Ricardo Claro Valdés
Ricardo Claro fue un férreo defensor de la dictadura militar; sindicado por un ex agente de la DINA. Actuaba como el principal financista de la DINA.
Se integró al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el gobierno militar.
Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total. El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.
A Ricardo Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Según ha relatado Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas y ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a carabineros.
Hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus "pasajeros" perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.
Fuentes de Informacion: La Nacion; Comision Funa; The Clinic; PoliticaConoSur; Archivo Memoriviva
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The Clinic
19 de Marzo 2004
Las empresas de la tortura
Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la llaman sus amigas- recuerda que ese viaje, que pudo ser el último de su vida, lo realizó a bordo de un camión cerrado que pertenecía a la Pesquera Arauco.
Según ella y otros ex presos consultados por The Clinic, esta empresa de la V Región puso disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Pesquera Arauco no es el único caso de una compañía privada que prestó una infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Por el contrario, en los diferentes proceso por las violaciones a los derechos humanos emergen reiteradamente empresas grandes y pequeñas que colaboran libremente con material e información: un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión del horror.
Entre estas empresas destaca la Sudamericana de Vapores. Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos.
Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.
María Eliana Comene fue una de ellas. Cuenta que entre el 19 y el 20 de septiembre la sacaron de el Buque Escuela "Esmeralda" y la trasladaron al barco de la Sudamericana.
“Recuerdo que el muelle estaba lleno, pero lleno de gente. Las personas estaban botadas como bultos en el suelo. En el Lebu, a los hombres los metieron en la bodega y a las mujeres nos llevaron a unos camarotes. Éramos tantas que para dormir teníamos que sentarnos con las rodillas tomadas. Nos podíamos bañar con agua helada, pero antes de las seis de la mañana, porque después se cortaba el agua.”
Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron, no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera.
Algunas instituciones educacionales privadas, también colaboraron con la violación de los derechos humanos. Es el caso de la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente del barrio Los Placeres, de Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado, para que durmiera allí la guardia militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la Academia Guerra Naval, donde se realizaba el interrogatorio duro y por donde pasaron cerca de mil 500 personas.
En provincia, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. En Osorno, la Fabrica Elaboradora de Cecinas, FELCO, facilitó sus bodegas, para la detención de presos políticos. Allí estuvo detenido Hernán, quien prefiere reservar su apellido, pues aún le pesan los años de dictadura. Recuerda que llegó encapuchado a un lugar que no conocía: un galpón metálico de 10 por 10 metros. Pero varios de los 150 detenidos identificaron rápidamente el sitio y se lo comunicaron al resto: estaban en las bodegas de FELCO. En el lugar sólo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Tras un par de días Hernán fue trasladado al Estadio Español de la ciudad, otro recinto facilitado por privados.
El abogado de derechos humanos Hiram Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues "sin la complicidad de ellos la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad y mucho menos la duración que tuvo". Agrega que "muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que el final era una represión".
Una de las muestras más feroces de los servicios voluntarios se encuentra en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al Golpe de Estado. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes. A comienzos de marzo, la jueza María Estela Elgarrista les dio la razón y procesó a un carabinero y dos civiles por el delito de secuestro y homicidio calificado. Los civiles, Claudio Oregón Tudela, Juan Balcázar Soto, son pequeños empresarios de la zona.
Las listas
Un porcentaje considerable de ex presos políticos y desaparecidos fue detenido en su mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas a la naciente dictadura, fue la elaboración de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos, listas de la muerte.
Juan Báez trabajaba en la empresa Portuaria de Valparaíso como pañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la compañía.
Algo similar a lo ocurrido en la ENAMI, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como "traidores" o "personas peligrosas para las faenas de la empresa". Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la Industria Textil Viña y la Unión Lechera de Aconcagua.
Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenía preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada, como la que realizaba cuando era empleado de la Portuaria de Valparaíso.
Con todo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.
“Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias,” relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado.
El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.
“Nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados,” dice el penalista. Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en qué condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.
Certificados
La Universidad Católica de Valparaíso no escapó a esta ola de soplonaje. Tras el golpe, la UCV quedó en manos de un marino quien contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la escuela de Ingeniería donde les informaban si estaban "sin problemas", "condicional" o "expulsados". Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de "ser un peligro para la actividad académica de la universidad, por su condición de extremista violentista". Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado sino borrado de los registros de la universidad.
Peor suerte corrieron al menos tres estudiantes de la UCV incluidos en esa fatídica lista. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al Regimiento Maipo dónde se les perdió el rastro; en tanto, Silvio Pardo, estudiante de derecho, desapareció en el Cuartel Silva Palma.
Núñez cree que la UCV está en deuda con esas personas y que una forma de reparar su colaboracionismo "sería que la universidad, en un gesto digno, les diera un titulo póstumo a todos los que fueron víctimas de la represión. Eso no les cuesta un peso. Pero falta la voluntad política para enfrentar las culpas propias".
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La Nacion
5 de Diciembre 2004
LOS IMPERDONABLES
Ninguno de ellos colocó un cátodo de electricidad o introdujo ratones en los cuerpos de algunos de los miles de prisioneros torturados. Ni siquiera los golpearon. Pero como lo reconoció el general Juan Emilio Cheyre, en esto hubo una responsabilidad institucional, que por cierto va más allá de los uniformados. Fue un entramado político, jurídico y comunicacional que dio sustento al régimen militar, tal como lo consigna el informe sobre Prisión Política y Tortura. Estos hombres no vistieron uniforme, pero sí se pusieron la camiseta para avalar estos horrores. Algunos dicen que no sabían, que fueron engañados y que incluso ayudaron para que estos hechos no siguieran ocurriendo. El 76 por ciento de los consultados por la Fundación Futuro cree que sí sabían. El 84 por ciento estima que deben pedir perdón. Y usted ¿qué cree?
AGUSTíN EDWARDS
Los atentados y restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura fueron los más duros y extensos en la historia de Chile. Desde el mismo día del golpe se cerraron y se expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados y algunos hasta asesinados, como el editor de Análisis José Carrasco.
Sin embargo, los medios que subsistieron -El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa, Ercilla y La Nación- nada dijeron al respecto, salvo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el Informe sobre Prisión Política y Tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura "constituyeron un soporte cotidiano del gobierno".
Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial de El Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba "plenamente justificada" porque el país se encontraba en guerra. También alude a un editorial de Las Ultimas Noticias, de abril de 1978, en el que se celebraba el "buen criterio, ponderación y responsabilidad" con que actuaba el régimen.
