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| Carlos Herrera Jiménez(CNI)
Este agente participó en la muerte del transportista de Ovalle, Mario Fernández López. El crimen tuvo lugar en La Serena en 1984. El 25 de febrero de 1982 participó en el homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez. En 1991 se fugo hacia Argentina gracias al encubrimiento del Fiscal Torres Silva. Habla Mayor (R) Carlos Herrera Jimenez, procesado por el Caso Tucapel
-Usted esta pidiendo perdon. Es la primera persona que pide perdon...
Sentencia por homicidio de Juan Alegría Mundaca: El Mostrador - 19 de Julio del 2000Lunes 27 de Agosto El Mostrador Lunes 12 de Noviembre 2001 Primera Linea Herrera a Juez Guzmán: 'A Márquez lo ejecuté con un fusil' El mayor(r) del Ejército y ex agente de la DINA Carlos Herrera Jiménez confesó otro homicidio ante al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia que mató con un fusil SIG al dirigente comunista Nelson José Márquez Augusto, encontrado en 1990 en la fosa común de Pisagua, y ratificó ante el magistrado que el actual edecán de la Cámara de Diputados, Jaime Krauss Rusque le dio la orden de ejecución. Primera Línea tuvo acceso a la declaración judicial en que Herrera Jiménez revela la estructura de mando de Pisagua durante diciembre de 1973 y enero de 1974 y donde confiesa que dirigió el pelotón de fusilamiento que costó la vida a un número indeterminado de personas, entre ellas, a quienes fueron encontradas en 1990 y probablemente al grupo de ocho detenidos desaparecidos cuyos restos fueron exhumados y destruidos por el paso de camiones, según la tesis de los querellantes avaladas por documentos entregados por el senador (PPD) Sergio Bitar que incluso identifican a los responsables. Sin titubear y siguiendo la conducta que adoptó al reconocer el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, el ex agente dijo al magistrado que "yo daba la orden de fuego la que era ejecutada por el pelotón", y acto seguido le indicó en el caso puntual de Márquez que "este señor se fugo de la cárcel de Pisagua estando yo de oficial de guardia. Por tal propósito, se pusieron en ejecución las instrucciones que había al respecto, es decir, se desplegó la unidad militar en la búsqueda del prisionero de acuerdo a un plan preconcebido". Relata luego al juez que "dio la casualidad que fui quien fue precisamente junto a una patrulla de soldados y encontré al señor Márquez escondido debajo del muelle de la caleta de Pisagua, lo capturamos, se le llevó de vuelta a la cárcel. En su declaración judicial añade que "el hecho se enteró el entonces mayor Mario Acuña Riquelme -ex fiscal de la zona que fue procesado en el caso y sobreseído luego de su muerte- que estaba ese día en Pisagua, el que dispuso que sacaran detenidas a mujeres que estaban en la cárcel y detenidos hombres que estaban allí, los trasladaran a un lugar de la playa de Pisagua y en presencia también de personal militar, Acuña ordenó a Krauss -actual edecán de la Cámara de Diputados- que se diera de baja al prisionero, éste me trasmitió la orden a mi y yo lo ejecute con un fusil SIG". "Lo anterior -explica a renglón seguido- no tuvo otro propósito que ser un escarmiento para los prisioneros, para que supieran que les ocurriría en el caso de una fuga. Eso es lo que pensó Acuña y de este hecho hubo unas 30 ó 40 personas como testigos". Con esta declaración, único documento judicial valido que inculpa a Herrera Jiménez, el abogado querellante en el caso Adil Brkovic solicitará en los próximos días el procesamiento del acusado por los delitos de secuestro y homicidio contra Márquez y el resto de los prisioneros de Pisagua que perecieron durante la época bajo la orden de disparar dictada por el condenado en el caso del carpintero Juan Alegría Mundaca. Brkovic recuerda que testimonios de otros detenidos en la misma época confirman que Márquez se encontraba a sólo metros del resto de los prisioneros e indica que nuevamente se utilizó la excusa de la ley de fuga para asestar un golpe a los detenidos. Es más, los dichos del ex agente son plenamente coincidentes con el Informe Rettig. Línea de mando y de otros fusilamientosEn su interrogatorio Herrera fue consultado acerca de quién era su superior jerárquico y su respuesta a la justicia fue categórica: "era el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque que venía del Regimiento Rancagua de Arica y actualmente tiene el grado de coronel en retiro y es el edecán vitalicio militar de la Cámara de Diputados". Asimismo puntualiza que "Krauss dependía del coronel Ramón Larraín Larraín y del Fiscal Militar Mario Acuña Riquelme -ambos fallecidos- y del comandante en jefe de la Sexta División del Ejército y juez militar y comandante de la CAJZI (Comando Aéreo Jurisdiccional de Zona Interior), el general Carlos Forestier Haensgen, que era la máxima autoridad militar de las provincias de Arica e Iquique". Ante la consulta del tribunal constituido el 6 de septiembre de 2001 sobre si le correspondió participar en fusilamientos y quién le ordenó ello, Herrera Jiménez sostiene: "Sí efectivamente recibí orden directa y en forma verbal de Jaime Krauss Rusque de fusilar a unos prisioneros que no recuerdo que hayan sido éstos más de seis. Entre ellos recuerdo a uno de apellido Márquez, quien dentro del campo de prisioneros participó en algunas actuaciones como payaso, también estuve en el fusilamiento de un prisionero que cojeaba al caminar y otro que usaba un bisoñé, quienes eran narcotraficantes". Defensa del inculpadoEn un intento de justificar su actuación, Herrera sostiene en su declaración judicial que en diciembre de 1974 ostentaba el grado de subteniente del Ejército con sólo 22 años, por lo que su injerencia en las actividades internas del campo de prisioneros era nula. "Yo sólo me limitaba a cumplir las órdenes que me eran dadas", aseveró. Sobre Forestier aclara a la Justicia que "no lo vi en ningún fusilamiento. Pero no me asiste ninguna duda que, dada la verticalidad del mando institucional, tiene que haber estado en total conocimiento de todo lo que pasare o dejara de pasar en Pisagua. Si no hubiera sido así, habría faltado gravemente a sus deberes militares", tesis que de hecho amparo el procesamiento que hoy rige en contra de Forestier dictado por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia por el delito de secuestro. Y sus palabras aún son más certeras al momento de precisar al juez Guzmán que "en los fusilamientos en que yo participé estuvieron presentes o el teniente coronel Ramón Larraín Larraín o el mayor, en ese tiempo, Acuña, en calidad de más antiguos. Ellos, el uno o el otro, llevándose la mano a la visera, me indicaban a mí, las veces que yo mande al pelotón de fusilamiento el momento de dar la orden del fuego. Ahora bien, quien me indicaba a mí a las personas que yo debía sacar de la cárcel para fusilarlas era el capitán Krauss, quien a su vez recibía la orden o de Larraín o de Acuña". En esa línea sostiene que "con ninguno de los prisioneros que me ordenaron fusilar yo tuve algún diálogo previo al cumplir la orden. Yo no los interrogue, ni muchos menos torturé, es más ni siquiera quería saber sus nombres. Sólo me limité a comandar el pelotón de fusilamiento". Explica que este pelotón estaba integrado por dos miembros de la Armada, dos Carabineros, dos gendarmes y tres militares, todos con categoría de suboficiales, pero asegura que no recuerda el nombre de ninguno de ellos. Una vez más y siguiendo la tesis de la existencia de otros mandos, el condenado en el caso Alegría Mundaca señala que "yo nunca vi que se torturara a los detenidos estando yo de guardia en la cárcel. Ignoro que sucedía con los prisioneros mientras estaban en manos del SIM (Servicio de Inteligencia Militar)". La carrera en los servicios represivos que realizó Herrera considera en 1977 su participación en el CIRE (Centro de Inteligencia Regional) como oficial de operaciones, organismo que en la práctica, y de acuerdo a sus palabras, dependía del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mientras