Tenencia San Rafael
Antecedentes del Caso
La antigua Tenencia San Rafael, ubicada en la población Pablo de Rokha (entonces parte de la comuna de San Bernardo y hoy perteneciente a la comuna de La Pintana), era dependiente de la Subcomisaría de La Granja y fue utilizada como un recinto de detención transitoria de presos políticos.
Esta Tenencia está estrechamente ligada con la detención y asesinato de Justo Segundo Flores Martínez, quien fue detenido el 5 de octubre de 1973, cerca de las 13:00 horas, por funcionarios de la Tenencia San Rafael. El 16 de octubre de 1973 fue ejecutado a disparos en un camino interior del fundo Santa Adela, en San Bernardo.
Criminales y Cómplices
Sargento Miguel Segundo Arias Navarrete (Carabineros)
Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech
Prensa
El excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y el exmiembro de la Fach, Manuel del Carmen Cabezas Pérez, son los otros dos nombres detrás de las rebajas de condena por derechos humanos informadas por Justicia. Ambos se suman al caso del exagente de la CNI César Acuña Luengo, previamente revelado por este medio.
Los dos estuvieron recluidos en Punta Peuco y salieron libres antes del término de su condena.
BioBioChile accedió a sus decretos: nueve meses de reducción para Arias y ocho para Cabezas, ambos con la firma del ministro Fernando Rabat. El abogado de los exagentes condenados, confirmó los beneficios y defendió que corresponden a meses acumulados por comportamiento sobresaliente durante distintas administraciones.
Los nombres se conocen cuando Rabat y el subsecretario Luis Silva enfrentan fuertes cuestionamientos por las rebajas a condenados por delitos sexuales contra niños y por crímenes de la dictadura. Justicia insiste en que aplicó la ley guiados por la jurisprudencia de la Suprema. Desde la representación de víctimas, en cambio, cuestionan que esa explicación deje fuera las obligaciones del Estado con quienes sufrieron los delitos.
Las rebajas de condena que firmó Rabat para presos de Punta Peuco
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El documento correspondiente a Miguel Segundo Arias Navarrete establece que su condena debía terminar originalmente el 14 de diciembre de 2026. Con una reducción de nueve meses, fijó como nueva fecha de cumplimiento el 14 de marzo de este año. En la actualidad, Arias está libre.
Para Manuel del Carmen Cabezas Pérez, el término original era el 28 de noviembre de 2026. El decreto descontó ocho meses y estableció el 28 de marzo como nueva fecha de cumplimiento. También está libre.
Ambos documentos los identifican como internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, conocido como Punta Peuco, —penal donde han cumplido condena exmilitares, carabineros y agentes de los organismos represivos por crímenes de la dictadura— y llevan la firma de Fernando Rabat bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”. Mientras Luis Silva Irarrázaval suscribe la transcripción como subsecretario de Justicia.
Arias y el secuestro de Justo Flores
El 5 de octubre de 1973, cerca de las 13:00 horas, funcionarios de la Tenencia San Rafael llegaron hasta una vivienda de la población Pablo de Rokha. Allí detuvieron ilegalmente a Justo Segundo Flores Martínez y se lo llevaron a la unidad policial.
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Entre los funcionarios estaba Miguel Arias Navarrete, entonces cabo de Carabineros. Su participación quedó acreditada en la sentencia que la Corte Suprema mantuvo el 26 de noviembre de 2020, dejándolo condenado a seis años de presidio por secuestro calificado.
Una de las piezas centrales fue el testimonio de Juana Flores Martínez, hermana de Justo. Lo reconoció como uno de los carabineros que participaron en la detención. Después, cuando fue a preguntar por su hermano, Arias le dio a entender que había quedado libre.
Pero no era cierto. Justo seguía privado de libertad y el 16 de octubre de 1973 fue ejecutado a disparos en un camino interior del fundo Santa Adela, en San Bernardo. Su cuerpo fue abandonado junto al de Luis Enrique Pérez Balbontín, otro detenido de la misma tenencia.
Cabezas: torturas en El Bosque
Manuel del Carmen Cabezas Pérez integraba el Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque. Según se lee en los documentos judiciales, le correspondía trasladar a los detenidos hasta la oficina donde eran interrogados.
Fue condenado a cinco años y un día como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos causando lesiones graves contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova. La Suprema mantuvo la condena el 10 de noviembre de 2021.
Rivera trabajaba en Madeco, militaba en el Partido Socialista y pertenecía al Cordón San Miguel, que coordinaba a trabajadores, pobladores y estudiantes y organizaba la distribución de alimentos. Lo detuvieron en su casa el 19 de septiembre de 1973. Tras pasar por una comisaría, fue llevado a El Bosque, donde sufrió interrogatorios con electricidad y simulacros de fusilamiento.