El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de La Segunda, de junio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en las listas de detenidos desaparecidos: "Miristas se matan como ratas". Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, El Mercurio publicó que "estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile".
Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Agustín Edwards Eastman. El 'Duny', como le llaman sus cercanos, no ha hecho ningún gesto de arrepentimiento.
La Tercera también hizo lo suyo y reprodujo esta noticia tal y como la presentó la DINA en sus comunicados. Incluso fue más allá. Sostuvo que el hallazgo de los cadáveres "ponía en descubierto las burdas maniobras con que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", agregando que Amnesty International "no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile". El director de La Tercera a esa fecha era Alberto Guerrero.
JAIME GUZMÁN
El asesinado senador fue de los primeros civiles en ponerse a disposición de los militares. No ejerció cargo de autoridad en el gobierno, pero operó en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escribía sus discursos- y, tiempo después, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y luego de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales, que dieron sustento jurídico al régimen.
Sólo días después del golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: "El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta... Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles".
El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (entre 1970 y 1972), tenía en mente desde los inicios del régimen la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen. De hecho él mismo lo definió como "un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión", cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.
Fue así que el gremialismo -y UDI después- se levantó como el principal grupo de poder de la dictadura. La historia se encarga de confirmarlo. Los nueve senadores de la UDI en ejercicio fueron funcionarios de Pinochet y la mayoría de sus diputados fueron alcaldes designados o directivos de la Secretaría Nacional de la Juventud. Todos los presidentes que la UDI ha tenido fueron también funcionarios del régimen: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refinería de Con Con y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
JOVINO NOVOA
Después de conocer el Informe Valech, Jovino Novoa dijo que los civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos. "La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos", sostuvo, refiriéndose a la "civilización" del régimen iniciada en 1978, cuando la DINA fue reemplazada por la CNI y asumió el ministerio del Interior el hoy senador por la UDI Sergio Fernández. Mérito que también le correspondería, porque él entró al gobierno militar en junio de 1979.
Pero si bien el Informe Valech sostiene una baja numérica de las prácticas de tortura después de esa fecha, igualmente consigna que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos "se caracterizó por un mayor refinamiento", tanto en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaron la tortura como en el empleo de aparatos más sofisticados, que permitían graduar el voltaje de la electricidad que aplicaba a las víctimas.
"La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos ...favorecía la aplicación de torturas", afirma el informe. Y esas autorizaciones venían del Ejecutivo en el que Novoa participaba.
Mientras Novoa fue subsecretario General de Gobierno, en esas dependencias se planeó el asesinato de Tucapel Jiménez. Y, según afirmó el hijo del sindicalista a LND, Novoa fue quien "dio la orden de perseguir y amedrentar" a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo. Los tribunales no encontraron razones para juzgar a Novoa.
Además del control de la Secretaría de los Gremios, la Segegob tenía a su cargo la Secretaría Nacional de la Mujer y de la Juventud y la movilización de civiles para los actos del régimen. También le correspondía ejercer el control de los medios de comunicación, que incluía el nombramiento de ejecutivos y directores en TVN y La Nación, la censura previa ejercida por Dinacos y la implementación de la política comunicacional.
Al término de sus servicios en el aparato de gobierno, Novoa asumió como jefe de servicios informativos de El Mercurio.
RICARDO GARCÍA
Ricardo García Rodríguez reemplazó a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985, implementando una política aún más dura que la de su antecesor. Debutó en el cargo con el caso degollados, ocurrido en marzo del mismo año, que terminó con tres profesionales comunistas muertos y abandonados en un camino en Quilicura y determinó la salida de la Junta Militar del director general de Carabineros César Mendoza. Al mes siguiente fue secuestrada la sicóloga Carmen Andrea Hales, hija del ex ministro de Minería Alejando Hales y hermana del diputado Patricio Hales.
En julio de 1986, durante la represión de una protesta, son quemados vivos los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quien fallece a consecuencia de las lesiones.
Tras el atentado contra Pinochet, en septiembre de ese mismo año, García decreta el estado de sitio. La medida se tradujo en allanamientos masivos y diversas operaciones en toda la Región Metropolitana, con más de un centenar de detenidos; entre ellos, el ahora Presidente Ricardo Lagos, el actual diputado Patricio Hales, el ex ministro Germán Correa, entonces dirigente del MDP, y el sacerdote Rafael Maroto. Simultáneamente decretó el cierre de las revistas Análisis, Apsi, Hoy, Cauce y La Bicicleta, del diario Fortín Mapocho y las agencias Ansa, Reuter y Latín Reuter.
En la madrugada del 9 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios el editor internacional de Análisis José Carrasco, el electricista Felipe Rivera, el publicista Abraham Muskatblic y Gastón Vidaurrázaga. Al día siguiente aparecieron los cuerpos de los cuatro infortunados, con 15 balazos cada uno.
En 1987, poco antes de abandonar el cargo, Ricardo García firma el requerimiento en contra del dirigente socialista Clodomiro Almeyda.
Su hermano, Juan Ignacio García, fue designado director del Servicio Electoral cargo que desempeña hasta hoy.
CURA HASBÚN
Entre las víctimas de la dictadura se cuentan cuatro sacerdotes asesinados: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán. Otro, Antonio Llidó, engrosó las listas de los desaparecidos tras ser detenido por la DINA en 1974. Decenas de curas y monjas sufrieron tortura en centros de detención y centenares debieron abandonar el país con órdenes de expulsión.
Mientras todo esto ocurría, Hasbún se dedicaba a dar sus opiniones por las pantallas de canal 13, en las páginas de El Mercurio y en radio Agricultura. Desde allí apoyó y alentó a las fuerzas de seguridad y al régimen en general. También fue un ferviente defensor de Colonia Dignidad. El Informe Valech señala que "hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura".
Hasbún sostuvo en su oportunidad que Chile debía estar "agradecido" de la DINA, que el sufrimiento de Pinochet en Londres era similar al de Jesucristo y que el juez Garzón era un "sinvergüenza". En una de sus últimas intervenciones en Canal 13, dijo que los socialistas son "intrínsecamente antipatrias" y "parásitos que profitan chupando la sangre ajena". Hoy sigue haciendo de las suyas en las pantallas del Mega, el canal de Ricardo Claro.
