Mackay Barriga Juan Guillermo

Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".

En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda tras el golpe militar de 1973.

A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.

En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.

La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso.

Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.

Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.

La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.

Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". 

"Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval.

Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

Los procesados

Adolfo Walbaum Wieber: Además de su cargo naval, fue el primer intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

Guillermo Aldoney Hansen: Tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual comandante en jefe de la Armada. En 1982, asumió la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- Guillermo Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

Juan Mackay Barriga: es vicepresidente del consejo de almirantes y generales (r) de Valparaíso. En 1973 habría asistido a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso.

Sergio Barra Von Kretschmann: era jefe de inteligencia naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA. El capitán Riesco trabajó a sus órdenes.

Carlos Costa Canessa: siendo medico en el hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

Los 12 oficiales en retiro de la Armada y Carabineros que ayer fueron procesados por la jueza Eliana Quezada por el delito de secuestro y tortura contra ex presos políticos tras el golpe de Estado de 1973 en el buque escuela Esmeralda, fueron arrestados esta mañana por efectivos de la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, encabezados por el comisario Sandro Gaete.

Los encausados son los vicealmirantes Juan Mackay Barriga y Sergio Barra von Kretschmann, el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, el coronel de Carabineros Nelson López Cofré.

Además fueron procesados los suboficiales de la Armada Bertolino Castillo Soto, Jorge Leiva Cordero, Jaime Lazo Pérez, Reginaldo Rebolledo López, Manuel Leiva Valdivieso, Juan Reyes Bausar, Luis Cabezón Cattanzano y Alejo Esparza Martínez.

Todos fueron llevados al cuartel de la PDI de Viña del Mar, para luego, a eso de las 11:30, ser derivados a los tribunales de Valparaíso para comparecer ante la ministra en visita.

La jueza deberá disponer a que recinto naval y de Carabineros serán ingresados los acusados.

La resolución fue dictada por el arresto ilegal y tormentos de María Eliana Comeném, Alberto Neumann Lagos, Claudina Moreno Cortés, María y Rosa Huerta Sánchez, y María Isabel Vásquez Pezoa

Cuatro ex oficiales y otros 9 funcionarios en retiro de la Armada quedaron en prisión preventiva, en un recinto naval.

VALPARAÍSO.- La ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Eliana Quezada, dictó ayer otros trece autos de procesamiento en la investigación que realiza por la desaparición del sacerdote anglo-chileno Miguel Woodward, ocurrida tras el golpe militar de 1973, después de haber permanecido detenido en el buque-escuela Esmeralda.

Con la resolución se eleva a 19 el número de procesados, todos ex funcionarios de la Armada.

Los nuevos procesados son los capitanes de navío Víctor Valverde Steinlein y Luis Holley de la Maza; los capitanes de fragata José Yáñez Riveros y Marco Silva Bravo; los suboficiales mayores José Manuel García (el único de la Infantería de Marina), Alfredo Moncada Salamanca, Luis Pinda Figueroa y Carlos Miño Muñoz; y el suboficial José Rojas Araya.

También los sargentos primero Pedro Vidal Miranda y Héctor Palominos López; el cabo segundo Guillermo Inostroza Opazo y el marinero primero Claudio Cerezo Valencia.

Ayer fueron notificados 10 de los 13 nuevos procesados, los que quedaron en prisión preventiva en el cuartel 2 de Orden y Seguridad de la Armada en Las Salinas.

En la causa ya se encuentran procesados los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Adolfo Walbaum Wieber y Sergio Barra von Kretschmann, al capitán de navío (r) de Infantería de Marina Ricardo Riesco Cornejo, y al teniente 1 de Sanidad (r) Carlos Costa Canessa, todos en libertad bajo fianza.

La ministra Quezada dijo que la investigación está próxima a ser cerrada. En tanto, la Armada, a través del jefe de Relaciones Públicas, comandante Felipe García Huidobro, señaló que la institución habilitó el recinto donde los procesados permanecerán por orden judicial.

Sentencias por caso Prats

El fiscal judicial Daniel Calvo entregó a la Corte de Apelaciones un informe en el que respalda la sentencia dictada por el ministro de fuero Alejandro Solís contra el ex director de la Dina, Manuel Contreras, y otros ocho ex agentes del organismo por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974.

Calvo recomendó al tribunal de alzada desestimar todos los recursos presentados por los abogados de los condenados para revertir las condenas, y se manifestó de acuerdo con la calificación de los ilícitos que se le imputaron al general (r) Contreras y a Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Cristoph Willeke, José Zara, Juan Morales, Mariana Callejas, Reginaldo de la Cruz y Jorge Iturriaga.

En su informe, el fiscal judicial critica la amnistía, y coincide con Solís en que los delitos investigados en el caso configuran un crimen de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles y no amnistiables.

VALPARAÍSO.- La Corte de Apelaciones de Valparaíso dispuso la libertad bajo fianza de 12 ex uniformados procesados por el secuestro y tortura de seis personas a bordo del buque escuela Esmeralda.

