Canals Baldwin Sergio María

Por Alfredo Peña R.

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a 23 exagentes de la CNI, entre ellos el ex funcionario de canal 13 y ex productor general del festival de Viña del Mar, Sergio Canals Baldwin (foto) y brazo derecho del fallecido y afamado director de televisión Gonzalo Bertrán por el crimen de dos personas en la comuna de Quinta Normal, en la calle Janequeo ocurrido en septiembre de 1983

Esta información salió de los tribunales hace 48 horas y traía consigo una novedad para los medios de comunicación y especialmente para la televisión, por la influencia que llegó a tener este agente violador de derechos humanos que fue condenado a purgar 15 años de cárcel lo más probable en Punta Peuco. Era conocido el rumor en el mundo de la televisión, que este productor había sido criminal de los derechos humanos, pero él lo negaba. Y se confundía con otro Sergio Canals, un siquiatra que trabajó en televisión pero que no tenía nada que ver ni cerca con la oscura vida de este Sergio Canals Baldwin.

Canals quien llegó a la TV en los 80, participó como autor, según el fallo, en los homicidios de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, grave delito perpetrado el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal acción criminal que acostumbraban a realizar los agentes de la DINA y CNI, la mayoria funcionarios del Ejército.

¿Qué hacían? Los agentes ubicaban a algún dirigente o militante de la izquierda. Le hacían seguimientos. Ubicaban sus lugares de trabajo, su familia, sus amigos y su domicilio. Y llegaban a la convicción criminal que no había que detenerlo. Que había que asesinarlo. ¿Y cómo lo hacían? Los asesinaban a mansalva en la vía pública pretextando enfrentamiento armado. Les colocaban un pistola en la mano al cadáver y luego lo fotografiaban y la foto la entregaban a algunos medios escritos. Algunas veces los grababan y entregaban esos videos a los canales de televisión. Y luego los voceros de la dictadura como Francisco Javier Cuadra (ex RN) -con el apoyo de los medios de la época- decían que "hubo un duro enfrentamiento" que determinó que muriera tal o cual persona.

Casi todos de este mismo grupo de condenados participó en el masivo crimen de la denominada "Matanza de Corpus Christi" nombre que le dieron los defensores de derechos humanos u "Operación Albania" denominación de los violadores de los DDHH. Estos agentes asesinaron a doce personas en la comuna de Recoleta el 15 y 16 de junio de 1987. Todos en falsos enfrentamientos.

En la misma causa fue condenado a 20 años Álvaro Corbalán Castilla y otros 21 ex uniformados, como autores o cómplices.  Corbalán está preso en Punta Peuco y a esta condena se agregan otras doce, que completa más de 120 años…

Cómo fue el crimen

El juez logró acreditar que los ex agentes de la CNI, entre ellos el ex productor Sergio Canals, en el marco de la investigación del atentado contra el intendente de Santiago, general Carol Urzúa, rodearon la vivienda de calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, y abrieron fuego sin mediar provocación alguna, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, el dirigente del MIR, Hugo Ratier Noguera (José). Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián, también del MIR. Dispararon más de 150 balas.

La justicia, en esta etapa, determinó que ambas muertes se produjeron con disparos por la espalda realizadas por los agentes de la CNI. 

De acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias las muertes se produjeron, en el caso de Ratier por traumatismo torácico, abdominal y de las extremidades superiores e inferiores por balas, dos de las cuales fueron recibidas por la espalda; y, en el caso de Salgado por traumatismos cráneo encefálico, facial, pelviano y de las extremidades superior izquierda e inferior derecha por balas, todas con ingreso en la parte posterior.

Canals, el violador que llegó a la TV

Según el sitio Memoria Chilena, Sergio Canals Baldwin, siendo teniente cumplió labores de seguridad en el Estadio Nacional, cuestión que el ex agente niega hasta hoy. Varios prisioneros, uno de ellos un compañero de colegio, asegura haberlo visto en el estadio y posteriormente en Chacabuco, donde fue oficial encargado de seguridad del Campamento de Prisioneros, cumplió este cargo en varias oportunidades.