SERGIO ONOFRE JARPA
Sergio Onofre Jarpa es uno de los 39 extraditables del juez Garzón. Este fundador de RN y ex presidente del partido fue delegado del régimen ante la ONU en 1974, embajador en Colombia y en Argentina y ministro del Interior entre 1983 y 1985. Su misión en esta cartera fue encabezar la apertura, la transición que terminaría por entregar el gobierno a la civilidad. En ese contexto inició el diálogo con la opositora Alianza Democrática, bajo los oficios del cardenal Juan Francisco Fresno. Pero ello no detuvo la ola de violencia política, todo lo contrario.
A sólo un día de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sacó 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones más populares.
Su mandato estuvo lleno de hitos en la violación de los derechos humanos. La comisión Rettig consignó decenas de muertes a manos de los servicios de seguridad durante su período, algunas en acciones concertadas. Como la ocurrida el 7 de septiembre del mismo año, cuando la CNI ejecutó a cinco miristas en calle Fuenteovejuna y Janequeo. En este proceso, Jarpa declaró como inculpado. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en la plaza de Concepción, como una manera desesperada de exigir que la CNI liberara a sus dos hijos que estaban siendo torturados en recintos secretos. El hecho dio pie para la creación del Movimiento Nacional Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que quiso oponer la no violencia a la brutalidad del régimen. Sus miembros fueron violentamente reprimidos en cada una de sus manifestaciones, no sólo por carabineros, sino también por los memorables "gurkas", civiles que se infiltraban entre los manifestantes y que hicieron su debut con Jarpa.
En agosto de 1984, tuvo lugar otro operativo simultáneo de la CNI en varias ciudades del sur, que dejó 7 miristas muertos.
Mientras Jarpa estuvo en Interior, se creó también la Dicomcar, el aparato de inteligencia de Carabineros, que operó impunemente durante este período, igual que el Comando de Vengadores de Mártires, Covema.
Jarpa tampoco trepidó en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para clausurar medios y aplicar una férrea censura a otros, que terminó con ediciones de revista Hoy, Apsi y Análisis con páginas en blanco. Las detenciones, amedrentamientos, golpizas y relegaciones de periodistas se hicieron cotidianas.
Jarpa dejó su cargo en medio del Estado de Sitio.
AMBROSIO RODRÍGUEZ
El ahora presidente del Tribunal Supremo de RN, Ambrosio Rodríguez, comenzó sus servicios a la dictadura como encargado de los sumarios a los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, recién acaecido el golpe de Estado. Por esa vía expulsó al 80 por ciento de los docentes, aduciendo que impartían marxismo en sus clases.
En 1977 tuvo una oscura participación, en calidad de abogado de la familia, en la desaparición en Argentina del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Pese a ser citado a declarar en varias oportunidades en este caso, nunca se presentó ante tribunales.
A poco andar se transformó en asesor jurídico del ministerio del Interior y, en esa calidad, en 1978, declaró a la prensa que "los supuestos desaparecidos" estaban viviendo en el extranjero con identidades falsas. En el mismo cargo, en 1980 representó al gobierno militar en la vista del recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto la expulsión del país del DC Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y ganó la contienda.
Años después se le inventó el cargo de Procurador General de la República para darle más prestancia. Allí estaba cuando, en 1988, se ejecutó la Operación Albania, que terminó con 12 miembros del FPMR muertos a manos de la CNI. Para validar la tesis del enfrentamiento, que luego los tribunales se encargaron de desvirtuar, Rodríguez aseguró que todo se había hecho en presencia de un juez y un fiscal.
Tras el término de la dictadura, Rodríguez ha complementado sus actividades políticas con el ejercicio de su profesión de abogado, en la defensa de Augusto Pinochet, en Londres y Santiago; del ex director de la CNI Humberto Gordon; de los procesados en el Caso Degollados; de Augusto Pinochet junior en el caso Pinocheques; y en la mismísima Operación Albania.
También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado "por notable abandono de deberes" en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.
MANFREDO MAYOL
Manfredo Mayol es en la actualidad uno de los samuráis de Lavín, encargado del manejo comunicacional de su candidatura. Misma función que cumple en la UDI, en donde ha tenido una importante participación en el manejo del caso Spiniak. En mayo de este año, tras la salida de Longueira de la presidencia del partido, Mayol obtuvo la primera mayoría como integrante de la nueva comisión política de la colectividad.
En tiempos de dictadura, Mayol fue vicepresidente de Radio Minería, director de Ercilla y ejecutivo de canal 13 y TVN. Para el golpe, Mayol era subeditor de prensa en canal 13 y el sacerdote Raúl Hasbún el director del medio. Cuando Hasbún dejó el cargo, en marzo de 1974, Mayol ascendió a editor. En 1978, para la consulta, era gerente de TVN.
Para el plebiscito del 88, era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas, y fue uno de los convocados por el ministro del Interior Sergio Fernández para mejorar la franja del Sí, después que su primera edición alterara los ánimos de los pinochetistas. Fue uno de los creativos que puso a la ex esposa de Ricardo Lagos en la pantalla haciendo íntimas y duras críticas a su ex cónyuge. Lejos de repuntar, la franja del Sí perdió más adherentes.
A Mayol se le atribuye también la autoría de varios tongos comunicacionales ideados para distraer la atención pública de los hechos que ocurrían en el país. Uno de ellos es el exagerado despliegue de prensa para el paso del cometa Halley, que finalmente casi nadie vio. Otro, más ambicioso, fue en las apariciones de la virgen en Villa Alemana entre junio de 1983 y mediados de 1988, cuando las protestas contra el régimen ardían.
El compromiso de Mayol con el régimen fue más allá de su desempeño profesional como publicista. Mayol integró el Frente Juvenil que surgió como un movimiento de apoyo al régimen en la ceremonia de Chacarillas, en julio de 1977, y mantuvo estrechos vínculos con agentes de seguridad. De hecho, la propia defensa de Alvaro Corbalán Castilla, en el caso Operación Albania, aportó a tribunales la nómina de vistas registradas en su residencia la noche anterior a cometerse el crimen. Entre ellas estaba Manfredo Mayol.
RICARDO CLARO
Ricardo Claro se integró al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el gobierno militar.
Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total. El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.
A Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Según ha relatado Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas y ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a carabineros.
Hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus "pasajeros" perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.
SERGIO DIEZ
El ahora presidente de RN fue delegado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General ONU en 1975. Allí le tocó dar explicaciones por más de un centenar de chilenos que figuraban como detenidos desaparecidos en listas elaboradas por organismos de derechos humanos.