La ministra de fuero María Eliana Quezada revocó la prisión preventiva decretada el pasado 30 de noviembre en contra de tres oficiales en retiro de la Armada, un ex oficial de Carabineros y 8 ex uniformados. Los inculpados son los vicealmirantes (r) de la Armada Sergio Barra von Kretschmann, Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo; además del ex oficial de Carabineros Nelson López Cofré, y los ex uniformados Bertalino Castillo Soto, Jorge Leiva Cordero, Jaime Lazo Pérez, Reginaldo Rebolledo López, Manuel Leiva Valdivieso, Juan Reyes Bausar, Luis Cabezón Cattanzano y Alejo Esparza Martínez.

Todos estuvieron en prisión preventiva en diversos recintos de la Armada y de Carabineros, salvo uno que quedó con arresto domiciliario por motivos de salud.

La abogada querellante Daniela Marzi señaló que no apelará de la resolución: "Decidimos no impugnarla, porque confiamos mucho en las resoluciones de la jueza Eliana Quezada, y si ella considera que no se dan los requisitos para la prisión preventiva, independiente que nosotros tengamos una opinión, preferimos respetar su resolución".

La ceremonia se iba a realizar ayer a las 22 horas en el buque escuela "Esmeralda" y estaban invitados los embajadores de los 13 países que participarán en la competencia náutica.

SANTIAGO.- La Armada suspendió ayer el acto oficial del lanzamiento de la Regata Bicentenario "Velas Sudamérica 2010", por el arresto de varios oficiales en retiro que han sido procesados por torturas cometidas en 1973, informó hoy la agencia de noticias EFE.

La ceremonia, que iba a estar encabezada por el ministro de Defensa, Francisco Vidal, y a la que estaban invitados los embajadores de los 13 países que participarán en la competencia náutica, se iba a celebrar a bordo del buque escuela "Esmeralda".

Horas antes del acto, programado para las 22:00 horas de ayer en Valparaíso, la jueza Eliana Quezada notificó su procesamiento a los imputados y ordenó su prisión preventiva, lo que fue cumplido de inmediato por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

Entre los procesados hay dos vicealmirantes en retiro, un capitán de navío y siete suboficiales de la Armada, además de un ex coronel y un ex suboficial de Carabineros.

A bordo de la Esmeralda murió el 21 de septiembre de 1973 el sacerdote de origen británico Miguel Woodward, causa que también instruye la jueza Quezada y en la que ya han sido procesados cerca de una veintena de oficiales y suboficiales retirados.

Entre los marinos encausados figuran los vicealmirantes Sergio Barra von Kretschmann y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo.

La jueza Quezada investiga además otras querellas por torturas a bordo de la Esmeralda y en la Academia de Guerra Naval, como también en el Cuartel de "Silva Palma" y el "Fuerte Miller", de la Infantería de Marina.

La Regata Bicentenario "Velas Sudamérica 2010" es organizada por las Armadas de Chile y Argentina y recorrerá, entre febrero y junio del próximo año, diversos puertos de países latinoamericanos, conmemorando los 200 años del inicio del proceso de Independencia de ambos países.

La flota, con veleros de trece países de América y Europa, zarpará desde Río de Janeiro el 7 de febrero de 2010 y recalará aproximadamente el 23 de junio en el puerto mexicano de Veracruz, tras recorrer más de 11.000 millas náuticas, con escalas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y República Dominicana.

La peor tormenta de que se tenga memoria en Valparaíso se formó un martes de tardío invierno en las profundidades del mar. Ni siquiera la estupefacta luna alcanzó a derramar una lágrima de plata por el temporal de terror que se avecinaba. Tal vez porque nunca imaginó la ferocidad de los que salieron a matar en una guerra inventada. Cuando se sacudió su asombro y quiso gritar para que la gente del puerto escapara por los cerros hacia el cielo, le perforaron el pecho, le destrozaron la mirada y le enturbiaron para siempre su luz de faro eterno. Y en medio del miedo cayó Miguel, irremediablemente y para siempre: la Armada lo hizo desaparecer, como a muchos. Porque los ricos no perdonan, simplemente matan cuando tienen que matar, y los marinos torturan cuando tienen que torturar para luego ocultarse en las sombras del olvido.

A Miguel Woodward, sacerdote del pueblo, lo torturaron en la Academia de Guerra Naval, lo asesinaron en la Esmeralda y lo hicieron desaparecer en la bruma porteña, hasta que su hermana, Patricia Woodward, y el esposo de ésta, Fred Bennetts, comenzaron el sinuoso periplo para desentrañar la verdad y hacer justicia en un país sin justicia. La resultante de sus esfuerzos -34 años después del golpe y 6 años después de haber presentado una querella ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso- ha sido la resolución de la ministra Eliana Quezada, quien declaró reos a los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Wieber; Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; a los capitanes de navío (r) Sergio Barra Von Kretschmann y Ricardo Riesco Cornejo, así como al médico Carlos Costa Canessa.

