Julio López Blanco

14 de Mayo 2007 La Nación

Tribunal de Ética de Colegio de Periodistas sancionó a Claudio Sánchez y Julio López

Fueron sentenciados con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública. Sánchez fue condenado por negarse a declarar, mientras Canal 13 negó el video donde informó del montaje. Así se ocultó el asesinato de seis opositores.

El Tribunal de Ética y Disciplina del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile sancionó con un año de suspensión de la colegiatura y una censura pública a los periodistas Claudio Sánchez Venegas y Julio López Blanco.

Sánchez fue sancionado por negarse a concurrir a declarar ante la fiscal de esa instancia Doris Jiménez, en el caso montaje de la DINA en Rinconada de Maipú difundido en noviembre de 1975 por Televisión Nacional (Canal 7) y Canal 13 de la Universidad Católica, donde López Blanco y Sánchez, respectivamente, trabajaban e informaron sobre el montaje.

En este episodio, la DINA preparó el ardid para que se informara a la ciudadanía que seis “terroristas” del MIR y del Partido Comunista asesinados en las horas previas al 19 de noviembre de 1975 en el centro clandestino de Villa Grimaldi, en realidad habían muerto la mañana de ese 19 de noviembre en el sector de Rinconada de Maipú al sur de Santiago, enfrentados con agentes de la DINA y funcionarios de la policía civil.

Las seis personas murieron en Villa Grimaldi a manos de agentes de la DINA que, antes de dispararles, quemaron sus cuerpos con agua y aceite caliente, mientras que a Catalina Gallardo Moreno le sacaron los ojos. Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, otra de las víctimas, estaba embarazada de tres meses.

Testigo del estado de los cuerpos que aparecieron en la morgue fue el sacerdote José Aldunate, como entonces lo informó a los familiares y ahora al tribunal penal que investiga estos crímenes. Las otras víctimas son: Manuel Reyes Garrido, Alberto Gallardo Pacheco (PC), Luis Andrés Ganga Torres y Pedro Cortés Jeldres (PC).

También presenciaron los tormentos que estas personas sufrieron la noche del 18 de noviembre de 1975 en Villa Grimaldi las ex prisioneras Lelia Pérez Valdés y Patricia Medina que, casualmente, escucharon y vieron sus cadáveres tirados. “Escuchamos gritos que piden agua caliente y aceite caliente (...) Pasaban los guardias portando teteras y cosas así”, declaró Lelia Pérez a la fiscal Jiménez, al igual como lo ha hecho ante el ministro Alejandro Solís que indaga la causa que ya tiene varios procesados, entre ellos el temible “Ronco” Marcelo Moren Brito.

El Tribunal de Ética sancionó además a los ex profesionales de TVN, Roberto Araya Silva (periodista) con una censura pública y la expulsión del Colegio; y a Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, con un año de suspensión de la colegiatura. Pérez era jefe de prensa y Mayol, gerente general de TVN, pero con atribuciones sobre toda la programación.

Los hechos

La sentencia del Tribunal de Ética es la culminación de un sumario abierto por una denuncia interpuesta ante el Colegio de Periodistas en contra de Claudio Sánchez y López Blanco, por Isabel Gallardo Moreno a nombre de los sobrevivientes de las familias Gallardo y Ganga. La denuncia se originó por un reportaje de La Nación Domingo del 15 de junio de 2003, donde un ex DINA reveló el montaje.

Tanto en la investigación judicial como en la indagatoria del referido Tribunal de Etica, está acreditado que agentes DINA llegaron a Televisión Nacional para buscar a Araya y López Blanco, además de dos camarógrafos, llevándolos a Rinconada de Maipú a grabar el montaje, entregándoles el libreto de lo que debían informar.

Así lo admiten Araya y López Blanco en sus declaraciones ante la fiscal Jiménez, aunque este último insiste en que “nunca supe” que era un montaje, a pesar de decir que no vio “cadáveres ni sangre” producto del supuesto enfrentamiento.