En su impecable labor presentó documentos para desmentir las acusaciones. Entre ellos, falsos certificados de autopsia emitidos por el Instituto Médico Legal que indicaban la muerte en enfrentamiento de algunas de las víctimas. En otros casos mostró certificados del Registro Civil que afirmaban que algunos "no tenían existencia legal en Chile".
La tienda de Diez tampoco está exenta de responsabilidad, pese a que a sus dirigentes les fascina sostener lo contrario, argumentando la "juventud" del partido. RN nació en plena dictadura. Su antecesor directo, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand, fue digitado desde el gobierno en 1983 por el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La fundación de RN, en 1987, reunió al MUN con la UDI y el Frente Nacional del Trabajo, fundado por Jarpa cuando abandonó el gobierno, en 1985. Esta unidad se quebraría recién en 1988, cuando el plebiscito estaba ad portas.
Sus principales figuran tampoco nacieron ayer. De los siete senadores que hoy tiene RN, sólo Alberto Espina no participó en el régimen militar. Carlos Cantero fue alcalde designado; Mario Ríos Santander fue subsecretario general de Gobierno, director del área de salud de la Corporación Nacional de Desarrollo Social, asesor de los ministros de Salud y Hacienda, presidente de Chile Films y alcalde desigado; Antonio Horvath fue director de Vialidad en Aysén y luego seremi de Obras Públicas; Baldo Prokurica fue intendente subrogante y gobernador; José García Ruminot fue seremi de Gobierno, jefe del Departamento Social de la Intendencia y alcalde designado; y Sergio Romero fue subsecretario de Agricultura.
Más de la mitad de sus diputados también tuvo cargos en el gobierno militar. Entre ellos, Alberto Cardemil, quien fue asesor del Ministerio de Agricultura, vicepresidente ejecutivo de Indap, representante del gobierno militar ante misiones especiales, subsecretario de Agricultura subrogante y subsecretario del Interior.
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Comision Funa
Martes, 28 de octubre de 2008
Ricardo Claro, que en paz no descanses
Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, trabajadores de la empresa Elecmetal -propiedad de Ricardo Claro - él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.
-Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias- relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado. El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.
-Nadie se le paso por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados- dice el penalista.
Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.
Este empresario formo parte del directorio de ELECMETAL (junto con Fernando Gazmuri Plaza, Danilo Garufulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y Patricio Altamirano) entregó a sus trabajadores para que los asesinaran: José Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores.
También era dueño de la Cía. Sudamericana de Vapores al momento del Golpe Militar y facilito sus barcos para que allí fueran torturados y hecho desaparecer muchos chilenos. Cómplice de los asesinatos de la dictadura.
Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua.
Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.
Siempre se ha hablado de que los cuerpos de los prisioneros no sólo fueron arrojados al mar desde helicópteros del Comando de Aviación del Ejército, como está comprobado en la investigación del juez Juan Guzmán en el proceso por la muerte de Marta Ugarte, sino que también fueron lanzados desde algún barco y su obra se atribuye a la Armada.
RICARDO CLARO VALDES, COMPLICE DE LA DICTADURA: Fue FUNADO y REFUNADO EL 2000
El empresario Ricardo Claro Valdes formo parte del directorio de ELECMETAL que entrego a sus trabajadores para que los asesinaran.
Hoy es presidente del directorio de dicha empresa.
También era dueño de la compañía sudamericana de vapores al momento del golpe de estado y facilito sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos Chilenos.
Claro Valdes es dueño además de las empresas Cristalerías Chile, Viña Santa Rita, Metrópolis-Intercom, Revisión, El Diario, Bazuca.com y de Internet Holding que agrupa los sitios Jurídica, primepagina, chilevinos, areasalud,, elgolpe, y areafinanzas,aparece en la revista FORBES como uno de los hombres mas ricos del mundo,todo ello gracias a sus relaciones con quienes sometieron a Chile y sus trabajadores para despojarlos de las conquistas alcanzadas tras largos años de luchas.
Junto con ser cómplice de los asesinatos de la dictadura es uno de los que se han aprovechado al máximo la nueva sociedad impuesta para seguir enriqueciéndose mientras el resto de los Chilenos apenas subsiste.
El 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal,que después de estar en manos de los trabajadores fue devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta Militar,entregó a seis de sus trabajadores,algunos dirigentes de la empresa y otros del cordón Vicuña Mackenna,a un piquete compuesto por efectivos del Ejercito y Carabineros.
Los trabajadores José Devia Devia,Jose Maldonado, Augusto Alcayaga,Miguel y Juan Fernandez Cuevas y Guillermo Flores,fueron asesinados brutalmente y repartidos en diversas calles de santiago. Solo por casualidad fueron encontrados en el instituto medico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.Sus cuerpos presentaban torturas y múltiples impactos de bala.
La decisión de entregarlos fue tomada por el directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdes,Fernan Gazmuri Plaza,Danilo Garafulic,Gustavo Ross Ossa,Raul Briones y el delegado de la Oficial de los Golpistas Patricio Altamirano,quien personalmente retiene en su oficina a Juan Fernandez Cuevas y lo entrega a sus ejecutores.Los Demas dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.
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Un delator en la comitiva de Michelle Bachelet en México
Pero la memoria todavía existe - Por Margarita Labarca Goddard
Distribuido por Politica ConoSur - Marzo 2007
Soy chilena, abogada. Salí de Chile exiliada con mi familia con motivo del golpe militar y desde hace muchísimos años vivo en México: mi vida, mi trabajo, mis hijos están en este país. Aquí murió mi marido y aquí están depositadas sus cenizas.
Al leer las noticias sobre la visita de la presidenta Michelle Bachelet veo que forma parte de su comitiva Ricardo Claro Valdés.
Ricardo Claro era compañero mío en la escuela de derecho de la Universidad de Chile, en el año 1954. En ese tiempo estaba vigente en Chile la Ley de Defensa de la Democracia, llamada Ley Maldita, que puso fuera de la ley al partido comunista y mandó a campos de concentración a sus militantes o a quienes eran acusados de serlo.
Sin embargo, el Partido Comunista subsistía. En la escuela de leyes había un pequeño núcleo en el cual yo militaba. Básicamente realizábamos tareas de propaganda: repartir documentos y un diario mural. Lo hacíamos abiertamente, porque creíamos que a nadie se le ocurriría coartar la libertad de expresión dentro de la Universidad.