En conversación telefónica con Pascale Bonnefoy Miralles, autora del libro “Terrorismo de Estadio, Prisioneros de guerra en un campo de deportes” , Canals negó haber estado en el Estadio Nacional.

Afirmó que al momento del golpe de Estado, se encontraba con el Ejército en Antofagasta.

Canals ingresó al Ejército en 1968 y se retiró en la década de los ochenta. Negó haber integrado la CNI.

El sitio que preserva los temas de derechos humanos en nuestro país, Memoria Chilena, asegura que llegó a ser segundo comandante de la División de Inteligencia de la Región Metropolitana de la CNI entre 1981 y 1983, actuando en oportunidades como comandante de dicha División, la cual dependía directamente de Álvaro Corbalán. Otra de las tareas que cumplió dentro de la CNI fue la de jefe de equipo de la Unidad de Seguridad Presidencial Adelantada de ese organismo. O sea, trabajó directamente con el dictador Augusto Pinochet, cuidando la vanguardia del entonces jefe del estado.
Canals también estuvo procesado como cómplice en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez.

Posteriormente a su paso por la CNI, Canals fundó la productora de eventos SCB (bautizada así por sus iniciales), donde se podía leer su CV: “Vasta experiencia en la industria de la Televisión y Espectáculos, 25 años en Canal 13 participando activamente en el equipo realizador del destacado director Gonzalo Bertrán, y ocho años como Productor General del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”. Es aquí donde se desconoce como un violador de tan graves situaciones de derechos humanos llega al canal 13. 

Funcionarios del canal de la época señalan que llegó por imposición de personeros de la dictadura, para tener un "sapo" o informante dentro de la estación televisiva. Luego con "sus oscuras influencias y ese poder escondido" llegó a participar en el principal equipo de la televisión de lo que fue el canal de la Universidad Católica, que realizó grandes producciones televisivas encabezadas por el fallecido director Gonzalo Bertrán, reconocido como el mejor realizador que ha tenido la televisión chilena en su historia.

Los otros "valientes soldados" condenados

En el marco del fallo por el asesinato de estas dos personas, se condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a 20 años de presidio; mientras que José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán cumplir una condena de 15 años y un día; en el marco de autores de los delitos.

Por su parte, Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro fueron sentenciados a una pena de 10 años y un día de presidio; aunque bajo la figura de cómplices.

Son 18 los agentes de la CNI que deberán ser detenidos en las próximas horas. Participaron en un supuesto “enfrentamiento” en que acribillaron a dos miembros del MIR en la comuna de Quinta Normal. El grupo lo encabeza Álvaro Corbalán que ya está en la cárcel de Punta Peuco cumpliendo penas por diversos crímenes de derechos humanos.

Son 18 los procesados por el Caso Janequeo, pero 2 ya están en el penal: Álvaro Corbalán (en la foto) y Jorge Vargas Bories. El resto son ex agentes que no habían pasado por los tribunales ni habían sido detenidos en las cárceles especiales para violadores de derechos humanos, la ex Cordillera y Punta Peuco. 

Todos los delincuentes de la CNI -la mayoría integrantes activos en esa época del Ejército y de Carabineros- participaron en el supuesto "enfrentamiento" en que acribillaron a mansalva dos integrantes desarmados del MIR.

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza dio la orden de detención en contra de 18 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, ocurridos el 7 de septiembre de 1983 en la calle Janequeo, frente a los números 5707 y 5946, en la comuna de Quinta Normal.

Por este caso fueron sometidos a proceso los agentes de la Central Nacional de Informaciones en calidad de autores. Estos son los integrantes de los que acribillaron a Ratier Noguera y a Salgado Troquian y que debieran ingresar a Punta Peuco en los próximos días para unirse al "Mamo" Contreras y a Corbalán.

