Zanghellini Martínez Werner Enrique

 Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos.

La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlos.

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpas Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.

Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros.

Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psiquiatra Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los '90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia.

esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.

Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel (r) suicidado) Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.

El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú.

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally".

Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986.

Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez. Dr. Camilo Azar Saba (actualmente tiene un sitio web y un blog:( http://camiloazar.blogspot.com/ y http://www.camiloazar.com/ )  es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar. Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.

Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.

Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo. Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 4508563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo. email:  camiloazar@vtr.net  . Fonos: (56-2) 679 65 00.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista. Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra. Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

Santa Lucía 162, frente al Cerro Santa Lucía. Fue sede del Mapu en 1972. El edificio, confiscado por la dictadura, pasó a manos de la Dina que instaló allí una clínica clandestina para “recuperar” a los detenidos y continuar torturándolos. También para asesinar a algunos. El general Manuel Contreras y otros mandos de la Dina también mantenían oficinas en el inmueble.

En el gobierno de Aylwin la propiedad fue entregada a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, liderada por Jaime Castillo Velasco. Su actual presidente es Gabriel Pozo Pérez. En el segundo piso está la oficina de Romina Ampuero, estudiante de derecho, 24 años, que investiga la historia del lugar.

Romina Ampuero nació en Buenos Aires durante el exilio de sus padres. A los 10 años acompañó a su madre a una entrevista con Jaime Castillo. Fue la primera vez que visitó el edificio de la ex Clínica Santa Lucía. En 2010, después de una conversación con Bessie Saavedra y Sylvia Pinilla, ingresó como trabajadora voluntaria a la Comisión Chilena de DD.HH.

¿Qué rol cumplías?
“Nos encargábamos de organizar actos para movilizarnos. Surgieron los problemas típicos: convocatoria, lucas, etc. Sin embargo, nos preocupamos de armar equipos de trabajo y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Mujer, etc. Nos dimos cuenta que se podían levantar iniciativas con pocas lucas y sacar así del estancamiento a la Comisión. Más adelante, la Comisión firmó un acuerdo con Villa Grimaldi para constituir aquí un sitio de memoria. A partir de eso, empezaron a llegar ayudantes, tesistas y practicantes. Vimos que necesitábamos más gente y pedimos ayuda a profes para armar un equipo de educación”.

¿En qué está el sitio de memoria?
“Hemos trabajado un guión para las visitas. Ahora terminamos el proyecto con el cual hicimos la investigación sobre la clínica. Eso prácticamente se financió con plata de nuestros bolsillos”.

¿Y en qué va esa investigación?
“Tenemos un primer listado de víctimas que pasaron por este lugar. Hemos logrado dar con declaraciones de agentes de la Dina que trabajaron acá, sobre lo que hacían y porqué. Logramos establecer la realidad de la clínica de la Dina”.

¿Y qué viene ahora?
“Creo que hay que judicializar esta investigación. No lo digo yo, sino los sobrevivientes que han dado sus testimonios. Sin embargo, el primer objetivo es constituir el sitio de memoria y trabajar desde él”.

TRABAJANDO EN LA MEMORIA

¿Cómo llegas tú a trabajar en el rescate de la memoria?
“Desde chica me interesó el tema de los derechos humanos. Sobre todo el caso de los detenidos desaparecidos. No soy de los que cree que no los vamos a encontrar nunca. Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, dijo: ‘No los vamos a encontrar a todos’, eso está claro. Pero creo que al menos se puede saber cómo fueron sus últimos momentos y dónde los sufrieron.
Cuando llegué a este edificio y me enteré de la historia de la Clínica Santa Lucía de la Dina, me generó intriga, y me propuse trabajar en reconstruir esa historia. Fue un proceso difícil, pero me di cuenta que era capaz de hacer lo que pensaba. Costó empezar la investigación, no teníamos lista de nombres, no sabíamos de nadie que hubiera estado aquí”.

¿Cuál crees que es el rol de los jóvenes en el trabajo de la memoria?
“Hacernos cargo de lo que no hicieron nuestros padres. Estos 40 años fueron de silencio familiar, de los medios de comunicación, etc. Todavía es difícil conversar con los papás y los abuelos. Son pocas las personas que cuentan lo que pasó. Todos tenemos una historia, el tema es que no todos la saben. Debemos hacernos cargo de nuestra historia como país. Los lugares que fueron centros de tortura no pueden quedar ignorados. El cuartel Loyola, Nido 18, Simón Bolívar, la Venda Sexy: tenemos que saber quiénes estuvieron allí. Es la deuda con la gente que murió. Es la única forma de cerrar heridas, saber lo que pasó”.

¿Y qué te parece el rol del Estado en el tema de la memoria?
“El Estado nunca se ha hecho cargo. Ahora todos celebran a Bachelet que recogió propuestas de los sitios de memoria. Eso es bueno, pero veremos si hace algo. Ella ya fue presidenta y no sé si ayudó tanto a los sitios de memoria. Ahora es distinto, por el boom de los 40 años del golpe. Era necesario tomar estas propuestas. Que acogieran las propuestas de los sitios de memoria es un avance, pero en concreto, se entra ahora en la negociación. Decir, ¿le meto más plata a educación o a los sitios de memoria? Ahí veremos. Por eso es importante que los jóvenes nos hagamos cargo de nuestro pasado”.