Pero a Ricardo Claro sí se le ocurrió. Nos denunció a las autoridades policiales por estar infringiendo la ley. Delató a sus propios compañeros de estudios: su propósito era que fuéramos a parar a la cárcel o a un campo de concentración. Finalmente no pasó nada, porque el gobierno de entonces no era tan torpe como para entrar a la Universidad a detener a unos chicos ingenuos y bastante inofensivos.
Se podrá decir: “Hace tantos años… Fue un pecado de juventud”. Pues no; la delación no es tolerable nunca. A los niños generalmente se les enseña que jamás deben “acusar” a un compañero. Y Claro lo hizo libre y espontáneamente.
Por lo demás, este “pecado de juventud” fue un digno comienzo para su trayectoria posterior. Al respecto sé lo que sabe todo el mundo: que Claro se convirtió en un exitoso empresario, dueño, entre otras cosas, de la Compañía Sudamericana de Vapores. Y que en los comienzos de la dictadura, muchos prisioneros políticos detenidos en Valparaíso y lugares cercanos fueron llevados a barcos convertidos en centros de detención y tortura. Dos de estos barcos, el Lebu y el Maipo, pertenecían a esa compañía, que los facilitó para esos efectos. Todo esto se encuentra documentado en el Informe Valech, una comisión de prestigio e independencia incuestionables, que investigó las detenciones y torturas y entregó su informe en 2004. Los datos de los barcos de Ricardo Claro se encuentran en las páginas 356, 365 y 366 de ese documento.
No dudo de que el señor Claro tenga muchas otras actuaciones “interesantes” –que fue asesor del gobierno de Pinochet, por ejemplo-. Pero creo que con las que he señalado es suficiente.
Y ahora está en México, formando parte de la comitiva de la presidenta Michelle Bachelet, para reunirse con empresarios mexicanos y hacer negocios patrocinado por el gobierno de la Concertación. Bussines por encima de todo, esa es la consigna .
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La Nación
Martes 23 de septiembre de 2008
Fallo adverso a Claro en juicio contra La Nación
Luego de casi cuatro años de publicado en La Nación Domingo el reportaje "La cara civil de la tortura: los top ten", Ricardo Claro Valdés perdió el juicio que entabló en contra del entonces director del medio, Juan Walker Edwards, y de la periodista Ana Verónica Peña por injurias graves con publicidad.
Ambos profesionales fueron notificados ayer de la sentencia absolutoria en la causa criminal y del rechazo en todas sus partes de la querella civil presentada en su contra y, subsidiariamente, en contra de La Nación por mil millones de pesos por supuestos daños morales causados a Claro con la publicación del reportaje -y de una foto suya en la portada del 5 de diciembre de 2004- referido al soporte comunicacional, jurídico y político que tuvo el régimen militar para violar sistemáticamente los derechos humanos en Chile.
Claro fue uno de los diez civiles con que el medio ejemplificó periodísticamente este apoyo o desprotección a los derechos fundamentales, en el contexto que estableció el "Informe sobre prisión política y tortura", elaborado por la Comisión Valech, dado a conocer en noviembre de ese año.
Entre los testigos que prestaron declaración a favor de Claro, para establecer "el daño moral sufrido", se encuentran el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, el senador Fernando Flores y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Colombo Campbell.En el fallo el tribunal establece que Ricardo Claro "no ha controvertido las afirmaciones" referidas a su persona, que dicen relación a su apoyo e integración al gobierno militar desde el mismo 12 de septiembre de 1973.
Por otro lado establece que "si el querellante ha estimado que su inclusión en el referido reportaje contiene imputaciones falsas, se ha sentido ofendido o injustamente aludido, la forma más rápida y eficaz de revertirlas habría sido ejercer su derecho consagrado constitucionalmente a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida por el mismo medio".
Asimismo, la sentencia consideró que el reportaje no se encuentra referido sólo a su persona, que está redactado en términos narrativos haciendo referencia a hechos ya publicados por otros medios y que no existe en él ánimo "o intencionalidad ofensiva de las expresiones contenidas en el reportaje de marras".
El tribunal también señala que la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo constituyen un "derecho fundamental de todas las personas" y que queda de manifiesto en los antecedentes reunidos que "los imputados han ejercido este derecho".
La sentencia también consideró entre los antecedentes el que de los diez aludidos, sólo dos dedujeron acciones penales: Claro y el sacerdote Raúl Hasbún. En este último caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que no ha concurrido el ya mencionado ánimo de injuriar.
Diez civiles clave del régimen que torturó al menos a 28 mil chilenos
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El Mostrador
Miércoles 29 de octubre de 2008
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Ricardo Claro se murió sin ser juzgado”
Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales", sostuvo la presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló hoy que lamenta profundamente que el empresario Ricardo Claro Valdés haya fallecido "sin haber sido jamás sometido a proceso por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios trabajadores, así como en la tortura y muerte de chilenos que fueron prisioneros en los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores".
La organización recordó que el empresario Ricardo Claro Valdés formó parte del directorio de Electmetal, "empresa que retuvo ilegalmente y luego entregó un grupo de trabajadores a una patrulla militar que posteriormente los asesinaría y desperdigaría sus cuerpos por distintos lugares de la capital, presumiblemente para producir un efecto aleccionador", precisó la presidenta de la entidad Marta Godoy.
"Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales".
La organización de Derechos Humanos entregó antecedentes judiciales que señalan que el 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal, que después de estar en manos de los trabajadores había sido devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta Militar, entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa y otros del cordón Vicuña Mackenna a un piquete compuesto por efectivos del Ejercito y Carabineros.
Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía propiedad de Ricardo Claro y hermano de dos de las víctimas, él mismo presenció como sus hermanos Miguel y Juan y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de Carabineros. No se les volvió a ver con vida.
"Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias", relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado y sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.
Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores, fueron asesinados y repartidos en diversas calles de Santiago, asegura la entidad, la cual asegura que sus cuerpos con señales brutales torturas, quemaduras con soplete y múltiples impactos de bala, fueron ubicados sólo por casualidad en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.
Según los antecedentes recopilados por la AFEP, la decisión de entregarlos habría sido tomada en una reunión del directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Junta Milita, Patricio Altamirano, quien personalmente habría retenido en su oficina a Juan Fernández Cuevas y entregado a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de Carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.