1- Roberto Schmied Zanzi. Ex subdirector de la CNI. Procesado por varios crímenes. Ejército

2- Sergio Canals Baldwin. Ejército

3- Álvaro Corbalán Castilla, jefe operativo de la CNI y autor de varios crímenes. Ejército

4- Aquiles González Cortés. Ejército

5- Fernando Rojas Tapia. Ejército

6- Jorge Vargas Bories. Preso en Punta Peuco por varios crímenes. Ejército

7- José Aravena Ruiz. Ejército

8- José Salas Fuentes. Ejército

9- Arturo Sanhueza Ross. Carabineros

10- Egon Barra Barra. Carabineros

11- Norman Jeldes Aguilar. Ejército

12- Manuel Morales Acevedo. Carabineros

13- Raúl Méndez Santos. Ejército

14- Rodolfo Olguín González. Carabineros

15- Zinaida Vicencio González. Ejército

En calidad de cómplices, los procesados son:

16- Rafael Ortega Gutiérrez.

17- Raúl Escobar Díaz.

18- Eduardo Chávez Baeza.

De acuerdo a los antecedentes del proceso hasta ahora se ha determinado que un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones se avocó a investigar las actividades de personas que formaban parte del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. 

Al grupo también se le encargó la investigación por el homicidio del general Carol Urzúa Ibáñez, intendente de Santiago, procediendo a detener a personas adherentes al citado movimiento en horas de la tarde del 7 de septiembre de 1983.

Dentro esas actividades, el día 7 de septiembre de 1983, un número no precisado de sujetos de la CNI concurrió hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo 5707, comuna de Quinta Normal, el que estaba siendo vigilado desde hace varias semanas, donde procedieron a rodear el lugar y a disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala, en el patio trasero del inmueble, Hugo Ratier Noguera. Además, Alejandro Salgado Troquian, cuando llegaba a su domicilio, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es en calle Janequeo frente al número 5946.

De acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias las muertes se produjeron, en el caso de Ratier, por traumatismo torácico, abdominal y de las extremidades superiores e inferiores por balas, dos de las cuales fueron recibidas por la espalda; y, en el caso de Salgado por traumatismos cráneo encefálico, facial, pelviano y de las extremidades superior izquierda e inferior derecha por balas, todas con ingreso en la parte posterior.

Se dictó orden de detención en contra de todos los procesados, excepto de Corbalán Castilla y Vargas Bories, quienes se encuentran recluidos en el Penal de Punta Peuco por un sinnúmero de causas de derechos humanos.

El ministro en visita  de la Corte de Apelaciones de Santiago Miguel Vázquez Plaza dictó procesamiento en dos procesos por violaciones a los DDHH que investiga, determinando el ingreso a prisión preventiva de miembros del Ejército y agentes de la CNI. 

En el primer caso,  el magistrado determinó  procesar también a Juan René Jara Quintana como responsable en calidad de cómplice del homicidio del cantautor Víctor Jara Martínez, ocurrido el 16 de septiembre de 1973 en el entonces Estadio Chile. Hay ocho procesados más por este caso, anteriormente. 

En la segunda resolución, el magistrado sometió a proceso a 18 personas por los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, ocurridos el 7 de septiembre de 1983 en la calle Janequeo, comuna de Quinta Normal. 

Por este caso, fueron sometidos a proceso los agentes de la CNI RobertoSchmied Zanzi, Sergio Canals Baldwin, Álvaro Corbalán Castilla, Aquiles González Cortés, Fernando Rojas Tapia, Jorge Vargas Bories, José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Norman Jeldes Aguilar, Manuel Morales Acevedo, Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Zinaida Vicencio González, Rafael Ortega Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz y Eduardo Chávez Baeza. 

De acuerdo a los antecedentes del proceso, se ha determinado que “el día 07 de septiembre de 1983, un número no precisado de sujetos del organismo denominado “CNI” concurrieron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, el que estaba siendo vigilado desde hace varias semanas, donde procedieron a rodear el lugar y a disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala, Hugo Ratier Noguera. Además,  Alejandro Salgado Troquian fue abatido por múltiples heridas de bala, en la misma calle”. 

