Una investigación ordenada por el general Augusto Pinochet y realizada entre marzo y abril de 1976 por su ministro de Defensa, general Herman Brady, sobre los “juicios instruidos contra personal del Ejército por abuso de sus funciones” revela episodios desconocidos de la violencia indiscriminada después del Golpe, agrega numerosas víctimas que no aparecen consignadas en el Informe Rettig y demuestra que las autoridades del régimen conocieron los crímenes y sepultaron sus huellas.

En marzo de 1976, Augusto Pinochet ordenó investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus tropas. Así, como suena. El anuncio de la visita de una delegación de parlamentarios demócratas norteamericanos, la inminente reunión de la OEA (en junio) en Santiago además de las crecientes condenas a Chile por la violación a los derechos humanos provocaron la insólita decisión. Ordenó informar y sus subordinados lo hicieron. En un extenso documento se detallan 93 casos de asesinatos, violaciones a mujeres y torturas. Lo que devolvieron las fiscalías militares no fue del agrado del entonces presidente de la Junta Militar. No era presentable. El informe ordenado por Pinochet desapareció. Nadie más supo de su existencia.

El general lo pidió en cuanto se enteró de la visita a Chile de los congresales estadounidenses Toby Moffett, George Miller y Tom Harkin. Y peor: los extranjeros pedían una audiencia con Pinochet para plantearle las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en Chile. Pinochet estaba frenético. Todavía repercutían los ecos del reportaje publicado sólo días antes por The New York Times revelando, por primera vez, las discrepancias en la Junta Militar en torno al poder de Pinochet y de la DINA, y también frente el conflicto mayor: los plazos para la llamada “normalización” del país.

El influyente diario norteamericano no inventó la crónica. Sus reporteros obtuvieron una detallada información de lo que ocurrió en la sesión de la Junta Militar del 5 de enero de 1976. Fue el general Gustavo Leigh quien abrió el fuego. Con un tono más agudo que el habitual en esos días de soterrado conflicto con el presidente de la Junta, le pidió que levantara el Estado de Sitio y dictara un Acta Constitucional resguardando los derechos ciudadanos. Pero no se quedó ahí. Hizo una pausa y con voz más alta y enérgica pidió que el coronel Manuel Contreras fuera sacado de la dirección de la DINA. Mendoza, como era su costumbre, calló y agachó la vista. Y Pinochet, rojo de ira, optó por la salida más conveniente: dio por terminada la sesión. La prensa nacional nada informó.

En esos precisos días la batalla entre la DINA y la DIFA (Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea) se había agudizado. Con despliegue de armas los hombres de ambas reparticiones se disputaban en las calles su botín de guerra: los prisioneros que más tarde figurarían en la nómina de detenidos desaparecidos. Y en ese preciso mes de marzo, Contreras iniciaba su plan más ambicioso.

En la tranquila calle Doctor Charlin (N° 1475) de Providencia, la DINA instalaba un cuartel tan secreto como sus cárceles. Desde allí se estructuraría el sistema de financiamiento de los batallones de la “Operación Cóndor”, el plan de coordinación con los servicios de Seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. En ese mismo mes de marzo, el general Jorge Rafael Videla asumía como jefe de la dictadura en Argentina. Días más tarde, Contreras se haría ungir en escritura pública –con la firma del Ministro de Economía y del director ejecutivo de la Corfo– como presidente de la Pesquera Chile. Más de 30 empresas y millones de dólares del presupuesto nacional –que salían en partidas secretas– alimentarían el terrorismo internacional.

Pinochet no estaba dispuesto a ceder poder ni a licenciar a Manuel Contreras. Tampoco podía desafiar a los parlamentarios estadounidenses y menos a los delegados a la crucial reunión de la OEA que se desarrollaría en Santiago. Ambas cosas más la delación interna de los crímenes podían hacerle perder los 25 millones de dólares que el FMI acababa de otorgarle y los 150 millones más que le anunciaba el BID.

Por eso uno de sus más estrechos aliados, el general Raúl Benavides, ministro del Interior, organizó un inusual y sorprendente “acto de desagravio” a su jefe. El 27 de enero de 1976 ocho mil soldados desfilaron desafiando la “afrenta del enemigo”. Toda una parafernalia destinada a demostrar a los “dubitativos” del régimen la férrea unidad en torno a su único conductor: Pinochet.

Pero la única guerra que libraba los hombres de Pinochet era contra chilenos. Mientras algunos se envolvían en una burbuja disfrutando con la Unión Española como único líder del fútbol local y repletaban los cines para conmoverse con los sufrimientos de Papillón, en esas precisas horas, decenas de ciudadanos yacían torturados y moribundos en las cárceles secretas de la DINA. Lo que se vivía en muchos sectores del país eran los efectos de un Ejército de ocupación.

9 de marzo de 1976. Ese día Pinochet le envió un oficio “secreto” –ver facsímil– a su ministro de Defensa, general Herman Brady, pidiéndole con extrema premura “una información completa de las Fiscalías, Consejos de Guerra y/o Juzgados Institucionales” con los procesos instruidos contra militares “frente a denuncias hechas por particulares por posibles infracciones a los artículos 150 del Código Penal o 330 del de Justicia Militar, según corresponda; o con arreglo a lo prevenido en la legislación general del país y en especial en el artículo 1° del Decreto Ley N°1.009 del 8 de mayo de 1975”.

Bajo el enunciado “numerosas personalidades han solicitado audiencia al Presidente de la República para plantearle entre otras materias, sus inquietudes sobre la aplicación práctica en la protección a los derechos humanos”, se pidió un resumen con ítems precisos de causas cuyo desglose pudiera ser usado por Pinochet para mostrar frente a los demócratas de Estados Unidos los castigos ejemplarizadores que el Ejército había llevado a cabo en todo el país para controlar todo abuso de poder.

De su puño y letra, Pinochet tarjó –en otro documento, un borrador– que la información era requerida frente a la “próxima visita de tres congresales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Lo cambió por “necesidad de conocer estado de procesos e investigaciones a funcionarios que se han propasado en sus atribuciones”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Gustavo Álvarez, debió transmitir la urgencia de Pinochet a Brady.

Brady le respondió a Pinochet el 30 de abril. El enunciado del escrito –rotulado también como “SECRETO”– señalaba los verdaderos objetivos del informe: “Remite antecedentes solicitados por el Presidente de la República y otros solicitados por la Delegación de Chile ante la Conferencia de la O.E.A.”

La comisión chilena ante la OEA había pedido información acerca de cinco casos, además de estadísticas. Entre ellos figuraban el baleo de la doctora Sheila Cassidy y la muerte de Dagoberto Pérez.

El contenido de la investigación desarrollada por el Ejército –que entrega información y detalla el contenido de 93 procesos en la Justicia Militar– llegó a las manos del general Pinochet. Leerlo es casi como leer los informes de un Ejército de ocupación que comete todo tipo de tropelías sin límite: asesinatos, torturas, robos, desaparecidos y violaciones a niñas de sólo 12 ó 14 años.

La mayoría de las víctimas del informe no se encuentran incluidas en el documento oficial de la Comisión Rettig. También, en las nóminas de Brady aparecen ciudadanos “N.N.” que fueron ejecutados y cuya desaparición nunca fue denunciada.

La lista de Brady contiene el detalle de 93 juicios que la Justicia Militar tuvo en sus manos por crímenes cometidos por uniformados y que en su amplia mayoría terminaron sin condena. Un informe que fue sepultado en el escritorio de Pinochet un día de abril de 1976.