"Por otra parte, desde el mismo 11 de septiembre la compañía Sudamericana de Vapores, puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua, lugar en el que varios de ellos fueron asesinados", precisa la agrupación.
"El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes, siendo torturados y algunos asesinados", detalla.
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El Mostrador
11 de Julio 2012
‘El Mocito’ de Manuel Contreras: “Ricardo Claro era un millonario que financiaba a la DINA”
En los capítulos 8 y 16 del libro “La Danza de los Cuervos” del periodista Javier Rebolledo, Jorgelino Vergara, “el mocito” del general Manuel Contreras, da a conocer detalles escabrosos de cómo funcionaba el cuartel de la DINA “Brigada Lautaro” que se ubicaba en la comuna de La Reina y sobre la desaparición de prisioneros durante la dictadura militar.
Y una cosa más: la relación del fallecido empresario Ricardo Claro —quien fuese principal accionista del Grupo Claro, propietario del canal Megavisión y la Compañía Sudamericana de Vapores— con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
“Lo vi en algunas ocasiones”, ahonda “El Mocito” en la entrevista de Tomás Mosciatti en CNN Chile. Dice que lo reconoció en el Cuartel General de la DINA y en la "Casa de Piedra" ubicada en el Cajón del Maipo.
“Fue en una oportunidad cuando estaban en vacaciones de invierno la familia del general Manuel Contreras. Y él llegó allá con un grupo de guardaespaldas”, agrega.
Explica entonces que el empresario “financiaba parte de la DINA que era el departamento de todos los empleados que éramos civiles”. Asegura que “le consta” y recuerda de cómo se enteró de aquello.
“Normalmente se pagaba todos los 18 de cada mes y cuando se retasaron los sueldos la institución recurría a Ricardo Claro para que facilitara la plata (…) era como prestamos que él hacía. Pienso que era un tipo multimillonario que colaboraba con la DINA”, indica.
El hecho es relatado con detalle en el texto de Rebolledo: “A ellos les pagaban los primeros de cada mes, puntual siempre, como al resto del personal que era parte del Ejército. Todo se hacía a través de una empresa que se llamaba Boxer y Asper Limitada y que más adelante, no recuerda exactamente cuándo pasó a llamarse simplemente Asper. Todas las colillas de sueldos de los funcionarios civiles, o la mayoría, según le consta, pertenecían a estas empresas. La oficina estaba ubicada a un costado del paseo Ahumada, en la calle La Bolsa, justo en la punta de diamante, segundo piso”.
“¿Cómo sabía que Claro estaba detrás? Cuando comenzaron a atrasarse los sueldos, él y otros civiles pidieron explicaciones al encargado de la plana mayor del cuartel. En ese momento era el “Viejo” Sagardía. Tomó el teléfono delante de ellos y habló con la secretaria de Boxer y Asper. Le decía a ella que por favor le pidiera los sueldos a don Ricardo Claro. Y eso pasó varias veces. Cada vez que se atrasaban los sueldos, el “Viejo” Sagardía siempre hablaba directamente con la “Chica” Peki, que trabajaba en el cuartel general con el coronel. Entonces ella le decía: “Ya está lista la solicitud firmada por el coronel [o por Pedro Espinoza] para que salgan los sueldos de Boxer y Asper”.
“El comentario generalizado era ése: Claro los salvaba con dinero, aportes, todo el tiempo. A veces iba al cuartel general y después de esas visitas aparecían las platas y los inventos especiales de Michael Townley, los adelantos tecnológicos”.
“¿Volvió a ver a Ricardo Claro alguna otra vez? El 76 o el 77, ya no lo recuerda con claridad. El hombre llegó y subió hasta el segundo piso del cuartel. Se encerró con el coronel, también con Pedro Espinoza y con Álvaro Corbalán”, precisa el capítulo 16 de la “Danza de los Cuervos”.
“Sobre los métodos de tortura utilizados en las instalaciones de la DINA, “El Mocito” dice que el uso de electricidad, golpes, patadas y asfixia eran habituales, y que se usaba gas sarín e inyecciones letales de cianuro para terminar con la vida de los agonizantes prisioneros.
En ese contexto, recuerda los llamados telefónicos de Manuel Contreras. Para Jorgelino Vergara, el general retirado del Ejército y jefe de la DINA es el único autor directo de las órdenes de asesinato en contra de los detenidos. En algunas ocasiones lo escuchó decir: “a este tipo ya no se le puede estrujar más… mátenlo”.
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El Mostrador
3 de Enero 2013
Clarín, la DINA, la Casona de Volpone y un abogado del Banco Central
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, acaba de fallar a favor del Estado chileno, negando una indemnización al ciudadano español-chileno, Víctor Pey, por la usurpación de sus bienes durante la dictadura, entre ellos el mítico diario Clarín. Esta es la historia en la que se entrecruzan de manera novelesca un diario popular, un ex presidente, un mito de la prensa, los agentes de la represión de la dictadura militar y el solemne Banco Central de Chile.
Día de pago. En una oficina de la calle Nueva York en el corazón de Santiago, como cada mes, la fila de agentes DINA, la mayoría civiles, esperan los sobres con el sueldo. El pago es seguro. Los tiempos que se viven también. Para ellos. El puño de hierro del empleador los protege del mal. Entre los que acuden está la bella enfermera Carlota Bolumburu Taboada, “La Dama del Pentotal”, conocida así por las sobredosis que inyecta a los prisioneros en las clínicas Santa Lucía y London.
Alejandra Damiani Serrano también espera el pago. Mano derecha del gringo Michael Townley, el “ingeniero” de la DINA. Armador de la bomba que mató al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en 1974 en Buenos Aires. La querida del jefe también recibe su remuneración. Nélida Gutiérrez Rivera, secretaria de Manuel Contreras. Al final, Nélida se quedó a su lado hasta hoy, en los tiempos de sufrimiento.
Elissalde & Poblete y Cía. Limitada es la empresa pagadora. Su razón social es elegante e inconfundible: “DINA Service”. El 24 de noviembre de 1974, “DINA Service” cambió de “dueños” y pasó de “Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda.”, a Elissalde & Poblete que adquieren todos los derechos y quedan como únicos socios. Son el coronel de Ejército retirado Alberto Elissalde Müller, y el abogado Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez. Los otros dos, Lautaro Villar Requena y Leonardo Reyes Herrera.
