, Fuentes Castro también pidió información. Esta vez respecto al “rol promotor” de Gendarmería sobre actividades religiosas y, por último, cuánto dinero podría tener guardado en la celda.

Punta Peuco es, como toda cárcel, un botadero en que la sociedad esconde sus problemas y sus desechos. Pero aún en esos lugares olvidados el clasismo chileno se las arregla para establecer sus distinciones y un militar que ha matado se siente muy superior a un carabinero criminal. Y ambos se consideran algo muy distinto al gendarme que debe custodiarlos. Mañana se abrirá el testamento de Augusto Pinochet y tal vez haya claridad sobre el tamaño de su fortuna. En Punta Peuco está el otro legado del dictador

Con su metro ochenta a cuestas, José Florentino Fuentes Castro se pasea por la cocina del módulo que habita en Punta Peuco con un paño en el hombro. Viste buzo y zapatillas. Cuando era joven, por su contextura gruesa le decían “El Buey”. Aunque usa audífonos, apenas escucha. Su esposa nos pide que le hablemos fuerte y “bien modulado para que él pueda leer los labios”.

Es el domingo 18 de diciembre. En la puerta de su celda Fuentes Castro colgó una imagen del Viejo Pascuero. Luego de estar más de 15 años encerrado, su celda es su verdadera casa. Está condenado a cadena perpetua y probablemente, como Osvaldo Guatón Romo, también muera en la cárcel. En 1985, cuando él tenía 35 años y era un suboficial de Carabineros, degolló a Santiago Nattino, militante comunista, publicista y pintor. Nattino tenía entonces 61 años, uno menos de los que Fuentes Castro tiene hoy.

“Recuerdo que Nattino no dijo nada, iba muy débil; se lo puso en el suelo de espalda. Sáez (el carabinero Alejandro Sáez) lo tomó de la cabeza y el Pegazo (el carabinero Claudio Salazar) le tomó los pies, estaba también el Fanta (el civil y ex dirigente comunista Miguel Estay). Yo le hago un corte”, confesó Fuentes finalmente ante un juez después de transcurridos nueve años del crimen.

En esa misma terrible jornada del 29 de marzo de 1985 fueron asesinados también los militantes comunistas José Manuel Parada, entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad; y Manuel Guerrero, dirigente gremial de los profesores. El triple crimen se conoció como el Caso de los Degollados. Su brutalidad heló la sangre de los opositores a Pinochet, precisamente lo que sus autores intelectuales buscaban.

La crisis económica a partir de 1983 había provocado masivas protestas en Santiago y otras ciudades del país. Al comenzar el segundo semestre de 1984, la gente estaba ganando la calle y perdiendo el miedo. Era necesario hacérselos encontrar de nuevo. Paralizarlos de terror. A Fuentes sus superiores le dijeron que Nattino, Parada y Guerrero “eran responsables ideológicos de las muertes de varios carabineros y que, debido a que los tribunales eran inoperantes, había que buscar justicia propia”, contó Fuentes a Ciper.

La esposa de Fuentes agregó que a su marido lo picanearon con otro motivo más: “Le dijeron que tenía que mojarse el potito y demostrar que no era como su papá”. El padre de Fuentes era un comerciante aparentemente ligado al Partido Comunista.

Tras azuzar a los demonios, otros más arriba en la escala del poder pudieron usufructuar del pavor generado, sin mancharse las manos. Fuentes dice que sólo conoció a los oficiales que tenía inmediatamente sobre él. Son también carabineros y están presos en Punta Peuco. Al igual que un grupo de militares a los que tanto detesta.

-Ninguno de estos huevones son héroes. No merecen privilegios. Son todos asesinos. Se creen que son O’Higgins, pero son todos delincuentes –dice José Fuentes Castro respecto de los militares.

Las palabras de Fuentes no hacen más que evidenciar uno de los hechos de los que jamás se habla cuando se menciona a Punta Peuco: el profundo quiebre entre militares y carabineros y entre oficiales y suboficiales. Un muro invisible los separa y el transcurso del tiempo y la continuidad de ciertos privilegios no ha hecho más que reforzarlo.

APUNTEN AL MODULO 1

José Fuentes vive en el Modulo 4 de la cárcel especial. A los oficiales de Ejército de más alto grado los ubican en el Modulo 1. Están separados sólo por unos centenares de metros. Y aunque Punta Peuco es, como toda cárcel, un botadero en que la sociedad deja sus problemas y sus desechos, en su interior son otras las normas que rigen. Otros códigos que hacen que un militar que ha matado se sienta superior a un carabinero también criminal. Y ambos se sienten algo muy distinto al gendarme que debe custodiarlos.

El Módulo 4 tiene una reja como puerta de entrada y una caseta de vidrio desde la cual un gendarme armado los vigila. Pegada en el vidrio está la lista de libros del penal: “Quijote de la Mancha”, “Dulces Chilenos”, “Barrabas”, “Tarde he llegado a amarte”, “Adagio Confidencial”, “Historia de las Elecciones: Tomo I”, “La Quinta Montaña” de Paulo Coelho, “Mala Onda” y “Sobredosis” de Alberto Fuguet. También hay una hoja firmada por el alcaide que pide “que se eviten los garabatos y los gritos” durante los horarios de visita. Pero este domingo al menos casi no hay ruido, salvo por una radio que suena desde una de las celdas.

La celda de José Fuentes es una pieza individual. Pero debe compartir la ducha, la cocina y un hall, que los internos acondicionaron como living-comedor. Allí hay un gran ventanal que da a un patio donde se distinguen un par de árboles, una hilera de rosales rojos y amarillos, cultivos de ají y acelga y una gruta donde instalaron una figura de la Virgen del Carmen.

Estar allí en ese ambiente apacible, con José Fuentes Castro, uno de los criminales más conocidos de la dictadura, es como estar acompañando a un jubilado que pasa sus últimos días en una casa de reposo. Pero la percepción es un error, por supuesto, porque por esas habitaciones se pasean libremente César Palma, civil, ex miembro del Comando Conjunto; Rubén Barría, carabinero, condenado por el homicidio de un grupo de menores en Puente Alto; Maximiliano Ferrer Lima, ex alto mando de la DINA y ex jefe del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE, entre otros.

De pronto, se abre la reja exterior del módulo y un gendarme ingresa a la carrera trayendo una encomienda. Tras él se asoma Basclay Zapata, El Troglo. Es flaco y de ojos pequeños y su tez morena hacen más notorias sus canas. Viste polera de fútbol y se inclina para decirle al gendarme: “mi cabo, ¿lo ayudo?”.

Por su físico a Zapata le resultaría difícil amedrentar a un curso de niños de octavo básico. Pero en el libro “119 de nosotros” Viviana Tamblay cuenta cómo en los ’70, Zapata sí provocaba terror cuando era uno de los más activos agentes operativos de la DINA. Viviana dice que su hermana Bárbara y el marido de ésta, Edwin van Yurik, fueron detenidos por la DINA y llevados a Londres 38. Viviana no supo más de sus parientes (ambos militantes del MIR) hasta que logró hablar con Cristián -hermano de Edwin- quien sobrevivió luego de ser detenido y torturado:

-Me dijo que jamás olvidará el dolor e impotencia que sintió en esos momentos de ingreso al infierno. Lo llevaron a una pieza a mirar primero la tortura de su hermano Edwin. En el recinto estaban Osvaldo Romo y Basclay Zapata. Luego trajeron a Bárbara y Zapata la violó. Edwin se levantó ensangrentado por los golpes recibidos y lo escupió con su propia sangre.

Hay decenas de otros testimonios que cuentan en detalle los horrores a los que sometía a los prisioneros Basclay Zapata. Nada de aquello se delata en el caminar del hombre empequeñecido que ahora acompaña al gendarme a la cocina. Fuentes lo mira pasar y dice en voz baja: “Este es el asesino más grande de la historia”. Viniendo de uno de los degolladores, la frase suena terrorífica.

Desde 2007 Basclay Zapata y José Fuentes Castro son compañeros de módulo en Punta Peuco. El problema es que Fuentes no lo soporta. Cuenta que apenas Zapata llegó, se apropió del taller de carpintería que está en el patio. Puso unos banderines que dicen “COMANDO” y dos fotos donde Basclay Zapata aparece posando junto a Augusto Pinochet. Así marcó la diferencia.

-Acá en Punta Peuco hay dos cárceles y los milicos mandan en las dos -dice Fuentes.

Fuentes relata que para el terremoto de febrero de 2010, los gendarmes fueron a su módulo a ver cómo estaban los reclusos. “Pero luego se fueron y cerraron con llave, no obstante que ocurrían réplicas constantes a esa hora y existía un peligro evidente”. Un detalle a Fuentes no se le olvida: “Las puertas del Módulo 1, el de los oficiales de Ejército, quedaron abiertas”.

CIPER consultó a Gendarmería sobre este incidente. El Departamento de Comunicaciones informó: “No existe registro alguno que indique que no se le abrieron las puertas a los internos del Módulo 4 y sí a los del Módulo 1. Ese tipo de detalles tan subjetivos no se anotan, tan sólo que no hubo heridos en Punta Peuco y nadie se escapó”.

En el Módulo 1 estuvo preso entre 1995 y 2001 el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, a cuyo encarcelamiento se debe la creación de Punta Peuco. En esos años los presos militares ni siquiera tenían contacto visual con Gendarmería. La cárcel se había diseñado para que los militares fueran custodiados por militares y los gendarmes quedaban afuera del módulo. Al punto que con sus cámaras ni siquiera podían enfocar hacia el interior del recinto. Más que círculos de vigilancia parecían dos anillos de protección a los presos. A Contreras se le permitía celebrar su cumpleaños como si estuviera en su casa, con brindis hasta tarde y visitas fuera de horario.

A partir de 2003, Gendarmería quedó a cargo de la custodia total. Pero los militares que llegaron al Módulo 1 jamás dejaron de sentirse merecedores de un trato “vip”. Ahora sus ocupantes de más alto rango son el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (r) Raúl Iturriaga Neumann (quien se declaró en rebeldía el año 2007 negándose a cumplir presidio en Punta Peuco tras ser condenado a 5 años y un día como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, desaparecido desde 1974); y el ex jefe operativo de la CNI, el mayor (r) Álvaro Corbalán Castilla (quien fue también comandante del Cuartel Borgoño de la CNI y de la División Antisubversiva y tuvo relación directa con Augusto Pinochet). Ambos se consideran “presos políticos”.