Muerto por abrir la puerta.

De entre las causas por “homicidio” que informa el Juzgado Militar de Santiago a Brady, varias merecen ser transcritas.

Bajo el ROL N °502-73 se encuentra el proceso iniciado el 24 de octubre de 1973: “El 23 de octubre de 1973, alrededor de las 23.15 horas, Miguel Estol Mery fue muerto en el interior de su domicilio ubicado en Avenida Manquehue Sur N° 600, por una ráfaga de fusil SIG que lo alcanzó en la región mamaria superior externa derecha y en el flanco derecho del abdomen. El autor de los disparos fue el cabo Víctor Muñoz, integrante de una patrulla compuesta por personal de la Academia Politécnica Militar, la que, en cumplimiento de órdenes superiores, ubicaba en ese domicilio a Miguel Estol hijo, quien días antes había tenido un altercado con un subteniente de esa unidad. El señor Estol, al sentir ruidos en el exterior, salió afuera y al ver a los militares se paralogizó y regresó corriendo al interior de su casa siendo impactado por el citado cabo en los momentos en que trataba de cerrar la puerta de su morada”.

La denuncia fue presentada por el abogado Álvaro Larraín. El dictamen de la justicia: condena a 5 años y un día por el delito de violencia innecesaria causando la muerte. Pero la sentencia definitiva fue otra: “Absuelve por no haber convicción de haberse cometido un hecho delictivo”. Dictamen aprobado por el comandante en jefe de la II División de Ejército.

Miguel Estol no figura en el Informe Rettig.

La marihuana mata.

Tampoco figura en el Informe Rettig el caso de Orlando Zambrano Sepúlveda, muerto de un disparo el 28 de abril de 1974 a manos de una patrulla del Regimiento Buin, cuando –según la misma investigación que registra el parte–, se encontraba en calle Muñoz Gamero esquina de Andrés Olivar, a las 15:30 horas, en compañía de otros nueve jóvenes.

El parte que consigna el juicio ROL N°474-74 dice: “A esa hora una llamada telefónica al Regimiento Buin, denunció que un grupo de más de 10 personas se hallaba fumando marihuana” en la mencionada esquina. El joven Zambrano falleció en la persecución.

El caso fue sobreseído. La justicia militar dictaminó que el hecho no era constitutivo de delito.

Arrancando el cuero cabelludo. Hay escenas de salvajismo. El 3 de abril de 1974, se inició una investigación (ROL N°514-74) a partir de un parte enviado por la 5ª Comisaría de Carabineros el 25 de marzo de ese año. Los policías habían encontrado en un sitio eriazo de Américo Vespucio Norte esquina Recoleta los cuerpos sin vida de Jorge Sandoval Astorga y Carlos Estay Miranda.

El parte policial es conciso pero aterrador: “El día anterior, los sujetos habían sido interceptados en General Gamboa esquina Cardenal Caro por una patrulla de soldados que viajaban en un bus E.T.C. quienes les cortaron el pelo y arrancaron el cuero cabelludo al fallecido Estay”.

La denuncia se centró –formalmente– contra una patrulla de la Fuerza Aérea y fue sobreseída temporalmente “por no haber indicios para acusar de autor a determinada persona”. El sobreseimiento fue confirmado más tarde. Ninguno de los dos asesinados figura en el Informe Rettig como víctimas de violencia.

Cantar era delito.

Otra de las víctimas que no figura en el Informe Rettig es Manuel Segundo Palma Henríquez. Su juicio por homicidio lleva el ROL N°756-74 y fue iniciado el 8 de agosto de 1974.

El parte enviado por la Tenencia Roosevelt el 30 de diciembre de 1973, señala que ese día a las 09.30 horas, a raíz de una llamada telefónica, el cabo José S.S. junto al carabinero Luis J.O. se constituyeron en la ribera norte del río Mapocho, frente al Campamento Tania. En el lugar, se encontraba el cadáver de Palma Henríquez, con heridas a bala en distintas partes del cuerpo. El parte policial consigna: “La madre del difunto señala que el día anterior, Segundo Palma fue sacado desde el interior de su casa por militares debido a que se encontraba cantando a viva voz y diciendo garabatos. Los militares no fueron identificados”.

El caso también fue sobreseído.

EL SUBTENIENTE LOCO:

La locura como causal de ineptitud para ser juzgado no es monopolio de Pinochet. También lo era un año después del Golpe militar. Así lo estableció la justicia militar en el proceso caratulado con el ROL N°890-74, iniciado el 12 de noviembre de 1974, a partir de la detención de Agustín Contreras Santander y Manuel Jesús Valencia Cáceres “por presuntas injurias proferidas contra las FF.AA. y la H. Junta de Gobierno”.

Ambos detenidos fueron llevados hasta el Cuartel de la Sub-Agrupación “Yungay”, donde quedaron detenidos. Al día siguiente, dice el informe, “asumió servicio como Oficial de Guardia el subteniente de reserva Juan Martínez Oyaneder, quien impuesto de la existencia de los dos detenidos mandó traerlos a su presencia y sin motivo racional aparente les causó lesiones que en definitiva les causaron la muerte. Acto seguido, procedió a enterrarlos en una fosa que él mismo había cavado. Se encuentra establecido que el oficial se hizo asesorar por el sargento 2° de reserva Gustavo Marambio Olmos y los soldados conscriptos Arcadio Lobos Cisterna y Luis Castro Guajardo, quienes violentaron físicamente a los detenidos produciéndoles -–en opinión del Fiscal Instructor– lesiones de carácter leves”. El Consejo de Guerra condenó a 15 años y un día a Martínez por homicidio calificado. Sus subalternos se llevaron 60 días de arresto militar como cómplices.

La sentencia, sin embargo, terminó ordenando nuevas diligencias “relativas al estado psíquico del acusado Martínez” y terminó sin condenas.

MILITARES QUE DENUNCIAN.

Las aberraciones no son exclusivas de Santiago. En el Juzgado Militar de Concepción, la muerte de José Tiznado Aguayo, el 16 de junio de 1974 y denunciada por un cabo 2° del Ejército, también fue sobreseída. El juicio lleva el ROL N°858-74, no tiene mayores precisiones, salvo la identificación del “autor”. Tiznado tampoco aparece en el Informe Rettig.

Y existe otro proceso, más extraño. Iniciado por el jefe de la 2ª comisaría de Carabineros de Chanco en funciones el 21 de noviembre de 1973. El policía denunció el homicidio de Juan Villaseñor Jara (juicio ROL N°11-73) e identificó a los soldados José Sepúlveda Vergara y Raúl Aguilar Oyarce como los autores. El fiscal del caso, a juzgar por la sentencia que propuso, estaba por sancionar aunque fuera tibiamente los hechos:

“Solicita se condene a los soldados a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de la muerte de Juan Villaseñor Jara, en circunstancias que los soldados lo sorprendieron conduciendo un vehículo con luces apagadas y lanzarlo encima de los soldados”. Pero el Consejo de Guerra absolvió a los militares.

Tuvieron que pasar los años para que el Informe Rettig le hiciera justicia a Villaseñor: “Tenía 37 años, era casado y tenía dos hijos. Era buzo submarino, pequeño industrial de la zona y militante de la Democracia Cristiana. El 21 de noviembre de 1973 transitaba en su vehículo en mal estado, había tenido un altercado. Estas personas dispararon a la cabina, resultando el conductor con un impacto en la cabeza sin salida de proyectil que le provocó su muerte instantánea, constituyendo este hecho un abuso de poder”.