Son los tiempos en que los abogados de la DINA tienen bastante para hacer. Entre otras cuestiones, cubrir con manto legal los bienes muebles e inmuebles usurpados. Pertenecen a quienes ahora están prisioneros, exiliados o ya fueron asesinados. Poco cuesta legalizar los “trofeos de guerra” de los vencedores. Basta que se deslicen en un bolsillo en algún allanamiento, o redactar para ello un simple decreto cuando se trata de propiedades.
Es el destino de la “Casa de Piedra” en el Cajón del Maipo. A su dueño lo apodan Volpone, como la comedia teatral de Ben Jonson. Desde antes del golpe militar de 1973, Darío Saint-Marie Soruco, Volpone, es un buen amigo de Salvador Allende. Saint-Marie es el dueño del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y de la Empresa Periodística El Clarín. Clarín es el diario que más ejemplares llegó a vender cada día en la historia del periodismo chileno. Sobre 300 mil. Ácido. Punzante. Irreverente. Lengua de serpiente. Inclinado hacia el crimen, historias policiales, amores escandalosos, de corte popular. Con el triunfo de Allende en 1970, se vuelca a un diario político que sustenta al gobierno de la Unidad Popular.
Ocurrido el alzamiento militar del 11 de septiembre en 1973, tanto el consorcio como el diario Clarín son disueltos y todos los bienes de Saint-Marie son confiscados y pasan a manos del Estado. Entre ellos, la Casa de Piedra. El decreto 165 del Ministerio de Interior firmado por los generales Augusto Pinochet en calidad de “Presidente de la República” y César Benavides como ministro de esa cartera, blanquean el manotazo. Allende está muerto y Volpone en España. De los tiempos de gloria de Clarín queda sólo el recuerdo.
EL “ACTA DE ENTREGA”
La Casa de Piedra es ocupada por la DINA pocas semanas después del golpe. Pero el traspaso “oficial” del Ejército a la organización llega recién en 1977, pocos meses antes de que sea disuelta y remplazada por la Central Nacional de Informaciones, CNI. El decreto 56 del Ministerio de Tierras y Colonización del 3 de febrero de 1977, firmado por Pinochet y el ministro de esta cartera, Luis Beytía, destina a la DINA “para sus fines propios” la amplia propiedad enclavada en hermosos parajes de la precordillera.
Quien recibe la casona como “Jefe de Infraestructura” del órgano represivo, es el mismo abogado de Elissalde & Poblete y Cía. Ltda., Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez, RUT 3.688.003-1, nacido el 23 de mayo de 1948. El “Acta de Entrega” no tiene fecha. Curiosamente, Poblete aparece en el acta de recepción como “Jefe de Infraestructura” de la CNI, cuando la casona fue traspasada a la DINA. La firma de Poblete Rodríguez la adorna un timbre de la CNI. Desde el 11 de septiembre de 2000 y hasta hoy, este abogado forma parte del equipo de la Fiscalía del Banco Central, con un contrato indefinido. Su fecha de ingreso a la institución emisora, es paradojalmente coincidente con el inicio de su historia, 37 años antes.
Quien recibe la casona como “Jefe de Infraestructura” del órgano represivo, es el mismo abogado de Elissalde & Poblete y Cía. Ltda., Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez, RUT 3.688.003-1, nacido el 23 de mayo de 1948. El “Acta de Entrega” no tiene fecha. En ella, Eduvigis Gajardo Pinilla, jefa del Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, hace entrega de la propiedad al abogado Poblete Rodríguez, quien firma como “Jefe de Infraestructura”. Curiosamente, Poblete aparece en el acta de recepción como “Jefe de Infraestructura” de la CNI, cuando la casona fue traspasada a la DINA. La firma de Poblete Rodríguez la adorna un timbre de la CNI.
Desde el 11 de septiembre de 2000 y hasta hoy, este abogado forma parte del equipo de la Fiscalía del Banco Central, con un contrato indefinido. Su fecha de ingreso a la institución emisora, es paradojalmente coincidente con el inicio de su historia, 37 años antes.
ALLENDE Y CLARÍN
La historia de la Casa de Piedra se entremezcla entre el buen tiempo y la borrasca. Entre la amistad, la vida familiar, el sufrimiento y el crimen. Un informe de la Brigada de Investigaciones del Lavado de Activos, Brilac, del inspector Carlos Quijada Fuentes, indagó en 2007 para el juez Alejandro Madrid los distintos tiempos de la casona y otros bienes que pertenecieron a Volpone. La indagatoria concluyó que en 1972, durante el auge del gobierno socialista, el Presidente Salvador Allende compró a Darío Saint-Marie el Consorcio Publicitario y Periodístico y la Empresa Periodística El Clarín.
Según los antecedentes recogidos por este informe, Allende habría realizado las adquisiciones a través de su amigo personal Víctor Pey Casado, para ponerlas a disposición del proceso político que desarrollaba su gobierno. El dinero para la compra, sostiene el informe policial, tuvo su origen “entre otros, en el traspaso de US$ 780.000 el 26 de septiembre de 1972, desde el Banco Nacional de Cuba al Bank für Handel und Effekten en Zürich, a la cuenta 11.235 de Víctor Pey Casado, íntimo amigo de Allende”.
De acuerdo al documento de la Brilac, la información sobre esta adquisición tiene su origen en un informe que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Lorenzo de la Maza Rivadeneira, hizo con fecha 3 de octubre de 1974 para el Asesor de Justicia del Ministerio del Interior, teniente coronel Eduardo Avello Concha.
Sin embargo, Víctor Pey, que ahora perdió el litigio contra el Estado chileno por la propiedad del diario El Clarín, dijo a El Mostrador que “esa es una aseveración absolutamente falsa, Allende jamás me pidió que comprara para él el diario, a pesar de que yo tenía con él una estrecha relación”. Lo que Pey sí reconoce, es que él le compró a Saint-Marie el diario y admite que la transacción con Volpone —que en 1972 ya se había radicado en Madrid— “se hizo a través de bancos que nos dieran más seguridad de que no habría infiltración por parte de la CIA. Efectivamente, esa cuenta en Zürich era mía”. Pey sostiene que “seguramente el informe del señor De la Maza en que se basó el documento policial del que usted me habla, quiso enlodar el nombre de Allende, que era lo que más les interesaba”.
Quien también desconoce esa supuesta operación encubierta de Allende es el periodista Alberto Gamboa, quien era el director de Clarín durante el gobierno de la Unidad Popular. “Yo desconozco absolutamente eso, nunca supe de algo así”, afirmó.