En septiembre de 2010, para el Bicentenario de la Independencia, los presos de Punta Peuco organizaron una huelga de hambre. Buscaban que el Presidente Sebastián Piñera los incluyera en la propuesta del “Indulto Bicentenario” presentado por la Iglesia Católica, luego de que en julio el Presidente dijera en una conferencia de prensa en La Moneda que quedarían excluidos de estos beneficios los condenados por delitos especialmente graves, “como lo son los delitos de lesa humanidad”.

Participaron Iturriaga, el coronel Juan Morales Salgado; los brigadieres Fernando Polanco, José Zara y Christoph Willike; el teniente coronel Emilio Neira, el mayor Carlos Herrera Jiménez y los tenientes Jorge Vargas Bories y Sergio Rivera (este último ex oficial de la Marina).

Se autodenominaron “Agrupación de Militares Presos” y enviaron un comunicado al diario La Nación explicando que con la huelga buscaban la libertad de todos los suboficiales y civiles presos (que fueron agentes en los grupos de inteligencia de la dictadura); y la pena única y máxima de 10 años para los casos donde la condena fuera igual o mayor a esa cantidad, incluido el presidio perpetuo. “Del mismo modo como se hizo en los gobiernos de los ex presidentes Aylwin y Lagos para liberar a 282 presos políticos por actividades subversivas” agrega el comunicado.

La huelga duró menos de una hora.

-Y ese día, este tonto del Basclay Zapata gritaba: ¡la huelga, la huelga! -recuerda José Florentino Fuentes Castro.

Al día siguiente, Jorge Balacada, el abogado de Raúl Iturriaga, informó al diario La Nación que los nueve militares habían declinado la huelga luego que el comandante de la Guarnición de Ejército de la Zona Metropolitana, general Marcos López, les pidiera “a los ex uniformados no empañar las actividades programadas por las Fuerzas Armadas para conmemorar el Bicentenario”.

Una versión muy distinta entrega José Fuentes Castro. El afirma que los militares sencillamente no se atrevieron a seguir adelante.

No es extraño que Fuentes sea acusado por sus compañeros de ser un interno “conflictivo”.

El 6 de diciembre de 2009 -según aparece en un documento de Gendarmería- José Fuentes fue castigado a cuatro días de internación en celda solitaria por amenazar a otro carabinero, el coronel (r) Iván Quiroz, ex alto mando de la CNI y brazo derecho de Álvaro Corbalán. Fuentes le dijo a Quiroz “que lo mataría por cuanto no tenía nada que perder señalando como motivación de su amenaza que la esposa de Quiroz Ruiz habría lanzado el auto particular de esta sobre su esposa”, se relata en el documento.

La disputa con Quiroz Ruiz fue temeraria. Este coronel de Carabineros tiene fama de duro, cruel y despiadado. Está preso por los 12 asesinatos de la Operación Albania y lo espera una nueva condena por el secuestro, tortura y muerte de los últimos cinco desaparecidos en Chile, en septiembre de 1987. Por eso mismo Quiroz se resistió hasta el final en llegar a Punta Peuco. En 2008 permaneció más de cuatro meses prófugo hasta que fue aprehendido en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción. Allí se había atrincherado en un círculo de protección que hasta hoy le sigue siendo fiel.

Nada de aquello le importó a José Fuentes. Igual arremetió. Y lo mismo hizo el 12 de mayo de 2010,cuando lo volvieron a sancionar por haber escupido en la cena del carabinero Blas Barraza, condenado por el homicidio del sacerdote Gerardo Poblete (el 21 de octubre de 1973), “quien golpeó con el puño a Fuentes en la zona dorsal produciendo la reacción de Fuentes quien lo amenazó con un cuchillo”.

Fuentes dice que fue un plan urdido en su contra entre Gendarmería y otros internos para que terminara sus reclamos en contra del alcaide de entonces, Eduardo Muñoz, quien aparece en los documentos incautados a Álvaro Corbalán como uno de los gendarmes de plena confianza.

-Yo no tengo enemigos, pero no desconozco que algunos de ellos me tengan a mí como su enemigo. Algunos de ellos me prejuzgan, llegando incluso a hablar de mí sin haber intercambiado nunca palabra alguna conmigo. Muchas veces me sorprendo yo mismo de que se me trate como un individuo propenso a la violencia y no como un defensor de mis derechos frente a la opresión exagerada de ellos mismos –dijo José Fuentes a CIPER.

Este ex suboficial de Carabineros afirma que todos estos años de encierro le han permitido retomar con más fuerza los “ideales que tenía en mi juventud”. Ideales que según él, heredó de su padre, Florentino Fuentes, un comerciante de la localidad de El Sauce afín al Partido Comunista, quien ya había fallecido en los días de 1985 cuando Fuentes mató a Santiago Nattino.

LA EXPLICACION DEL JUEZ

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, quien investigó el asesinato del sacerdote salesiano Gerardo Poblete, entre otros muchos crímenes cometidos durante los 17 años de dictadura, tiene una explicación polémica sobre esas brutalidades y sobre el tipo de hombres que está encerrado en Punta Peuco:

-Después del Golpe de Estado, se dejó a la ciudadanía en manos de gente baja. Cuando llegaba a una casa una patrulla, no era una patrulla de generales: era de conscriptos. ¿Y qué es un conscripto? Un gallo de la población La Bandera al que le pasan un fusil y lo sueltan. ¿Es distinguido, es pariente del Duke de York? No. Es un roto de mierda. Se dejó a la ciudadanía en manos de esa gente. Y esta no es una conclusión que sacó sólo yo. La sacan todos los que han investigado estos casos. Le digo más, si volviera a haber un Golpe de Estado, ¿a quién cree que mandarían? A esos mismos. ¿Y qué harían? Lo mismo. Por eso, hay que cuidar la democracia –sostiene el juez Billard.

Lo que dice el juez es una de las interpretaciones más usadas para explicar la amplia gama de formas de matar y torturar a las que acudió la dictadura. En los círculos sociales altos chilenos, que admiraban a Pinochet por haber extirpado “el cáncer comunista”, se sigue nombrando a la violencia de esos años como “excesos” de unos pocos que desobedecían las órdenes del mando.

Esa discriminatoria explicación, distorsiona la realidad. Por una parte, presume el buen comportamiento de los oficiales (evidentemente no hay pruebas de que la violencia o las conductas sicopáticas estén asociadas a determinado nivel de ingreso o de formación). Pero además, al atribuir las brutalidades a los jóvenes pobres que hacían el servicio militar -que por entonces era obligatorio- o que se desempeñaban al igual que Fuentes Castro como suboficiales, se deja libre de toda responsabilidad a la estructura militar a la que estaban sometidos. Ignora las órdenes que emanaban de “generales” y del poder que tenían éstos de mandar a matar “al roto” desobediente si no se portaba como el “roto de mierda” que necesitaban para sus fines.

Un oficial de Ejército que llegó a ser uno de los más feroces agentes operativos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), pone las cosas en una perspectiva distinta. Se trata de Carlos Herrera Jiménez, autor del homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, entre otros delitos graves que lo tienen recluido en Punta Peuco, condenado a cadena perpetua. Herrera Jiménez es uno de los pocos oficiales que se ha arrepentido públicamente de sus delitos y ha desarrollado una reflexión al respecto en la que crítica justamente el hecho de que los oficiales no han asumido que detrás de cada uno de los horrores hubo una orden y un superior

Las cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, lo avalan. A septiembre del 2011, había sólo 40 generales procesados o condenados de todas las ramas castrenses, versus 82 coroneles, 42 mayores y 338 suboficiales.

-Hay más suboficiales que oficiales presos. Pareciera que nadie comandó el combate a la subversión que, por cierto, lo hubo en Chile. La gran mayoría de los oficiales, al momento de deponer judicialmente, o eran analistas o se desempeñaron como funcionarios administrativos o bien repartían el rancho -dijo Herrera Jiménez a la revista Cambio 21.

El oficial DINE hizo esas declaraciones para criticar el homenaje que organizó el alcalde de Providencia Cristián Labbé al brigadier (r) Miguel Krassnoff, quien fue alto mando de la DINA y está condenado a más de 100 años de cárcel por crímenes que él jamás ha reconocido. En el homenaje organizado por Labbé en el Club Providencia -y que fue cuestionado por Contraloría-, se lanzó la cuarta edición del libro “Miguel Krassnoff: Prisionero por servir a Chile”, de Gisela Silva Encina.

-No resulta creíble que el Poder Judicial se haya equivocado en más de 20 oportunidades al dictar sentencia condenatoria en contra del brigadier -afirmó Herrera.

Y aunque criticó a Labbé por el homenaje, puntualizó¬: “Más equivocado ha estado Krassnoff al insistir majaderamente en su inocencia”.

Para Herrera Jiménez, junto con la deuda no asumida por la oficialidad chilena hay también otra responsabilidad ausente: “Ciertamente fuimos el brazo armado de la derecha económica. Qué duda cabe… Quizás por ello ahora nos desprecian. Atávicamente este sector político se ha servido de los militares. La historia es pródiga en señalar los hechos que así lo señalan”, dijo.

En una línea más íntima, Herrera ya había hablado de esa utilización en una entrevista concedida a Mónica González en 2001.

-¿Ha hablado de todo esto con su esposa? ¿Necesita su perdón? 
No, lo hago porque así sé que todo aquello que viví es verdad. Si bien es cierto estuve en todas las cosas de las que hemos hablado, ¡también vivo con mi familia!, con hijos que son críticos. Mire… ¡no me es… fácil! Aún no he superado el hecho de que apenas llegué a Chile desde Argentina, me dieron esa terrible patente de asesino. Frente a mis hijos es una situación bastante difícil. Porque igual uno tiene que inculcarles a los hijos valores, la necesidad de cumplir con las normas mínimas de convivencia social…Y perfectamente podrían haberme dicho: “¡Y con qué moral me lo estás diciendo!”. Esa tranca a lo mejor la tengo todavía… Julia me reprocha muchas veces el que no sea todo lo severo que debiera con ellos. A lo mejor, yo mismo me retaco, porque pienso que mis hijos van a decir: “¡Con qué moral me habla este viejo!”. Sí…, es cierto, debo tener muchas trancas… Y cuando pienso que todo eso lo hice a la edad que tiene mi hijo mayor ahora… Lo miro, ¡y es un niño! Debo tener trancas, muchas trancas. Mire, no estoy legitimando lo que viví, tampoco lo que hice. Lo legitimé en esa época, pero nunca lo gocé. “¡SI, ME SIENTO USADO!”