SANCION EN ESCUDOS.

En Talca se desarrolló un juicio que llama la atención. Bajo el ROL N° 024-74, se registra el proceso seguido por la Fiscalía de Ejército de esa ciudad y que tuvo como denunciante al Comisario Subrogante de la 3° Comisaría de Talca. El fiscal pidió condenar a Jaime Puebla, a la época capitán de Ejército, como autor del delito de lesiones graves a Jaime Achurra García; y a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de homicidio de Francisco Silva Parot”.

El Consejo de Guerra condenó a Puebla a “una multa de E° 600 (escudos) por lesiones y a 3 años de presidio por homicidio. No se remite la pena. Resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército”.

Silva Parot tampoco aparece en la nómina de víctimas de violencia política en el Informe Rettig.

EXTRAÑO CUMPLIMIENTO DEL DEBER.

El comandante en jefe de la III División, no actuó de la misma manera en otro juicio cuya víctima no está incluida en el Informe Rettig. Se trata del proceso que aparece bajo el ROL N° 232/74, iniciado el 20 de marzo de 1974, en el que aparece como denunciante el subteniente del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard, Marcelo Palma Fontana.

El fiscal pidió sobreseer definitivamente la causa “respecto de la muerte a bala ocasionada a Hugo Gómez H., por el cabo 2° del Ejército José Romero Fuentes, por haber actuado en actos propios del servicio en cumplimiento del deber”. La resolución del comandante en jefe de la III División del Ejército fue sobreseer temporalmente la causa.

FALSEANDO LA HISTORIA.

Uno de los juicios que grafica cómo actuaba la justicia militar de la época, es el que da cuenta del homicidio de Oscar Arros Yáñez, de Concepción. Bajo el ROL N° 797/75, y con fecha 30 de noviembre de 1975, el resumen del fiscal indica: “Da cuenta del accidente ocurrido en operativo practicado por personal del CIRE de Concepción (el que dirigía en calidad de subrogante  el capitán de fragata Hugo González D’Arcangeli), causando la muerte de Oscar Arros Yánez al tratar éste último de arrebatarle el arma que portaba Arturo Calderón Passalacqua. En el forcejeo se disparó un tiro impactando a Arros. Se solicita sobreseer total y definitivamente la causa a favor del funcionario Arturo Calderón en razón de hallarse el autor exento de responsabilidad criminal”.

Y así lo hizo el comandante en jefe de la III División del Ejército. Pero el Informe Rettig cuenta otra historia: “Arros, de 27 años, casado, una hija, era estudiante de la Universidad Técnica del Estado y trabajaba como tornero en la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR). Militante del MIR, fue detenido en su lugar de trabajo el 26 de septiembre de 1975 por agentes de la DINA y llevado al Estadio El Morro de Talcahuano. El 28 de septiembre su cuerpo fue encontrado en la morgue del Hospital de Lota Bajo con evidencias de haber sido torturado y con impactos de bala”.

MUERTO EN LA OSCURIDAD EN VALDIVIA.

En Valdivia, la situación no fue distinta. En la causa ROL N° 1.601/73, iniciada el 30 de noviembre de 1973, se dice en el resumen de la vista del fiscal:

“El día 28 de noviembre de 1973, el subteniente Marcos Aguirre, condujo la patrulla a su mando, compuesta por un SG. y un SLC., hacia el domicilio de Domingo Pérez San Martín, a quien sacaron de su casa, siendo golpeado y falleciendo al día siguiente a consecuencia de las lesiones descritas en los informes médicos. La Fiscalía pide que se le aplique al inculpado 541 días de presidio menor en su grado medio”.

El Consejo de Guerra sobreseyó a Aguirre “en consideración a que éste (el civil) adoptó una actitud rebelde y agresiva contra el personal militar, y como huyó hacia la oscuridad, el personal de la patrulla se abalanzó sobre él y lo redujo golpeándolo con las culatas de los fusiles”.

Pérez San Martín tampoco aparece en el Informe Rettig.

DESAPARECIDO.

Ya en febrero de 1975 el Juzgado Militar de Valdivia ocupó la palabra “desaparecido” para iniciar un proceso por la “presunta muerte de Cardenio Ancura Manquean y otros desaparecidos durante los Operativos Militares efectuados durante el mes de octubre de 1973 en Lago Ranco”.

El juicio lleva el ROL N° 27-75 y tiene como denunciante a María Marian. El resumen del fiscal concluyó que, agotada la investigación “no ha sido posible establecer la comisión de delito alguno ni de responsabilizar a persona determinada”. El comandante de la IV División refrendó el fallo.

En el Informe Rettig, Cardenio Ancura Manquean tuvo su espacio. “Casado y con 4 hijos, era agricultor y también trabajaba como lanchero. Militante del PS, participó activamente del proceso de Reforma Agraria. Fue detenido por Carabineros de Lago Ranco y trasladado a la Tenencia de la localidad. De allí fue sacado el 16 de octubre junto a otras tres personas por efectivos de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de la Armada. Lo subieron a bordo del vapor Laja y lo ejecutaron, lanzando su cuerpo al lago con dos de sus compañeros. Los cadáveres nunca fueron encontrados”.

SINTESIS MORTAL.

Una de las referencias más pequeñas del informe “secreto” -sólo 8 líneas- tiene relación con el juicio ROL N° 27-74. Textual:

“Fecha inicio: 23 de enero de 1974. Tribunal Instructor: Fiscalía Letrada de Valdivia. Tribunal Sentenciador: IV Juzgado Militar Valdivia. Individualización denunciante: Jefe Estado Mayor IV División. Individualización del denunciado: N.N. Resumen (vista) de los hechos: En operativo dispuesto por la superioridad fueron dados de baja los extremistas: Victoriano Matus Hermosilla, N.N., Manuel Paillán y N.N.”

Ni Paillán ni Matus aparecen en el Informe Rettig. Los otros dos “extremistas” N.N. tampoco.

LA HUELLA DE CHENA.

En 1974, Rosa Silva Veliz denunció ante el II Juzgado Militar la detención de su marido, Franklin Antonio Valdés Valdés, contador administrador del Sanitario El Pino. La denuncia formó la causa ROL N°274-74. Valdés fue detenido en el hospital por una patrulla militar de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el teniente Pedro Pablo Montobane y conducido al Campamento Chena donde habría sido muerto días después, según relata la denunciante basada en el testimonio de otros detenidos.

El cadáver fue conducido al Instituto Médico Legal, donde se le practicó la autopsia, la que concluye como causa de la muerte “estado asfíctico”. Los hechos habrían ocurrido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 1973”.

El dictamen de la justicia militar decretó el sobreseimiento temporal de la causa por no haber convicción de haber cometido el delito. En el Informe Rettig, Franklin Valdés sí aparece: “Murió de un estado asfíctico provocado por agentes del Estado”.

UN CAPITAN SIN JUICIO.

El capitán de Ejército Sergio Valenzuela González se fue a retiro en junio de 1988 sin que jamás tuviera que responder por la muerte de Eliseo Segundo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza. Así lo dispuso la Fiscalía de Ejército de Valdivia.