¿Y cómo se motiva a los jóvenes?
“La única forma es haciéndoles sentir que el tema les toca a ellos. Cuando vienen a visitarnos, tratamos de hacerles entender que esta historia habla de gente igual que ellos. Eran personas que tenían familias, algunas víctimas tenían sólo 17 años, igual que los chiquillos que vienen acá. La memoria vuelve persona a la víctima y también al victimario. Es necesario que el visitante entienda que él también puede verse envuelto en la misma tragedia”.

MEDICOS-TORTURADORES

¿Y qué visión tienes después de la investigación?
“Creo que hay que tener claro que la única forma de no repetir lo que fue la dictadura, es conocer a cabalidad lo que ocurrió y ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, mi visión respecto de la víctima y el victimario se hizo más amplia con la aparición de los médicos que trabajaron en esta y otras clínicas de la Dina. El victimario genera un rechazo per se. Pero acá se dio otra lógica. Los médicos eran civiles, muchos estaban en la universidad y un profe les dijo ‘te tengo un trabajo, buenas lucas’. Llegan aquí y se dan cuenta que están al servicio del terrorismo de Estado. Era como una mafia y se quedaron. Un sobreviviente decía que si algo lo impactó, fue cuando en la tortura pidió al médico que lo matara para no sufrir más. El doctor le respondió que por ética no podía matar, que tenía que salvar su vida sabiendo que lo salvaba para que siguieran torturándolo”.

 

Médicos torturadores

La Clínica Santa Lucía fue un centro de detención y tortura que funcionó entre 1974 y 1977, cuando se traslada a la Clínica London, en la calle Almirante Barroso.

La clínica era utilizada para torturar detenidos con supervisión médica, para la recuperación de torturados en muy mal estado y también para atención médica de familiares de los agentes de la Dina. Los sobrevivientes señalan que reconocieron el lugar por el cañonazo de las 12, en el Cerro Santa Lucía. De la clínica desapareció un número indeterminado de detenidos. Según testimonios “llegaban agentes en vehículos y bajaban al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo (probablemente una inyección) y después lo sacaban muerto”.

Algunos de detenidos desaparecidos de este lugar son: Sergio Alfredo Pérez Molina, Nilda Patricia Peña Solari, Juan Carlos Rodríguez Araya, Diana Frida Arón Svigilsky, Miguel Angel Meniconi Isidro. Pasaron también por la clínica Lumi Videla, asesinada en el centro de detención de José Domingo Cañas, y Patricio Bustos, actual director del SML.

Algunos médicos que trabajaron al servicio del terrorismo de Estado todavía ejercen en conocidos centros de atención de salud:
Werner Zanghellini Martínez, director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976, acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia al dirigente mirista Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, médico de la Brigada de Salubridad de la Dina, trabajó en la Clínica Santa Lucía y en el Comando de Logística de la CNI.

Vittorio Orvieto Teplizky, médico del ejército. Participó en torturas en el Campo de Prisioneros Nº 2 de Tejas Verdes, se desempeñó en la Brigada de Salubridad de la Dina y fue director de la Clínica Santa Lucía.

El médico personal de Helvio Soto era el mismo torturador que inyectó con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón. Lo funamos. Ahora no reía el criminal. Hincado, pedía clemencia.

Helvio Soto no sólo fue gran cineasta, sino un chileno ejemplar. Hombre culto, simpático, de ideas progresistas, con una obra cinematográfica que da cuenta de los periodos convulsionados que vivió Chile en busca de caminos de liberación.

Su trabajo visual ha quedado como testimonio de las contradicciones que se vivían en el periodo de la Unidad Popular. Luego, con cintas como “Llueve sobre Santiago” dio cuenta de la crueldad de la dictadura de Pinochet.

Este director chileno que estuvo exiliado en París,  Francia, me recibió una tarde en la altura de El Arrayán,  en su casa suspendida en el aire, con espectacular vista, rodeado de un póster que daba cuenta de su trabajo cinematográfico.

Él se encontraba enfermo. Recibía  pensión del gobierno galo que le permitía costear sus remedios y exámenes  de salud.

Dentro de los variados temas que tocamos esa tarde, habló sobre su médico, un cardiólogo que cada cierto tiempo vigilaba el estado de su corazón.

Para nadie era novedad que la dictadura contaba con médicos que traicionando su juramento en defensa de la vida, colocaban su conocimiento para aplicar tortura a detenidos que secuestraban la DINA y la CNI. En unidades militares, cuarteles secretos, hospitales institucionales, había médicos  a orillas de los camastros donde la tortura era practicada por traidores uniformados y civiles cómplices.

En el transcurso de  estas conversaciones, el nombre de Werner Zanghellini Martínez, -quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón,- salió a escena. Este torturador que atendía en calle Galvarino Gallardo, era el médico personal de Helvio Soto.

No fue fácil comunicarle al cineasta que su vida se encontraba en manos de un criminal, en contra del cual había decenas de denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.

El artista cuando tuvo en sus manos la foto del médico asesino, leyó su prontuario. Se interiorizó de los testimonios de las víctimas sobrevivientes, guardó silencio y su mirada se perdió en el cielo que daba paso a la noche.