que la DINA de la Junta Militar de Gobierno y funcionaba donde la DINA no tenía representación. Posteriormente, se incorporó a la disuelta CNI, organismos bajo el cual participó en el asesinato del ex presidente de la Anef, Tucapel Jiménez Alfaro, homicidio que reconoció judicialmente e incluso pidió perdón a su familia en una emotiva declaración ante TVN en que sostuvo: "Es cierto, señor Jiménez... yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal causaba mucho daño a los chilenos" Pisagua, Lucia Hiriart Pinochet y el caso de los cocaleros Uno de los mayores golpes a los opositores a la dictadura fue asestado el 29 de enero de 1974 cuando seis personas que habían sido detenidas en noviembre de l973 en Iquique fueron trasladadas a Pisagua. Se trata de Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani García, Luis Anibal Manríquez Wilden, Hugo Tomás Martínez Guillen y Juan Rojas Osega. De acuerdo a los antecedentes recopilados hasta el momento se ha establecido que este grupo conocido como los "cocaleros" jamás realizó contrabando de estupefacientes como se les acusa, sino que "los cuerpos de todos ellos fueron encontrados, en l990,en la fosa de Pisagua, ensacados, con las manos atadas, y los ojos vendados" .Es más, ante la desesperación de las familias a quienes se les aseguró que sus cónyuges habían huido a otro país, decidieron enviar una carta a la Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart de Pinochet, quien en un tono poco agradable les dijo que nada sabía de sus esposos, los que obviamente las habían abandonado. La carta consta en el tomo diez del extenso expediente que maneja el ministro Guzmán. Sin embargo, la constante en Pisagua fue la emisión de bandos en que se informaba de Consejos de Guerra. El primero con fecha 11 de octubre de 1973 significó la muerte de Julio Cabezas Gacitua, José Cordova Croxatto, Humberto Lizardi Flores, Mario Morris Barrios y Juan Valencia Hinojosa. El segundo, fechado el 29 de octubre de 1973, significó la ejecución de Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernández, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Rosie Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos. En el tercer consejo de fecha 29 de noviembre de 1973 se dio muerte a Germán Eladio Palominos Lamas, cuyo cuerpo apareció en la fosa de 1990. Por último, en el cuarto consejo, efectuado el 10 de febrero de 1974, se condenó a muerte a dos militantes comunistas: Alberto Yañez Carvajal y Luis Toro Castillo. La tónica en gran parte de estos casos fue informar a las familias de algunos inhumados de Pisagua, que sus deudos estaban vivos y libres bajo fianza y que debían firmar semanalmente ante la comisaría respectiva, "pues de lo contrario sí que corrían peligro de prisión; y que los motivos por los cuales no regresaban al hogar sólo la familia podía colegirlos, y no eran de incumbencia de las autoridades". La fosa común de PisaguaDesde inicios del régimen militar la zona norte del país tuvo como epicentro de la acción represiva el campo de prisioneros de Pisagua, lugar donde cientos de personas deambularon por los estrechos pasillos de la cárcel a la espera que de un momento a otro se ordenará su ejecución. Aunque lugareños sobrevivientes del centro de reclusión siempre señalaron que en las cercanías del campo fueron enterrados algunas de las víctimas de las torturas propinadas por personal del Ejército y el CIRE, sólo en junio de 1990, cuando se descubrió la fosa común adjunta al cementerio, el proceso toma nuevos bríos y recién en 1999 se concretan los procesamientos del general Carlos Forestier, del ex fiscal Mario Acuña y del suboficial (r) Miguel Aguirre. Los 19 cuerpos hallados en 1990 dieron luces de los tratos inhumanos que vieron durante su corta permanencia en Pisagua y alertaron sobre la feroz acción represiva en el norte del país. El informe Rettig consigna que en el caso de la fosa común "los restos estaban dispuestos en tres niveles, en correspondencia con las datas de muerte. Todos los cuerpos se encontraban ensacados y con varios impactos de bala. La mayoría presentaba claros e inconfundibles vestigios de haber tenido vendas en los ojos y las manos amarradas". El Servicio Médico Legal logró identificar entonces a Juan Calderon Villalon, Nolberto Jesús Cañas Cañas, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Juan Jiménez Vidal, Michel Selim Nash Saez, Nelson Márquez (18 de enero de 1974), Luis Fernando Rojas Valenzuela (17 de diciembre de 1973). Pero siguen desaparecidos Jorge Marín Rossel, William Millar Sanhueza y Manuel Heriberto Ayala Zavala. En tanto, el 20 de octubre de 1973 muerieron ejecutados Oscar Walter Pedro Ripollcodoceo, Julio Gastón Valenzuela Bastias, Manuel Francisco Donoso Dañobeitia. Al día siguiente, corrió la misma suerte el sacerdote salesiono Gerardo Poblete Fernández. El 23 de octubre la prensa, canal utilizado para difundir los decesos en la zona, anunció la ejecución de Luis Pedro Solar Welchs. Lo mismo sucede el 11 de enero de 1974 cuando fallece Isaias Higueras Zuñiga, gendarme de la cárcel de Iquique
Jueves 18 de Abril 2002 Primera Linea Corbalán declaró nuevamente por crimen de carpintero En la etapa probatoria por el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca -homicidio perpetrado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez-, hoy declaró ante el ministro Sergio Muñoz el ex jefe metropolitano de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla. El ex oficial está condenado a cadena perpetua por este crimen efectuado un año y medio después del asesinato del dirigente sindical -ocurrido en febrero de 1982- con el fin de ocultar a los autores del homicidio. Otros condenados a presidio perpetuo en este caso son el mayor (r) del Ejército Carlos Herrera Jiménez y el suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar. Diez años de cárcel recibió el civil adscrito a la CNI Osvaldo Pincetti, alias el doctor Tormento. Sin embargo, la causa fue reabierta para indagar las responsabilidades que tendrían el brigadier Roberto Schmied y Hugo Alarcón Vergara. El primero fue sobreseído, mientras que el segundo fue encausado como presunto cómplice del asesinato de Alegría. Hasta el 23 de abril el ministro Muñoz llevará a cabo conjuntamente las fases probatorias por los crímenes del ex presidente de la ANEF y del carpintero que residía en Valparaíso. En otro plano, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago será la encargada de dirimir el conflicto procesal surgido entre los ministros Sergio Muñoz y Hugo Dolmestch, suscitado tras la acumulación de las causas que involucran a la CNI en manos del primero. Se trata de la muerte de 12 militantes del FPMR en la Operación Albania, el asesinato de cuatro opositores al regimen militar en 1986 -tras el atentado a Pinochet, proceso caratulado con el nombre de José Carrasco- y la desaparicion de cinco militantes comunistas en 1987. La acumulación de los procesos, que daría forma a un causa única, quedó en manos de Muñoz luego que éste decidiera unilateralmente hacer valer el principio de la acumulación que impide que dos jueces tramiten un proceso que involucra a los mismos encausados. La sala ya se pronunció sobre este episodio judicial confirmando que Muñoz debe conocer los procesos. Sin embargo, el ministro en visita extraordinario Hugo Dolmestch, mediante un escrito, solicitó a la Corte Suprema que fuera revisado el dictamen del tribunal de alzada, basándose en que la competencia sobre estos tres procesos fue delegada a él por la misma corte. La unificación de procesos fue solicitada por la defensa de Corbalán debido a que le permitirá contar con una sola condena, presumiblemente perpetua, de 20 ó 40 años
23 de Marzo 2004 La Nación A Punta Peuco los condenados por caso Tucapel Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas. Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra. De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales. A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983. Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.