El fiscal del caso estableció que Jara Ríos y Muñoz Apablaza murieron “a consecuencia de los proyectiles disparados por personal militar, en circunstancia que eran interrogados por el capitán Valenzuela y se dieron a la fuga”. Pidió el sobreseimiento definitivo. Y así se hizo. Pero la investigación de la Comisión Rettig estableció otra cosa: ambos fueron ejecutados el 27 de octubre en el fundo California.

EL TROZO QUE FALTA EN EL INFORME RETTIG.

La muerte de Víctor Hugo Carreño Zúñiga no ocupa más de diez líneas en este informe oficial. Pero entrega la información que falta a lo que consigna el Informe Rettig para este joven de 21 años, soltero y presidente regional de la Juventud Socialista de Valdivia. En la Comisión de Verdad y Justicia se concluyó que Carreño “fue detenido el 4 de octubre de 1973, en su domicilio por personal del Ejército. Fue ejecutado el 5 de octubre durante horas de toque de queda”.

En el juicio que se abrió en Valdivia, y que lleva el ROL N°1.480/73 y tiene como fecha de inicio el 5 de octubre de 1973, el resumen del fiscal concluye: “El fallecimiento de Víctor Hugo Carreño se debió a que trató de huir del vehículo militar que mandaba el subteniente Alejandro Kraemer Pinochet, por lo que la patrulla le disparó. Se pide su sobreseimiento”.

El jefe militar de la zona aprobó su sobreseimiento.

SIN SENTENCIAS NI HUELLAS.

El primer juicio del catastro con mención al delito de homicidio está registrado en la Fiscalía Militar de Calama. La víctima es Raimundo Bello S., y el acusado el cabo 2° del Ejército Martín Salamanca, del Regimiento N°15 de Calama. No hay sentencia y Bello no aparece en el Informe Rettig.

LOS NOMBRES QUE SE AGREGAN.

El 17 de noviembre de 1975, la fiscalía letrada de Antofagasta inició juicio por el homicidio de Óscar Armando Leiva Jiménez. La denuncia la interpuso el CIRE de Antofagasta en contra del capitán de Ejército Luis Besamat Morales. Pero en 1976 no hubo resolución. En el Informe Rettig se estableció que Leiva, de 27 años, fotógrafo, era militante del MIR y fue ejecutado en casa de familiares por “un funcionario de Carabineros”.

Entre las víctimas por otros casos de homicidio que aparecen consignadas en estos juicios y que no aparecen en el Informe Rettig, figuran Luis Humberto Ferrada Piña, muerto el 4 de diciembre de 1973, en calle Buenaventura esquina Azteca, en Punta Arenas.

Los juicios dan cuenta de nuevas víctimas y atropellos, pero también revela que en esos días de terror hubo militares y carabineros que se atrevieron a denunciar la violencia y a sus autores y que pidieron justicia. Todo ello fue sepultado un día de abril de 1976.

VIOLACIONES  

Un capítulo aparte merecen los juicios por violación. De los 90 juicios a los que pudimos acceder, hay más de 20 por ese delito y casi todos terminan sobreseídos. Ninguna de las víctimas ha sido jamás reconocida como tal.

La causa N°370-74 del 25 de enero de 1974 se inicia con un parte de la tenencia Peñalolén, que informa que ese día “M.M.G., de 14 años, fue interceptada a las 13.00 horas en calle Sánchez Fontecilla por una patrulla de cinco militares que viajaban en un jeep y a viva fuerza la subieron al vehículo trasladándola al interior del Aeródromo Eulogio Sánchez en donde la introdujeron a una casa deshabitada y procedieron a violarla uno por uno”.

Al principal acusado, Carlos Mondaca Cabello, la justicia militar lo sobreseyó del delito de violación y sólo lo castigó con 30 días de arresto por “negligencia en el cumplimiento de su puesto de vigilante”.

La impunidad de los militares en esos días la comprobó dramáticamente A. Flores, de 31 años. A la 1 de la madrugada del 3 de junio de 1974, la mujer  “pidió ayuda a personal uniformado que cubría servicios en la Plaza Chacabuco, para ser trasladada a la casa de su madre. Subió a un bus militar en el que viajaban 15 uniformados. El bus se habría dirigido por Avenida Hipódromo Chile en dirección al Poniente y en una población con calles no pavimentadas el vehículo se detuvo y a viva fuerza habría sido violada sucesivamente por no menos de 4 a 5 uniformados… Posteriormente se la habría abandonado en Avenida Independencia casi esquina Cotapos”. Así se relatan los hechos en el juicio caratulado bajo el ROL N° 605-74.

La causa fue sobreseída “por no haber convicción de haberse perpetrado el delito”.

Las menores de edad no merecieron mayor compasión. Bajo el ROL N° 615-74, se relata el siguiente caso de violación (parte N° 292 de la 12ª Comisaría de Carabineros, del 5 de mayo de 1974). “M. González, de 14 años, habría sido violada el 2 de mayo. Ese día, como a las 23 horas, en el paradero 21 de Vicuña Mackenna, se puso a esperar micro para ir a su casa y fue llevada en un jeep con seis militares uniformados a quienes no conocía. Los militares la llevaron a la ex Radio Luis Emilio Recabarren y como a las 4 de la mañana fue violada por la fuerza por un militar que según sus posteriores averiguaciones sería el cabo Díaz. En ese lugar fue retenida 4 días, la hacían lavar ollas siendo violada en cada ocasión. El informe médico legal de fecha 8 de mayo acredita la desfloración en fecha reciente, no más de 6 a 8 días a la fecha del examen”.

La denuncia es contra “uniformados militares Regimiento N° 7 de Puente Alto”. Pero el dictamen sobreseyó el caso.

Igual suerte corrió la menor Rossana G.F:, de sólo 12 años. Su padre, Juan G., empleado y cuyo domicilio aparece consignado, denunció que su hija fue violada por dos militares del Regimiento N° 2 Motorizado Santa Rosa, cuyos nombres entrega, el 29 de junio de 1974. El juicio ROL N° 662-74, finaliza con un sobreseimiento.

Al mes siguiente, el 10 de julio de 1974, sería Rosa S.S., de 25 años, la que sería “violada por dos militares en servicio y armados los que la detuvieron en su domicilio y la llevaron a otro domicilio en Avenida Cerrillos, donde procedieron a agredirla y violarla”. Así se relatan los hechos en un juicio (Rol n° 671-74) que sólo tiene 10 líneas y que finaliza con otro sobreseimiento.

Los juicios por violación se suceden con abismante sordidez en los relatos en Iquique (el autor es un cabo de Ejército y el denunciante la Prefectura de Carabineros de Iquique); en Antofagasta (el autor y la víctima están identificados y no hay sentencia a pesar de haberse iniciado el juicio en noviembre de 1974), y en Santiago varios. En todos ellos la sentencia fue “absolución”, ratificada por los comandantes de las respectivas divisiones.

Valdivia no fue la excepción. Y uno de los casos referidos retiene la atención:

“Causa N°64/74. Individualización Denunciante: R.M. Iturra”.

Ofreció ir a dejarla a su domicilio y en el trayecto se desvió de la ruta y luego de ser intimada con armas de fuego, ocho militares la violaron, uno de los cuales, el SL J. Maldonado, posteriormente se suicidó en su unidad. Se solicita sobreseimiento total y definitivo”.

Resolución Cdte en Jefe IV D/E. Dictó sobreseimiento total y definitivo”.

Dicho y hecho.