“¿Qué hacemos?”, pregunté. Enfrentarlo y desenmascararlo fue su inmediata respuesta. Y así fuimos tejiendo los pasos para funar al cardiólogo torturador.

Como todos los antes funados miembros de los servicios de seguridad de la dictadura, su grito cobarde fue “Yo no he hecho nada”, “Soy inocente”, sin recordar cuando la víctima inmovilizada, indefensa, era agredida con electricidad por medio de la picana.  Ahora no reía el criminal, sino hincado pedía clemencia. Los gritos de “ni perdón ni olvido”, esa tarde noche quedaron inscritos en las murallas de aquella consulta.

Gracias al esfuerzo del cineasta Helvio Soto, Werner Zanghellini fue desenmascarado y su nombre gritado en el barrio para que nadie olvide que ese médico es un criminal torturador.

Meses después de este hecho, Helvio falleció. Antes de su muerte, el Partido Comunista de Chile con quien había tenido desencuentros en otro tiempo hizo un homenaje al cual asistió y donde agradeció profundamente a Gladys Marín, impulsora de la iniciativa.

Los Werner Zanghellini se encuentran en muchas clínicas y consultas particulares a lo largo de este doliente país.

Algunas clínicas como Dávila u Integramedica, tuvieron entre sus profesionales a estos criminales. Figuraban hasta hace poco en el listado de médicos.

Es urgente que los nombres y direcciones actuales de estos criminales sea actualizada. No se puede hacer borrón y cuenta nueva. Cientos de vidas fueron truncadas por estos victimarios al servicio de la dictadura de Pinochet, con la complicidad de una derecha que dice defender la vida y se opone al aborto, y que calló mientras a hombres y mujeres, jóvenes y niños  se les arrancaba la vida.

La Brigada de Salubridad actuó en el primer servicio médico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El grupo, integrado principalmente por civiles, trabajó en la Clínica Santa Lucía desde 1974 a 1977.

Así lo reveló la investigación que lideró el equipo del Sitio de Memoria ubicado en la comuna de Santiago. El 24 de octubre pasado, se dieron a conocer los resultados de este estudio realizado en 2018 y que buscó reconstruir una historia que, de a poco, ha visto la luz durante los últimos 10 años.

50 funcionarios se desempeñaron en este lugar. “Ahí es donde hay un acento importante que darle a esta investigación porque estos médicos civiles dieron inicio al trabajo de la Brigada de Sanidad, que operó durante toda la dictadura” relató Romina Ampuero, Directora del Sitio de Memoria y coordinadora del equipo que indagó en estos hechos.

La Central Nacional de Informaciones (CNI) también tuvo 3 clínicas. Por lo tanto, el trabajo que se hizo no se terminó con el cierre de Santa Lucía en 1977. “Se trasladó por diversos motivos a otros lugares y se perfeccionó, que era la idea” comentó Ampuero en la presentación del documento.

La investigación aporta detalles sobre el organigrama al interior de esta organización secreta, coordinada y liderada por la DINA y sus agentes.

Romina Ampuero citó a uno de los hombres clave en esta gestión. Recordó que la estructura era encabezada por Werner Zanghellini Martínez (cardiólogo, director de la ex clínica en los años 75-76) y el doctor Dámaso González.

“Se levanta desde los inicios de las funciones de la DINA, previamente les encargaron organizar la Unidad de Sanidad. ¿Cuál era el objetivo? Conseguir apoyos, en términos médicos, al funcionamiento de la represión” afirmó Ampuero.

Los antecedentes recopilados también arrojaron que estos médicos asistían a otros recintos, y en el lugar determinaban si los detenidos eran atendidos o trasladados a la Clínica Santa Lucía. El equipo tenía turnos y una estructura de trabajo específica.

Con diversos centros clandestinos funcionando,  la cifra de detenidos iba en aumento. La demanda era alta y el objetivo claro: la necesidad de hacer permanente las sesiones de tortura.
Entre la lista de funcionarios se reconocen diversas especialidades: pediatras, médico general, cirujanos, ginecólogos, psiquiatras, cardiólogos y odontólogos.

“Yo no sabía, hasta antes de este estudio, que este lugar también tuvo una práctica particular de exterminio” agregó Lautaro Videla Moya, Presidente del Directorio del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

Videla se refiere al uso de pentotal sódico, el llamado “suero de la verdad”, pero que en altas dosis era mortal. “Me impresiona el saber que acá se aplicaron inyecciones letales a compañeros que pararon en este recinto” lamentó.

Lautaro Videla: “Este trabajo no tiene fin”

Este informe considera varias fuentes. Una de ellas, la “información limitada” de los ex agentes de la DINA en sus declaraciones ante Tribunales.

En segundo lugar, el material recabado durante años en diversos documentos vinculados con los sitios de memoria y en el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. En esta sistematización, Lautaro Videla destacó el trabajo de los directorios anteriores y el rol de  Silvia Pinilla y Samuel Houston.

Con esta presentación del texto luego de 10 meses de trabajo, se cierra una nueva etapa de recopilación. Este último esfuerzo responde a un proyecto que contó con financiamiento estatal a través de la Asignación de Subvenciones Presidenciales.