En Punta Peuco, enemistado con los otros militares, Herrera Jiménez dedicó tiempo a hacer grabaciones de lecturas para un instituto de ciegos, como relató una nota en The Clinic. Entre los libros que grabó, está La Divina Comedia. Resulta impactante oírlo declamar los versos de Dante, en particular la inscripción que están en la puerta del Infierno y que recibe a las almas pecadoras:

“Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza”.

Para las familias de muchos de los hombres que hoy cumplen condena en Punta Peuco, no hay frase más exacta. 

La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Observatorio de DDHH de la Universidad Diego Portales cuestiona estos beneficios

El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

 La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

 Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

 - Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

 - Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

 - Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

 - Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

 - Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 - Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 - Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

 - Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

 - Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

 - José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

 - Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

 - Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

 - César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada,  como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

 - Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

 El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por los familiares de los tres profesionales comunistas asesinados el 29 de marzo de 1985 en el denominado caso "Degollados" en contra de Gendarmería por otorgarle el beneficio de la salida domincal a dos de los condenados por este brutal crimen. 

Los ministros. Miguel Vázquez y Omar Astudillo Contreras junto a la abogada integrante Carmen Domínguez no dieron a lugar a la acción constitucional que presentados las viudas e hijos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, todos muertos por degollamiento en un sitio eriazo de la comuna de Quilicura por agentes de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, DIPOLCAR. 

El Comité Técnico del penal de Punta Peuco y el alcaide del recinto, Luis Meneses Vásquez le otorgaron el beneficio de la salida dominical a los ex carabineros Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, ambos condenados por el ministro Milton Juica a cadena perpetua simple, en abril y mayo de 1992, por los tres asesinatos, además de los secuestros de otras 6 personas en marzo de 1985. 

Según los jueces en esta presentación "no se ha demostrado por lo recurrentes de qué modo el que los beneficiados por la salida dominical lo hayan recibido a diferencia de otros afecta, perturba o amenaza el principio de igualdad de aquellos a favor de quienes ha sido interpuesto el recurso. En tal sentido, no se divisa afectación alguna del principio de igualdad de aquellos en cuyo favor ha sido interpuesto el recurso pues ellos no se encuentran en la misma situación de aquellos a quienes se ha concedido el beneficio contra el cuál se reclama. No existiendo esa realidad de base similar de ningún modo se ha podido afectar la garantía de igualdad invocada pues esa es la condición esencial que debe darse para entrar a juzgar una eventual afectación del principio de igualdad. Que, por tanto, los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, llevan a esta Corte a concluir que no se encuentra acreditado de forma alguna la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales que han sido alegadas por los recurrentes ni de ninguna otra garantía" dice el fallo.

Sin embargo, en el fallo, los jueces eso sí advierten que "resultaría que los requisitos para el otorgamiento del beneficio concedido a los condenados referidos no se encontrarían plenamente cumplidos. En tal sentido, respecto del Señor Guillermo González Betancourt, existirían antecedentes que revelarían que su conducta anterior al otorgamiento del beneficio de salida dominical no ha sido irreprochable en cuanto habría sido sancionado por iniciar una huelga de hambre con el objetivo de obtener beneficios carcelarios. En cuanto al Señor José Florentino Fuentes Castro éste habría sido sancionado por la autoridad carcelaria por trenzarse en peleas dentro del penal Punta Peuco. Debe resaltarse que, si bien estos antecedentes no constan en autos ni han sido informados por la autoridad carcelaria ni por ninguna de las autoridades administrativas que han informado en esta causa, habiendo sido ellos categóricamente afirmados por el abogado de los recurrentes en su alegato y sin que ellos hayan sido desmentidos por su contraparte en la pertinente audiencia, permiten a esta Corte adquirir fundada duda de la legalidad y arbitrariedad de la resolución adoptada por la autoridad carcelaria que aunque tiene la facultad discrecional de otorgar los beneficios carcelarios, en especial el concedido de salida dominical, debe hacerlo siempre con apego estricto a los requisitos que la normativa vigente impone a esos efectos" dice la sentencia. 

Por lo mismo, el abogado de los familiares de los tres profesionales comunistas, Fernando Leal anunció que apelarán a la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

A mediados de 2013 y poco antes de cumplirse 40 años del Golpe Militar y de que Sebastián Piñera cerrara el penal Cordillera, familiares y políticos protestaban fuera de la Corte Suprema luego de que ésta confirmara la salida dominical de dos de los asesinos de los militantes comunistas Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. Solo cuatro días después, Gendarmería les daba el mayor de los beneficios intrapenitenciarios, autorizándolos a salir de Punta Peuco todos los días. Beneficio del que hasta ahora los familiares de las víctimas no habían sido informados.

El jueves 20 de junio del año pasado, Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera protestaban frente al Palacio de Tribunales junto a familiares, abogados y políticos luego de que la Corte Suprema confirmara el otorgamiento del beneficio intrapenitenciario de salida dominical de dos condenados por el secuestro y asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Conocido como el Caso Degollados, sus hijos veían con impotencia cómo el coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, mantendrían el beneficio penitenciario autorizado por el alcaide de Punta Peuco, Luis Meneses.

González y Fuentes son ex carabineros y agentes de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), y fueron dos de los seis implicados en el homicidio perpetrado el 29 de marzo de 1985 contra los militantes comunistas José Manuel Parada –entonces jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad–, el pintor y publicista Santiago Nattino, y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero.

Sus asesinatos fueron un claro mensaje de la dictadura para infundir terror en la población, que –tras la fuerte crisis económica– se había tomado las calles para manifestarse contra el régimen.

Los tres cuerpos degollados de Parada, Nattino y Guerrero remecieron al país. Así como el llamado de la viuda de José Manuel Parada afuera del Servicio Médico Legal, tras ser notificada de que su marido había sido identificado.

“Hace ocho años detuvieron a mi padre, que está desaparecido. Hoy día me mataron a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, con Camilo que tiene 8 años, y Antonio que tiene 1 año 8 meses. Se llevaron a mi padre y han matado a mi marido. Sepan bien que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes, no les quepa duda… hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Esto es demasiado terrible. ¡Tenemos que cambiar este país de una vez por todas! ¡Hasta cuando siguen dialogando con los asesinos! (…) ¡Por favor, por favor, exijamos justicia de una vez por todas!”.

La justicia llegó. En 1995 cinco de los seis implicados fueron condenados a cadena perpetua por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.

Pero hoy, y desde hace siete meses, González y Fuentes ya no pasan sus días en Punta Peuco. Y es que la salida dominical obtenida por ambos en septiembre de 2012, se había ampliado en enero de 2013 al fin de semana, lo que los familiares de los militantes comunistas asesinados ignoraban cuando protestaron.

No sólo eso: cuatro días después de la manifestación frente a tribunales, el sargento (r) José Fuentes Castro y el coronel (r) Guillermo González Betancourt accedían al más importante beneficio intrapenitenciario: la salida diaria.

Es así como, desde el 24 de junio del año pasado, los asesinos de los militantes comunistas fueron beneficiados con “la salida controlada al medio libre”, que –según señala el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios–, les da la libertad de salir del recinto penitenciario hasta 15 horas diarias, con el objeto de “concurrir a establecimientos laborales, de capacitación, justicia laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos”.

Todo, el mismo año en que se cumplían 40 años del Golpe Militar y en que el Presidente Sebastián Piñera cerraba el Penal Cordillera.

Consultados sobre la medida, desde Gendarmería señalan que “de acuerdo a la normativa legal vigente, cumplidos 20 años de reclusión, el interno tiene derecho a postular a Libertad Condicional”.

En el caso de los dos ex carabineros, ese tiempo se cumplió en mayo de 2012.

“Al tenor de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un año antes de cumplirse el tiempo para postular a la Libertad Condicional, los internos pueden postular a los beneficios intrapenitenciarios”, señalan desde la institución liderada por el coronel Marco Fuentes. De esta forma, González podía postular a beneficios a partir de febrero de 2011 y Fuentes desde mayo de ese mismo año.

Hasta la publicación de esta nota, los familiares no tenían noticias del nuevo beneficio obtenido por los verdugos de los militantes comunistas.

INDIGNACIÓN
Para Manuel Guerrero hijo “resulta sumamente violenta esta situación. Sabiendo que se trata de un crimen de lesa humanidad y que se les aplica un reglamento pensado para presos comunes… no hay comparación, para personas que atentaron contra la vida y además fueron recluidas en una cárcel especial, que obtengan más beneficios que los presos comunes”.

Y agrega que “con Javiera le demostramos a la ministra de Justicia, junto al abogado del área de DDHH del Gobierno, con quienes nos entrevistamos, que los beneficios fueron entregados de forma irregular porque su hoja de vida no está limpia y uno de los requisitos que se necesitan es que no se tenga ningún tipo de falta al reglamento interno (…) es vergonzante y muy doloroso. Estamos indignados de saber que andan prácticamente libres y constituyen un peligro para la sociedad”.

El abogado Fernando Leal, que interpuso el recurso de protección que intentó impedir la salida dominical de los ex carabineros, considera la decisión de darles salida diaria como “impresentable y repudiable. Una muestra más de que en Chile hay algunos que gozan de privilegios que no todos tienen (…) Esto habla muy mal del gobierno de Piñera y del sector justicia”.

Leal explica que, luego del fallo de la Corte Suprema, se reunieron con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries. Además, detalla, “Javiera Parada y Manuel Guerrero se reunieron con la ministra de Justicia (Patricia Pérez) que ofreció impulsar un proyecto para que no se entreguen más beneficios a gente que ha cometido delitos contra los Derechos Humanos, lo que no se ha concretado”.

En palabras del abogado, “me parece lamentable que la ministra se haya reunido con hijos de las víctimas mientras el servicio dependiente de su cartera seguía dando más beneficios a estos mismos asesinos”.

ACCIONES LEGALES
Uno de los requisitos para que los internos obtengan este tipo de beneficios carcelarios es que tienen que haber tenido una conducta sin sanciones.