*Este reportaje fue publicado el año 2000 en el diario electrónico El Mostrador

El vuelo #441 de Copa Airlines tocó la loza del Aeropuerto Internacional Tocumén de Panamá el 10 de octubre de 2008 a las 18:02. En el avión, procedente de El Salvador, venía el abogado, empresario y entonces presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Ovalle Rodríguez. Pero su viaje, nada tenía que ver con sus labores como líder del gremio empresarial más importante de Chile. Tampoco con las funciones que desempeñaba desde 2005 como presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Acompañando a Ovalle, viajaba el también abogado Francisco Ibáñez Concha, por más de 30 años estrecho colaborador del entonces timonel de la CPC y fiscal del Grupo Minero Las Cenizas, holding de inversiones del empresario.

Al bajar del avión, Ovalle e Ibáñez siguieron al pie de la letra las instrucciones que vía email le había entregado pocos días antes Beatriz Suira, ejecutiva de Mossack Fonseca (Mossfon), firma de abogados global con base en Panamá y especialista en la creación de sociedades de papel en paraísos fiscales.

“Por favor, al bajar del avión, busquen una persona que sostendrá un letrero con sus nombres, ella les ayudará con los trámites de aduana y equipaje y le guiará al salón VIP, donde los estará esperando nuestro chofer para llevarlos al hotel Four Point Sheraton”.

La cortesía extendida por el bufete panameño, hoy sometido al escrutinio mundial luego de que 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER– develaran sus oscuros nexos con gobernantes, políticos, empresarios, oligarcas y traficantes de drogas y armas, tenía una explicación.

Desde 1987, Ovalle es cliente de Mossack Fonseca y a través de los años ha solicitado prácticamente todos los servicios que la firma ofrece a sus clientes: ha creado sociedades, una fundación de interés privado, abierto múltiples cuentas corrientes en Panamá y paga anualmente para que los propios ejecutivos de Mossfon funjan como directores nominales de sus entidades offshore en el país centroamericano.

Para la firma panameña, que no acostumbra hacer ese tipo de gestos con cualquiera de los miles de clientes que integran su portafolio, Ovalle y su socio merecían trato premium.

Fue un viaje flash, de solo dos días, y el motivo era específico: reunirse con el licenciado Rigoberto Coronado, abogado de Mossack Fonseca, “para realizar ciertas gestiones para Sierra Leona S.A.”, la compañía que Ovalle creó en 1987 en Panamá para administrar sus diversas inversiones en Chile.

Sierra Leona es una de las cerca de 200 estructuras de papel vinculadas a Chile creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015. Alrededor de 70 de ellas se encuentran aún activas en los registros del bufete panameño y entre sus accionistas figuran el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, el empresario Isidoro Quiroga, y la familia Calderón Voloshinsky, controladora de la multitienda Ripley.

Son varias las razones que hacen de Alfredo Ovalle un cliente especial entre el grupo de chilenos que han abierto y operado sociedades offshore con Mossack Fonseca. De quienes aún cuentan con sociedades vigentes, es el que posee la más antigua (1987) y sus estructuras offshore tienen participación directa en sus inversiones en Chile.

A partir de la información contenida en los registros de Mossack Fonseca -y a la que accedió CIPER- no es posible cuantificar el monto de los dineros que Ovalle y sus socios mueven anualmente desde Chile a Panamá, pero un correo electrónico que allí se encuentra aporta una aproximación: US$1 millón. En octubre de 2012, el abogado de Mossack Fonseca, Rigoberto Coronado, le escribió a una subgerente del Banco Credicorp de Panamá con el objeto de abrir una cuenta corriente a nombre de Sierra Leona.

“Tengo un muy antiguo cliente chileno que tiene unas sociedades panameñas con nosotros. Esas sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos.¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? El promedio sería de 1MM anualmente”.

La respuesta que dio la ejecutiva al día siguiente fue: “Sí, creo que podemos hacer algo con tus clientes siempre y cuando presenten la información financiera de las compañías y quedemos claros con la respectiva distribución accionaria de las personas que estarán recibiendo dividendos en nuestra cuenta”.

Tras llevar a cabo un proceso de “due dilligence”, el Credicorp decidió no trabajar con la sociedad de Ovalle.

“Nos fregó este banco”, fue la respuesta que le dio Coronado a los propietarios de Sierra Leona. El pasado de Ovalle le obstaculizó en ese momento sus planes.

DE LAS ESCRITURAS A LOS NEGOCIOS

El abogado Alfredo Ovalle no siempre fue empresario. Hasta 1967, Ovalle se desempeñó como suplente del conocido notario de Santiago Enrique Morgan Torres. Ese mismo año, abandonó las escrituras por los negocios incorporándose a la sociedad constructora Foram. Cuatro años después, el 19 de agosto de 1971, adquirió el 10% de Foram Chilena Empresa Constructora de Viviendas Económicas, asumiendo como uno de sus tres administradores.

El 18 de agosto de 1976, y tras varias otras incursiones en el ámbito empresarial, Alfredo Ovalle y Raimundo Langlois Vicuña, su socio histórico, sellarían el primero de una serie de negocios con quien se convertiría en pieza clave de muchos de los posteriores emprendimientos de ambos abogados: el entonces jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren. De la mano del ex oficial de la Armada y hombre de confianza de Manuel Contreras, cabeza de la policía secreta de Augusto Pinochet, Ovalle y Langlois crearon la empresa Comercio Exterior Bío-Bío Limitada y, 12 días después, la sociedad Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur).

Fueron en total 13 las empresas en las que Ovalle, Langlois y Olavarría participarían como socios entre 1976 y 1982. La más importante sería el Banco de Fomento del Bío Bío, un negocio que llevaría a Ovalle a la cárcel por más de 40 días. En ese mismo período (76-82), Olavarría fue el jefe de las finanzas de la DINA, cuyo poder y redes, incluso financieras, se mantuvieron después que la salida de Contreras del organismo represivo diera paso a la creación de la CNI. Desde un discreto y secreto departamento ubicado en calle Doctor Charlín Nº 1481 (Providencia), el aparato financiero secreto de Contreras mantuvo sus vínculos con grupos terroristas en el exterior, como los de Milicia Nacionalista en Argentina. Una estructura que Olavarría ayudó a construir paso a paso.

A Humberto Olavarría solo le bastaba desplazarse unos pocos metros para llegar a Doctor Charlín Nº 1475, donde funcionaba la oficina de la Empresa Pesquera de Chile (EPECH) en Santiago. Una empresa estatal de San Antonio y de la cual se apoderó la DINA después del Golpe de Estado para convertirla en el pilar de su financiamiento secreto. Olavarría siguió siendo su administrador después que Contreras fue sacado de la dirección de la DINA, para operar como su liquidador en 1981, obteniendo beneficios para las empresas que tenía con Alfredo Ovalle.

El vínculo entre Ovalle y Olavarría no solo se remitió al ámbito de los negocios. Ovalle, que desde 1976 era el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (hasta 1979), fue el nexo entre el entonces jefe de las finanzas de la DINA y el abogado panameño Guillermo Endara Gallimany, quien encabezaba entonces uno de los más importantes bufetesen su país de gestión de sociedades de papel: “Endara, Solís y Guevara”.