Walbaum era jefe de la I Zona Naval y, además, intendente designado de la dictadura; por su parte, Aldoney era jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. El vicealmirante Juan Mackay es vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso, el capitán Barra era jefe de Inteligencia Naval en 1973 y el doctor Costa firmó el certificado de defunción de Woodward sin jamás haber examinado o visto el cadáver del sacerdote. Lo hizo en el antiguo Hospital Naval de Playa Ancha, donde se habilitó una sala, en el último piso del recinto, para albergar a los prisioneros políticos torturados en la Academia de Guerra Naval que requerían atención médica para, posteriormente, continuar siendo interrogados y torturados por el Servicio de Inteligencia de la Armada. Médicos, enfermeras, sacerdotes y marinos colaboraban con los servicios de seguridad intentando obtener información de los detenidos.

La utilización de diversos recintos navales, la participación del alto mando en la planificación e implementación de la represión implican responsabilidad institucional en la represión. Para Patricia Woodward, “la Armada debería hacerse responsable, como institución, de todas las violaciones de derechos humanos infligidas bajo su mando en todas sus dependencias en Chile”. Más aún, señala categóricamente Bennetts, la Armada “debe reconocer que no tiene sentido alguno -y nunca lo tuvo- insistir en la tesis articulada por el actual comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, sobre que las responsabilidades podrían llegar hasta el nivel de ‘mandos operacionales’, pero nunca hasta los altos mandos”.

La resolución de la jueza Quezada “ya ha llegado a este último nivel y los altos mandos, por definición, sí tienen autoridad, y por lo tanto responsabilidad institucional en el sentido político y moral, y en todos los demás sentidos, salvo, evidentemente, en lo puramente judicial, puesto que la ley penal sólo es aplicable a personas”. Además, sostiene Fred Bennetts, “el almirante Codina ha dicho que él es el único alto mando de la Armada que estaba en servicio en septiembre de 1973. No es así. Y puesto que la Armada tiene plenos poderes para investigar a sus funcionarios en servicio activo para garantizar que ninguno de los oficiales del actual alto mando participaron en las acciones represivas después del 11 de septiembre de 1973”, debería investigar “a nivel del Consejo de Almirantes a los vicealmirantes Mariano Sarratea Saint-Lawrence, director general de Finanzas; Cristián Gantes Young, director general de los Servicios y, Sergio Robinson Prieto, jefe del Estado Mayor General de la Armada”. Quizás se desentrañaría el misterio y el secreto que circunda a la acción represiva de la Armada, y se ensancharía el horizonte de justicia.

UN POCO DE JUSTICIA EN MEDIO DE LA IMPUNIDAD

De repente son sólo ramalazos de luz en la neblina porteña de esos días, minúsculos fragmentos de verdad, retazos de memoria y atisbos de justicia. Sin embargo, para Patricia Woodward, el fallo de la ministra Quezada constituye un paso adelante, un paso esperanzador, no sólo porque identifica y procesa a oficiales del alto mando, sino porque “es significativo que la base de los cargos sea secuestro, no asesinato”. Efectivamente, el fallo judicial somete a proceso y declara reos por secuestro calificado y torturas a varios prisioneros políticos lo cual, para Jaime Contreras, integrante del Grupo de Amigos de Miguel Woodward y amigo personal del sacerdote, significa “un paso de primera importancia hacia la verdad y la justicia, no sólo respecto al caso de Miguel, sino de todos los torturados y muertos por la Armada. Es claro que este paso debería seguir con declarar reos y procesar a los mandos medios, ejecutores y encubridores del ‘secuestro calificado’ -entiéndase asesinato- de Miguel y por resoluciones similares en otras querellas”.

No obstante este alentador paso, y el coraje de la ministra Eliana Quezada -subrayado por los querellantes toda vez que ha sido amenazada de muerte y además sometida a presiones por parte de la Armada-, todo puede quedar en nada debido al clima general de impunidad que se ha entronizado en el país y, en particular, por la conspiración de silencio en torno al caso de Woodward. Conspiración, según Patricia, “difícil aún ahora de descifrar, pero ciertamente la Armada no actuó sola. Yo diría que los vínculos entre distintos estamentos de la sociedad chilena todavía siguen vigentes”. Por lo demás, afirma Bennetts, esta “conspiración de silencio tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es pieza clave en el supuesto apoyo del gobierno en al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, pero el caso de Miguel ha dejado claro que este Ministerio ni siquiera está permitiendo que toda la información que custodia el Archivo de la Comisión Rettig sea facilitada a los tribunales cuando éstos la requieren”.