“Durante los alegatos presenté artículos de prensa que daban cuenta de que habían tenido una pésima conducta penitenciaria. Incluso, que Gendarmería presentó una denuncia contra Fuentes Castro al Ministerio Público por amenazar de muerte a otro interno”, asegura Leal. Dicha situación, le costó una sanción de cuatro días de internación en celda solitaria. “González Betancourt también estaba sancionado por participar en una huelga de hambre para obtener beneficios”.

Pero “cuando terminé mi alegato en la Corte, empieza a alegar el abogado de Gendarmería y dijo que habían cumplido con todo. Al final, y porque el juez lo exigió, reconoció que tenían sanciones. Así que pensé que el fallo lo iban a acoger. Pero si bien en el fallo dejaron constancia que, de acuerdo a los antecedentes proporcionados, se podía dar por establecido que Gendarmería había entregado beneficios sin apegarse al reglamento, no fue tomado en cuenta porque nosotros no habíamos acreditado cómo eso había dañado la integridad física de los afectados. O sea, querían que les llevara un psiquiatra que dijera que a los hijos les afecta que anden libres los asesinos de sus padres”.

En su opinión, “lo delicado era que la Corte Suprema estaba validando beneficios sobre la base de una mentira: Gendarmería y el Ministerio de Justicia dijeron que cumplían requisitos cuando no los cumplían. Así que hice una presentación a Contraloría, pidiendo iniciara sumario administrativo en contra de Gendarmería y el Ministerio”.

Pero el órgano contralor se abstuvo de pronunciarse sobre el tema.

Luego de esto, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el que dio a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI orden de investigar .

Hace 10 días, Leal presentó una querella criminal por falsificación ideológica –que se aplica cuando un funcionario público falta a la verdad en hechos sustanciales– en representación de una hija de Guerrero que vive en Suecia, América Guerrero. Fue declarada admisible.

Según detalla el abogado, “estamos pidiendo que sea citado el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, el jefe de gabinete del director, coronel Cristian Alveal, y también el funcionario del Ministerio de Justicia que informó a la Corte”.

En medio de la orgía de crímenes y violencia que se desencadenó luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, los jóvenes ecuatorianos Felipe Campos Carrillo y Jimmy Torres Villalba encontraron la muerte en tierra chilena. Eran evangélicos bautistas. Sin militancia política. El primero estudiaba Ingeniería y el segundo Kinesiología. Ambos en la Universidad de Concepción. Tenían 19 y 23 años, respectivamente.

Chilevisión y CNN Chile entregaron nuevas informaciones sobre sus asesinatos, luego que revelaran confesiones de José Florentino Fuentes Castro, sargento de Carabineros en retiro, condenado por el Caso Degollados, en una conversación con otro ex oficial.

Fuentes Castro participó en la detención de los dos estudiantes. Señaló: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura”. En el diálogo se precisa que hablan de Alejandro Cárcamo: “En la Escuela le decíamos al Cárcamo el camión carnicero”.

Los jóvenes fueron llevados en una caravana a la desembocadura, donde se les dio muerte. “Si nosotros estábamos en el Sicar (Servicio de Inteligencia de Carabineros), si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras”. En la investigación judicial hasta ahora el único condenado fue el jefe del Sicar, coronel Sergio Arévalos Cid, pero con esta prueba se identifican a otros involucrados y se confirma la orden de ejecutar a los detenidos.

En el audio se escuchan risas en medio del relato sobre cómo se encontraron los cuerpos de los estudiantes acribillados. Fuentes comentó: “Los pillaron unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. Y agregó: “Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”.

En 1997, conocí el caso de los dos estudiantes mientras colaboraba con una iniciativa de los organismos de derechos humanos en Chile y Ecuador para interponer en la Corte Suprema de ese país una demanda penal en contra de Augusto Pinochet, que viajaba a este país para participar en una reunión de jefes de los Ejércitos de América. El ex dictador aún ejercía como Comandante en Jefe.

La acción fue presentada por un grupo de 21 personalidades de Ecuador, tales como el ex Vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera, y el pintor Oswaldo Guayasamín. La demanda, basada en cuatro casos, incluía las ejecuciones de Torres y Campos. El propósito era lograr el arresto de Pinochet. En esa oportunidad logró escapar.

En Quito, el general dijo a la prensa que los jóvenes “posiblemente estaban en algo, no sé (…) Lamentablemente, en estos casos caen justos por pecadores”…

Concluyó: “¿Qué explicación quiere que le dé? ¿Qué le pida perdón, como dicen algunos?”.

EL ENCUBRIMIENTO DEL DOBLE CRIMEN

El contexto fue la persecución desencadenada contra los extranjeros que se encontraban en Chile, bajo la imputación de que habría existido un “ejército guerrillero marxista” que era integrado por miles de personas procedentes de diferentes partes de América Latina.

Por ejemplo, un editorial de “El Mercurio” sostenía el 28 de septiembre de 1973: “A lo largo de los últimos tres años, los elementos extremistas y terroristas del continente encontraron en este país refugio, protección y ayuda para sus actividades”, las cuales abarcaban “la militancia en partidos marxistas nacionales y la consiguiente intromisión en la política interna” y “la organización y apoyo de organizaciones clandestinas en sus países de origen”. Sostenía: “Cerca de 13 mil extremistas latinoamericanos permanecían en Chile durante los últimos meses”.

Durante la madrugada del viernes 21 de septiembre, según la edición de “La Tercera” del día siguiente, se encontraron “dos extremistas acribillados a bala” en la zona penquista. Eran extranjeros.

La nota señalaba que “el misterioso hallazgo de dos cadáveres acribillados a bala tiene en ascuas a la policía local (sic). El descubrimiento fue hecho por efectivos de Carabineros (…) cuando efectuaban una ronda en las inmediaciones de la desembocadura del río Bío Bío (sic). Los sujetos, hasta ahora desconocidos, son jóvenes”. Sus cuerpos presentaban “varios impactos de bala en diferentes partes” de sus cuerpos. Pero, aclaró, “según la policía, de ninguna manera se trataría de orificios producidos por proyectiles militares”. Más aún, “un portavoz oficial de Carabineros no descartó que se trate de una vendetta de los extremistas de izquierda, por la forma en que se habría producido el asesinato”. Concluía: “La policía uniformada se encuentra trabajando arduamente” en el esclarecimiento de “este singular caso”.

Un detalle: la fecha y circunstancias entregadas por el diario sobre el hallazgo de los cuerpos eran inexactas: el pescador Gabriel Gaete encontró los cuerpos el 20 de septiembre.

Un poco después, el matutino se veía obligado a rectificar. “El caso (…) cambió radicalmente su cariz”, señaló el 28 de septiembre. Los jóvenes acribillados ya no eran “extremistas”, sino estudiantes de origen ecuatoriano que carecían de vinculación con política interna chilena: Felipe Porfirio Campos Carrillo y Jimmy Freddy Torres Villalva. El diario aclaró que “ninguno de estos estudiantes era militante del MIR o de algún otro grupo extremista (…) Está claro que no eran extremistas”.

Sin embargo, el diario insistió en la existencia de una conexión con extremistas, señalando que los jóvenes vivían con algunos de esos “elementos” en la Universidad y, por lo tanto, pudieron ejecutarlos “al saber que no eran adictos a sus ideas, y temiendo que hubieran oído más de lo conveniente”. Así, la nota fue titulada: “Policía busca a homicidas de dos estudiantes ecuatorianos. Habrían sido ejecutados por los extremistas”.

La razón de la “rectificación” quedaba en evidencia en la misma nota: “Los apoderados de ambos eran elementos perseguidos por los partidos de la UP”. Eran Mario Olavarría y Joel Salamanca, los cuales “refrendaron lo que ya antes había dicho el médico del Instituto Médico Legal, doctor Behm, quien los conocía”. Se referían al médico legista Francisco Behn Kun, académico de la Universidad de Concepción.

Olavarría y Salamanca contaron a “La Tercera” que ambos jóvenes “fueron el mismo 11 de septiembre a presentarse al consulado de su país, donde el representante les recomendó concurrir a Carabineros, consejo que fue oído por los estudiantes, lo que mereció la felicitación de la policía (…) Después, sólo los vieron tendidos en la fría losa de la Morgue”.

En efecto, un hecho clave para desmentir que se trataba de extremistas de izquierda fue la filiación política antisocialista de los apoderados de los jóvenes. El ingeniero Mario Olavarría Aranguren, por ejemplo, era entonces el director de la Escuela de Ingeniería y del Área de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, e integraba las filas del Partido Nacional. Luego del golpe de Estado, fue designado Vicerrector Académico por el rector delegado (designado por la dictadura), capitán de navío (r) Guillermo González Bastidas. Su hijo Mario Olavarría Rodríguez es hoy Alcalde de Colina en representación de la UDI, cargo que ejerce en forma ininterrumpida desde el año 2000, luego de una próspera carrera política que se inició en la Fundación Jaime Guzmán.

El velorio de los jóvenes en Concepción se realizó el 27 de octubre de 1973, en medio de la obvia conmoción de sus compañeros de aulas. El diario penquista “Crónica” describió: “Dos urnas, una negra y otra café, con tres niñas y otros tantos jóvenes montando guardia de honor, contienen los restos de Felipe y Jimmy. Estudiantes que llegaron desde Ecuador en busca de un destino, que fue trágicamente tronchado por autores que permanecen en el anonimato”.

Luego de agregar que los autores de doble homicidio aún se mantenían en la impunidad, el tabloide se preguntó: “¿Se podrá esclarecer el caso? ¿Cuándo? Son preguntas que, por lo menos por ahora, se mantienen sin respuesta”.

Fueron velados en el Templo de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, en la que Campos se congregaba, acompañado ocasionalmente por su amigo y compatriota Torres. El Pastor Luis Mussiett Canales, ya fallecido, recibió amenazas para que no efectuara los oficios en el templo, pero no desistió. Campos también participaba en el Grupo Bíblico Universitario, que emitió una declaración repudiando el crimen, según recordó Josué Fonseca, hoy Pastor de la Primera Iglesia Bautista de Concepción, que fue el último que vio con vida al joven y luego trabajó intensamente en la causa de la justicia y la reparación en el caso.