23 de Julio 2004 La Nacion Jueza procesa a edecán de Cámara de Diputados La mesa directiva de la Cámara de Diputados pidió la renuncia al edecán, coronel (R) Jaime Krauss Rusque, y éste aceptó irse. La renuncia le fue demandada sólo horas después de que la ministra de fuero Carmen Garay lo procesó y ordenó su arresto como autor material de siete homicidios ocurridos en el campo de prisioneros de Pisagua, mientras Krauss cumplió en 1974 funciones como capitán a cargo de la Compañía de Vigilantes de los detenidos. La información de la renuncia pedida al edecán, quien es hermano del actual embajador de Chile en Madrid Enrique Krauss, fue entregada ayer pasadas las 18:30 horas en el Palacio Ariztía en Santiago por el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Lorenzini (DC). Este expresó que la mesa de la Cámara acordó pedirle la renuncia porque, al haber sido procesado, cayó en la “inhabilidad sobreviniente” que señala el estatuto del personal de la institución en su artículo Nº23 letra c), que establece que “la persona que desempeñe labores funcionarias no podrá estar procesada ni condenada”. El edecán se había declarado “inocente” en sus declaraciones en el proceso de Pisagua, y así también lo manifestó a La Nación Domingo que en su edición del domingo pasado publicó la crónica “El fantasma del edecán”. El encausamiento del coronel (R) Krauss fue solicitado por el abogado querellante en la causa Pisagua Adil Brkovic. Este dijo ayer que “estamos muy conformes con esta resolución porque la verdad es que en el proceso existen suficientes antecedentes para acreditar la participación del señor Krauss en los homicidios de siete prisioneros”. El abogado dijo que si bien a Krauss “no se le acusa de disparar él mismo contra los prisioneros, hay quienes lo sindican como quien impartió las órdenes como el segundo comandante del campo de prisioneros de Pisagua. Esta investigación ha tomado ya seis años y los hechos se encuentran totalmente acreditados”, dijo Brkovic. Los hechos El ahora ex edecán de la Cámara será notificado hoy a primera hora en el Palacio de Tribunales en Santiago, y luego será trasladado en calidad de detenido al Batallón de Policía Militar ubicado al interior del Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén. La ministra Garay sostuvo en su resolución que los siete homicidios ocurridos entre el 18 de enero de 1974 y el 30 de enero de ese año, sucedieron en Pisagua mientras el “capitán Jaime Krauss Rusque se encontraba a cargo de los efectivos militares que tenían por misión custodiar a los prisioneros políticos del Campamento de Pisagua, unidad militar que en definitiva dependía del comandante en jefe de la VI División del Ejército (en Iquique), general Carlos Forestier Haensgen”. El coronel (R) Krauss reconoció en el proceso que efectivamente estos siete homicidios ocurrieron mientras cumplió funciones en Pisagua entre el 14 de enero de 1974 y al menos, según él, el 30 de enero de ese mes. Pero negó que ordenara las ejecuciones y también negó que su función fue la de comandante de la Compañía de Vigilantes de los prisioneros. Dijo que su tarea fue “administrativa” inventariando y almacenando “serruchos, martillos, palas, estufas, queso, jamón y azúcar”, provenientes de una ayuda de la Cruz Roja para los prisioneros. No obstante, según el abogado Brkovic la jueza “no le creyó” ese argumento, puesto que “no encaja” con lo realmente sucedido. En Pisagua operó entre septiembre de 1973 y julio de 1974, como un reloj, un calendario rotativo de personal de oficiales que integraron la Compañía de Vigilantes de prisioneros, cada vez al mando de un oficial con el grado de capitán. A su vez este tenía bajo su mando a cuatro o cinco tenientes y subtenientes. La compañía era la responsable de lo que ocurriera con los prisioneros, y fueron sus integrantes los que siempre participaron en las ejecuciones extrajudiciales, como está establecido en la investigación. Por estas mismas funciones han sido encausados por otros homicidios otros oficiales (R) que a la fecha de sus funciones en Pisagua, de acuerdo al calendario de turnos, tenían también los grados de capitán y tenientes o subtenientes. El primero en afirmar que Krauss ordenó ejecutar prisioneros en Pisagua fue el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, quien cumple presidio perpetuo en la cárcel de Punta Peuco. Herrera admitió que Krauss le ordenó matar al prisionero Nelson Márquez Agurto, una de las siete víctimas del auto de procesamiento, porque éste había intentado fugarse para intentar evitar que lo siguieran torturando. Krauss lo niega, pero careados ambos, Herrera mantuvo sus dichos. El coronel (R) Krauss también fue encausado por los homicidios de Luis Manríquez, Nicolás Chánez, Tomás Cabello, Juan Rojas, Hugo Martínez y Juan Mamani. Todos ellos fueron declarados “dejados en libertad” por el general Forestier, sin embargo sus cadáveres aparecieron, junto al de Márquez, en la fosa clandestina descubierta en Pisagua en junio de 1990 con 19 cuerpos. Los otros procesados Por los siete homicidios también fueron procesados el general (R) Carlos Forestier, como autor intelectual; el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, como autor material; el coronel (R) Bernardo Martínez Téllez, como encubridor; y al suboficial (R) de Carabineros Manuel Vega Collao, también como autor material. Vega integró el pelotón de fusilamiento de los seis prisioneros ejecutados a fines de enero de 1974. En contra de los argumentos de inocencia del coronel (R) Krauss respecto a que cumplió sólo funciones administrativas, están las declaraciones de algunos ex prisioneros, quienes afirman, coincidentemente, que el entonces capitán Krauss ingresó a la cárcel la noche del intento de fuga de Márquez, amenazando que si éste no aparecía en media hora se iban a matar prisioneros. Uno de ellos, Luis González Vivas, dijo que “cuando matan a Márquez estaba el mayor Krauss, a quien yo le había hecho un mueble. Y él advirtió que si no aparecía Márquez hasta las cuatro de la mañana, iban a sacar prisioneros de las celdas para ser fusilados”. Lo mismo afirmó Freddy Alonso. Ambas versiones contradicen las tareas “administrativas” del entonces capitán Krauss.
25 de Agosto 2006 El Mostrador Fusilamientos en Piragua: Herrera Jiménez reitera que ex edecán de la Cámara participó en crímenes En escrito presentado ante el juez Billard, el asesino confeso de Tucapel Jiménez asumió su responsabilidad en ejecuciones en el norte, pero insistió en que la orden provino del entonces capitán Jaime Krauss, quien fue absuelto en el caso. Abogado querellante Adil Brkovic anunció que insistirá en que se reponga su encausamiento y criticó eventuales razones políticas del CDE para desistirse de apelar. El mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, quien enfrenta una condena de cadena perpetua por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez y se encuenta procesado por el homicidio calificado de al menos siete personas en la localidad de Pisagua, ocurridos en enero de 1974, reiteró que la orden para fusilar a los prisioneros del mencionado campo de detención provino del entonces capitán Jaime Krauss Rusque. En un extenso escrito presentado ante el ministro que instruye dicho proceso judicial, Joaquín Billard, el ex agente de la DINE conminó a la justicia a establecer la verdad en estos casos de violaciones a los derechos humanos, asegurando que la decisión de absolver al ex edecán de la Cámara de diputados y hermano del ex ministro del Interior y actual embajador en Ecuador, Enrique Krauss, sólo obedeció a razones políticas. Herrera Jiménez se encuentra confeso de dichos asesinatos, así como del homicidio del ex presidente de la ANEF. Sin embargo, asegura que las órdenes para que los fusileros ejecutaran a los presos de Pisagua provinieron de Krauss, cuyo procesamiento fue revocado por Billard el 6 de septiembre del 2005. "Hubo fusilamientos dispuestos por el comandante del campo de prisioneros de Guerra, coronel de Ejército Ramón Larraín Larraín y/o por el fiscal de guerra, coronel Mario Acuña Riquelme. Dichas órdenes a mí me fueron transmitidas para su ejecución por mi superior directo, el entonces capitán de Ejército Jaime Krauss Rusque", señala el documento al cual tuvo acceso El Mostrador.cl. Críticas al Informe Rettig Por otra parte, el