Lautaro Videla, Presidente del Directorio del Sitio de Memoria, destacó que esta historia debe ser conocida en todo Chile. Por esta razón, considerarán un nuevo proyecto con el objetivo de publicar los resultados “bajo la figura de un libro”.

“Estábamos conscientes que intentaríamos llegar lo más allá posible, pero también reconocemos que este trabajo no tiene fin” reflexionó.

Videla compartió una conclusión: “No hemos contado con el apoyo del personal de las Fuerzas Armadas o Servicios de Inteligencia, que fueron actores directos o indirectos, por eso descartamos que alguna vez nos apoyen en complementar la información que hemos recabado en este tiempo”.

Romina Ampuero: ¿Qué pasa con los médicos civiles? 

Romina Ampuero destacó puntualmente la impunidad que ha existido respecto de la participación de civiles en la comisión de crímenes de lesa humanidad.“Ninguno ha rendido cuentas y Santa Lucía transparenta esta situación”, concluyó la Directora del Sitio de Memoria.

El aparato de salud instalado en Rinconada de Maipú fue destinado a la Clínica Santa Lucía, por orden de Zanghellini. El recinto, con una ubicación estratégica en el centro de Santiago, funcionó con un área administrativa y recursos. Y con una incorporación paulatina de facultativos, varios de ellos civiles que eran contratados de manera particular.

Desde la Asociación advirtieron que los antecedentes que revela el informe pueden sustentar demandas y más gestiones judiciales.

“¿Qué pasa con los médicos civiles? Buena pregunta porque ninguno ha sido procesado. Atendiendo sus edades, la gran mayoría aún está trabajando, por ejemplo, en universidades dando clases, otros en clínicas privadas y algunos en el Ejército en las unidades médicas” relató Romina Ampuero.

Entre ellos, según el informe, Dámaso González aparece atendiendo en su consulta privada en Providencia y Carlos  Rodolfo  Ulrrich Dünner  quien tiene su oficina como odontólogo en Las Condes). Ambos figuran en la nómina del Colegio de Dentistas.

Milena Cecilia Zulic Lolic, Odontopediatra, se relaciona con la  Clínica de Ortodoncia y Estética “Zulic” (Las Condes) y también es  integrante de la Sociedad de Ortodoncia de Chile.

Eugenio Andrés Fantuzzi Alliende (Otorrinolaringólogo) atiende en las clínicas Dávila y Santa María, miembro de la Sociedad Chilena de
Otorrinolaringología.

Camilo Antonio Azar Saba, Traumatólogo, atiende en la  Clínica MEDS – Medicina Deportiva (Lo Barnechea).

Pablo César Oyanguren Plaza, Cirujano Dentista, es académico en la Escuela de Odontología (Universidad Mayor).

Luis Hernán Santibáñez Santelices, Médico Cirujano – Broncopulmonar, atiende en Integramédica y dos consultas en Las Condes.

“El cañonazo de las 12”

De un total de 17 sobrevivientes, esta investigación también sumó entrevistas a diez de ellos y ellas. De esta manera, se revelaron detalles inéditos de un inmueble, que según el propio Manuel Contreras, “actuó como una clínica para la atención médica de funcionarios de la DINA y para los detenidos que requerían servicio” (1985). Sin embargo, fue más que eso: en paralelo a este funcionamiento oficial también se usó como un centro de detención y torturas clandestino.

Los “paquetes”, como  llamaron los funcionarios a la llegada de detenidos, fue un código que mantenían los agentes. Las personas que eran trasladadas a la ex clínica padecían de lesiones o heridas graves. Según relatan algunos testimonios, el cañonazo del mediodía en el Cerro Santa Lucía fue un elemento clave para tratar de confirmar la ubicación en la que se encontraban.

Renato Alvarado Vidal que estuvo dos veces en este recinto relata a nuestro medio su experiencia.

“Una de las vivencias al volver acá (ex clínica Santa Lucía) fue descubrir que era mucho más pequeño de lo que recordaba, me di cuenta del estado de indefensión en el que me encontraba en ese momento” relató en entrevista con Radio Universidad de Chile.

Desde que conoció a los integrantes de la Asociación, afirmó que su compromiso sería colaborar con este tipo de investigación. Por esta razón, viajó desde Puerto Montt y contó su experiencia en la Clínica del Horror.

Los “pacientes” sin paradero

La Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía había logrado identificar, con la historia de este lugar, el caso de 12 detenidos desaparecidos. La última indagatoria confirmó el paso de dos personas más por este centro de exterminio.

Ramón Hugo Martínez González. Tenía 23 años cuando fue detenido por agentes de la DINA. El estudiante, soltero y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile), fue trasladado a Villa Grimaldi. Según los antecedentes, “el Tano” fue torturado y ejecutado en este recinto.

“Él había sido detenido el día seis de enero (1975) en calle Bascuñán Guerrero en Santiago. En el momento de su detención Ramón Martínez fue herido a bala, siendo conducido en esas condiciones al recinto de Villa Grimaldi. El 13 fue remitido su cuerpo al Instituto Médico Legal por una Fiscalía Militar donde se dejó constancia que falleció a consecuencia de dos heridas a bala torácicas recientes, que no corresponden a las infligidas al momento de la detención. Esos antecedentes permiten afirmar que la víctima fue ejecutada por agentes de la DINA, en violación de sus derechos humanos” 

Claudio Enrique Contreras Hernández. Tenía 27 años a la fecha de su detención. Constructor Civil, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica del Estado. Como integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenido el 7 de enero de 1975.