La ex prisionera Lelia Pérez afirma que la noche del falso enfrentamiento los agentes subieron el volumen de la televisión que podía escucharse desde su lugar de detención, en el momento en que se transmitía la información oficial. “Lo que nos aterrorizó con Patricia (Medina) es que mientras en la televisión estaban leyendo, los guardias estaban leyendo el mismo informe en Villa Grimaldi. Iban al unísono y se reían mucho”.

Respecto de Vicente Pérez, entonces jefe de prensa de TVN, este dijo a la fiscal Jiménez no recordar ese episodio. Pero el Tribunal de Etica resolvió que “declaraciones de testigos señalan que eventualmente autorizó o al menos debió estar en conocimiento de la salida del equipo de periodistas y camarógrafos” a cubrir el falso enfrentamiento. “En este caso, el jefe de prensa es responsable de negligencia al abstenerse de consultar otras fuentes distintas de la oficial”, dice la sentencia. LN

Lunes 30 de junio de 2008     La Nación

Querella contra periodistas

Una querella por la participación penal que les cabría en el encubrimiento del asesinato por agentes de la DINA de seis militantes de izquierda -en noviembre de 1975- en el caso conocido como Rinconada de Maipú, será interpuesta en el curso de esta semana por el abogado Hugo Gutiérrez en contra de los periodistas Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Vicente Pérez Zurita, Roberto Araya Silva y Manfredo Mayol.

El abogado Gutiérrez dijo a La Nación que "luego que el tribunal de ética del Colegio de Periodistas sancionó a estos profesionales, considerando que les cupo responsabilidad ética en su conducta por estos crímenes -incluso el Colegio pidió perdón público-, creemos que la justicia debe pronunciarse respecto de la culpabilidad penal que les pueda corresponder".

Gutiérrez manifestó "nosotros sostenemos que a ellos les cupo responsabilidad como cómplices de estos delitos, pero eso deberá establecerlo el ministro Alejandro Solís que instruye el proceso por estos hechos".

Para el abogado querellante, "una parte importante de la ciudadanía siente que estas personas deben enfrentar un tribunal y que éste decida si son o no culpables".

Hasta ahora, Sánchez, Pérez y Mayol no han prestado declaración en el proceso, lo que tras la presentación de esta querella, deberían hacer "en calidad de inculpados", como lo pedirá Gutiérrez. Sí lo han hecho Julio López y Roberto Araya.

Sería la primera vez que en una causa por violaciones a los derechos humanos se busca que un tribunal establezca si profesionales de la prensa tuvieron o no responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad.

En el sumario ético que abrió el Colegio de Periodistas, Julio López reconoció que concurrió hasta Rinconada de Maipú junto a agentes de la DINA, al igual que Roberto Araya, que además integraba esa organización. En esa investigación, quedó establecido que agentes pasaron a buscarlos a TVN, donde ambos trabajaban entonces junto a Vicente Pérez y Manfredo Mayol.

En el caso de Claudio Sánchez, canal 13 -lugar donde trabajaba en 1975- confirmó en una carta al Colegio que Sánchez aparece informando del suceso en un video, material que no entregaron por "asuntos laborales" pendientes con el periodista.

Los cinco mencionados fueron sancionados con suspensión de sus colegiaturas y censura pública, excepto Araya que fue expulsado. Sánchez recibió su sanción por negarse a declarar. Éste recurrió a la Corte de Apelaciones en contra del fallo que lo sentenció, pero perdió por unanimidad en la Novena Sala de ese tribunal.

El falso enfrentamiento de Rinconada de Maipú consistió en difundir a través de esos medios la información de que los seis opositores de izquierda murieron enfrentados con agentes de la DINA.

Sin embargo, el ministro Solís acreditó que las seis personas fueron torturadas y acribilladas en el centro clandestino de Villa Grimaldi y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes. Las víctimas fueron Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Manuel Reyes, Alberto Gallardo, Luis Ganga y Pedro Cortés.

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