Se dictó orden de detención en contra de todos los procesados, excepto de Corbalán Castilla y Morales Acevedo quienes se encuentran recluidos en el Penal de Punta Peuco por otras causas de DDHH.

Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés fueron sentenciados a de 20 años de presidio en un falso enfrentamiento en Quinta Normal, en 1983.

Este lunes, el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez Plaza, condenó a 23 exagentes de la CNI por los asesinatos de dos opositores del régimen militar perpetrados en 1983.

En el fallo, el juez Vásquez condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a de 20 años de presidio por el homicidio de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera

En la misma línea, los exagentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de ambos delitos.

Además, Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Vázquez logró establecer que las víctimas fallecieron en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna santiaguina de Quinta Normal. Esto ocurrió el 7 de septiembre de 1983, cuando un número importante de agentes de la CNI y de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar.

Posteriormente, con diferentes tipos de armamento, dispararon sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda Ratier Noguera.

Además, cuando iba llegando al mismo domicilio donde residía, Salgado Troquián fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas presentadas y ordenó a los condenados y al fisco pagar una indemnización total de 420 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

Son 18 los procesados por el Caso Janequeo, pero 2 ya están en el penal: Álvaro Corbalán (en la foto) y Jorge Vargas Bories. El resto son ex agentes que no habían pasado por los tribunales. Participaron en el “enfrentamiento” en que acribillaron a dos miembros del MIR.

El ministro en visita  Miguel Vázquez Plaza en contra de 18 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, ocurridos el 7 de septiembre de 1983 en la calle Janequeo, frente a los números 5707 y 5946, en la comuna de Quinta Normal.

Por este caso fueron sometidos a proceso los agentes de la CNI en calidad de autores.

1- Roberto Schmied Zanzi.                         2- Sergio Canals Baldwin.                          3- Álvaro Corbalán Castilla.

4- Aquiles González Cortés.                        5- Fernando Rojas Tapia.                          6- Jorge Vargas Bories.

7- José Aravena Ruiz.                                8- José Salas Fuentes.                               9- Arturo Sanhueza Ross.

10- Egon Barra Barra.                                11- Norman Jeldes Aguilar.                         12- Manuel Morales Acevedo.

13- Raúl Méndez Santos.                            14- Rodolfo Olguín González.                     15- Zinaida Vicencio González.

En calidad de cómplices, los procesados son:

16- Rafael Ortega Gutiérrez.                     17- Raúl Escobar Díaz.                               18- Eduardo Chávez Baeza.

De acuerdo a los antecedentes del proceso hasta ahora se ha determinado que:

– Un  grupo de agentes  de la Central Nacional de Informaciones se avocó  a investigar las actividades de personas que  formaban parte del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y de aquellos que  colaboraban con dicho organismo. Al grupo también se le encargó la investigación por el homicidio del general Carol Urzúa Ibáñez, intendente de Santiago, procediendo a detener a personas adherentes al citado  movimiento en horas de la tarde del 7 de septiembre de 1983.

– Dentro esas actividades, el día 7 de septiembre de 1983, un número no precisado de sujetos de la CNI concurrió hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo 5707, comuna de Quinta Normal, el que estaba siendo vigilado desde hace varias semanas, donde procedieron a rodear el lugar y a disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala, en el patio trasero del inmueble, Hugo Ratier Noguera. Además, Alejandro Salgado Troquian, cuando llegaba a su domicilio, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es en calle Janequeo frente al número 5946.

– De acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias las muertes se produjeron, en el caso de Ratier, por traumatismo torácico, abdominal y de las extremidades superiores e inferiores por balas, dos de las cuales fueron recibidas por la espalda; y, en el caso de Salgado por traumatismos cráneo encefálico, facial, pelviano y de las extremidades superior izquierda e inferior derecha por balas, todas con ingreso en la parte posterior.

Se dictó orden de detención en contra de todos los procesados, excepto de Corbalán Castilla y Vargas Bories, quienes se encuentran recluidos en el Penal de Punta Peuco por otras causas de derechos humanos.