ex integrante de la CNI acusó que en la elaboración del Informe Rettig habría actuado una suerte de "mano negra" para alterar las fechas de los fusilamientos en Pisagua, con el objeto de desvincular a Jaime Krauss de esos hechos. "Muchos años después y examinando el Informe Rettig comprobé que en el mes de diciembre de 1973, en Pisagua, aquel no consigna personas muertas y, a quienes yo recuerdo en ese mes fusiladas, figuran en el mes de enero de 1974, día en que yo estaba sin ninguna duda en Iquique, ejecutando las labores propias de un subteniente en mi regimiento", afirma el escrito. En ese sentido, Herrera Jiménez añade que "¿la idea fue que en el período en que estuvo, también en comisión de servicios en Pisagua, el capitán Jaime Krauss Rusque no figurasen personas muertas?, entonces, hubo manos moras que alteraron las fechas de fusilamientos con ese propósito". "Insistiré, hasta el cansancio, que los muertos que dan origen a mi auto de procesamiento ocurrieron en diciembre de 1973 (sic) y, cuando más, la primera semana de enero de 1974 (...) Alguien con cierto poder e influencia en las más altas esferas de gobierno manipuló las fechas en el Informe Rettig. Ni más ni menos que la verdad revelada de los derechos humanos en Chile", añadió en el documento. "Mis dichos son ciertos. Pongo a Dios por testigo de ello, y mi tranquilidad de consciencia frente a los hechos. El auto de procesamiento que me afecta en esta causa es producto de una sucia maquinación política que no tiene por objeto la justicia en sí misma, como fin último y superior, sino un bastardo y no menos inmoral objetivo: el ocultamiento de los hechos que puedan dañar imágenes políticas, no importando a qué precio", sostuvo el ex agente del DINE. Participación en los hechos Respecto a los homicidios de prisioneros en Pisagua, Herrera Jiménez asegura no recordar cuál fue el número de personas que él fusiló. "Nunca se me ocurrió anotar sus nombres o haber hecho marcas en mi pistola". No obstante, reconoce que su participación en al menos tres muertes. "Yo fuí quien mandó el pelotón de fusilamiento que dio muerte, por orden del capitán Krauss, a una persona que rengueaba, al tiempo supe que se llamaba Nicolás Chanez Chanez y, a otro señor, a quien al momento de los disparos, saltó por los aires macabramente su bisoñé, sin que nosotros supiésemos que usaba tal adminículo". Asimismo, detalló la ejecución de Nelson Márquez Agusto, joven que luego de una intensa sesión de tortura trató de escapar del campamento en un estado de enajenación mental y que fue recapturado por Herrera Jiménez junto a dos soldados conscriptos, debajo de un muelle en la playa. "Ya fuera del muelle me esperaba, entre otras personas, el fiscal Acuña y el capitán Krauss, a quienes entregué al prisionero; me mandaron a cambiarme ropa seca. A mí regreso, en la playa cercana a la cárcel, frente a testigos prisioneros y prisioneras políticos, el teniente Acuña, después de una arenga, ordenó a Krauss darlo de baja por ser éste un castigo que le correspondía a un prisionero de guerra que intentó fugarse desde la cárcel; mi capitán me pasó su fusil SIG que portaba y me ordenó dispararle al señor Márquez. Yo cumplí la orden porque la estimé apropiada", señaló Herrera Jiménez. En las consideraciones finales de su escrito, el ex uniformado concluyó con la frase: "Quiera Dios que nunca más en nuestro país se vuelvan a vivir situaciones traumáticas que tronchan para siempre la existencia de personas que se ven impelidas a efectuar determinadas actividades reñidas con la moral". No ha lugar Pese a que a la fecha de este escrito, mediados de julio pasado, el mayor (r) solicitó una audiencia personal con el ministro Billard para hacer presente estos reparos en el caso, el juez respondió a su defensa con un "no ha lugar por improcedente". Por otra parte, el abogado de Herrera Jiménez solicitó que se le tomara declaración al capitán Eugenio Pertier Garfias, quien habría sido el antecesor de Jaime Krauss en Pisagua. Sin embargo, la petición también fue desestimada por el magistrado. En cuanto a la posibilidad de realizar un nuevo careo entre Krauss y Herrera Jiménez, Billard contestó con "estése al mérito de autos". Al respecto, cabe precisar que antes que la ministra (s) Carmen Garay procesara al ex edecán enfrentó cara a cara a ambos militares, los cuales se mantuvieron en sus dichos. La defensa de Krauss principalmente se basa en que si bien el ex uniformado estuvo destinado en Pisagua durante la fecha de las ejecuciones, su función fue estar a cargo de un almacén de herramientas y remedios que estaban destinados para los prisioneros. Insistirán en procesamiento Consultado por el tema, el abogado querellante Adil Brkovic cuestionó totalmente la versión de Krauss, señalando que no es creíble que un oficial de esa graduación, comandante del campo de prisioneros no hubiera tenido intervención en los fusilamientos. "Tengo la absoluta convicción que a Jaime Krauss, como capitán del campo de prisioneros de Pisagua, le correspondía participar en las ejecuciones, por ello se le procesó y esa resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago". Asimismo, opinó que la decisión de Billard se debió a la declaraciones de otros ex prisioneros que dieron cuenta que el ex edecán tuvo un trato humanitario con ellos, en ese período, pero que esos antecedentes no lo libran de su responsabilidad. Junto a ello, Brkovic cuestionó la decisión adoptada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de apelar a esta absolución y luego desistirse del recurso, lo cual -a su juicio. se debió a consideraciones extra judiciales, apuntando a posibles influencias políticas para ello. El profesional recordó que no sólo los dichos de Herrera Jiménez sustentaron el encausamiento de Krauss, sino que también una reconstitución de escena que en su momento realizó el ex juez Juan Guzmán. En dicha diligencia, el ex uniformado reconoció haber estado presente en el fusilamiento de Márquez Agusto, afirmando que él se había negado a dar la orden y que, no obstante, Herrera Jiménez cumplió el cometido. Para Brkovic esa versión no es creíble por el contexto que se vivía, en que ningún militar se podía negar a las órdenes de un superior. Por otra parte, sotuvo que dos ex prisioneros que declararon que cuando Márquez se escondió para intentar fugarse enloquecido por las torturas, fue el capitán Krauss quien apareció en las celdas de la cárcel amenazando con que si Márquez no aparecía en 30 minutos, se iban a matar prisioneros. Además, existe un testimonio de los propios fusileros que dan cuenta de la presencia de Krauss en las ejecuciones. Por ello, el abogado dijo que insistirá en que el magistrado reponga el auto de procesamiento en contra del ex uniformado. "No es un tema cerrado", acotó. No obstante, el abogado ad honorem que representa a los familiares de las vìctimas aclaró que no compartía los dichos de Herrera Jiménez en cuanto a que las ejecuciones fueron en diciembre de 1973, ya que la fecha de las defunciones (19 de enero de 1974) es un hecho que está acreditado en la causa. Este medio intentó obtener la versión del CDE y del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior respecto a por qué la decisión de absolver a Krauss no fue apelada. En la primera institución se respondió extraoficialmente que se consideró que la decisión estaba bien adoptada, mientras que en el segundo organismo se dijo que fue una decisión tomada por las máximas representantes de dicho departamento. Jaime Krauss fue procesado por la ministra Garay el 27 de julio de 2004 como autor de siete homicidios calificados. Tras ser absuelto por Billard, el ex uniformado presentó una demanda contra la Cámara de Diputados por los daños y perjuicios de su despido, tras ser encausado por la justicia. 