El 6 de octubre, el general director de Carabineros, César Mendoza Durán, visitó la zona, mostrándose “muy conforme con la situación de calma que vive”. Señaló: “Por lo que me ha informado la institución y por lo que yo pude apreciar, realmente estoy muy contento con la situación de tranquilidad que vive esta provincia”. No obstante, advirtió que “hay un peligro de revancha latente, ya que había en Chile más de 13.000 extranjeros extremistas y gran cantidad de armamentos” (“La Tercera”, 7 de octubre de 1973).

Casi inmediatamente después, el 9 de octubre, “La Tercera” informó que el caso había sido esclarecido, luego de la captura del “secretario regional del MIR, abogado Pedro Henríquez Barra”, quien se habría ocultado en una casona del sector denominado Manquimávida, en los márgenes del río Bío Bío, “para eludir la acción policial tendiente a ubicarlo, ya que su captura estaba encargada a todas las unidades del país”. La detención se logró a raíz de la delación de un vecino. Agregaba que el arresto permitió que fueran capturados otros cinco miristas, “que estaban implicados en los tenebrosos planes que se iban a desarrollar en todo el país el 17 de septiembre”. Se refería al “Plan Zeta”, burdo invento de la emergente dictadura para intentar justificar el derrocamiento del gobierno constitucional, que sostenía que la izquierda preparaba un autogolpe a través del asesinato de todos sus opositores.

“La Tercera” señalaba que ese grupo “extremista” tenía la misión de “dirigir las acciones tendientes a ultimar en el sector de la Villa San Pedro a numerosas personas”.

La nota “revelaba” que “los seis individuos confesaron su participación en el asesinato de los estudiantes ecuatorianos Freddy Torres y Felipe Campos (…) Incluso uno de ellos, José Pérez, reconoció haber percutado una ametralladora Súper Batán calibre 22, que quitó la vida de los jóvenes”. El crimen, precisaba, “se llevó a cabo en venganza por los muertos de izquierda”.

Por cierto, todo era mentira. La Comisión de Verdad y Reconciliación acreditó en 1990 que los estudiantes estuvieron recluidos en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción y que “fueron ejecutados por agentes del Estado”.

La investigación judicial logró acreditar que entre el 16 y el 19 de septiembre de 1973, Felipe Porfirio Campos Carrillo y Freddy Jimmy Torres Villalba fueron detenidos, “sin orden judicial ni administrativa competente”, por funcionarios de Carabineros que los condujeron hasta dependencias de la Cuarta Comisaría de Concepción. Desde allí fueron sacados la noche del 19 de septiembre por una gran caravana policial que partió desde la guardia por calle Salas, y trasladados hasta el sector de la desembocadura sur del río Bío Bío, para ser ejecutados con múltiples impactos de bala. Los cuerpos fueron encontrados en Boca Sur, partidos por la mitad y sin sangre, lo que mostraba que el homicidio había sido perpetrado en otro lugar.

¿Por qué los asesinaron? Se trataba de estudiantes universitarios, eran extranjeros e incluso parecían cubanos. Por eso fueron detenidos, torturados en la comisaría y luego en la desembocadura, donde los mantuvieron colgados toda la noche. Luego los acribillaron. Los asesinos estaban satisfechos: habían ganado una nueva batalla contra el “comunismo ateo”. Pensaban, asimismo, que las aguas ocultarían su crimen, pero sus cuerpos fueron encontrados.

El hermano de Jimmy, Kenny Torres, contó en el portal “Memoria Viva” que el joven llegó a Chile a fines de marzo de 1973, luego de obtener la “Beca Profesor Salvador Gálvez Rojas”, otorgada por la Universidad de Concepción al mejor estudiante de América Latina. Había logrado reconocimiento al mejor bachiller del Colegio Adolfo María Astudillo de Babahoyo. Al momento de partir hacia Chile, cursaba el primer año en la Facultad de Ingeniería en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. “Para Mario Olavarría, el apoderado de Jimmy, su pupilo, de modesto origen, era un muchacho introspectivo y muy estudioso (…) Sólo se dedicaba a estudiar, pues deseaba fervientemente terminar su carrera”, comentó.

Sobre su compatriota, Felipe Campos, también sin militancia, recordó que “fue bachiller del Colegio Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil. Sus padres Felipe Campos Robles y Ruth Carrillo provenían de hogares modestos”. Añadió que “fue admitido por ‘mérito especial’ de su hermano José Campos, brillante estudiante de cuarto año de Medicina. Le dio esta oportunidad el doctor Behm”. Su apoderado fue el Superintendente de la empresa Armco S.A., Joel Salamanca. También tuvo destacada labor como estudiante.

Los jóvenes vivían en una residencia universitaria, pero –subrayó– “nunca intervinieron en actividad alguna que no fuera estrictamente estudiantil (…) ajenos por completo a los asuntos políticos que conmovían la República de Chile”.

Precisando detalles ya conocidos en 1973, señaló que Salamanca le dijo que los jóvenes fueron al Consulado de Ecuador para preguntar por su situación de extranjeros. “No estaba el cónsul y su esposa les recomendó presentarse a Carabineros. Así lo hicieron”. Luego, el ejecutivo leyó una noticia sobre el hallazgo de dos cuerpos flotando en el río Bío Bío, en la cual se describían sus ropas: “Salamanca se estremeció: igual vestimenta llevaba su pupilo y Jimmy”. En la morgue, el doctor Behm constató que los cadáveres “presentaban idénticas heridas: perforaciones de bala, traumatismo múltiple en diferentes partes del cuerpo, señales de torturas con colillas de cigarrillos. Además, presentaban huellas de tormentos con descargas eléctricas”.

Pero la crueldad no reconocía límites. El 6 de octubre, los restos de los jóvenes llegaron a Ecuador. Los familiares se enteraron entonces que sólo podrían recuperar sus cenizas. “Los ejecutores de mi hermano no sólo se saciaron con detenerlo, torturarlo y matarlo, sino que lo incineraron”, denunció. La tiranía, en efecto, no permitió repatriar sus cuerpos, por lo que debieron ser incinerados para su restitución.

“Cayeron bajo las alevosas balas de fusiles (…) ebrios de sangre de inocentes víctimas”, sentenció.

Por Víctor Osorio. El autor es periodista y director ejecutivo de la Fundación Progresa.

El sargento de Carabineros en retiro que se involucró en hechos que lo transformaron en degollador, José Florentino Fuentes Castro, fue condenado por actos cometidos en dictadura. El tristemente célebre Caso Degollados lo tiene como protagonista principal de una historia que mostró CHV hace horas, con un polémico audio suyo de la época.

En el mencionado, se le escucha en una conversación con otro oficial. El excarcelado de Punta Peuco el 2016, que accedió al beneficio de libertad condicional, repasa su vida como exagente del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar). Por su relevancia, el registro de quien resultó ser uno de los autores del crimen de Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, fue entregado a la justicia.

«Agarramos a estos hueones. Matamos a cuanto hueón pillamos. Cuando se mataban los huevones empiezan los remordimientos. Entonces tomábamos un trago, pero muy poco, para curarse, para evadirse, volarse, qué se yo, cualquier huevada. Sí, no me da remordimiento, creo que lo que hice fue justo», indicó Fuentes. Además, ilustró la participación de Carabineros y destacó que el entonces teniente Cádiz Stewart, quien terminó como general, fue protegido por instrucciones de su padre general.

«Pero él no sabe, yo lo conozco por eso. El “Lolo” tenía instrucción de mi general para que no lo dejara participar en huevadas. Y después, estando heridos los hueones, no tienen por qué hablar. Entonces, es fea la hueá cuando uno le dice… put*, un hueón herido y rematarlo. Esa hueá es como cobardía, pero la hueá había que hacerla», sumó a sus dichos.

A su vez, destacó: “Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Sabe dónde los llevamos? A la desembocadura. Nosotros le decíamos en la Escuela al Cárcamo “ el camión carnicero”».

«Si nosotros estábamos en el Sicar, si nosotros los llevamos para allá. Con el Manuel Alfaro Contreras», aseveró. En el audio se escuchan risas, como si se tratara de situación cotidiana, pero corresponde a un crudo relato de cómo fueron encontraron los dos cuerpos de los ecuatorianos acribillados. «Yo sé los que andaban. Fueron casi todos los suches. Los que le digo yo. El Arriagada, Prieto. Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca», culminó diciendo Fuentes.

El ex sargento de Carabineros, José Florentino Fuentes Castro, relató sin remordimiento su pasado como agente de la Sicar y los crímenes que cometió en la localidad de Netulme en los años 80 y en el "Caso Ecuatorianos" en Concepción en 1973.

Un revelador audio se dio a conocer durante la última jornada respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. El registro corresponde al ex sargento de Carabineros, José Florentino Fuentes Castro, condenado por el denominado Caso Degollados.

En el audio, que fue revelado por Chilevisión Noticias, se escucha a Fuentes conversando con otro oficial de Carabineros en retiro, contándole macabros detalles de su pasado como agente del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar), y dando a conocer información inédita de crímenes que cometió en la localidad de Netulme en los 80′ y en el Caso Ecuatorianos en Concepción en 1973.

Respecto al primero de estos, Fuentes relata que en ese entonces “agarramos a estos hueones. Matamos a cuanto hueón pillamos. Cuando se mataban los huevones empiezan los remordimientos. Entonces tomábamos un trago, pero yo muy poco, para curarse, para evadirse, volarse, qué se yo, cualquier huevada”.

A continuación, sobre estas matanzas realizadas, reflexiona con frialdad que “no me da remordimiento, creo que lo que hice fue justo”, agregando que “estando heridos los hueones, no tienen por qué hablar. Entonces, es fea la hueá cuando uno le dice… puta, un hueón herido y rematarlo. Esa hueá es como cobardía, pero la hueá había que hacerlo”.

Asimismo, el ex carabinero dio detalles de la operación que terminó con la vida de Felipe Campos Carrillo (19) y Jimmy Torres Villalba (23), dos estudiantes de la Universidad de Concepción de origen ecuatoriano que fueron asesinados el 17 de septiembre de 1973.

“Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí. Y los hueones no quisieron hablar. Y estaba el pelado que era un mayor. Ese hueón ordenó matar a esos hueones. ¿Y sabe dónde los llevamos, los llevamos? A la desembocadura (del Río Biobío)”, relata Fuentes sobre este caso.