Ovalle y Endara, quien en 1990 se convirtió en presidente de Panamá, se habían conocido en Nueva York en la década de los ’60, ciudad donde ambos realizaron cursos de especialización en derecho comparado. Fue el propio Endara quien siendo presidente de Panamá, en enero de 1990 relató en una entrevista con el diario La Tercera que durante sus estudios de post grado en Estados Unidos “explicó el sistema de sociedades anónimas de Panamá a un grupo de tres abogados chilenos (que no identificó por secreto profesional), los que utilizaron este medio para sacar capitales de Chile durante el gobierno de Allende y también en el régimen militar”.

Uno de esos tres abogados era Alfredo Ovalle. Endara y Olavarría formarían una prolífica, aunque mucho más temible, dupla. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, agosto de 1976, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamá, destinadas a financiar la Operación Cóndor: Edice Investment Inc., South Fishing Corporation y Entrecostera Panatlántica, entre otras. De muchas de ellas, Endara ofició de presidente. La pantalla perfecta.

Ovalle, mientras tanto, además de ser asesor ejecutivo de la presidencia de Codelco (1981-1985), siguió ampliando sus inversiones de la mano de Humberto Olavarría y Raimundo Langlois.Una de sus adquisiciones más polémicas data de 1978, cuando la Empresa Nacional de Minería (Enami) le vendió la estatal Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, cuya negociación hasta hoy se mantiene en la nebulosa. Ese sería el pilar de su nuevo centro de operaciones al que muy pronto se sumarian: Inversiones Mineras Norte , la Compañía Minera Las Luces y Minera Oro Andino. Esta última en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet y quien fuera desde 1980 hasta el fin de la dictadura (1990), directora del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín).

Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, que en 1999 fue rebautizada como Minera Las Cenizas, se convertiría en el negocio más importante y lucrativo de Ovalle, y también en el holding de sus inversiones. En diciembre de 2002, tras absorber a la Compañía Minera Las Luces, el capital de la sociedad de Ovalle ascendía a más de $17 mil millones y a través de ella participaba en otras cuatro empresas, entre ellas Minera Florida, cuyo capital por ese entonces superaba los $490 millones. 

DUDOSO “DUE DILLIGENCE”

Sierra Leona, de propiedad de Alfredo Ovalle, fue inscrita en el registro de comercio de Panamá el 20 de noviembre de 1987. Según las escrituras, su objeto es: “la compra, venta, arriendo y tenencia de toda clase de bienes muebles e inmuebles; la realización de cualquier tipo de operación comercial y financiera; y la apertura y operación de cuentas bancarias de cualquier naturaleza, con bancos en cualquier parte del mundo”.

Mossack Fonseca no solo gestionó la creación de esta sociedad. También le proporcionó el directorio pantalla, integrado por los ciudadanos panameños: José Alberto Ruiz, Diva Argelis Patiño, Leticia Montoya, Francis Pérez y Cornelio McKay, todos ejecutivos de la firma. Dos de ellos, Montoya y Pérez, se mantienen hasta hoy como directores nominales de Sierra Leona junto a Katia Solano, Imogene Wilson yMarta Edghill. Son los mismos nombres que se repiten una y otra vez en los directorios de miles de sociedades ficticias creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales: Leticia Montoya es directora de 11.038 sociedades offshore, repartidas en más de una decena de jurisdicciones; Katia Solano de 638 e Imogene Wilson de 422.

En medio del escándalo mundial que significó la publicación de los “Panama Papers”, Mossack Fonseca ha ocupado como defensa el que los chequeos que históricamente ha realizado el bufete antes de incorporar a nuevos clientes a su portafolio, son rigurosos y exceden con creces los estándares existentes en Panamá. Pero la práctica indica que los controles del organismo -tal como lo demuestra la investigación internacional de ICIJ y sus medios asociados- han fallado. Ovalle es uno más de una larga lista de personajes que lo evidencian.

A comienzo de los ‘80 Alfredo Ovalle se convirtió en Chile en el protagonista de un escándalo de proporciones. En 1983, junto a Mario Olavarría Aranguren (hermano del ex jefe financiero de la DINA) fue sometido a proceso en calidad del delito de autor de estafa y fraude contra el Banco de Fomento del Bío Bío, de cual Ovalle fue presidente en 1982, institución financiera de la cual también era socio Humberto Olavarría.

Cuando Sierra Leona fue inscrita por Mossack Fonseca en los registros comerciales de Panamá en 1987, Ovalle estaba en medio del proceso judicial. Recién en agosto de 1991, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda, dictó sentencia de primera instancia contra Ovalle y Olavarría: los condenó por delitos reiterados a 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa en dinero.

Entre las acusaciones figuran las millonarias pérdidas que experimentó el banco por créditos otorgados a empresas relacionadas. Entre ellas, la Sociedad Inmobiliaria y Comercial Asesora L.V.M. Ltda. y Reloncaví Dos, en ambas Ovalle era socio de Humberto Olavarría. También aparece allí la Pesquera Chauques, la cual recibió cuantiosos bienes de la pesquera de la DINA (EPECH). Todos ellos (incluyendo barcazas y el barco “Nordsee”) fueron liquidados por Olavarría. Pesquera Chauques era propiedad de Olavarría, Raimundo Langlois y Alfredo Ovalle, a través de Comercio Bio Bío.

El ministro Correa de la Cerda enfrentó múltiples problemas durante su investigación. El rumor que corría era que Manuel Contreras ocultaba dineros en el Banco de Fomento del Bío Bío. Finalmente, en su dictamen, el ministro señaló: “El banco otorgó a empresas y personas naturales relacionadas con su administración, préstamos cuantiosos sin garantía, en menoscabo de los intereses del banco”.

En mayo de 1998, Ovalle y Olavarría serían absueltos de todos los cargos por la Corte Suprema. El fallo de alzada sentenció que el Banco de Fomento del Bío Bío “tomó una serie de decisiones económicas excesivamente riesgosas e imprudentes consistentes en una serie de préstamos a empresas o personas relacionadas de enorme cuantía” y que se ejecutaron “operaciones excesiva e injustificadamente onerosas para el banco que terminaron en su insolvencia”. No obstante ese preámbulo, a reglón seguido el fallo señaló que Correa de la Cerda (falleció en diciembre de 1992) no había logrado demostrar a cabalidad la existencia de dolo en el actuar de los acusados.

Cuando Ovalle fue absuelto de cargos, Sierra Leona tenía casi 10 años de funcionamiento.

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Tras su creación, la offshore panameña Sierra Leona, cuyas acciones fueron emitidas al portador, comenzó a adquirir participación en distintas sociedades chilenas vinculadas a Alfredo Ovalle: Inversiones y Comercial Carahue, Inversiones Santo Domingo, Inversiones Santo Domingo II, Agrícola Forestal y Ganadera San Francisco de Polpaico, Inversiones San Ramón, Inversiones Trineo, Inversiones Paciflor e Inversiones Luciérnaga, entre otras.

El 12 de agosto de 2002, Alfredo Ovalle y su socio Raimundo Langlois, viajaron a Panamá para reunirse con los abogados de Mossack Fonseca. La razón del viaje se relacionaba con el interés del empresario chileno de adquirir dos nuevas sociedades panameñas que pasaron a controlar Sierra Leona. Tras la visita, aparecieron en el mapa de inversiones de Ovalle y Langlois: Thames Global Corporation y Blue Hill Group Incorporated, las que se quedaron con el 100% de las acciones de Sierra Leona en partes iguales.