“Según el testigo, el afectado permaneció en Villa Grimaldi hasta el 25 de enero de 1975, fecha en que fue sacado del recinto junto a Patricio Urbina Chamorro, a Carlos Guerrero Gutiérrez y a Luis Piñones Vega, con destino desconocido…

Con posterioridad a su detención, el nombre de la víctima apareció en la lista de 119 chilenos que presuntamente habían muerto en enfrentamientos en el extranjero (julio de 1975). Los 119 nombres de estas nóminas eran todas personas desaparecidas después de haber sido detenidas, entre los meses de junio de 1974 y febrero de 1975, y la mayoría de ellas vistos por testigos en recintos secretos de detención de la Dina”. 

Romina Ampuero se refiere a esta revelación. “Hacer justicia en la reconstrucción de ambas historias”  concluyó.

Reunir antecedentes sobre lo que sucedió en la Clínica Santa Lucía “ha sido complejo”. Los casos de detenidos desaparecidos que transitaron por este centro han sido reconocidos por declaraciones de compañeros de reclusión. Los sobrevivientes, al reconocer el lugar, han contribuido también a la memoria histórica.

Después de varios años de trabajo, el próximo 24 de octubre será una fecha importante para la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía. Se publicarán los resultados de una investigación que aportará nuevos datos de la historia del inmueble durante la dictadura.

Entre octubre de 1974 y 1977 fue utilizado como clínica para el personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y sus familiares. Simultáneamente, funcionaba como centro de detención y tortura, además de archivo y centro de documentación.

Con estos antecedentes en mano, en diciembre del año pasado el Directorio de la Asociación dio inicio oficial a este proyecto que busca recopilar y sistematizar la información referida al recinto ubicado en calle Santa Lucía 162, comuna de Santiago.

El proceso de investigación, que fue coordinado por Romina Ampuero, egresada de Derecho y Directora del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, contó con el trabajo de las historiadoras Tamara Carrasco, Macarena Castillo y Viviana Salinas.

Dos sobrevivientes de la Clínica Santa Lucía (centro médico de tortura de la DINA), entregaron sus testimonios sobre su paso por el edificio. Este martes se presentó la primera querella respecto del caso que apunta a civiles, médicos y dentistas, como responsables de perpetuar la tortura de Estado.

Este martes se presentó la primera querella en el caso de la Clínica Santa Lucía, un espacio utilizado por la DINA y operado por médicos civiles que en algunos casos, por primera vez, serán cuestionados por la justicia por su participación en la orgánica de tortura de la inteligencia en Dictadura. El centro ubicado en Santa Lucía 162, operó entre los años 1974 y 1977 como un centro médico clandestino que recibía a presos políticos descompensados por huelgas de hambre, golpes, o con secuelas graves después de sesiones de tortura en las que sus cuerpos no dieron más.

La integrante del equipo jurídico de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Romina Ampuero explicó que el “2018 pudimos terminar el primer dossier de investigación, de lo que fue un trabajo que inició originalmente el año 2012”. Este trabajo recopiló historias y breves menciones que apuntaban a la existencia de esta clínica en los informes Rettig y Valech, reunió sobrevivientes y logró armar el relato del edificio que ahora es sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la que recientemente fue robada. “Mediante este levantamiento de la información, logramos establecer la orgánica interna de la DINA en estos espacios, lo cual permite derribar algunos mitos como los que plantean que estos eran espontáneos”.

“Esta fue la primera clínica clandestina de la DINA, es el puntapié inicial de cómo se materializó el trabajo de la brigada de salubridad de la DINA, que se mantiene durante toda la dictadura, y tiene como característica esencial la vinculación con los civiles, y la participación que tienen ellos en mantener la Dictadura operando”, explica Romina.

La querella, si bien apunta “contra quienes resulten responsables”, se individualiza en la investigación al cardiólogo Werner Zanghellini Martinez como el jefe de la unidad (él según reportes, sigue ejerciendo en una consulta particular arrendada a nombre de un familiar suyo en Avenida Providencia). También se menciona a la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada; el cirujano dental Dámaso González Espinoza, el dentista Sergio Muñoz Bontá; los cirujanos Vitorio Orvietto Tiplizky, Jorge Fantini y Osvaldo Leyton. Además del otorrino Eugenio Fantuzzi, quien hasta el día de hoy sigue atendiendo en la Clínica Dávila en el área de otorrinolaringología.

“Las torturas eran con los médicos al lado”
Dagoberto Trincado es uno de los sobrevivientes de esta clínica, cree que estuvo 15 días internado, amarrado a la cama. Él cayó detenido a Villa Grimaldi en diciembre de 1975, después de varias sesiones de tortura con electricidad, su corazón empezó a fallar y llegó a la clínica para ser “sanado”. “Cuando uno escucha hablar de una clínica lo asocia con curación, ¿no? Esta clínica tenía la gran diferencia de que curaba a las personas para que resistieran a otro tipo de torturas. Yo caí ahí por problemas cardíacos después de tanto que me electrocutaron, y el dictamen fue: “No más tortura con electricidad”, porque eso me podía provocar la muerte, entonces lo que venía después era tortura física, atropellos, colgamientos, etcétera”, relata.