25 de Agosto 2006 Terra.cl Mayor (r) Herrera Jiménez se inculpó de fusilamientos en Pisagua El ex agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, reconoció –en forma personal y a través de una carta - al ministro en visita en causas de Derechos Humanos, Joaquín Billard, ser el responsable directo de los fusilamientos de opositores a la dictadura en el campo de concentración de Pisagua, en la Primera Región, en 1974. El retirado oficial, que se encuentra recluido en el Penal de Punta Peuco cumpliendo condena por el homicidio del otrora líder de la ANEF, Tucapel Jiménez, aseguró al magistrado que su actuar se debió a las órdenes que recibió de parte del ex edecán de la Cámara de Diputados, coronel (r) Jaime Krauss Rusque. El relato entregado al juez Billard buscaba que la investigación de este caso fuera reabierta, tras haber sido sobreseída el año pasado y en que absolvió de cargos a los inculpados en el proceso. De acuerdo a la versión entregada por fuentes de tribunales, Herrera Jiménez, también conocido con el alias de "Bocaccio", envió primero una carta, para luego al ver la negativa del magistrado, requerir una audiencia personal en un intento por contar su verdad. Tanto en el documento como en la visita al Palacio de Tribunales, el retirado mayor intentó exculparse de responsabilidad en las ejecuciones masivas de prisioneros políticos, ocurrida en enero de 1974. Herrera sostuvo que Krauss Rusque fue el mando del Ejército que impartió las instrucciones para acabar con la vida de siete disidentes al régimen de Augusto Pinochet: Nelson Márquez Aburto, Luis Manríquez Wilden, Juan Rojas Osega, Hugo Martínez Guillén, Tomás Cabello Cabello, Juan Mamani García y Nicolás Chanes Chanes. Las fuentes consultadas aseguran que el "Bocaccio", intenta dar un giro en esta causa que se apronta a iniciar su período de plenario, ad portas de las condenas que se dictarán por este caso. Las imputaciones formuladas contra Krauss hicieron que abandona su cargo como edecán de la Cámara Baja en 2004, debido a las encargatorias de reo decretadas en su contra por la entonces ministra del caso, Carmen Garay. Carlos Herrera Jiménez, fue condenado a prisión perpetua como autor de la muerte de Tucapel Jiménez. El ya cumplió diez años de presidio desde que fue encarcelado inicialmente por haber torturado hasta morir al transportista Mario Fernández (DC). Además está sentenciado a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca, para encubrir su responsabilidad en el homicidio del Tucapel Jiménez. La juez Garay procesó a Jaime Krauss como autor material de siete asesinatos de prisioneros de Pisagua. Junto con él fueron encausados el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el ex carabinero Manuel Vega Collao, además del general (r) Carlos Forestier, fallecido el 2005. 27 de Agosto 2007 El Mercurio La última revelación del asesino de Tucapel Jiménez, ex agente de la DINA, Carlos Herrera Jiménez, La iniciativa de la Jefa de Estado para recabar más información sobre los detenidos desaparecidos fue bien recibida por organismos de derechos humanos, aunque esta vez hubo un mayor escepticismo. En un reservado escrito de 34 páginas realizado en junio de 2006, al que tuvo acceso "El Mercurio" tras la decisión presidencial de reactivar las comisiones Rettig y Valech, el ex miembro de la CNI cuestiona con dureza el escaso avance de las investigaciones judiciales desde el regreso de la democracia, y que se haya castigado más a los que ejecutaron las órdenes de torturar y matar que a quienes las dieron. El ex oficial, quien ha sido el único en pedir perdón por sus actos, explica en detalle cómo operaron los organismos represivos del régimen militar para hacer desaparecer los cuerpos y por qué nunca serán encontrados. La detallada descripción de cómo se eliminó a los detenidos: "Los DD.DD. nunca serán encontrados, porque el sistema funcionó lamentablemente muy bien" El ex militar critica con dureza el lento ritmo que han tenido las investigaciones para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, señalando que "el conocimiento de la verdad histórica no es todo lo exitoso que se pretende hacer creer". Para demostrar sus dichos, hace los siguientes cálculos, luego de 16 años de gobiernos de la Concertación: "¡No hay más que ocho causas terminadas y aclaradas!, de una estimación aproximada de más de 480 procesos en desarrollo a lo largo del país. Al mismo tiempo, de un total de 1.464 detenidos desaparecidos, se han identificado y entregado a sus familiares 162 cadáveres, incluidos los 96 ahora en duda del Patio 29 en el Cementerio General. Es ¡sólo el 12 por ciento!". Haciendo una proyección, sostiene que "como hay en instrucción alrededor de 480 causas judiciales, de continuarse fallando a la misma velocidad tenida hasta ahora, una por año, quizá se necesitarían los mismos 480 años para poder pensar en lograr un 'definitivo reencuentro' entre todos los chilenos, es decir para el año 2486 nos podremos reconciliar". Así, constata que "si dividimos la cantidad de cadáveres encontrados e identificados -172- por los 16 años de gobiernos de la Concertación, da el lamentable promedio de 10,125 cadáveres por año; para recuperar el total de detenidos desaparecidos, con la certeza tenida hasta ahora, se necesitarían 145 años". "Convengamos, entonces, el sistema en ejecución adoptado para esclarecer las violaciones a los derechos humanos es insanablemente malo; por este camino, NUNCA se sabrá la verdad", concluye. Desapariciones planificadas Pero es su explicación de la raíz del problema lo más revelador y sorprendente: "¿Cómo explicarse que cadáveres, según se dijo (en la Mesa de Diálogo), lanzados al mar, apareciesen inhumados en el fuerte Arteaga del Ejército? ¿O hubo temor del Alto Mando de entregar la verdad, porque se les pudo enrostrar a ellos para responsabilidad penal? ¿O mejor se esperó que la verdad, o parte de ella, aflorare por algún subalterno y fuere éste, finalmente, sentenciado? ¿O acaso ese alto mando no pudo darla, porque sencillamente no la sabe? ¿O las autoridades militares y de Carabineros no se atrevieron a revelar la verdad por el impacto público que ésta pudiere provocar al quedar de manifiesto el brutal e inhumano procedimiento empleado? "En este mismo organismo instrumental (Mesa de Diálogo), se dijo que en la cuesta Barriga, entre otros lugares, se habían inhumado cadáveres. Efectuadas las investigaciones por un ministro en visita, se encontraron huesos humanos menores que no hacían posible identificar a nadie; a su alrededor, muchas osamentas de perros. "La cuestión es que, efectivamente, hubo exhumaciones ilegales entre los años 1978 y 1979, dispuestas por el director nacional de Informaciones, general Odlanier Mena Salinas; se sacaron de dicho lugar, previa recolección de perros muertos atropellados en la carretera Norte-Sur y, posteriormente, lanzados al mar en helicópteros. Dicha acción deja de manifiesto la planificación destinada a una 'solución final' para dicho problema, o sea, el engaño e impedir el encuentro de las personas y la verdad. "Ni el oficial subalterno y los agentes que realizaron las exhumaciones, como la tripulación de los helicópteros que trasladaron los cuerpos, saben sobre qué cadáveres se hizo tal tratamiento. "Y las respuestas a aquello, ¡por favor! no la busquen encarcelando a este oficial o a los pilotos, pues no saben más que lo que he indicado. ¡Exíjansela al general Pinochet, a su vicecomandante en jefe del Ejército, a su jefe del Estado Mayor, general Odlanier Mena, a su subdirector, su jefe del Estado mayor CNI, a su jefe de operaciones CNI, al comandante de Aviación del Ejército de aquellos años, a su segundo comandante y al jefe de operaciones aéreas, que realizaban los respectivos planes de vuelo. Ya está bueno que la justicia se centre sólo en los cabos mecánicos de helicópteros y en sus pilotos (...) así ha sido hasta hoy. Cómo mataban a los detenidos Según Herrera, la desaparición de personas tuvo varios procedimientos: "1.- Hubo coordinación y mando de oficiales superiores o generales: por órdenes superiores, personal de una unidad detenía personas con nombre, apellidos y domicilio, los entregaba en otra unidad donde eran retenidos, quemados o destruidos los documentos identificatorios y se les cambiaba por un número. Ya sin identidad, los detenidos eran llevados a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber a quiénes, ya que a esas alturas eran sólo números. Luego, envueltos en sacos, por otro personal, inhumados o lanzados al mar y quienes hacían esta 'labor' sólo veían bultos, no personas. "2.- Patrullas de las Fuerzas Armadas al mando de jóvenes subtenientes y tenientes o sargentos y cabos, hicieron de juez y parte frente a hechos de 'delación política', como jefes de las JAP, por ejemplo. También, frente a denuncias de delitos flagrantes o creyendo que así eran, fusilaron a personas sospechosas de tales actos in situ, pese a ser ilegal, aún en aquel tiempo. Quienes cometieron ese ilícito no obedecían a instrucciones de sus mandos. "3.