Tras consolidar su estructura de negocios en Panamá y Chile, Ovalle y Langlois iniciaron otros movimientos financieros. El 17 de marzo de 2006 Imogene Wilson, una de las ejecutivas de Mossack Fonseca y directora de Sierra Leona, fue autorizada para abrir una cuenta corriente para la sociedad en la sucursal panameña del Banco Credit Suisse. Ella es la que aparece como titular de la cuenta, aunque se le entregaron poderes en calidad de abogados a Ovalle y Langlois para que pudiesen operarla.

Cuando Sierra Leona adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Santo Domingo II, Ovalle empezó a utilizar a esa última sociedad para participar en distintas empresas: Comercial Serendipity, Agrícola El Peumo e Inversiones Ariwash.

Francisco Ibáñez Concha, mano derecha de Ovalle y Langlois en Minera Las Cenizas, es quien históricamente ha llevado la relación con Mossack Fonseca. Lo usual, es que Ibáñez envíe instrucciones a Panamá para que el directorio ficticio de Sierra Leona consigne en actas oficiales las decisiones que Ovalle y Langlois adoptan respecto de sus negocios.

La apertura de la primera cuenta corriente de Sierra Leona en el Credit Suisse se dio tras una larga discusión interna entre ejecutivos de Mossack Fonseca, capítulo del que ni Ovalle, ni Langlois ni Ibáñez se enteraron.

El 9 de marzo Ibáñez había telefoneado al área financiera de Mossack Fonseca preguntando por los procedimientos a seguir para cambiar las acciones al portador de Sierra Leona por acciones nominativas. El propósito de Ovalle y sus socios era abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, país donde no aceptan realizar ese procedimiento en sociedades con acciones cuyo tenedor no esté identificado. También preguntó qué clase de documentos requerirían las entidades financieras estadounidense cada vez que recibieran transferencias por montos sobre los US$500.000.

Los ejecutivos de Mossack Fonseca planearon presentarle una alternativa que conviniera a los intereses de la propia firma. “Quiero venderle al cliente lo que más le conviene a la firma… pensaría que es abrir las cuentas en Panamá o ¿me equivoco?”, preguntó por correo electrónico la ejecutiva Julie Palacios. La respuesta de Ramsés Owens, uno de los abogados de la firma fue inmediata: “100%, por enmendar el pacto no ganamos mucho(se refiere al cambio de acciones a nominativas). Por tramitarle cuentas facturamos más, y lo tenemos como cliente cautivo por mucho más tiempo”.

Sin conocer los motivos detrás de las recomendaciones de Mossack Fonseca, Ovalle y sus socios optaron por Panamá como plaza financiera. Los movimientos continuaron.

A comienzos de 2007, los directores panameños de Sierra Leona, por instrucciones de sus clientes chilenos, resolvieron facultar a Francisco Ibáñez Concha para que “en uso de los poderes que detenta de la sociedad, actúe en Chile con las más amplias facultades y con el objeto de diversificar las inversiones que posee la sociedad en la empresa chilena Inversiones Santo Domingo II Limitada, retire utilidades de esa sociedad por una cantidad no superior a US$10,5 millones a objeto de invertirlos inmediatamente en Inversiones San Ramón Limitada”, sociedad vinculada a Ovalle.

El 23 de enero de 2007, según registro del Diario Oficial, Inversiones San Ramón Limitada fue modificada. La panameña Sierra Leona ingresó a su propiedad aportando $5.427 millones, quedándose con el 99% de las acciones. En febrero de 2009, Inversiones San Ramón, cuyo capital para entonces ascendía a $6.398 millones, sería dividida, dando origen (sin desaparecer) a otras tres empresas: Inversiones Luciérnaga; Inversiones Paciflor; e Inversiones Trineo, todas ellas controladas en un 99% por Sierra Leona.

BELLO AMANECER

El 23 de octubre de 2008, la junta directiva de Sierra Leona instruyó la apertura de una cuenta corriente en el Banistmo de Panamá. En esa misma reunión de directorio, se autorizó al abogado panameño Mario Fonseca López (propietario del bufete Fonseca y Abogados) para que la solicitara.

Fonseca López se había convertido en el hombre ancla de Ovalle y sus socios en Panamá, y en el punto de contacto más próximo con el bufete panameño. Fonseca López ha participado en la constitución de varias empresas pantalla y aparece como director o agente en algunas de ellas. Un artículo del diario El País (España) publicado en 1989 lo vincula como apoderado de la sociedad panameña The Rio Seco Business Company, compañía ligada a la familia asturiana Fernández Espina. Los Fernández Espina fueron investigados a fines de la década de los ’80 por sus conexiones con la familia del narcotraficante hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros.

En 2008, una nueva sociedad se incorporó a la estructura de Ovalle en Panamá: la Fundación Bello Amanecer. Entre los servicios que ofrece Mossack Fonseca está el de crear fundaciones de interés privado. Los beneficios que ofrecen son múltiples. En su propia página web los señala: “Una fundación de interés privado panameña, es una entidad que no tiene dueños, pero sí tiene beneficiarios cuyos nombres no son de conocimiento público (…) Se establece claramente un patrimonio separado. Como resultado de ello, la titularidad de los activos no puede ser atacada o impugnada una vez los activos han sido transferidos con éxito, a menos que dentro de los tres años de haberse transferido los bienes, se pueda demostrar que los mismos derivan de un acto criminal o fraudulento”.    

El 28 de octubre de 2008 a las 10:14, Rigoberto Coronado, de Mossack Fonseca, escribió un correo electrónico dirigido a su colega Verna Nelson, con las siguientes instrucciones: “Favor mandar a hacer acta de junta directiva de la sociedad Sierra Leona, en la cual se cancelen los certificados de acciones al portador, todos los existentes, y se emita uno solo en reemplazo de las acciones en circulación, a favor de Fundación Bello Amanecer”.

El acta de la junta directiva que oficializa esa reestructuración está fechada ese mismo día a las 10:30. Los directores que autorizan el movimiento son: Francis Pérez, Leticia Montoya, Imogene Wilson, Marta Edghill y Katia Solano. Así, las acciones al portador fueron canceladas y se emitieron nuevas por la totalidad del capital autorizado (US$10.000) “a cambio de su valor nominativo” y a favor de Fundación Bello Amanecer.

El 3 de diciembre de 2008, una nueva junta de accionistas de Sierra Leona resolvió autorizar la inclusión de Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Mario Fonseca López, como firmantes de la cuenta corriente que la sociedad tiene con el Banitsmo.

Ovalle, Langlois y Fonseca no solo adquirieron poder para operar la cuenta que abrió Sierra Leona con el Banistmo. El 2 de septiembre del 2009, una nueva junta directiva de la sociedad resolvió incluir “como nuevos firmantes” a las mismas personas en la cuenta corriente “que mantiene Sierra Leona en el Banco HSBC de Panamá, sucursal Obarrio”.

En junio de 2010, Sierra Leona y sus inversiones en Chile experimentaron nuevos movimientos. El 1 de ese mes, Francisco Ibáñez le escribió  a Rigoberto Coronado para que realizara una junta de accionistas “actuando los dignatarios panameños” para que se autorizara la aprobación de aumentos de capital en las sociedades chilenas Minera Buenaventura e Inversiones Santo Domingo II.