No solo eso. También le marcaron el signo de la Unidad Popular en la espalda con un yatagán. Después fue trasladado al Estadio Nacional, sometido a un consejo de guerra y finalmente expulsado del país.
Pavez, dirigente estudiantil, fue detenido sin orden judicial ni administrativa el 18 de octubre de 1973, en el centro de Santiago. Lo llevaron al Ministerio de Defensa y luego, vendado, a la base aérea. Permaneció allí entre una semana y diez días, sometido a golpes y electricidad.
Las consecuencias no terminaron con la prisión. La sentencia recoge secuelas psicológicas persistentes en ambos sobrevivientes, incluidos cuadros de estrés postraumático, y califica los hechos como crímenes de lesa humanidad. El tribunal mantuvo la responsabilidad de Cabezas como autor.
La defensa
El abogado defensor de varios condenados por crímenes de la dictadura, y representante de Arias y Cabezas, Ricardo Bravo Cornejo, confirmó que ambos fueron liberados y defendió que los condenados por crímenes de la dictadura puedan acceder a rebajas si cumplen los requisitos legales, y rechazó que las reducciones se presenten como un favor político del Ejecutivo. Según explicó a BioBioChile, los meses se acumularon durante años de cumplimiento de las penas, mediante evaluaciones de comportamiento sobresaliente.
Aunque reconoció la gravedad de los delitos y el sufrimiento de las víctimas, sostuvo que eso no permite desconocer sus derechos durante el cumplimiento de las penas. “No se trata de defender los delitos cometidos, sino de defender la aplicación de la ley”, afirmó.
Pero Bravo también defendió que el reconocimiento de los delitos, la colaboración judicial y la reparación a las víctimas no pueden exigirse automáticamente como condiciones adicionales. “No podemos transformar automáticamente esos elementos en requisitos adicionales que el legislador no estableció para este mecanismo”, señaló.
Agregó que “la reducción de condena regulada por la Ley N.º 19.856 tiene requisitos propios. Sus artículos 6, 7 y 13 establecen un sistema de evaluación que considera el comportamiento sobresaliente, los antecedentes de conducta, el trabajo, los estudios, la rehabilitación y los informes técnicos pertinentes (…) No se trata de restar importancia a las víctimas ni a la gravedad de los hechos. Se trata de respetar la diferencia entre las exigencias legales de cada institución penitenciaria”.
Por otro lado, el abogado de derechos humanos Cristian Cruz, representante de varias víctimas, cuestionó las rebajas de condena y sostuvo que Rabat debía adoptar una posición distinta o abstenerse de intervenir, aludiendo además a su participación como abogado defensor de Augusto Pinochet.
“El Ministro debió tomar un parecer distinto, acorde a la legislación en materia de protección a la niñez y a los derechos humanos vigentes en Chile, o inhibirse”, afirmó a BioBioChile. “El proceder del gobierno aporta en impunidad, desprecio a las decisiones judiciales y afecta, nuevamente, a las víctimas”, sostuvo.
Frente a la defensa de las rebajas, Ruz insistió en que el Estado debía considerar sus obligaciones con las víctimas: proteger el interés superior de niños y niñas en los casos de delitos sexuales y asegurar “la debida sanción y búsqueda de verdad” frente a los crímenes de la dictadura.
Una polémica que sigue abierta
Los dos nombres se suman al de César Luis Acuña Luengo, exagente de la CNI que, tal como informó este medio, recibió 19 meses de reducción mediante un decreto firmado el 20 de mayo de 2026 por Pablo Mira, como ministro subrogante.
Acuña cumplía una pena por los secuestros de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, detenidos en septiembre de 1987 y cuyos cuerpos siguen desaparecidos. También había sido condenado por el homicidio de Recaredo Valenzuela Pohorecky, en la Operación Albania.
Pero la controversia comenzó con la revelación de Interferencia sobre 56 decretos de rebajas de condena por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Después se conocieron estos tres casos vinculados a Derechos Humanos.
Justicia ha sostenido que las reducciones reguladas por la Ley 19.856 no dependen de la voluntad del ministro. Pero la defensa basada en la jurisprudencia también ha sido cuestionada.
En materia de derechos humanos, el abogado de víctimas Francisco Bustos, de la oficina Caucoto, también ha advertido que las cortes han validado exclusiones y que la evaluación debe considerar las obligaciones internacionales del Estado frente a los crímenes de lesa humanidad.
Tras días de críticas y presión política, Justicia anunció la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja y medidas legislativas. La decisión llegó después de a férrea defensa que sostuvo el Gobierno sobre del procedimiento.