- Carabineros integrantes de un retén, en conocimiento de cuatreros en su sector, los fusilaron e inhumaron, muchas veces con ayuda de civiles interesados en terminar con aquel delito. (...) También hubo muertos en ciudades, pueblos o localidades donde no existía presencia de FF.AA: Lonquén es un ejemplo. ¿Quién dio la orden? "4.- Unidades de la Policía de Investigaciones, sabedores que en su sector había delincuentes habituales que entraban y salían de la cárcel -como siempre ha sido-, en operaciones secretas y clandestinas los eliminaron actuando como escuadrones de la muerte. Tampoco correspondió a instrucciones del mando institucional. "De los procedimientos señalados en los puntos 2 al 4 ha habido información y se ha logrado avanzar algo en la materia. Respecto del primer procedimiento, nada. "La otra verdad resistida a revelar, oficialmente, es que buena parte de los detenidos desaparecidos NUNCA serán encontrados, porque el primer sistema descrito, aunque complejo, funcionó, en este caso, 'lamentablemente muy bien'. "Esta es la gran verdad que tiene entrampado al país (...) creo que todos los chilenos la sabemos, pero esperamos que sean personas responsables, con autoridad y necesidad de saber que, dando la cara al país, oficialmente nos la explique, sin eufemismos, sino en forma clara y dejando palmariamente establecido, de una buena vez, que la posibilidad de encontrar el grueso de los detenidos desaparecidos es material e insalvablemente imposible, porque (...) el primer procedimiento explicado, por su complejidad y dado el tiempo transcurrido, más militares y carabineros partícipes que han fallecido, hacen materialmente imposible toda posibilidad de reconstruirlo. "¡El grueso de los detenidos desaparecidos que aún faltan no serán encontrados, pues fueron arrojados al mar en diferentes lugares! O lo fueron poco tiempo después de ser detenidos o los lanzaron luego de las exhumaciones hechas entre 1978 y 1979. "Me parece una gran injusticia y miserable falta de respeto para con los familiares de aquellos, que esta triste y vergonzosa verdad no sea develada clara, contundente y documentadamente a la brevedad". Domingo 18 de enero de 2009 La Nación Carlos Herrera Jiménez, ejecutor de Tucapel Jiménez, rompe el silencio desde Punta Peuco Es reconocido como un ícono de las violaciones de los derechos humanos, pero hoy afirma, que aunque aparecieran cien casos falsos, no es posible poner en duda lo ocurrido en dictadura. El ex agente de la CNI califica la fallida denuncia de Karla Rubilar como un problema “moral y ético” y revela que, en 1982, el presidente de la ANEF era sólo el cuarto nombre de una lista de dirigentes sindicales que la dictadura pretendió asesinar, encabezada por Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y Hernol Flores. El nombre de Carlos Herrera Jiménez entró para siempre en la historia de la dictadura. Aunque mató en Pisagua meses después del golpe militar, no fue un soldado operativo en el arresto, la tortura y el método del trozo de riel para arrojar cuerpos al mar, sino en el crimen político, selectivo y planificado de los últimos años de la tiranía. Jamás dudó en matar cuando le tocó obedecer. Sin chistar. Orgulloso de cumplir su misión por la patria y con la fe ciega en sus superiores. Su "medalla estrella" la obtuvo cuando en 1982 eliminó de tres disparos al sindicalista Tucapel Jiménez. Fue el crimen que lo catapultó a la fama. Hoy revela, por primera vez, que Tucapel era apenas el cuarto y último de una lista para morir que encabezó entonces el sindicalista del cobre Rodolfo Seguel y, tras él, los dirigentes Manuel Bustos y Hernol Flores. Integró el Batallón de Inteligencia del Ejército y luego, en 1983, se hizo cargo de la CNI en la Región de Valparaíso. Fue en esa destinación que, junto a Álvaro Corbalán, integró el cuarteto que ultimó al carpintero Juan Alegría Mundaca. Después de 20 años de presidio, Carlos Herrera, con 57 años y el pelo cano, usa una colita que, al interior del penal Punta Peuco, lo diferencia de otros, como Raúl Iturriaga Neumann o el mismo ex jefe de la CNI, general Hugo Salas. Ellos todavía mantienen la formalidad marcial. Su visión de la vida, lo aleja hoy de aquel obediente soldado. -¿Qué opina de la reciente gestión de la diputada RN Karla Rubilar, que entregó antecedentes erróneos respecto de presuntos falsos detenidos desaparecidos? -Lo que Karla Rubilar hizo es monstruoso. Fuera de su desconocimiento, ella tiene un problema moral y ético. Encontrar cuatro o cinco personas que se pasaron de listos no cambia en absoluto el fondo, que en Chile hay desaparecidos. Incluso si aparecieran diez o cien, eso sólo cambia la magnitud. Aunque hubiera sólo un detenido desaparecido el problema sigue igual. -¿Cree que hoy los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos son una realidad en Chile? -Sí, efectivamente, eso no se puede desconocer. Creo que ese es el eje del conflicto de las violaciones de los derechos humanos. Me parece inconcebible que haya detenidos desaparecidos. -¿Qué efecto cree que tuvo este conflicto sobre la dictadura? -La existencia de los detenidos desaparecidos deslegitimó todo el trabajo bueno que hicimos en los servicios de seguridad y que llevó a cabo el régimen militar. -Después del sufrimiento de tantos años y sumados los acontecimientos recientes, ¿qué le diría hoy a los familiares de las víctimas? -Es difícil la pregunta. Me parece que, con todo lo que se ha sabido hasta ahora, pedir perdón es algo sobrepasado por los acontecimientos. El perdón es un proceso que corre por parte de los afectados. Y yo personalmente no hice desaparecer a nadie, por lo tanto no puedo pedir perdón por algo que no hice. -Pero entonces, ¿siente algún tipo de empatía por familiares de asesinados o ejecutados políticos? -Sí. A mí se me murió un hijo en 1978. Sufrí bastante, pero creo que de alguna forma ya se cerró la herida, aunque la cicatriz queda. El está enterrado y sé dónde está. No viví la desaparición de un ser querido. -Y a los familiares de los ejecutados políticos, ¿les pediría perdón? -Yo ya pedí perdón a los familiares de mis víctimas, entre ellos Tucapel Jiménez. -¿Usted fue el primero en pedir perdón a sus víctimas? -Sí, me parece que fui el primero. -Conoció bien a Manuel Contreras, ¿qué opinión tiene de él? -Yo conviví con él tres años y nueve meses en Punta Peuco. Creo que es alguien muy inteligente. Lamentablemente me parece que quedó pegado en el pasado. Él sigue en la pelea de 1973, no ha evolucionado. Y eso daña a quienes fueron sus subalternos. -¿En qué sentido los daña? -Hoy Contreras es quien encabeza el problema de los derechos humanos. Pero su dimensión no es igual a la de un suboficial como, por ejemplo, Basclay Zapata. Pero la sociedad en su conjunto, y la prensa en particular, pone a ambos en la misma dimensión, cuando hay una diferencia tremenda. Y Manuel Contreras no ha hecho nada para hacer esa diferencia. ¿Por qué él permite que sus subalternos sigan puestos a su mismo nivel? -Contreras incluso sigue negando la existencia de detenidos desaparecidos. -Por eso digo que está pegado en el pasado. -¿Cuándo y por qué se decidió a confesar los crímenes en que participó durante la dictadura? -Fue precisamente durante la convivencia con Contreras. Sobre todo porque no hizo nada por poner las cosas en su justo nivel. Creo que sería muy varonil y honroso que se hiciera cargo de las órdenes que dio. -¿Cree que Contreras ha sido cobarde? -Pienso que la sociedad chilena en su conjunto es un poco cobarde. Estamos en un país del "yo no fui". -¿Hubo otros motivos para que confesara sus crímenes? -Yo tengo cuatro hijos, incluido uno de veintidós años, que es la edad en que a mí me tocó vivir todas estas cosas. De verdad no quisiera que ellos vivieran lo que yo viví, ni tampoco que fueran víctimas como lo fueron otros jóvenes durante la dictadura. Mi hijo menor esconde lo que ocurrió a su padre y eso es duro. Cuando caí detenido él era una guagua de brazos, entonces él prácticamente ha vivido toda su vida sin padre. No me conoce de otra manera si no es preso. -¿Se refiere a que existe un costo familiar? -Sí. Además de cuatro hijos, tengo cuatro nietos