El Diario Oficial registra que al menos una de esas disposiciones se llevó a cabo en agosto de 2010. El capital social de Minera Buenaventura pasó de $2,5 millones a $4.895 millones. El aumento se realizó “mediante capitalización revalorización capital propio de la sociedad, acumulada según balance al 31 de diciembre 2009, ascendente a $412.912.889 y de utilidades acumuladas, según mismo balance, ascendentes a $4.430.716.352”.

A partir de esta reestructuración, la panameña Sierra Leona quedó con el 98% de las acciones, Cibelys con 1% (otra sociedad panameña de Ovalle) y Alfredo Ovalle con el otro 1%. De aumentos de capital de Inversiones Santo Domingo II en fechas cercanas a la aprobación de la junta directiva (junio 2010), no hay rastro.

ES UN PEP

En mayo de 2008, y a propósito de que la junta directiva de Sierra Leona había decidido emitir un poder especial a Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Francisco Ibáñez, se le pidió al departamento de “compliance” (cumplimiento) de Mossack Fonseca revisar sus antecedentes. El 5 de mayo de 2008, una ejecutiva de Mossfon escribió a “compliance”: “Buenos días, agradecemos ubicar información adicional del Sr. Alfredo Ovalle Rodríguez, cédula nacional de identidad de Chile N° (…) quien según el World Check realizado aparece como PEP (Persona Expuesta Políticamente)”.

La mayoría de las instituciones financieras en el mundo cuentan con políticas respecto de las personas catalogadas como PEP, consideradas de alto riesgo para la banca, lo que obliga a redoblar los esfuerzos en sus procedimientos de chequeo respecto de las operaciones financieras que éstos realizan.

La respuesta del departamento de cumplimiento de Mossfon fue la siguiente: “Les confirmamos que se trata de la misma persona, inclusive vemos que el número de cédula coincide. World check lo ha clasificado PEP, sin embargo revisando en Google podemos confirmar que no se encontraron artículos que lo relacionen con alguna actividad ilícita. Es posible que lo hayan clasificado PEP por haber ocupado el cargo de presidente de SONAMI (Sociedad Nacional de Minería) en Chile”.

Con esa información, el jefe del departamento de corporaciones de Mossack Fonseca, Edison Teano, zanjó el tema: “Si solo aparece como PEP por esa razón, no veo inconveniente en seguir adelante con el poder”.

El proceder de Mossack Fonseca no fue el mismo que siguió años después, en enero de 2013, el Credicorp de Panamá cuando decidió, pese a la insistencia de Mossack Fonseca, no abrirle cuenta corriente a Sierra Leona.

Tras informarle a la subgerenta del banco (16 de octubre de 2012) si la institución financiera tenía algún reparo con abrir una cuenta –a nombre de Sierra Leona– para recibir los dividendos de “una compañía minera allá en Chile”, Rigoberto Coronado de Mossack Fonseca le escribió a Francisco Ibáñez solicitándole una serie de documentos para entregarle un dossier al banco. Entre ellos, recomendaciones comerciales.

-“¿Cuándo dices recomendaciones comerciales, a qué te refieres?”, preguntó por correo electrónico Ibáñez.

–“Me refiero a una empresa que trabaje contigo, en realidad yo te puedo hacer una de Mossfon, no te preocupes por esa”.

El 23 de noviembre fue Coronado quien preguntó a Ibáñez: “¿Vamos a indicarle al banco que el último accionistas o beneficiario final es Alfredo Ovalle? ¿Cuánto será el depósito final?

A lo que Ibáñez respondió: “Efectivamente en Sierra Leona el beneficiario final es Alfredo Ovalle. El depósito inicial será cercano a US$100.000”.

Las tratativas con el Credicorp marchaban sin inconvenientes. Pero el 18 de enero de 2013 todo cambió. El banco rechazó la apertura de la cuenta. Frente a la negativa, Coronado escribió a la ejecutiva: “Hice que nuestro departamento de cumplimiento buscara y me reportaron lo mismo que ya tienen ustedes. Leí todo lo que aparece en la jurisprudencia de este caso (NdR: se refiere al extenso juicio del Banco de Fomento del Bío Bío, del que Ovalle fue absuelto en 1998)  y aunque no soy abogado chileno, mi formación me ayuda a entender que como todo buen litigio, se cumplieron las etapas procesales en este complejo caso y en la Corte Suprema de Justicia fueron absueltos todos los acusados”.

La respuesta del banco no cambió: “Hemos enviado nuevamente a consideración la cuenta, pero lamentablemente nos han solicitado desistir del trámite de don Alfredo. Favor confirmar cuándo retirarán los expedientes relacionados con la apertura”.

Entre los papeles que Ibáñez envío desde Chile para la apertura de la cuenta de Sierra Leona en el Credicorp de Panamá, aparecen dos dossiers. Uno corresponde a Ovalle y el otro a Langlois. En los de ambos están sus respectivas declaraciones de renta de los años 2011 y 2012. Para el año 2012, Ovalle declaró $741.134.283 (ítem subtotal renta global comp.) y pagó $161.882.696 en impuestos. Langlois, en tanto, declaró $523.395.348 (mismo ítem) y pagó $114.399.417.

El 2 de enero de 2014, los ejecutivos de Mossack Fonseca parecen haber logrado el objetivo de abrir una nueva cuenta corriente. En el acta de directorio que se llevó a cabo ese día, el Multibank de Panamá fue “designado depositario de los dineros de Sierra Leona”. Francisco Ibáñez, Mario Fonseca Imendia y Mario Fonseca López, quedaron con autorización para firmar.

El último documento disponible de Sierra Leona en los papeles de Mossack Fonseca, refiere a la tasa anual obligatoria que deben pagar todas las sociedades anónimas en Panamá (el único que deben hacer en ese país). El pago fue realizado el 23 de enero de 2015 y fue de US$300, monto que le cuesta a Ovalle y sus socios mantener activa esa sociedad en los registros comerciales de Panamá. La cifra total de dineros que llegaron desde Chile a las cuentas asociadas a sus entidades offshore permanece en secreto.

LAS CARTAS

El 22 de marzo pasado, CIPER envió a través de sendos correos electrónicos cartas para Alfredo Ovalle Rodríguez y para Raimundo Langlois Vicuña, preguntándoles sobre sus sociedades en Panamá. CIPER no recibió respuesta.

Ovalle optó por explicar su situación a través de una carta al director enviada al diario La Tercera, y publicada el miércoles 6 de abril:

“Señor director,
En relación con algunos comentarios recibidos producto de la mención de mi nombre en la prensa, quisiera precisar lo siguiente.

Con ocasión de la crisis económica que afectó a Chile en los años ochenta, algunas de las empresas donde participaba como accionista y administrador cayeron en quiebra. Esto dio lugar a procesos judiciales de los acreedores en mi contra, en todos los cuales fui completamente absuelto por la Corte Suprema de Justicia después de más de 15 años en los que, como es habitual en estos casos, me vi restringido de ser sujeto de crédito, adquirir bienes y poder actuar a mi nombre.

Producto de esta situación, me vi en la necesidad de partir nuevamente, y para los efectos de poder reiniciar mi vida empresarial, debí hacerlo a través de una sociedad extranjera.

Todas las utilidades de estos emprendimientos tributaron en Chile con el impuesto a la renta, y aquellas cantidades que se remesaron al exterior cumplieron con los deberes tributarios aplicables en Chile. Esta información está en conocimiento de las autoridades pertinentes de nuestro país y, tanto mis empresas como yo, estamos al día con nuestras obligaciones impositivas.

por Alberto Arellano