El ex oficial menciona además a otros efectivos de la Sicar, como Manuel Alfaro Contreras, estarían involucrados en este crimen por el que sólo esta condenado el ex coronel, Sergio Arévalos Cid, según informa el citado medio.

Finalmente, José Florentino Fuentes cuenta que los dos estudiantes ya muertos fueron encontrados por “unos pescadores al otro día y estaban amarrados así, en vez de esposados, estaban amarrados con unas mangas de camisa de Carabineros y los hueones, en las carteras tenían un recibo de comprobante de dinero”. “Nosotros nunca quisimos hablar. Nunca”, concluye.

Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor e integrante de la Asociación Gremial de Educadores de Chile,  (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Y el 30 de marzo, los tres fueron asesinados por un grupo de carabineros, uno de los crímenes más crueles y espeluznantes cometidos por agentes de la dictadura.

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,? en la avenida Los Leones con El Vergel en Providencia, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del criminal secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Los deguellan en Quilicura: El estremecedor crimen
Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de calle Dieciocho, al lado donde estuvo el diario El Clarín, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como "La Firma". Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron durante todo el día 29 de marzo.

Se estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt, foto abajo, conocido como Bototo entre la oficialidad de los carabineros y quién encabezó el grupo de criminales que usaron las herramientas y armas que le entregamos los chilenos para asesinar a otros chilenos. De copiloto iba Miguel Estay, "El Fanta", un civil que había sido de izquierda y que se pasó al bando de los criminales, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros
Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. "El Fanta", Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes (El Pegaso) le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo de carabineros se trasladó hasta su cuartel, en la calle Dieciocho. Ahí bebieron wisky, comieron y se rieron.

Juez ejemplar descubre a los criminales
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar a un anciano juez y a punto de irse a retiro, José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.? Este juez comenzó a develar las criminales acciones de los agentes de seguridad  que quedó como ejemplo para otros jueces, muchos de ellos que habían actuado con absoluta benevolencia, pudieran encarcelar a otros criminales.

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares del Ejército de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada. Los CNI le dieron los datos de los asesinos a la justicia y a los medios de comunicación, en venganza con esos carabineros que los habían culpado de otros crímenes. Una venganza entre un grupo de delincuentes y criminales.

Finalmente, seis miembros de la policía unformada fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por los asesinatos. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco y se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se conoció que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

INTERFERENCIA accedió a horas de conversación telefónica proporcionadas por la Comisión Funa en las que José Fuentes -hoy en libertad condicional- afirma que contó todo para librarse de una investigación interna en dictadura que lo acusaba de 'comunista'. Gustavo González Jure guardó silencio.

Al comienzo, la historia que cuenta José Florentino Fuentes Castro pareciera no tener sentido. Fuentes, carabinero en retiro y uno de los asesinos condenados por el Caso Degollados en dictadura (1985), asegura que fue acusado por otro policía de ser comunista. Incluso afirma haber sido sujeto de una investigación interna por eso.

Habría ocurrido previo al plebiscito de 1988, con Fuentes Castro ya fuera del servicio de inteligencia de la institución (Servicio de Inteligencia de Carabineros - Sicar) y prestando servicios en la Comisaría de La Pintana; “fondeado” en ese lugar, según él, para que no lo reconocieran familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, un compañero de armas, después de que José Fuentes le dijera que creía que ganaría el No, lo acusó de esparcir propaganda de izquierda. 

Treinta años después, en algún momento de 2018, Fuentes relató al teléfono a un interlocutor no identificado la vez que confesó sus crímenes un jóven Gustavo González Jure, quién tiempo después se transformaría en director general de Carabineros. “Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del Caso Degollados. Yo maté a los tres hueones. Entonces como yo le estoy dando cuenta, usted tiene que dar cuenta a los tribunales”, afirma haberle dicho a Gustavo González para así desmentir la acusación de ser 'comunista' que recaía en su contra previo al plebiscito del Sí y el No. 

“Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del Caso Degollados. Yo maté a los tres hueones. Entonces como yo le estoy dando cuenta, usted tiene que dar cuenta a los tribunales”, afirma Fuentes haberle dicho al oficial Gustavo González Jure, para desmentir las acusaciones de 'comunista' en su contra.

El criminal de lesa humanidad contó todo esto en tono de anécdota, entre risas, pero el relato hoy puede involucrar en calidad de encubridor a González Jure, quien dirigió a la entidad policial a nivel nacional entre 2011 y 2015, siendo actualmente formalizado por malversación de fondos. Nunca González Jure se ha referido al caso.

Esta grabación -parte de un registro de cuatro horas con Fuentes al teléfono- llegó de manos de la Comisión Funa, una agrupación creada por familiares de detenidos desaparecidos y defensores de los DD. HH. hace ya 23 años para impedir que criminales de lesa humanidad vivan libres en impunidad. "Hemos investigado y denunciado a más de 100 condenados por violaciones de derechos humanos", indican desde la vocería de la Comisión. 

Los audios fueron proporcionados a INTERFERENCIA, donde se puede apreciar una conversación sostenida en 2018 entre el autor de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, y un interlocutor no identificado, también carabinero.

Dos años antes de ese diálogo telefónico, José Florentino Fuentes había sido liberado de Punta Peuco. La Tercera Sala de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional después de cumplir con el mínimo de 20 años privado de libertad. Fue condenado, en la década de los 90, a cadena perpetua por su participación en el secuestro y asesinato de los militantes del Partido Comunista, Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada. En particular. Fuentes Castro es apuntado como el asesinato de Nattino. (Revise acá la sentencia). 

La existencia del registro no es desconocida para la opinión pública. En 2020, Chilevisión publicó parte de la conversación telefónica entre Fuentes Castro y el funcionario sin identificar en el reportaje Las Confesiones de un Asesino liberado de Punta Peuco. Los audios fueron periciados y entregados a la justicia, formando parte de dos causas relacionadas a crímenes en dictadura. 

Uno de ellos es el Caso Neltume, donde se investiga la ejecución y desaparición de miembros del destacamento Toqui Lautaro del Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR) por parte del Ejército. "Matamos cuanto hueón pillamos", asegura Fuentes en el extracto publicado por CHV. En los audios, el ex policía entrega detalles de la participación de Carabineros en el caso, indicando que remataron a heridos para luego desaparecerlos. 

La otra causa donde Fuentes, sin quererlo y a través de los audios, aportó detalles, es el llamado Caso Ecuatorianos. En 1973, José Fuentes participó del piquete de Carabineros que detuvo y torturó a los estudiantes ecuatorianos sin militancia política y miembros de la congregación bautista, Felipe Campos Carrillo (19 años y alumno de ingeniería) y Jimmy Torres Villalba (23 años y estudiante de kinesiología). "Donde estaban los mástiles, a esos hueones los tuvimos toda la noche colgados ahí [...]. Estaba el pelao, que era un mayor, ese hueón ordenó matarlos", asegura en el reportaje televisivo. 

La entrega y divulgación de la conversación telefónica de Fuentes Castro llevó a que se comprobara la orden de desaparecer a los estudiantes, además de implicar a otros involucrados en calidad de partícipes para una causa que sólo registraba un condenado.

Esta grabación -con cuatro horas de Fuentes al teléfono- llegó de manos de la Comisión Funa, una  agrupación creada para impedir que violadores de derechos humanos vivan libres en impunidad, la cual fue proporcionada a INTERFERENCIA.

A dos años del reportaje de CHV, cuatro de la conversación telefónica y 37 del asesinato de Guerrero, Parada y Nattino, esta redacción desmenuza nuevamente los secretos del asesino José Florentino Fuentes Castro, con antecedentes desconocidos para la opinión pública, como lo fue la participación de González Jure en la trama del Caso Degollados. 

El día en que uno de los asesinos del Caso Degollados fue tomado por comunista

La historia, según José Florentino Fuentes, es la siguiente: antes del plebiscito de 1988, durante una conversación en el casino de la comisaría en la que se encontraba trabajando posterior a prestar servicios para Sicar, el funcionario expuso una extraña teoría política que lo habría puesto en problemas.

“Resulta que a [Augusto] Pinochet nadie le aconsejó que los sueldos de los profesores tenían que ser uno de los más altos de los empleados públicos, porque ahí concientizan a los estudiantes”, explicó Fuentes a otro carabinero. Entonces, en mente del ex policía, como los profesores ganaban poco, estos educan a sus alumnos para ser comunistas, lo que eventualmente habría sido la razón por la que el No prevalecería en el plebiscito de 1988. “Porque no puede ser que un carabinero recién ingresado de la institución gane más que un profesor”, dijo para complementar su vaticinio electoral.

De acuerdo con Fuentes, en el minuto en que expresó su teoría, un funcionario de mayor grado decidió reprenderlo, sancionándolo por escrito. Con esto Fuentes se ganó un problema que lo llevó a contarle lo sucedido a un amigo, un tal Godoy, a quién define como un "oficial escribiente" de la institución, quien conocía sobre su participación en el Caso Degollados, y que -por lo tanto- podía dar fe de que su caso no era el de un 'comunista'.

En mente de Fuentes, como los profesores ganaban poco, estos educarían a sus alumnos para ser comunistas, lo que eventualmente haría que el No prevaleciera en el plebiscito. “Porque no puede ser que un carabinero recién ingresado de la institución gane más que un profesor”.

Siempre siguiendo los audios de Fuentes, el' escribiente' le hizo una recomendación: “dile a tu comisario que te proponga para la baja, y me lo mandai pa acá”. El asesino de los profesionales comunistas siguió el consejo de su amigo. “Dicho y hecho, yo mismo hice el documento: por exceder las atribuciones [ininteligible], que yo era comunista y toda la cuestión, que dispongan la baja o disponan un sumario administrativo”.

La situación escaló, con Godoy ayudando a su amigo, y terminó ordenándose una investigación interna para determinar si José Florentino Fuentes Castro, secuestrador y asesino de militantes comunistas, era izquierdista a su vez. Según relata Fuentes, arriesgaba la baja. 

González Jure y la verdad: Fuentes Castro no es comunista, sólo un asesino

En los momentos posteriores a la denuncia interna es que aparece Gustavo González Jure en esta historia, quien -según José Fuentes- se encontraba en la posición de determinar si las acusaciones eran o no reales.