“Yo llegué semi consciente, lo primero que hicieron fue tirarme a la cama y encadenarme. Siempre escuché ruidos y supe que había detenidos en otras salas. Fui sometido a sueros y a pentotal, que se usaba para hablar. Es una droga que efectivamente hace hablar pero incoherencias. Ese era el ambiente que se vivía ahí, nos estaban preparando para entregar información, no era el fin curarnos o dejarnos en buen estado de salud. Después de eso no me pusieron más corriente, pero me pegaron y me torturaron, en una clínica, con personales médicos. Las torturas eran con los médicos al lado, ellos estaban ahí simplemente para controlar que mi pulso cardíaco no se acelerara y me reventara. Eran médicos, no eran aprendices ni paramédicos, sabían perfectamente bien cómo tratar a la persona y cómo aplicar los medicamentos que tenían a su disposición. Era la clínica de la DINA, era una parte de la institucionalidad de la tortura en Chile”. 

Dagoberto agrega que “el único contacto que tuve con un doctor, fue en un momento determinado en que yo quería morirme, y le dije al tipo que por favor me dejara morir. Y él me dijo algo que todavía me acuerdo todos los días… el médico me dijo ‘no, no puedo hacer eso porque es éticamente reprochable’, entonces ahí yo dije ya, mejor me muero. Me recalcó que yo estaba ahí por culpa mía, era mi culpa, porque yo no colaboraba, de eso me acuerdo perfectamente. Pero ellos estaban ahí silenciosos mientras me interrogaban los de la DINA”.

“Si usted es médico ¿por qué está acá?”
Gabriela Salazar fue detenida el 31 de diciembre de 1975, y fue trasladada a Villa Grimaldi. A Gabriela la llevaron a la Clínica Santa Lucía después de que inició una huelga de hambre (de una semana) “porque estaba decidida a morirme y que no me siguieran torturando”. Dice que estando aún en el centro de detención la atendió alguien, que le sacó la venda de los ojos y le dijo, ‘soy médico’. Ella rápidamente le respondió “y si usted es médico ¿por qué está acá? Él me dijo que era parte de un equipo médico que asiste a los prisioneros. Yo le pregunté si no le parecía que eso era espantoso, y me dijo que sí, que era espantoso lo que estaba sucediendo en Chile”. Gabriela cree que ese médico pidió que la trasladaran a la clínica Santa Lucía.

“Yo me di cuenta que venía hacia el centro de la ciudad porque me habían tirado en una furgoneta, tenía una ventana y yo veía afuera los árboles del parque forestal, algo sabía yo que existía algún ‘coso’ de los milicos, de la DINA, cerca de Santa Lucía, porque ese había sido un centro de la Universidad de Chile antes. Cuando me trajeron me subieron de las manos y los pies por las escaleras, y me di cuenta que era otro centro como la DINA, porque habían milicos por todos lados. Yo no veía nada pero sentía, porque tenía la venda en los ojos. Me llevaron al tercer piso de la clínica Santa Lucía, porque conté por las escaleras, me di cuenta, uno estará con la venda pero escucha”, agrega.

Gabriel relata que “me pusieron en una cama encadenada a la cama, y ahí igual que Dagoberto, me colocaron suero. Era una situación bastante difícil porque estando encadenado y con venda, uno estaba como preso, era más que preso. Y sí había una persona que controlaba el suero, que yo calculo que debió ser una enfermera, probablemente un médico que controlaba e suero. Y había una persona situada afuera de la pieza… yo en un momento pregunté dónde estaba y me dijeron ‘no, silencio, no puede hablar’”.

“Sentía que alguien estaba al lado en la otra cama, me di cuenta porque personal médico entraba y vigilaba a la otra persona que entiendo que también le estaban poniendo suero. De un momento me decidí entonar una melodía que era especial para mi pareja y a mí, y entoné esa melodía aunque me habían dicho que tenía que estar callada, y lo hice para darme fuerza, y en ese momento me di cuenta de que la persona del lado, que me habló a pesar de que teníamos prohibido, era mi marido que estaba ahí en la misma habitación. Eso me dio fuerza porque antes de eso no sabía si estaba muerto o estaba vivo”, narra.

Para Gabriela, “lo que pasó ahí, en la clínica Santa Lucía era una continuación de la tortura. Eso era. Porque estar encadenado a un lugar, estar sin poder ver… Tenía una sensación de mucha inseguridad de estar en ese lugar, de no saber qué iba a pasar. Me habían torturado bastante antes de estar ahí, entonces no sabía si me iban a matar, no entendía. Mi sensación es que era un lugar cerrado, un lugar oscuro, un lugar duro, donde cualquier cosa te podía pasar. Tal como el compañero, yo no sabía si te iban a empezar a torturar de nuevo ahí. Era exactamente igual que Villa Grimaldi, con la diferencia de que era un centro médico. Yo me di cuenta más o menos donde estaba porque sonaba… en el cerro Santa Lucía siempre disparan a las 12 y todos los días sentía eso entonces yo más o menos ubiqué el lugar por eso, que estaba muy cerca del cerro Santa Lucía”.