y ellos humanizan más que los propios hijos. El orgullo perdido -Usted dijo que cuando mató a Tucapel Jiménez sintió orgullo debido a que creía fervientemente en lo que hacía. ¿Cuáles eran sus ideales? -A mí se me pintó que Jiménez estaba traicionando a la patria. Me bastó sólo eso para pensar que su muerte, siendo ilegítima desde el origen por el hecho de matar, se legitimaba por sí sola por el objetivo final, aunque suene maquiavélico. -Pero en qué se basó el orgullo que sintió al matarlo. -En los jóvenes de esa época, y particularmente en mí, había un patrioterismo que caía en el chovinismo. Todo lo que se hiciera en beneficio de la patria se legitimaba por sí mismo. Jiménez era parte de ese patrioterismo. Pero voy a contar que él originalmente era el cuarto de una lista de probables asesinados. El primero era Rodolfo Seguel (a 1982, importante dirigente sindical cuprero y diputado 2002-2006), el segundo era Manuel Bustos (a la fecha presidente de la Coordinadora Nacional Sindical) y el tercero, Hernol Flores (dirigente de Correos de Chile). Matar a cualquiera de ellos fue evaluado como un grave problema político. A Tucapel se le eligió por descarte. Debido a que quienes dirigieron esto "se les hizo el potito". A mí me impactó mucho saber esto con posterioridad. -¿Qué justificó para usted el crimen del carpintero Alegría, realizado para inculparlo de haber matado a Tucapel Jiménez? -Fue una consecuencia del primer crimen. Con el pasar de los años te das cuenta que si ya fue torpe matar a Jiménez, eliminar a Alegría lo fue mucho más. -¿Cree que cuando alguien mata está haciendo un mal? -Yo creo que es así y quien diga lo contrario está mintiendo. A uno en la familia desde chico le enseñan que matar es malo. Creo que se pueden analizar las motivaciones, pero quien mató sabe lo que hizo. -¿En algún momento sintió que estábamos en guerra? -Sinceramente sí. Después me impactó muy fuerte darme cuenta de que no era sí. -¿Cuáles son los ideales o paradigmas que entonces tenía y que hoy ya no tiene? -Yo salí de la Escuela Militar en 1970. Y, aunque había cosas del Gobierno de Allende que encontraba notables, como el medio litro de leche para los niños, no estaba de acuerdo con el fondo de su proyecto. Pero de alguna manera éramos una juventud mucho más ideologizada que la actual. De 13 ó 14 años ya estabas participando en algo, en uno de los dos bandos, algo bastante maniqueo que no consideraba los matices. Juicio a la dictadura -¿Cuándo y por qué se le comienza a quebrar la imagen de Augusto Pinochet? -Pinochet me desilusionó cuando en un discurso dijo "este no es un gobierno fascista". Entonces yo dije, cómo que no somos fascistas si estamos rodeados de militantes de Patria y Libertad. Y, además, éramos muy amigos de ellos. Eso me produjo muchos problemas. Siempre noté que Pinochet fue inconsecuente. Primero dijo que éramos antimarxistas y no sabíamos lo que era el marxismo; luego nacionalistas sin jamás leer a Primo de Rivera. Yo pensaba que el nacionalismo era bailar cueca, escuchar a Los Huasos Quincheros, comer empanadas y ver la Parada Militar. En un camino zigzagueante, después nos dijo que éramos gremialistas. -¿Rescata algo del régimen militar? -Sí, yo separo a Pinochet del régimen. La reorganización de la administración pública, el desarrollo de exportaciones no tradicionales, la reactivación de la Región de Tarapacá y la creación de la Zona Franca, son obras que han perdurado. Creo también que el salto en la economía fue una obra del régimen militar que lamentablemente se ve empañada por la violación de los derechos humanos. -¿Y qué piensa del sistema neoliberal y de la economía de mercado? -Ahí entro en un problema y déjenme volver un poco al pasado. Cuando asumió Allende prometió igualdad, y lo mismo sucedió con Pinochet donde todos íbamos a tener acceso a la educación. Pero en definitiva, pasados los años, resultó que esta sociedad nueva construida por los militares dejó afuera a los mismos que la hicimos. Por ejemplo, con cuatro hijos, no podía pagar las universidades. Hoy no hay igualdad de oportunidades para todos y yo me embarqué en este proyecto para lograr esa igualdad. -¿Cree que el sistema hizo de Chile un país más clasista? -Sí, y un ejemplo de ello es la reacción a la muerte de las estudiantes del Colegio Cumbres, que es lamentable por sí mismo. Al poco rato la Presidenta puso a disposición de los padres el avión presidencial, pero ¿cuántos accidentes hay todos los días de chilenos menos iguales que otros a los que nadie les pone un avión? -¿Cree que todo lo bueno que hubo en el régimen militar hubiese sido posible bajo un gobierno democrático? -Sí, pero con un proceso bastante más lento. En dictadura todo es más rápido, aunque el costo es alto. -Entonces, ¿reconoce que vivimos una dictadura? -Fue una dictadura. De viejo he aprendido a hablar sin eufemismos. Si un gobernante no es elegido por el voto popular, es un dictador. Cuando preguntan si fue pronunciamiento o golpe militar, es obvio que fue un golpe, el resto es un adorno. El abandono -¿En qué medida se sintió utilizado por el sistema? ¿Cuándo y cómo empezó a darse cuenta de ello? -Después de viejo. En el momento yo sentí que lo hacía muy bien. A mí me viene muy bien el aforismo "dile al tonto que es bueno pal’ hacha, y el tonto tala el bosque". En 1991 yo me desligué de la institución al pedir mi baja. Empecé a conocer otra vida y personas. En el Ejército uno vive como en un ghetto, igual que la gente de la UDI o la DC que se casan entre ellos. Nosotros también nos casamos con las hijas de otros militares. Cuando yo estudié en el Ejército las calificaciones estaban orientadas a qué tan buen cumplidor de órdenes eras. Como yo siempre fui bien calificado, me sentí un buen soldado, sin pensar las consecuencias que eso me iba a traer. -¿Cómo entiende las dos etapas en que se hizo desaparecer prisioneros: la de la DINA y la posterior de la CNI llamada "Operación Retiro de Televisores"? -A muchos como yo nos dijeron que estábamos en guerra y lo creímos. Desde la lógica de la guerra de esos primeros años, con algún esfuerzo, podría entender esas muertes. Pero cuando en 1978 y 1979 se hizo el desentierro de cuerpos bajo el mando del director de la CNI, general Odlanier Mena, es algo que no comparto. Ahí ya existe la manifiesta intención de ocultar un delito consciente de haberlo cometido. Y creo que el general Mena debe responder por eso. -¿Qué sintió cuando supo que la dictadura había sido derrotada en las urnas? -Varias cosas. Desde el punto de vista judicial estaba clarito lo que iba a venir, aunque nunca me imaginé que sería tan duro. Pero más que eso pensé que los mandos, que habían sido bastante severos y autocráticos, entre ellos Sergio Arellano Stark, Humberto Gordon, Carlos Forestier y el mismo Pinochet, se iban a hacer cargo de las órdenes que dieron. Algo que nunca ocurrió. Pero yo estaba desilusionado de Pinochet hacía rato. Aunque recalco nuevamente que, para mí, él no es el gobierno militar. -¿Se imaginó que los mandos superiores no iban a asumir su responsabilidad? -Nunca. Fue una decepción muy grande y todavía la tengo. Me dolió mucho. Me cuesta mucho hoy mirarlos a la cara y tratarlos por el grado y de "mi general". -¿Qué efecto tuvo que los mandos no asumieran las órdenes que dieron? -Que la justicia inicialmente empezara a escarbar por abajo. Entonces caímos presos primero los subalternos. -¿Voto Sí o No en 1988? -Con el alma en el No, voté que Sí. -¿Por qué? -Porque era un soldado disciplinado. La falsa reconciliación -Viéndose en el tiempo, ¿cree que es válido matar por la patria? -Como ya dije, inicialmente sentí mucho orgullo. Pero después me atacaron el peso de la conciencia, los hijos cuando crecieron, y conocer a mis nietos. Ahora creo que todo eso fue monstruoso. -¿Qué le parecen algunos de los gestos de reconciliación que han habido? -Hace algunos años el entonces comandante en jefe Juan Emilio Cheyre hizo una misa reparatoria en la memoria del general Carlos Prats, lo cual me pareció fantástico. Pero encontré de pésimo gusto ver, en primera fila y al borde de las lágrimas, a los mismos generales que nos dijeron que Prats era un traidor. -¿Como quiénes? -Por ejemplo, el general César Benavides. Actitudes de ese tipo son las que me provocan el desconcierto. Por años pensé que Prats era un traidor. Igualmente