Asimismo se ha sabido que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría por hacerse parte del proceso, lo cual es rechazado por los familiares del asesinado sacerdote toda vez que “el papel de este organismo ha sido muy cuestionable en materia de derechos humanos. Es motivo de escándalo entre la propia gente del CDE que su procurador fiscal en Valparaíso, Enrique Vicente, es imputado en el caso Miguel Woodward y ha hecho grandes esfuerzos para informarse sobre el contenido del expediente. El teniente (r) Vicente, ex-fiscal naval, se encuentra bien acompañado en el CDE por otro ex-fiscal naval, Luis Winter, nombrado por el actual gobierno como consejero abogado a pesar de las quejas de las organizaciones de derechos humanos. En años anteriores, entre los consejeros abogados nombrados por el gobierno de Lagos estaba Gonzalo Vial -falsificador del “Plan Z” y manipulador del Informe Rettig- tal como fue denunciado en Punto Final. Por si fuera poco, el CDE cuenta como gerente con un ex-oficial de la Armada, quien, hace pocos años cuando comandaba la Esmeralda, en un crucero a Halifax dijo de Patricia Woodward, por sus declaraciones a la prensa canadiense: ‘La dama miente’”.

El manto de silencio y encubrimiento de las atrocidades cometidas por la Armada no se circunscribe a la institución o a órganos del Estado, sino que se extiende también a la Iglesia a la cual pertenecía Miguel. En este contexto, Patricia asevera que “en 1986 intentamos conseguir información sobre Miguel en el Obispado de Valparaíso. No conseguimos nada. En una conversación con el ya entonces anciano y enfermo ex obispo Tagle, me dijo que no recordaba si lo habían muerto o fusilado. Y ahora, aunque pueda parecer que los tiempos cambian, la Conferencia Episcopal no ha emitido ninguna declaración para restituir la dignidad al trabajo entre los pobres de mi hermano. En este país muchos católicos todavía creen las historias que contaban de los curas ‘comunistas’, puras falsedades y mentiras”. Fred, por su parte, indica haberse “enterado recientemente que un sacerdote amigo de Miguel, preocupado por su detención, contactó al obispo Emilio Tagle y fue informado por éste que estaba bien. Por lo demás, el entonces vicario general de la diócesis, Jorge Bosagna -que tenía una oficina en el buque Lebu, centro de detención y tortura de la Armada, y que hoy es director del Hogar de Cristo- es imputado por encubrimiento en el sumario de Miguel”.

Pero, además, existe una especie de blanqueamiento sistemático de la imagen de la Armada y de su rol real en la represión post-golpe por parte del Estado y de sus principales autoridades políticas que se expresa, por ejemplo, en que la “presidenta Bachelet no contesta las cartas enviadas sobre el caso de Miguel Woodward. No sabemos qué relaciones puede tener el gobierno con el alto mando de la Armada, sólo los vemos a ambos en eventos públicos: en la llegada de nuevos barcos, en la despedida de la Esmeralda en cada crucero de instrucción, como si nada hubiera pasado en ese barco”. De hecho, parece haberse estructurado, desde el Estado, y particularmente desde el gobierno, un espeso manto de olvido sobre todo lo acaecido en Valparaíso, a pesar de las evidencias disponibles acerca de la violenta represión ejercida por la Marina.

Miguel Tapia G.

En escasos momentos, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la libertad concedida por el juez Luis Alvarado a los seis oficiales en retiro de la Armada responsables de las torturas y secuestro del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward.

Así, finalmente la justicia mantuvo la prisión preventiva para los procesados por ser "un peligro para la seguridad de la sociedad", medida que afecta a los almirantes Guillermo Aldoney Hansen, Adolfo Walbaum Weber y Juan McKay, y los capitanes de navío Sergio Barros y Ricardo Riesco Cornejo; este último ex miembro de la DINA. Además fue enviado a prisión el teniente de Sanidad de la Armada Carlos Costa.

El juez Luis Alvarado reemplaza temporalmente a la ministra de la misma Corte Eliana Quezada, quien ha instruido la última parte del proceso por la muerte del padre Woodward, definiendo responsabilidades en su secuestro, torturas a bordo del buque escuela Esmeralda, su muerte en el Hospital Naval y la desaparición de su cadáver en septiembre de 1973.

El juez Alvarado había determinado la libertad de los seis imputados previo pago de una fianza de 100.000 pesos cada uno. Pero de inmediato, la Segunda Sala Penal del tribunal de alzada porteño, determinó por unanimidad que los seis procesados debían permanecer en prisión.

La determinación fue suscrita por los ministros Julio Miranda, Mónica González y el presidente del tribunal, Manuel Silva, quienes consideraron que los imputados son un peligro para la sociedad.

La abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, explicó que "por la gravedad de los antecedentes de la causa, porque constituyen un delito de lesa humanidad y, tras recoger todos los argumentos dados por las partes, se les consideró un peligro para la sociedad y, considerando también los requerimientos de la investigación y de su éxito, se les mantuvo en prisión preventiva".