Fuentes recrea al teléfono con su interlocutor el diálogo que habría tenido en la investigación con González Jure y su superior, el denunciante. (Revise acá un extracto del audio con este pasaje de la historia). 

La conversación dice así, según el ex carabinero:

González Jure: - ¿Por qué hizo esos comentarios? 

Fuentes: - ¿Qué comentarios? 

González Jure: - El comentario de que el No va a ganar.

Fuentes: - Nosotros estamos insertados en un gobierno militar que es político, por lo tanto yo tengo todo el derecho de hablar de política. 

Fuentes: - Nosotros estamos insertados en un gobierno militar que es político, por lo tanto yo tengo todo el derecho de hablar de política.

Con un tono seguro, Fuentes le cuenta a su interlocutor que González Jure estuvo de acuerdo con sus planteamientos. 

El parafraseo del diálogo continúa asi:

González Jure: - Tiene razón. Y usted capitán, ¿por qué dice que él es comunista? [Dirigiéndose al superior que acusa a Fuentes].

Ante la presión de González Jure, en la versión de Fuentes, el oficial denunciante no habría sabido expresarse satisfactoriamente, con lo que causó su impaciencia. Entonces, González Jure le habría pedido al superior de Fuentes que deje la oficina, para llamar a Godoy, quien esperaba afuera.

González Jure: - A ver, usted Godoy dijo que tenía antecedentes de que este suboficial no es comunista.

Godoy: - Yo sé la historia de él, pero yo quiero que él se la cuente si quiere contársela. Porque yo no lo puedo obligar. Yo no puedo estar hablando de él, porque lo que él [hizo] es, es grave.

Fuentes: - Yo le cuento la cuestión, pero si usted no da cuenta de los tribunales, va a pasar a ser cómplice, porque yo le voy a confesar un delito. Usted verá si da cuenta a los tribunales, pero de todas maneras si usted me da de baja, yo quiero hablar con mi general Tapia. 

En ese punto, Fuentes Castro habría intervenido lanzando una advertencia:

Fuentes: - Yo le cuento la cuestión, pero si usted no da cuenta de los tribunales, va a pasar a ser cómplice, porque yo le voy a confesar un delito. Usted verá si da cuenta a los tribunales, pero de todas maneras si usted me da de baja, yo quiero hablar con mi general Tapia.

Entonces, González Jure pasa de la impaciencia al enojo, y exige se le cuente todo de una sola vez.

Fuentes: - Yo soy el autor intelectual y ejecutivo del Caso Degollados. Yo maté a los tres hueones. Entonces como yo le estoy dando cuenta usted tiene que dar cuenta a los tribunales.

González Jure: - ¿Y cómo se atrevió el capitán a decir que usted era comunista?

González Jure: - Hágalo tira no más, tírelo al basurero. Estos documentos nunca han llegado aquí y nunca los mandaron, así que no se preocupe

Fuentes: - Porque es hueón.

Según narra Fuentes Castro, el diálogo le resultó conveniente a sus intereses, al quedar evidentemente como ganador ante su superior en la comisaría y ante el propio González Jure.

Luego de insultar al denunciante, José Florentino Fuentes afirma que González Jure obligó al capitán pedirle disculpas.

González Jure al capitán denunciante: - Oiga capitán, usted está totalmente equivocado con este señor, así que delante mío pídale disculpas y, por esta vez, por lo que me contó, porque él me lo pidió, no lo voy a sancionar. Pero a usted le debería haber tirado mínimo 15 días de arresto. Así que retírese y pídale disculpas.

Entonces, González Jure se dirige nuevamente a José Fuentes, conforme éste parafrasea a su interlocutor.

González Jure: - Ya, retírese no más.

Fuentes: - ¿Y qué hacemos con esto? [refiriéndose a la investigación].

González Jure: - Hágalo tira no más, tírelo al basurero. Estos documentos nunca han llegado aquí y nunca los mandaron, así que no se preocupe.

Además de solicitar una entrevista con el ex director, se envió una copia del audio con la conversación telefónica. “No da entrevistas”, indicaron, tampoco existiendo la posibilidad de que se refiriera al audio.

Con el objetivo de contrastar la versión de Fuentes, INTERFERENCIA tomó contacto con Gustavo González Jure mediante uno de sus abogados en la causa de malversación de fondos en su contra. Además de solicitar una entrevista con el ex director, se envió una copia del audio con la conversación telefónica.

“No da entrevistas”, indicaron, tampoco existiendo la posibilidad de que se refiriera al audio.

¿Encubrimiento?

La “anécdota” relatada por Fuentes Castro devela un compromiso por parte de la institución policial con el silencio, y, en definitiva, con evitar el descubrimiento de la verdad detrás de crímenes en dictadura y su consecuente justicia. La supuesta confesión hecha a González Jure, carabinero y funcionario público en su momento, podría ser constitutiva de delito.

“Los funcionarios policiales, y en general los funcionarios públicos, tienen el deber de denunciar delitos”, explica el abogado Francisco Bustos, quien participó desde la otra vereda en el recurso de protección presentado por Fuentes Castro, buscando que este fuese rechazado. “Siendo él [González Jure] un superior, que tiene deberes de prevenir o de sancionar estos delitos, aquí y según el tenor de la declaración –que obviamente es unilateral de Fuentes Castro– creo que esto valdría la pena ser investigado como una forma de encubrimiento”, indica el abogado.

"No habría problema, al menos jurídico, para que se indaguen las responsabilidades de González Jure y eventualmente de otras personas por el encubrimiento de este caso”.

Según Bustos, existen antecedentes de casos similares. “Por lo menos en el caso de la destrucción de los archivos de la CNI que fue el año 2000, esto se está investigando como formas de encubrimiento y no habría problema, al menos jurídico, para que se indaguen las responsabilidades de González Jure y eventualmente de otras personas por el encubrimiento de este caso”, explica.

José Fuentes Castro, condenado a cadena perpetua por el Caso Degollados, está libre desde 2016, a pesar de que Gendarmería estableció ese mismo año que no tiene “conciencia del delito cometido y del mal causado”. INTERFERENCIA tuvo acceso a audios donde Fuentes relata la 'receta' para obtener beneficios y la libertad condicional.

“Aquí hay que jugar con las reglas que están”, asegura el ex carabinero José Florentino Fuentes Castro.

Aquella lección le quedó grabada de su tiempo en la cárcel de Punta Peuco, recinto penitenciario especial para violadores de derechos humanos. En su comentario, el “juego” es intentar salir de la cárcel, y las “reglas que están” son los beneficios a los que se puede acceder estando preso y los requisitos para lograr la libertad condicional.

José Fuentes es uno de los asesinos del Caso Degollados, responsable del secuestro y degollamiento de los militantes del Partido Comunista José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero. Fue condenado en 1992 a cadena perpetua y 541 días por secuestro reiterado seguido de tres homicidios y asociación ilícita.

Fuentes Castro “jugó”, y las “reglas que estaban” le acomodaron: desde el 2016 está libre, después de cumplir sólo 24 años de la condena 'perpetua'.

Fuentes Castro “jugó”, y las “reglas que estaban” le acomodaron: desde el 2016 está libre, después de cumplir sólo 24 años de la condena 'perpetua'. De la mano de su abogado, el ex candidato a diputado Maximiliano Murath (Partido Republicano), Fuentes Castro habría mentido y engañado para “ganar” su liberación.

Las palabras de Fuentes conrresponden a audios de cuatro horas a los cuales INTERFERENCIA accedió, los cuales registran una conversación telefónica de 2018 donde el ex carabinero relata -entre muchas otras cosas- a un interlocutor no identificado cómo lo hizo para conseguir, primero, los beneficios carcelarios que gozó durante sus últimos años en prisión y, finalmente, su libertad condicional.

Es el mismo audio que sirvió para elaborar el artículo Asesino del Caso Degollados asegura que se confesó con el ex director de Carabineros González Jure en 1988 y que éste lo encubrió.

Volviendo al "juego" de Fuentes, un año antes de dejar Punta Peuco, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones había resuelto negarle la libertad, fundamentando la decisión en el informe psicológico del criminal de lesa humanidad. En éste se concluye que Fuentes “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y del mal causado con el mismo” y que requiere de mayor tiempo de evaluación para “comprobar que se encuentra corregido y rehabilitado”. (Revise acá la resolución).

Fuentes y su abogado apelaron la decisión de la Comisión, apoyándose en el Tribunal de Conducta de Punta Peuco, el que calificó a Fuentes Castro cómo apto para la libertad al cumplir con los “requisitos legales". De tal modo, presentaron un recurso de protección que la Corte Suprema terminó por acoger, quedando uno de los asesinos del Caso Degollados definitivamente fuera de Punta Peuco y en libertad.

Fuentes confiesa haber firmado un contrato falso con la empresa de una sobrina para poder salir a “trabajar” en días de semana estando en Punta Peuco, además de haberse casado “a la mala” con una amiga para conseguir la libertad condicional.

En el audio, proporcionado por la Comisión Funa –organización de familiares de detenidos desaparecidos y de defensores de derechos humanos que trabaja en impedir que criminales de lesa humanidad vivan libres y en impunidad–, Fuentes confiesa haber firmado un contrato falso con la empresa de una sobrina para poder salir a “trabajar” en días de semana estando en Punta Peuco, además de haberse casado “a la mala” con una amiga para conseguir la libertad condicional.

La libertad condicional y trabajo en la mente de un criminal de lesa humanidad

Sobre la libertad condicional, José Fuentes tiene una certeza: “esa ley está hecha para los delincuentes, y nosotros no somos delincuentes, a pesar de que delinquimos. Pero no somos delincuentes. Los delincuentes no saben leer ni escribir”, afirma a la persona al otro lado de la línea. (Revise acá el audio con la conversación telefónica de Fuentes).

Sin embargo, pareciera no estar de acuerdo con los requisitos que le solicitan. Curiosamente, el criminal tiene críticas al sistema que terminó por liberarlo: “entonces dice ‘requisito: saber leer y escribir’. Yo lo cumplo. ‘Haber aprendido bien un oficio’. ¿Y para qué necesito aprender yo un oficio? Aprendo a ser carpintero, ¿y para qué voy a trabajar si tengo mi pensión? Todos tienen pensión allá po. Entonces esas hueás son obsoletas, no pueden ser consideradas. ‘Tener medio de subsistencia en el exterior’. Yo tengo mi pensión”, argumenta.