me pareció poco decente ver en las páginas sociales de "El Mercurio", en un cóctel del mundo universitario, juntos al general Guillermo Garín y al dirigente del MIR, Pascal Allende. Eso me parece muy poco decente. Ninguno de los dos debiera haber estado. -¿Eso no tiene que ver con una eventual reconciliación? -¿Se van a reconciliar las cúpulas? ¿Y qué pasa con los de abajo que ellos mismos mandaron a la muerte? Tiene que haber respeto por los caídos de uno y otro lado. Ahora, poniéndome en el lugar del MIR, sus muertos ese día se estarían revolcando en la tumba. Si eso es reconciliación, no entiendo nada. El lento camino al cielo -Aparte del costo judicial y el escarnio público. ¿Existe un costo familiar? -El familiar fue el costo más alto, porque no sólo mentí judicialmente sino también a mi familia. Nunca conté que había cometido tal o cual homicidio. Pero mis hijos fueron creciendo y en un momento, en el 2000, les tuve que contar. Y contarle a mi esposa creo que fue más difícil que cuando hablé con el ministro Sergio Muñoz (que investigó el crimen de Tucapel Jiménez). No sabía por dónde empezar y justificar lo injustificable. Creo que lo más difícil fue con mi hijo más chico, ya que los otros sospechaban en lo que yo trabajaba. Él cuestiona mis acciones del pasado y eso evidentemente produce dolor. -¿De qué se arrepiente? -Dejando de lado las violaciones de los derechos humanos de las que ya me arrepentí y pedí perdón, me arrepiento de no haber estudiado Leyes. Estando en la CNI fui aceptado como alumno en la Universidad Católica de Valparaíso, pero el general Gordon me dijo "¿Usted está loco?". Acá en la cárcel me habría gustado estudiar Filosofía, pero tampoco he podido. Cuando uno está viejo y hace la lista, son más los arrepentimientos que los aciertos. -¿De qué no se arrepiente? -De mi familia. Y de haber estado presente en los acontecimientos más importantes del siglo XX, a pesar de que muchos de ellos fueron deleznables. Desde el punto de vista histórico, puedo decir "yo estuve ahí". Es un contrasentido, pude haber tenido una vida más simple y haber conocido más cosas, pero también ¡qué lindo es tener la culpa de lo que ha pasado! Esto sirve para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Para qué sirve todo esto? No tengo idea. -¿Es religioso? -En el plano religioso, soy católico, y tuve que pasar un largo periplo antes de volver a comulgar. No fue fácil, porque resulta ilógico que un católico practicante y observante, como es mi caso, haya hecho lo que hizo. Todavía me lo cuestiono desde el punto de vista espiritual, ya que conozco bastante de la Biblia. Yo sabía que mi religión prohíbe hacer lo que yo hice. -¿Reza usted? -Sí. -¿Cree que se irá al cielo? -Sí, sí. Cuánto me voy a demorar en llegar, es algo que no sé. Aunque creo que me voy a demorar bastante. -¿Por qué? -Por el purgatorio, pues. Pisagua -Usted estuvo en Pisagua a fines de 1973. ¿Mató al prisionero Nelson Márquez? -Sí, yo lo maté. -¿Quién le dio la orden? -Me la dio el capitán Jaime Krauss Rusque y yo la cumplí. Él después fue edecán de la Cámara de Diputados. -Pero usted está preso y Krauss está libre. -Porque la justicia chilena aceptó como válido que él se encontraba en tareas administrativas contando remedios en una farmacia. Aunque la farmacia era muy chica, se demoró un mes en contar los remedios. La ansiada libertad -¿Cuándo debería salir libre? -Yo tengo una condena a cadena perpetua unificada por las muertes del carpintero Alegría y Tucapel Jiménez, que suman 20 años de presidio. Ese tiempo se cumplió el 21 de junio de 2008. Caí preso en 1992, pero tenía tres años y siete meses acumulados de una condena previa por el caso del transportista de La Serena, Mario Fernández. Entonces, lo que sostengo es que, si la legislación penal permite la acumulación de las penas, yo ya cumplí la mía. Si el Estado, con toda justicia, fue tan ágil para juzgarme y condenarme, hoy con esa misma agilidad debe dejarme en libertad. También hay que respetar los derechos humanos de quienes los violamos. De lo contrario, se transforma en una venganza. -A usted recientemente la justicia le denegó un recurso de amparo, por un error en la forma… -Exactamente. A diferencia de la medicina, donde prima la urgencia por salvar a un paciente independientemente de cualquier formalidad, en la justicia no sucede. ¿Qué hubiera pasado si los recursos de amparo en Chile se hubieran acogido adecuadamente? Se habrían salvado muchas vidas. -Si ya le pidió el indulto al ex Presidente Ricardo Lagos y le fue negado, ¿por qué no se lo solicita a la Presidenta Michelle Bachelet? -No, y no es por soberbia, sino porque yo ya cumplí mi pena. -¿Qué quiere hacer si algún día sale en libertad? -Vaya paradoja, yo me acostumbré a estar encerrado y quiero ir a encerrarme a mi casa. No tengo ganas de reintegrarme en actividades de tipo social. Ni siquiera quiero ir al estadio, que antes me gustaba. -¿De qué equipo es hincha? -¡De San Luis de Quillota, pues hombre! Pero lo que en verdad hoy me interesa es vivir con mi señora en una parcela que tengo. Recomenzar nuestro pololeo. Lamentablemente mis hijos ya no van a estar conmigo en la casa, lo cual me va a costar mucho superar. Hace un par de años tuve el síndrome del nido vacío, que normalmente les da a las mamás. -¿Quisiera aislarse del mundo? -No del todo, quiero hacer una radio comunal, porque considero que Chile es un país muy injusto. Soy radioaficionado y tengo los equipos necesarios. Entre otras cosas, me gustaría hacer un programa dedicado a los presos. Pero esto lo voy a hacer desde mi casa. Reflexiones Al final de la entrevista, Carlos Herrera extrajo una carpeta y dijo que quería plantear algunos puntos. “Existe una inequidad en las condenas cuando se aplican las mismas penas a los altos oficiales como Manuel Contreras y otros generales, y a los suboficiales como Basclay Zapata y otros”. “La ley no es rígida, el derecho siempre se ha interpretado. La primera condena por homicidio calificado fue ejemplificadora y me la llevé yo: cadena perpetua. Hoy, el mismo tipo de delito se condena con pena remitida (cumplirla en libertad). Tengo claro que salí perjudicado por el momento histórico en que cometí el crimen”. “Hay casos de oficiales y suboficiales que han hecho mucho daño, no han confesado nada, y cumplen una condena. Por el contrario, hay otros que confesaron todo lo poco que hicieron, y tienen la misma condena”.
Viernes 3 de abril de 2009 La Nacion Suprema ordena anular procesamiento en caso Pisagua Los magistrados, actuando de oficio, plantearon que el ministro Billard había violado la Convención de Montevideo sobre la extradición de Carlos Herrera Jiménez, por lo que no corresponde mantener el procesamiento en contra del ex uniformado. La Corte Suprema determinó anular el procesamiento dictado por el ministro Joaquín Billard en contra del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez en la investigación por derechos humanos conocida como caso Pisagua. En fallo dividido los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller rechazaron el recurso de amparo presentado por la defensa del procesado. Sin embargo, actuando de oficio, el máximo tribunal del país ordenó anular el procesamiento dictado el 22 de julio de 2004, ya que estima que viola los preceptos de la Convención de Montevideo mediante la cual se concedió por Argentina la extradición a Chile de Herrera Jiménez. “Que conforme a las disposiciones antes analizadas y apareciendo de los antecedentes de la causa tenida a la vista que el auto de procesamiento de fecha 22 de julio de 2004, respecto de Herrera Jiménez, ha sido dictado con infracción a lo dispuesto en la letra a) del artículo 17 de la Convención de Montevideo, procediendo de oficio esta Corte, de acuerdo con sus facultades conservadoras, se dispone dejarlo sin efecto, debiendo el Sr. juez de la causa seguir los procedimientos correspondientes a fin de obtener la ampliación de la extradición, en mérito de los elementos que obran en la causa y que motivaron la dictación de la resolución que por este fallo se ha dejado sin efecto”, dice el dictamen. La decisión de rechazar el recurso de amparo fue acordada con el voto en contra del ministro Segura que estuvo por acoger la presentación de la defensa de Herrera Jiménez.
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