La impunidad

“La impunidad en Chile nace con la Concertación”, dice Dagoberto. “Con Patricio Aylwin cuando él dice que se hará justicia en la medida de lo posible. Eso permitió la impunidad, porque nunca hubo un compromiso a hacer una investigación y reparación profunda”.

En medio de rayados y consignas en las calles, Dagoberto y Gabriela caminan y las leen, sonríen con algunas pero se preocupan por lo que se ha vivido en estos dos meses de movilizaciones sociales.

“Ahora con todo lo que está pasando este año, de repente yo pienso que es la misma metodología que usaba la DINA, es la misma forma de represión que usaban los pacos”, dice Gabriela. “Hay muchísimo atropello a la gente, siguen los atropellos. Gente que ha quedado ciega, semi ciega, miles de detenidos, y todos ellos han sido atropellados. La tortura en este país continúa igual que siempre. Aquí necesitamos un cambio frontal. Cuando comenzó el movimiento, no te voy a mentir que me dio una felicidad… que con los años que tengo… soy feliz de que los jóvenes hayan tomado la iniciativa”, cierra.

Los sobrevivientes de prisión política y torturas presentaron una acción judicial contra civiles que operaron junto a la DINA en el ex centro médico clandestino, apuntando a un cardiólogo, una enfermera y médicos cirujanos.

Este martes un grupo de sobrevivientes de prisión política y torturas de la ex Clínica Santa Lucía, interpusieron una querella criminal ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del cardiólogo Werner Zanghellini Martinez; enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada; Dámaso González Espinoza, cirujano dental; Sergio Muñoz Bontá, dentista; Vitorio Orvietto Tiplizky, cirujano; Osvaldo Leyton, cirujano; Eugenio Fantuzzi, Otorrino; Jorge Fantini, cirujano; y, otros.

Este sitio es el primer centro médico formal y clandestino donde operó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su brigada de salubridad.

Las querellas que presentaron como sitio de memoria buscan llevar a la justicia al contingente que trabajó dentro de la ex Clínica Santa Lucía, sean estos funcionarios civiles o agentes.

Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memorias, explica a El Desconcierto que una de las características que tiene esta presentación que ya contaban con un suministro de información que se lanzó el año pasado en el sitio y que se había trabajado con los sobrevivientes.

“Pudimos establecer ciertas directrices por lo menos la naturaleza del lugar, la orgánica interna de la DINA en la ex Clínica Santa Lucía y dar algunas especificidades de del modo en que operaban y cómo lo hacían de manera intercomunicada con otros recintos del sector”, señala.

Santa Lucía 162, frente al Cerro Santa Lucía. Fue sede del Mapu en 1972. El edificio, confiscado por la dictadura, pasó a manos de la Dina que instaló allí una clínica clandestina para “recuperar” a los detenidos y continuar torturándolos. También para asesinar a algunos. El general Manuel Contreras y otros mandos de la Dina también mantenían oficinas en el inmueble.
En el gobierno de Aylwin la propiedad fue entregada a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, liderada por Jaime Castillo Velasco. Su actual presidente es Gabriel Pozo Pérez. En el segundo piso está la oficina de Romina Ampuero, estudiante de derecho, 24 años, que investiga la historia del lugar.
Romina Ampuero nació en Buenos Aires durante el exilio de sus padres. A los 10 años acompañó a su madre a una entrevista con Jaime Castillo. Fue la primera vez que visitó el edificio de la ex Clínica Santa Lucía. En 2010, después de una conversación con Bessie Saavedra y Sylvia Pinilla, ingresó como trabajadora voluntaria a la Comisión Chilena de DD.HH.
¿Qué rol cumplías?
“Nos encargábamos de organizar actos para movilizarnos. Surgieron los problemas típicos: convocatoria, lucas, etc. Sin embargo, nos preocupamos de armar equipos de trabajo y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Mujer, etc. Nos dimos cuenta que se podían levantar iniciativas con pocas lucas y sacar así del estancamiento a la Comisión. Más adelante, la Comisión firmó un acuerdo con Villa Grimaldi para constituir aquí un sitio de memoria. A partir de eso, empezaron a llegar ayudantes, tesistas y practicantes. Vimos que necesitábamos más gente y pedimos ayuda a profes para armar un equipo de educación”.
¿En qué está el sitio de memoria?
“Hemos trabajado un guión para las visitas. Ahora terminamos el proyecto con el cual hicimos la investigación sobre la clínica. Eso prácticamente se financió con plata de nuestros bolsillos”.
¿Y en qué va esa investigación?
“Tenemos un primer listado de víctimas que pasaron por este lugar. Hemos logrado dar con declaraciones de agentes de la Dina que trabajaron acá, sobre lo que hacían y porqué. Logramos establecer la realidad de la clínica de la Dina”.
¿Y qué viene ahora?
“Creo que hay que judicializar esta investigación. No lo digo yo, sino los sobrevivientes que han dado sus testimonios. Sin embargo, el primer objetivo es constituir el sitio de memoria y trabajar desde él”.