En tanto, el abogado defensor de cuatro de los oficiales, Carlos Portales, criticó la decisión de la Corte, calificando de "exagerada" la justificación de sus ministros y señalando que a partir de ahora se abocará a preparar la defensa de los altos mandos en retiro.

Inculpación y detención de responsables

Por Patricia Woodward

Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada.

Antecedentes del Procesamiento:

Treinta y cuatro años después del golpe de estado, y tras seis años de investigación judicial, se ha llegado a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.

La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a: Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber, Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga, Capitán de Navío (R) Sergio Barra Von Kretschmann, Capitán de Navío (R) Ricardo Riesgo Cornejo y oficial de Sanidad Dr. Carlos Costa Canessa.

Para cinco de los procesados se ha decretado la detención preventiva en las instalaciones de la Armada en Las Salinas. El sexto, para razones de salud, está detenido en su domicilio.

Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses antes por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llevaron al molo, donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran respectivamente Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. 
Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

El Almirante Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

El Almirante (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm. Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.

Estrechamente vinculado a la jerarquía católica – que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- el Almirante Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backler. El Capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a 2° Jefe de la DINA. El Capitán Riesco trabajó a sus órdenes. El Dr. Costa Canessa, siendo medico en el Hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

Hostilidad contra Jueza

La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen.

Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.

Sin embargo, la jueza, quien ha recibido amenazas de muerte, enfrenta además la hostilidad de sus pares en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hace poco, por unanimidad, trataron de imponer plazos a la investigación de los cuatro casos de violaciones de derechos humanos que son de su responsabilidad. Tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta práctica

A pesar que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala.

Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ‘80, incluidas causas tales como el "Caso Pasaportes" y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.

En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Almirante Cristián Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió descaradamente que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministra Gabriela Corti en el año 2004 "por su cuenta" para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda.

Por esos mismos años el Auditor General de la Armada, Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu, con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales.

Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministra Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.

La Armada sigue igual.

El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes.

Están en el primer ranking mundial en la compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones "democráticas".

La Esmeralda debe navegar en libertad

De: Amnistía Internacional

El 4 de mayo el buque escuela "Esmeralda" zarpó nuevamente desde el puerto de Valparaíso. Amnistía Internacional considera que la "Esmeralda" no será una adecuada "embajadora" de Chile mientras las víctimas y sus familias continúen luchando por obtener verdad, justicia y reparación.

Amnistía Internacional saludó recientemente la decisión de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada quien encargó reos a seis oficiales en retiro de la Armada por el secuestro calificado y torturas del sacerdote Miguel Woodward inmediatamente después del golpe de 1973.

Debe señalarse que ha sido la acción de la justicia chilena y la persistencia de las víctimas y sus familiares lo que ha generado resultados. La cooperación de la Armada de Chile, distante, elusiva y renuente, ha prolongado innecesaria y dolorosamente durante muchos años el esclarecimiento de los casos de violaciones de Derechos Humanos en los cuáles el personal de la institución participó, tanto a bordo del buque-escuela como en otros buques e instalaciones.

"La Armada de Chile así como la sociedad en su conjunto, deben comprometerse a avanzar decididamente hacia la resolución de las causas. Las naciones se ennoblecen y fortalecen cuando los actores responsables de violaciones de Derechos Humanos enfrentan la justicia y responden por sus actos. La obtención de verdad, justicia y reparación es un acto legítimo y merecido en el marco del derecho" dijo el director de Amnistía Internacional – Chile, Sergio Laurenti.

El Artículo 17.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 18 de diciembre de 1992, establece: "todo acto de desaparición será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos"

"La desaparición forzada de personas es un delito permanente. La razón fundamental de los retrasos en los procesos judiciales es la clara falta de cooperación de los presuntos responsables.", dijo Amnistía Internacional.

Al despedir nuevamente a la "Esmeralda" las autoridades deben asegurar al mismo tiempo que la Justicia pueda realizar su labor con todos los recursos y personal necesario para que los magistrados puedan resolver "los asuntos que conozcan (…) sin influencias (…), presiones, amenazas o intromisiones indebidas (…) de cualesquiera sectores o por cualquier motivo"

La campaña "Liberando a la Esmeralda" de Amnistía Internacional, que busca llamar la atención sobre la historia oculta del buque-escuela y las responsabilidades de la Armada en violaciones de Derechos Humanos no esclarecidas permanecerá activa para educar y ayudar a promover -durante todo el tiempo que sea necesario- la preocupación de la comunidad internacional.

Tras su procesamiento como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward el 16 de septiembre de 1973, los uniformados (r) ya están recluidos. La hermana de la víctima, Patricia Woodward, catalogó la resolución de la magistrada Eliana Quezada como un "paso adelante".

En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda

tras el golpe militar de 1973.