El magistrado instructor Sergio Muñoz procesó al subdirector de la DINE, coronel Fernán González, por el delito de obstrucción frustrada a la justicia. También incluyó al coronel (r) Enrique Ibarra y al abogado de la Auditoría del Ejército, Víctor Gálvez, por obstrucción a la justicia. El Ejército dio asesoría legal al primero de los inculpados.

SANTIAGO.- El magistrado instructor Sergio Muñoz procesó al subdirector de la Direncción de Inteligencia del Ejército, coronel Fernán González, por el delito de obstrucción frustrada a la justicia. También incluyó al coronel (r) Enrique Ibarra y al abogado de la Auditoría del Ejército, Víctor Gálvez, por obstrucción a la justicia. El Ejército dio asesoría legal al primero de los inculpados.

Se informó que el Ejército se encuentra prestando asesoría legal al subdirector del DINE.

Así lo manifestó al ser consultado sobre el tema el jefe (s) del Departamento Comunicacional de la rama castrense, coronel Sergio Béjares, quien indicó que dicha asesoría legal le fue entregada a González, "tal como le corresponde".

El 13 de enero ministro Muñoz rechazó procesar a 10 inculpados

Por no ser suficientemente precisas las presunciones en contra de ellos, el ministro en visita Sergio Muñoz rechazó someter a proceso a diez inculpados en la causa por el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, entre ellos cuatro generales.

La resolución del 13 de enero favoreció al actual director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Roberto Aranciba Clavel, al suboficial reincorporado a la institución Leonardo Quilodrán Burgos, al suboficial José Cáceres Castro, al suboficial José Roa Vera, al oficial (r) Sergio Canals Baldwin, al oficial Pablo Rodríguez Márquez, al general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, al general (r) Rodrigo Sánchez Casillas y al general (r) Gustavo Abarzúa.

El magistrado dejó pendientes las resoluciones en cuanto a los procesamientos del brigadier Fernán Gálvez Fernández, el coronel Enrique Ibarra, el abogado Víctor Gálvez y el ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva.

Actualmente Torres está encausado como encubridor, pero el Consejo de Defensa de Estado pidió su procesamiento por obstrucción a la justicia.

Solicitan procesar a 14 militares, entre ellos 5 activos, en caso Tucapel

Jorge Mario Saavedra, abogado querellante en el caso por la muerte del sindicalista Tucapel Jiménez, solicitó el viernes 15 de diciembre de 2000, el procesamiento de catorce militares en servicio y en retiro, acusados de encubridores, cómplices y autores materiales del delito.

Entre los nombres se menciona el de 5 uniformados en servicio activo de los que destaca el director de la Dirección de Inteligencia del Ejército mayor general Roberto Arancibia Clavel, como encubridor; Brigadier general Fernán González, subdirector de la Dine y Coronel Ricardo Opazo, miembro del Dine.

En tanto, los militares en retiro de quienes se solicitó el procesamiento, todos como encubridores por la muerte de Tucapel Jiménez, son los siguientes: Rodrigo Sánchez Castillo, Ricardo Abarzúa, Eugenio Covarrubias y Paulo Rodríguez Márquez.

Como autores del delito, Saavedra individualizó a los siguientes militares (r): el suboficial Leonardo Kilográn; Oficial en retiro José Roa Vera y el suboficial en retiro, José Cáceres Castro. Este último se desempeñaba como operador en el cuartel Coihueco de La Reina. 

Por la misma causa, además, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Cristián Arias solicitó dos nuevos procesos, que afectan al coronel Enrique Ibarra -también requerido por Saavedra- y Víctor Gálvez, ambos acusados de obstrucción a la justicia.

La acción judicial fue interpuesta en el despacho del ministro en visita Sergio Muñoz y en la oportunidad el profesional solicitó también la ampliación del proceso contra el ex Fiscal del Ejército Fernando Torres Silva de encubrimiento a obstrucción a la justicia.