TRABAJANDO EN LA MEMORIA
¿Cómo llegas tú a trabajar en el rescate de la memoria?
“Desde chica me interesó el tema de los derechos humanos. Sobre todo el caso de los detenidos desaparecidos. No soy de los que cree que no los vamos a encontrar nunca. Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, dijo: ‘No los vamos a encontrar a todos’, eso está claro. Pero creo que al menos se puede saber cómo fueron sus últimos momentos y dónde los sufrieron.
Cuando llegué a este edificio y me enteré de la historia de la Clínica Santa Lucía de la Dina, me generó intriga, y me propuse trabajar en reconstruir esa historia. Fue un proceso difícil, pero me di cuenta que era capaz de hacer lo que pensaba. Costó empezar la investigación, no teníamos lista de nombres, no sabíamos de nadie que hubiera estado aquí”.
¿Cuál crees que es el rol de los jóvenes en el trabajo de la memoria?
“Hacernos cargo de lo que no hicieron nuestros padres. Estos 40 años fueron de silencio familiar, de los medios de comunicación, etc. Todavía es difícil conversar con los papás y los abuelos. Son pocas las personas que cuentan lo que pasó. Todos tenemos una historia, el tema es que no todos la saben. Debemos hacernos cargo de nuestra historia como país. Los lugares que fueron centros de tortura no pueden quedar ignorados. El cuartel Loyola, Nido 18, Simón Bolívar, la Venda Sexy: tenemos que saber quiénes estuvieron allí. Es la deuda con la gente que murió. Es la única forma de cerrar heridas, saber lo que pasó”.
¿Y qué te parece el rol del Estado en el tema de la memoria?
“El Estado nunca se ha hecho cargo. Ahora todos celebran a Bachelet que recogió propuestas de los sitios de memoria. Eso es bueno, pero veremos si hace algo. Ella ya fue presidenta y no sé si ayudó tanto a los sitios de memoria. Ahora es distinto, por el boom de los 40 años del golpe. Era necesario tomar estas propuestas. Que acogieran las propuestas de los sitios de memoria es un avance, pero en concreto, se entra ahora en la negociación. Decir, ¿le meto más plata a educación o a los sitios de memoria? Ahí veremos. Por eso es importante que los jóvenes nos hagamos cargo de nuestro pasado”.
¿Y cómo se motiva a los jóvenes?
“La única forma es haciéndoles sentir que el tema les toca a ellos. Cuando vienen a visitarnos, tratamos de hacerles entender que esta historia habla de gente igual que ellos. Eran personas que tenían familias, algunas víctimas tenían sólo 17 años, igual que los chiquillos que vienen acá. La memoria vuelve persona a la víctima y también al victimario. Es necesario que el visitante entienda que él también puede verse envuelto en la misma tragedia”.

MEDICOS-TORTURADORES
¿Y qué visión tienes después de la investigación?
“Creo que hay que tener claro que la única forma de no repetir lo que fue la dictadura, es conocer a cabalidad lo que ocurrió y ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, mi visión respecto de la víctima y el victimario se hizo más amplia con la aparición de los médicos que trabajaron en esta y otras clínicas de la Dina. El victimario genera un rechazo per se. Pero acá se dio otra lógica. Los médicos eran civiles, muchos estaban en la universidad y un profe les dijo ‘te tengo un trabajo, buenas lucas’. Llegan aquí y se dan cuenta que están al servicio del terrorismo de Estado. Era como una mafia y se quedaron. Un sobreviviente decía que si algo lo impactó, fue cuando en la tortura pidió al médico que lo matara para no sufrir más. El doctor le respondió que por ética no podía matar, que tenía que salvar su vida sabiendo que lo salvaba para que siguieran torturándolo”.

Médicos torturadores

La Clínica Santa Lucía fue un centro de detención y tortura que funcionó entre 1974 y 1977, cuando se traslada a la Clínica London, en la calle Almirante Barroso.
La clínica era utilizada para torturar detenidos con supervisión médica, para la recuperación de torturados en muy mal estado y también para atención médica de familiares de los agentes de la Dina. Los sobrevivientes señalan que reconocieron el lugar por el cañonazo de las 12, en el Cerro Santa Lucía. De la clínica desapareció un número indeterminado de detenidos. Según testimonios “llegaban agentes en vehículos y bajaban al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo (probablemente una inyección) y después lo sacaban muerto”.
Algunos de detenidos desaparecidos de este lugar son: Sergio Alfredo Pérez Molina, Nilda Patricia Peña Solari, Juan Carlos Rodríguez Araya, Diana Frida Arón Svigilsky, Miguel Angel Meniconi Isidro. Pasaron también por la clínica Lumi Videla, asesinada en el centro de detención de José Domingo Cañas, y Patricio Bustos, actual director del SML.
Algunos médicos que trabajaron al servicio del terrorismo de Estado todavía ejercen en conocidos centros de atención de salud:
Werner Zanghellini Martínez, director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976, acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia al dirigente mirista Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.
Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, médico de la Brigada de Salubridad de la Dina, trabajó en la clínica clandestina Santa Lucía y en el Comando de Logística de la CNI.
Vittorio Orvieto Teplizky, médico del ejército. Participó en torturas en el Campo de Prisioneros Nº 2 de Tejas Verdes, se desempeñó en la Brigada de Salubridad de la Dina y fue director de la Clínica Santa Lucía.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.