A 34 años de su deceso y a seis de abierta la investigación, la ministra Eliana Quezada determinó la detención de los vicealmirantes (r) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío (r) Ricardo Riesco Cornejo, quienes fueron llevados al Cuartel de Infantería de Marina de Viña de Mar, mientas los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Weiber y Sergio Barra Von Kretschman quedaron bajo arresto domiciliario por su avanzada edad, ya que ambos superan los 80 años.

En tanto, el teniente primero (r) de Sanidad, Carlos Costa, procesado como cómplice de secuestro calificado, se refugió en una clínica de la Quinta Región para evitar ser arrestado.

La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso. Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.

Un a vez ahí fue objeto de torturas junto a otros presos políticos, apremios que lo dejaron muy mal herido. Esta situación obligó a sus verdugos a llevarlo agónico al hospital Naval donde finalmente murió.

La autopsia de Woodward fue firmada por el teniente primero, Carlos Costa, quien en su calidad de médico visó la causa de fallecimiento.

Al momento del golpe militar de 1973, Adolfo Walbaum Wieber era contralmirante, Guillermo Aldoney Hansen y Sergio Barra Von Kretschmann eran capitanes de navío y Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo eran tenientes.

Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". "Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado

Mayor de la I Zona Naval.

Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos comandantes en jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

Los procesados

Adolfo Walbaum Wieber: Además de su cargo naval, fue el primer intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.

Guillermo Aldoney Hansen: Tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual comandante en jefe de la Armada. En 1982, asumió la presidencia del poderoso holding de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- Guillermo Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

Juan Mackay Barriga: es vicepresidente del consejo de almirantes y generales (r) de Valparaíso. En 1973 habría asistido a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso.

Sergio Barra Von Kretschmann: era jefe de inteligencia naval en 1973 y ascendió más tarde a segundo jefe de la DINA. El capitán Riesco trabajó a sus órdenes.

Carlos Costa Canessa: siendo medico en el hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

Así lo establece la bitácora del buque escuela
La investigación de la jueza Eliana Quezada revela detalles respecto al caso del sacerdote, torturado hasta morir en dependencias de la Marina. Los documentos señalan que fue sacado del buque escuela a las 12:30 del 22 de septiembre de 1973, media hora después de su fallecimiento.

El último respiro de Miguel Woodward habría sido arriba de la Esmeralda y no camino al Hospital Naval, como aseguran los marinos que han testificado en el caso por la muerte del sacerdote anglo-chileno. Probablemente no querían que fuera un hombre de la Iglesia la primera y única víctima mortal a bordo de la “Dama Blanca”. Pero el dato que así lo ratifica es la investigación judicial, realizada a partir de la propia bitácora del buque escuela.

A 34 años de la muerte del religioso, las pesquisas lograron establecer que Woodward fue sacado del buque el 22 de septiembre a las 12:30 del día. Si a este dato se suma que el certificado de defunción señala que el deceso se produjo exactamente al mediodía, es lógico concluir que el religioso murió antes de llegar a tierra.

En 2006, y luego de que la Armada le entregara una fotocopia de la bitácora de la Esmeralda, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, a cargo de la investigación, citó a declarar a los dos guardiamarinas que dejaron inscrita la entrada y salida de Woodward desde el buque escuela. Se trata de los oficiales en retiro Thomas Ilich y Humberto Toro Santa María.

Consultados por la jueza respecto de si conocían el motivo de la citación, ambos respondieron afirmativamente, según dijeron, porque ya habían sido entrevistados sobre el tema por el entonces auditor general de la Armada, el contraalmirante José Antonio Galván Bernabeu, quien se acogió a retiro en diciembre de 2006. Hace dos semanas, y citado a declarar por este motivo, Galván tuvo que dar explicaciones en los tribunales sobre las diligencias realizadas.

Hace alrededor de un mes, el senador UDI Jorge Arancibia señaló mediante una carta que la investigación de la ministra era “oscura” y defendió a los procesados por el caso. Pero, pese a sus dichos que recibieron el apoyo de la bancada gremialista y le costaron una funa en el Congreso , prácticamente no quedan dudas de los aspectos fundamentales del caso Woodward. Incluso los propios procesados, en sus confesiones judiciales, echan por tierra la versión de Arancibia, como lo publicó LND hace dos semanas.

Hoy, las pesquisas buscan aclarar la única arista del caso que no está totalmente despejada: quiénes y a qué hora detuvieron al sacerdote. Sólo se sabe que fue en la noche, probablemente el 20 de septiembre, en su casa del cerro Los Placeres, y que desde allí fue llevado a la Academia de Guerra, en Playa Ancha, donde sufrió torturas. En este lugar habría permanecido por lo menos tres días.