Fuente :biobiochile.cl
Fecha :26-10-2026
El escándalo judicial en el que está sumido el gobierno de Kast y su ministro de Justicia, Fernando Rabat, inició en marzo pasado, con el inicio de los primeros decretos de rebajas de condena, que, hasta septiembre, había ordenado la reducción de la pena de 170 criminales, entre ellos, 56 por delitos de connotación sexual contra niñas, niños y adolescentes y al menos tres ligados a crímenes de lesa humanidad. En este último caso, hay dos víctimas de la dictadura que demandaron al Estado, en específico, por la rebaja de pena otorgada al torturador Manuel Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fach.
Un nuevo golpe a las garantías de reparación y no repetición de los crímenes de la dictadura están perpetrando desde el gobierno de extrema derecha de José Antonio Kast, que insiste en la legalidad de las rebajas y en la imposibilidad que tienen de impugnarlas ante tribunales, pese a que existe evidencia que contradice dicho argumento y a que está al borde de una acusación constitucional.
Es en este contexto que los nombres de los violadores de DDHH Miguel Segundo Arias Navarrete, Manuel Cabezas Pérez y César Luis Acuña Luengo saltan a la palestra, por ser beneficiarios de rebajas en sus condenas, las que ya eran reducidas considerando el tenor de sus delitos: torturas, secuestro calificado y homicidio.
Y es que, sumado a los 13 criminales de lesa humanidad que permanecen prófugos de la justicia, hay que agregar que desde el gobierno de Kast ya se había instruido al Programa de DDHH del ministerio de Justicia, dejar de oponerse judicialmente a las rebajas de condenas a las que pretendían acceder distintos violadores de Derechos Humanos, agentes del Estado durante la dictadura cívico militar.
Otro punto a resaltar en esta trama es que las víctimas de la dictadura o los familiares de estas no fueron notificadas de las rebajas de condena de sus agresores y se enteraron por la prensa. Lo anterior da cuenta no solo de decisiones administrativas, sino que también de un afán por invisibilizar el dolor de las familias y las décadas que llevan luchando por verdad y justicia.
Así las cosas en el gobierno de Kast, y mientras desde la oposición se gesta una acusación constitucional más bien performática, considerando que Rabat sigue en el cargo y cuenta con el apoyo de la presidencia, pasamos a detallar parte de los delitos por los que fueron condenados los tres agentes del Estado a quienes el ministro de Justicia rebajó las condenas y que significaron su liberación anticipada.
Miguel Segundo Arias Navarrete:
Arias Navarrete era sargento 2do de Carabineros y jefe de la tenencia de San Rafael a la época de los hechos que terminaron por condenarlo a una pena de 6 años de cárcel ¿El crimen? Ser autor del secuestro calificado de Justo Segundo Flores Martínez, en octubre de 1973.
En la causa, se dio por establecido que el 5 de octubre de 1973, alrededor de las 13:00 horas, en la población Pablo de Rokha, Justo Segundo Flores Martínez fue detenido, sin derecho, por funcionarios policiales de dotación de la Tenencia San Rafael de Carabineros de Chile, entre ellos el Cabo Miguel Segundo Arias Navarrete.
Actualmente, Arias Navarrete está en libertad, luego de la rebaja de 9 meses en su condena, lo que adelantó su liberación de diciembre de 2026 a marzo del mismo año.
Manuel Cabezas Pérez
Cabezas Pérez era integrante del Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque de la FACh al momento de los hechos. Fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo ¿El crimen? Haber sido el responsable de la aplicación de tormentos con resultado de lesiones graves contra Patricio Rivera y Ramón Pavéz, contra quienes aplicó interrogatorios con corriente y simulacros de fusilamiento.
En la actualidad, Manuel del Carmen Cabezas Pérez está libre. En primera instancia, su condena debía terminar el 28 de noviembre, pero con el decreto de Rabat y compañía, se descontaron ocho meses a su pena.
César Luis Acuña
Integrante de la Central Nacional de Inteligencia, parte del aparato represivo de la dictadura, participó de la llamada Operación Albania. Fue condenado por el homicidio calificado de Galvarino Valenzuela Pohoreky, a 3 años de presidio.
Sumado a esta condena, Acuña fue condenado a 10 años por el secuestro calificado de Gonzálo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltes, Alejandro Pinochet Arens y Manuel Sepúlveda Sánchez.
Cabe destacar que las reducciones de penas va a obligar a Rabat a dar cuentas no solo en el Congreso, sino que también en Fiscalía, específicamente de la Centro Norte, en la región Metropolitana, desde donde se solicitó informar de los criterios que permitieron la rebaja de condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
por JC Contreras Jara
Fuente :resumen.cl
Fecha :11-11-2026