Ocurrido el golpe militar, la dictadura decretó el 10 de febrero de 1975 la disolución del CPP.SA y la Empresa Periodística El Clarín. Además, resolvió que tanto los bienes de Saint-Marie como de Pey Casado pasaran a dominio del Estado, por encontrarse en la situación del decreto 77 del 13 de diciembre de 1973. Este decreto declaró ilegales los partidos políticos, confiscando todos sus bienes incluidas las sociedades o empresas que “directamente o a través de terceras personas, pertenezcan o sean dirigidas por ellos”.
EN FAMILIA
Los pasos del actual abogado de la Fiscalía del Banco Central, Miguel Ángel Poblete Rodríguez en el financiamiento de los servicios represivos de la dictadura van y vienen. De pagar los sueldos a los agentes civiles de la DINA y firmar la recepción de la Casa de Piedra de Volpone, sus huellas avanzan hacia la década de los años 80.
El 8 de octubre de 1984, según escritura pública, Poblete inscribió en el Registro de Comercio de Santiago la “Sociedad Administradora de Servicios de Personal Limitada”, nombre de fantasía “Asper Ltda”. ¿Sus socios? Germán Alfredo Esquivel Caballero y Mario Zamorano Monreal. Esquivel Caballero, agente del Comando Conjunto, teniente coronel (R) de Carabineros y procesado por delitos de lesa humanidad.
Asper Limitada, antes llamada Boxer & Asper, siguió pagando los sueldos a los civiles de la CNI. A medida que se fue modificando la escritura, actuaron igualmente como socios de Asper el agente CNI Ernesto Darío Zamorano Barrueto, que ingresa en octubre de 1985. Otro agente CNI, coronel de Ejército actualmente retirado, César Atilio Risi Vignolo, es socio a partir de diciembre de 1987. En junio de 1989, llegan los refuerzos del mayor Luis Isaac Contreras Prieto. Este es uno de los pilotos de helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército, utilizados para arrojar al mar los cuerpos de los prisioneros. Ningún extraño. Todo quedó en la “familia” del abogado Poblete.
Las modificaciones a la escritura madre se hicieron con otro “hombre de la casa”. El notario de la DINA Hernán Blanche Sepúlveda, que hasta hoy ejerce como notario en Santiago.
Derrotada la dictadura en el plebiscito de 1988, el 8 de marzo de 1990, Asper fue disuelta.
“Yo nunca fui agente de la DINA”, dijo el abogado Poblete a El Mostrador, pero admitió que efectivamente el Poblete de “Elissalde & Poblete” es él. No obstante, explicó que “yo no sabía que esos sueldos que se pagaban eran para agentes de la DINA o la CNI, eso lo supe mucho después”. Sostuvo que “efectivamente yo hice trabajos a honorarios para la CNI” y aseguró que “el acta de recepción de esa casa”, refiriéndose a la Casa de Piedra de Volpone, “la firmé sólo por apuro” dando a entender que las cosas se hacían “desordenadamente”.
UN CLARO “MECENAS”
A los agentes militares los sueldos se los pagaban sus respectivas instituciones. Para eso había presupuesto. Pero los de los civiles, ¿quién los pagaba? Ni Villar, ni Reyes, ni Elissalde, ni Poblete, sociedades pantallas, eran mecenas millonarios. Lo hacían algunos empresarios amigos y beneficiarios del régimen. Hasta ahora se ha logrado establecer sólo el nombre de Ricardo Claro Valdés, que sí tenía mucho dinero. Documentos firmados no hay. Pero su participación en el financiamiento del crimen organizado está respaldada por distintas voces que así lo indican. El ex agente Eduardo Cabezas Mardones que integró la desconocida Brigada Económica de la DINA a fines de 1976, como lo relata en una declaración judicial. El ex agente Arturo Ramírez Labeé, jefe de esa brigada. Y el ex agente Jorgelino Vergara Bravo, más conocido como El Mocito, según lo contó para el libro La Danza de los Cuervos del periodista Javier Rebolledo.
ENGAÑO A LA COMISIÓN RETTIG
La Casa de Piedra fue un botín preciado por los militares. Cuartel de detención y tortura transitorio de la DINA. Escuela de Inteligencia para la formación de agentes. Centro vacacional para sus oficiales y familias. Lugar de fiestas y celebraciones. Y recepción de amistades importantes como la de Ricardo Claro. Allí se produjo el histórico encuentro entre Augusto Pinochet y el secretario general en la clandestinidad del Partido Comunista, Víctor Díaz López, después de ser arrestado. Según una declaración judicial del segundo hombre del Grupo Delfín que operó en el cuartel Simón Bolívar, Ricardo Lawrence Mires, en aquel encuentro Díaz le dijo a Pinochet que “tratar de exterminar al Partido Comunista, es como vaciar el agua del mar con un balde”.
Fue en esa casona donde se gestó el episodio del falso mártir de la DINA con el que el Ejército engañó a la Comisión Rettig en 1990. La mañana del 20 de septiembre de 1974, el agente, suboficial y comando especializado, Carlos Labarca Sanhueza, le destrozó la cabeza a balazos a su compañero de igual grado y preparación, José González Ulloa. Ambos eran instructores de agentes en la Escuela Nacional de Inteligencia que la DINA instaló transitoriamente en la casona. Ambos integraban también la Avanzada de Seguridad de Pinochet desde noviembre de 1973. Dos hombres de la elite que incluso instruían a oficiales.
Nunca se supo por qué Labarca mató a González. El segundo de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, no se lo dijo al juez Alejandro Solís a quien le relató judicialmente este crimen a comienzos de 2004, en el marco de la investigación por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires.
El Ejército presentó el caso de González a la Comisión Rettig como una “víctima del extremismo”. La Comisión lo creyó sin investigar. En su informe sobre González Ulloa la Comisión estableció: “Falleció el 20 de septiembre de 1974 en un enfrentamiento con grupos armados desconocidos al interior del Cajón del Maipo” que “presumiblemente actuaban por motivos políticos”. Agregó que la Comisión “se formó la convicción de que la muerte de la víctima fue una violación de los derechos humanos”.
Estos son jirones de una historia que hoy forma parte de la memoria colectiva de gran parte de la sociedad chilena. Y Clarín, se transformó en un mito inolvidable, entre las balas y la sangre que corrió a raudales por las calles de Chile a partir de la asonada militar de 1973.