TESTIMONIO CLAVE

El vicealmirante Cristián Gantes Young
El principal testimonio de la causa, y que confirma los apremios que recibió Woodward en ese lugar, fue el capitán (R) de Carabineros Nelson López Cofré, quien fue miembro del equipo que interrogó al religioso. Según declaró López a la justicia, Woodward fue amarrado a una silla, golpeado e interrogado durante cerca de una hora por un grupo de 10 personas, entre las que se encontraban funcionarios de la Armada y Carabineros. En su declaración, el ex policía nombró a los procesados Juan Mackay Barriga y Ricardo Riesco Cornejo, ambos marinos, y a cinco carabineros, entre ellos el sargento (R) Jorge Leiva Cordero. El policía también dijo que el equipo de torturadores había utilizado una máquina que producía corriente y, si bien aseguró que no había participado en los apremios ilegítimos más allá de uno que otro golpe, detalló minuciosamente el tipo de cable y la caja de madera utilizados, así como las secciones del cuerpo del detenido donde “los otros” ponían la corriente.

Otra declaración judicial en este caso de María Elena Gálvez Valdenegro, detenida en ese mismo recinto a partir del 18 de septiembre de 1973 da luces sobre el estado en que se hallaba Woodward en su paso por la Academia de Guerra. Gálvez dice que vio en el frontis del edificio a un hombre que los custodios identificaban como un “cura revolucionario que adiestraba universitarios en los cerros”. Según su testimonio, se trataba de un hombre alto, de contextura delgada, que tenía la vista vendada, las manos atadas detrás de la espalda y estaba de pie y descalzo sobre una baldosa. Cuando perdía el equilibrio, sus carceleros lo hacían volver a su posición original a punta de violentos culatazos.

LOS ÚLTIMOS MOMENTOS

Tampoco está claro aún el motivo por el cual Woodward fue sacado de la Academia de Guerra y llevado, en pésimas condiciones físicas, a la Esmeralda, que estaba atracada en el molo de abrigo. Cuando la camioneta que lo transportaba llegó a ese lugar, de ella bajaron dos hombres vestidos con traje azul de mezclilla, encargados de su custodia. Ahí, según declaraciones del proceso, se produjo una fuerte discusión entre el comandante del buque escuela, el capitán de navío (R) Jorge Sabugo Silva, y su segundo en el mando, Eduardo Barison Roberts. Mientras este último insistía en que Woodward no debía subir al buque escuela, debido al pésimo estado en que se encontraba y a las heridas que lo hacían sangrar profusamente, Sabugo, quien hoy está muerto, señalaba lo contrario. Finalmente, el comandante del buque impuso su jerarquía y el sacerdote fue subido a bordo.

En el proceso, sin embargo, se responsabiliza de la decisión al entonces jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, Guillermo Aldoney Hansen. Éste declaró que había recibido un llamado de Sabugo solicitándole aprobación para embarcar al detenido, y que le ordenó proceder debido a que el comandante del buque le aseguró que Woodward padecía una pulmonía.

En su declaración judicial, Barison confirma las malas condiciones en que llegó el sacerdote. Y su testimonio es refrendado por la declaración de otro detenido durante esos días en el buque escuela, Jorge Basaude Sagredo. Según este último, cuando llegó prisionero al molo de abrigo, antes de que lo subieran a la nave, vio en dicho lugar a un hombre que, luego supo, era un sacerdote que trabajaba en el sector del cerro Los Placeres. El detenido, relata, estaba casi inconsciente, aunque logró exhalar un quejido agónico, y los dedos de sus manos estaban quebrados y de un color negruzco.

El entonces marinero primero Lorenzo Felipe Rivas añade en el proceso que vio a tres o cuatro personas ajenas a la Esmeralda trasladar el cadáver de una persona, de cerca de 35 años, con una herida en la frente. Y señala que luego se enteró que se trataba de un sacerdote.

Ahora los esfuerzos de la jueza Eliana Quezada están centrados en reconstruir los momentos que precedieron a la detención del sacerdote: dónde y a qué hora fue detenido, y también si fue llevado a otro sitio antes de la Academia de Guerra. Esos hallazgos no sólo podrían dar lugar a nuevos procesamientos. También permitirían cerrar uno de los casos más controvertidos de la dictadura.

La declaración del tercer hombre de la Armada

El momento exacto de la muerte de Miguel Woodward no es la única novedad en la causa que sustancia la ministra Eliana Quezada. En abril de este año, la tercera antigüedad de la Armada, el vicealmirante Cristián Gantes Young, fue citado a declarar en la causa, debido a antecedentes que indican que él habría estado a bordo de la Esmeralda en los días en que murió Woodward. La pista principal fue una carta anónima que, a mediados de 2007, llegó simultáneamente a La Moneda, al Senado y al tribunal porteño. La misiva detalla, con un extremo grado de conocimiento, los nombres de cada uno de los altos oficiales que habrían permanecido en el buque escuela después del golpe de Estado. De todos ellos, sin duda el nombre más revelador es el de Gantes, actual director de Servicios de la Armada y el único de todos los oficiales mencionados que permanece en servicio activo.