“Todos tienen familia bien constituida”, continúa, explicando algo que parece ser requerido para conseguir beneficios en Punta Peuco. “Por eso es que yo tuve que casarme así a la mala. Me casé, pero por contrato. Tengo una amiga yo y me casé con ella. Pero me separé al tiro"

“Todos tienen familia bien constituida”, continúa, explicando algo que parece ser requerido para conseguir beneficios en Punta Peuco. “Por eso es que yo tuve que casarme así a la mala. Me casé, pero por contrato. Tengo una amiga yo y me casé con ella. Pero me separé al tiro, salí y me separé”, confiesa, todo “para poder salir”.

Pero no todos en el recinto penitenciario para violadores de derechos humanos están dispuestos a hacer lo que hizo Fuentes. “Los otros no quieren, los otros se rebelan. Entonces les decía yo, aquí hay que jugar con las reglas que están”, explica, y pasa a ejemplificar:

“Uno, para salir con beneficio todos los días, tiene que decir 'yo tengo que ir a trabajar'. Ya, pero ¿dónde están los contratos de trabajo? Los venden en las librerías. Usted lo firma, y queda para usted y para nadie más. No tiene que mandarlo ni a la Inspección del Trabajo, a ninguna parte. Vale ese contrato, porque es entre privados”, revela Fuentes.

“A mí una sobrina me hizo un contrato, en la hueá de médico [se refiere a una empresa de visitadores médicos, con José Fuentes trabajando de conductor, según informes de Gendarmería], y yo obligadamente tuve que ir a trabajar porque lo salen a fiscalizar a uno”, cuenta.

Las fiscalizaciones eran un problema. Según explica Fuentes, psicólogos y asistentes sociales se encargaban de cerciorarse de que el condenado por violaciones a los derechos humanos estuviese efectivamente trabajando durante sus salidas de Punta Peuco, siendo uno de los primeros pasos llamar a su empleadora, su sobrina.

“Yo era reamigo de la asistente social, porque era hija de un carabinero. ‘¿Dónde está?’”, cuenta que le preguntaba la asistente a la sobrina, quien le daba una dirección donde supuestamente estaría trabajando Fuentes. "’Ah, no es mentiroso usted’", asegura que le respondía la funcionaria luego de comprobar que estaba en la dirección entregada, trabajando como conductor de los visitadores médicos de la empresa.

Pero los profesionales con los que Fuentes Castro se relacionaba no sabían de su prontuario. El asesino del Caso Degollados quería evitar que eso se supiera a toda costa: “Le dije yo ‘ya, yo estoy aquí pero en caso de que yo terminara y saliera al médico, le aviso dónde voy a estar, porque yo no quiero que el médico sepa que yo soy un [no termina la frase]… porque esa cuestión es privada mía’".

La asistente, su amiga según él, accedía, y se juntaban en una plaza cerca del lugar donde estuviese conduciendo para desarrollar la entrevista.

Cierra la anécdota refiriéndose al resto de los privados de libertad en Punta Peuco, con el siguiente comentario: “los demás hueones no quieren hacer eso”.

Además de no contar con una adecuada conciencia del delito que cometió, los documentos señalan que demuestra dificultades en su capacidad de empatía e, incluso, evidencia “en su proceso elaborativo del delito cometido un estancamiento e incluso una regresión respecto a informes anteriores [al de fines del 2015]”.

Fuentes Castro logró acceder a todos los beneficios y finalmente a su libertad condicional a pesar de preocupantes hallazgos en sus informes psicológicos. Además de no contar con una adecuada conciencia del delito que cometió, los documentos señalan que demuestra dificultades en su capacidad de empatía e, incluso, evidencia “en su proceso elaborativo del delito cometido un estancamiento e incluso una regresión respecto a informes anteriores [al de fines del 2015]”.

Respecto a las víctimas de sus acciones, el criminal de lesa humanidad las integra “parcialmente” en su relato, “pero lo hace con carencia de correlato ideoafectivo, focalizándose en las pérdidas para sí mismo producto de la reclusión”.

Detrás de los beneficios carcelarios y la libertad del asesino del Caso Degollados hay más que la voluntad de “jugar el juego con las reglas que están”. Hay también otro nombre: Maximiliano Murath, su abogado.

Murath, republicano y defensor de presos de Punta Peuco por vocación

Su biografía en Twitter es ilustrativa: “abogado penal litigante, republicano, pro familia y del 44%”. Su foto de perfil, también: Maximiliano Murath figura sonriente junto a José Antonio Kast, con quien comparte militancia en el Partido Republicano y a quien apoyó férreamente en su cuenta durante la última elección presidencial. 

Sus tuits siguen esa misma línea. “Estimado Johannes, todo el éxito del mundo para un gran diputado patriota. Tu férrea defensa contra el comunismo y la izquierda radical será clave en los próximos años”, redactó el 11 de marzo a propósito del juramento como diputado de Johannes Kaiser.

José Florentino Fuentes Castro tiene sólo buenas palabras para referirse a Murath, el abogado que consiguió sacarlo de Punta Peuco. “Yo lo conocí unos ocho años atrás, y dice, si usted ve los videos [en los que aparece el abogado], ‘a nuestros camaradas de armas’, y él nunca ha sido militar, no ha sido paco, no ha sido nada. Es porque los quiere. Los defiende por convicción, no por la plata”, asegura en los audios.

“Bueno, los últimos siete detenidos que han salido [de Punta Peuco] los ha sacado él”. Acto seguido, Fuentes lo corrige: “todos los ha sacado él. Él sacó, su equipo, a doce, entre los cuáles estoy incluido, pero en total sacó 18 en esa época”.

El interlocutor de Fuentes Castro, al parecer, conoce el trabajo de Murath, y aporta un dato a la conversación: “bueno, los últimos siete detenidos que han salido [de Punta Peuco] los ha sacado él”. Acto seguido, Fuentes lo corrige: “todos los ha sacado él. Él sacó, su equipo, a doce, entre los cuáles estoy incluido, pero en total sacó 18 en esa época”.

INTERFERENCIA intentó tomar contacto el pasado viernes con Murath mediante el teléfono que el abogado proporcionó en sus últimos litigios, disponible en documentación pública del Poder Judicial. No fue posible consultarle sobre los dichos de su defendido.

Quienes sí pudieron hablar con esta redacción fueron el abogado Francisco Bustos, contraparte de Murath en el recurso de protección donde la Suprema terminó liberando a Fuentes, y con Camilo Parada, hijo de una de las víctimas del Caso Degollados, el sociólogo José Manuel Parada.

Víctimas, abogados y defensores de DD. HH. rechazan la libertad de Fuentes

Consultado por la posibilidad de que Fuentes Castro regrese a la cárcel, Bustos reconoce que existe la posibilidad de revocar el beneficio de libertad condicional, pero no es algo común. “Habría que ver si algún requisito se deja de cumplir, pero yo no he visto que en ninguno de estos casos se deje de aplicar”, explica.

Para el penalista de Caucoto Abogados, no sólo la investigación por crímenes de lesa humanidad es de alta relevancia, sino también las sanciones y que éstas sean cumplidas con penas proporcionales. “En ese sentido, el otorgamiento de un beneficio inmerecido, o en realidad por el cual no se cumplía una condición, como que por sus informes psicológicos no debieran acceder a beneficios, profundiza la sensación de impunidad”, indica, por lo que “las autoridades deberían investigar esto y nosotros también vamos a estudiar los antecedentes para ver si cabe ejercer algún tipo de acción”.

Desde el lado de las víctimas del asesino José Fuentes, Camilo Parada, hijo de José Manuel Parada, aseguró que, en lo personal,. “Nosotros, el 2016 y en todas las ocasiones que los criminales de lesa humanidad involucrados en el caso de secuestro, tortura y asesinato por degollamiento tanto de mi padre como de sus compañeros Manuel Guerrero y Santiago Nattino, intentaron acogerse a beneficios carcelarios, como familia nos opusimos e intentamos desplegar todas las posibilidades judiciales que nos amparan en la ley chilena y en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos”, recuerda.

“En primer lugar, nos oponemos porque se les otorgan estos beneficios carcelarios como si fueran criminales comunes y no de lesa humanidad, es decir, no como agentes del Estado. Uno de los poderes del Estado chileno, el Poder Judicial, desconoce los acuerdos y tratados en materias de derechos humanos que dicen que justamente los criminales de lesa humanidad no están a la par de delincuentes comunes”,

“En primer lugar, nos oponemos porque se les otorgan estos beneficios carcelarios como si fueran criminales comunes y no de lesa humanidad, es decir, no como agentes del Estado. Uno de los poderes del Estado chileno, el Poder Judicial, desconoce los acuerdos y tratados en materias de derechos humanos que dicen que justamente los criminales de lesa humanidad no están a la par de delincuentes comunes”, explica, por lo que en su opinión el beneficio de libertad condicional nunca debió ser dado.

La libertad, en adición a lo revelado por el propio Fuentes en los audios ahora publicados por INTERFERENCIA, es para Parada “un escándalo, un agravio donde además se nos revictimiza como familiares porque tuvimos que pasar nuevamente por estos juicios y revivir las heridas”.

Camilo Parada, además, agrega que “en tono personal, no como vocero de la familia, creo que, en el Caso Degollados, que fue un crimen con una visibilidad muy grande, tenemos de alguna manera una obligación ética. Porque hay miles de casos que no han tenido la misma visibilidad”, por lo que de existir antecedentes interpondrán recursos en contra de Fuentes y su libertad.

La Comisión Funa, en tanto, además de conseguir los audios del criminal del Caso Degollados, acudió el año 2018 a la casa de Fuentes Castro para realizar un acto en su contra.

“Si no hay justicia, hay funa”, explica Juan Saravia, miembro de la Comisión y defensor de los derechos humanos.

“Si no hay justicia, hay funa”, explica Juan Saravia, miembro de la Comisión y defensor de los derechos humanos. “Somos una organización de más de 23 años, creada con la misión de luchar contra la impunidad para los criminales de ayer y de hoy”. Según relata, ya son cientos los casos de violadores de DD. HH. condenados que han expuesto como Comisión, siendo la “funa” a Fuentes Castro una dentro de esa larga lista