En su declaración ante la jueza Quezada, Gantes señala que permaneció en la Esmeralda justo hasta el 11 de septiembre, día en que se dio a conocer una resolución en la cual se transbordaba personal guardiamarina del buque escuela. “En mi caso fui transbordado al destructor Blanco Encalada (…). Desde ese momento me desentendí por completo del curso de instrucción del buque escuela Esmeralda”.

Por ese entonces, Gantes estaba en pleno curso –bajo el mando del instructor de guardiamarinas Fernando Espinoza Simonetti–, y el 10 de septiembre, junto a una extensa dotación de oficiales, había llegado de vuelta del viaje anual por Europa. La Esmeralda partió a Talcahuano esa misma noche, pero se devolvió para estar el día del golpe absolutamente operativa en el molo de Valparaíso.

La declaración de Gantes también señala que para alcanzar al Blanco Encalada, recalado en Talcahuano, “el día 12 de septiembre de 1973 debí dirigirme vía aérea hasta la señalada ciudad, donde abordo dicha nave y me integro a su dotación alrededor del mediodía”. Más adelante, el vicealmirante relata que, una vez a bordo del Blanco Encalada, el buque se dirigió a Valparaíso, donde llegó el 17 de septiembre, para zarpar al día siguiente a la isla Juan Fernández, desde donde volvió el 22.

LND solicitó a la Dirección de Relaciones Públicas de la Armada la hoja de vida y la orden de trasbordo de Gantes, pero no hubo respuesta formal a este requerimiento.

El martes, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, una de las partes querellantes en el caso, solicitó a la jueza que llame a declarar al instructor de Gantes, Fernando Espinoza Simonetti, y a otros tripulantes del buque escuela.

Los procesados

En abril de este año, la ministra Eliana Quezada procesó a seis oficiales (R) de la Armada, en una resolución que, esencialmente, responde a la estructura jerárquica de la época. Cinco están encausados como autores de secuestro calificado:

• El capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo, quien habría sido uno de los jefes de los equipos de interrogadores –compuesto por infantes de Marina y carabineros– tanto en la Esmeralda como en la Academia de Guerra. A la cabeza del grupo se encontraba el fallecido Jorge Román. Según la declaración de Riesco, en los interrogatorios se aplicaba corriente para que los detenidos entregaran información.

• Por sobre Riesco en la cadena de mando estaba Juan Mackay Barriga, quien era el jefe operativo, supervisaba interrogatorios y, además, rendía cuentas directamente al Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI).

• Por sobre Mackay se encontraba el vicealmirante Sergio Barra von Kretschmann, jefe del SICAJSI. Barra se desempeñó más tarde en el Comando Conjunto y después llegó incluso a ser subdirector de la DINA.

• Siguiendo la cadena de mando, el jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval era el vicealmirante Guillermo Aldoney Hansen, encargado de dictar las normas a seguir al SICAJSI. Su superior y máxima jerarquía de la época era el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, comandante de la Primera Zona Naval.

• El único procesado como encubridor es el entonces teniente primero de Sanidad Carlos Costa Canessa, quien firmó el certificado de defunción de Woodward –donde señala que murió por un paro cardiorrespiratorio en la vía pública–, sin ver jamás el cuerpo del sacerdote.

Corte Suprema rechazó recursos de queja que buscaban condenar a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga, junto con otros tres capitanes y 14 suboficiales en retiro, por el crimen del sacerdote Michael Woodward

La Corte Suprema confirmó este jueves el sobreseimiento de 19 personas que estaban acusadas de secuestro calificado en el caso Woodward. La medida beneficia a varios oficiales en retiro de la Armada.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó los recursos de queja presentados para anular anteriores resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El magistrado Miranda Lillo investigó la muerte del sacerdote y militante del Mapu Michael Woodward Iribarry (42), quien falleció el 22 de septiembre de 1973 en el Hospital Naval de Valparaíso, después de ser torturado en el busque escuela Esmeralda.

El 12 de mayo pasado, el ministro declaró cerrado el sumario y acusó a 10 personas como autoras del delito: coronel de Carabineros (R) Nelson Roberto López Cofré, capitán de Fragata (R) Marcos Cristián Silva Bravo y los suboficiales en retiro de la Armada Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Héctor Fernando Palomino López, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso y Bertalino Segundo Castillo Soto.

Sin embargo, en la misma resolución, el ministro decretó el sobreseimiento temporal de 19 personas,entre ellas a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; los capitanes de la Armada (R) Ricardo Riesco Cornejo, Víctor Valverde Steienlen y José Yáñez Riveros; y el teniente (R) de Sanidad, Carlos Costa Canessa, quien como médico del Hospital Naval extendió un certificado de defunción en nombre de Michael Woodward sin ver cadáver alguno. Los restantes sobreseídos son suboficiales en retiro de la Armada.

Contra ambas medidas del ministro en visita, que después fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, recurrieron el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa de Defensa del Estado (CDE) y los abogados querellantes.

Sin embargo, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país -Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau- rechazaron las presentaciones por estimar que no se encontraba probada la participación de estas 19 personas en el delito.