Lista completa de las personas que se pide procesar

Por encubrimiento

1. Mayor general, Rober Arancibia Clavel, director del Dine

2. Brigadier general Fernán González, subdirector del Dine

3. Coronel Ricardo Opazo, miembro del Dine.

-Miembros de la fiscalía militar por obstrucción a la justicia-

4. Enrique Ibarra, coronel (r) de justicia.

5. Víctor Gálvez, abogado de la fiscalía militar

6. Fernando Torres Silva, que se amplíe su proceso de encubridor al de obstrucción a la justicia.

7. General en retiro Rodrigo Sánchez Casilla, encubridor

8. General en retiro, Eugenio Covarrubia, encubridor

9. General en retiro, Gustavo Abarzúa, encubridor

10. Capitán en retiro, Paulo Rodríguez Márquez, encubridor.

11. Suboficial en retiro, Leonardo Kilográn, autor.

12. Suboficial en retiro, José Cáceres Castro, autor.

13. Oficial en retiro, José Roa Vera, autor.

14. Mayor en retiro, Sergio Canals, cómplice.

La farándula esconde no sólo las dificultades que se puedan estar viviendo, sino que también a algunos personajes que desean ocultar pasajes oscuros de su pasado.

Siempre se ha dicho que el festival de Viña del Mar fue utilizado por el régimen militar, para ocultar las atrocidades que se cometían en esa época contra quienes disentían, además de hacer olvidar por un rato a la gente las penurias económicas que se vivían. 

Muchos pensaban que el principal evento farandulero del año se había sacado ese lastre, pero tal parece que el viejo régimen siempre sobrevive, porque mientras muchos cada noche ven al monstruo devorar artistas, una bestia de verdad dirige el espectáculo.

Hablamos de Sergio Canals, director de programación del show viñamarino, quien ocupara cargos de alta responsabilidad en los aparatos de inteligencia del ejército durante la larga noche que vivió el país.

El productor general del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Canals, cuenta con una contundente trayectoria en el Canal 13. Por eso, sorprendieron las imputaciones del periodista Víctor Gutiérrez en el programa “SQP”, quien denunció que fue un agente de los servicios de seguridad de la dictadura militar. No se equivoca.

Sergio Canals Baldwin fue uno de los principales colaboradores del recordado Gonzalo Bertrán en la realización de programas tales como “Viva el Lunes”. En aquella actividad estaba en junio del 2000, cuando el Consejo de Defensa del Estado solicitó al ministro en visita Sergio Muñoz que lo sometiera a proceso como cómplice del homicidio del ex presidente de la ANEF Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982. 

En la sentencia del caso dictada por Muñoz se consignó que, a fojas 1162 vuelta y 1166 vuelta, constaban las declaraciones de Canals, quien expresó que “fue oficial de Ejército y se desempeñó en la Central Nacional de Informaciones (CNI)”.

Fue el “segundo comandante de la División de Inteligencia de la Región Metropolitana entre 1981 y 1983” dijo, precisando que cumplió funciones administrativas y subrogó al comandante de la División cuando se ausentaba, “con el cual se reunían semanalmente los jefes de unidades, en donde se impartían las instrucciones respecto de las prioridades de la parte operativa y los medios con los que contaban para ello. 

Uno de los jefes de unidad que mencionó era Alvaro Corbalán Castilla, a cargo de la Unidad Antisubversiva de la CNI. 

Y recordó a las agrupaciones de Deportes, Educación, Asuntos Sindicales, Religiosos y una Oficina de Asuntos Generales, las cuales “debían dedicarse a buscar información conforme a órdenes que emanaban del Estado Mayor”, en circunstancias que “ninguna operación se cumplió sin el conocimiento del comandante de la división”.

A fojas 3856, Canals aclaró que el coronel Roberto Schmied Zanzi era el comandante de la División de Inteligencia Metropolitana, en la cual trabajó. Añadió que “dentro de las funciones que realizaban los agentes estaban seguimientos, vigilancias, intercepciones telefónicas y recolección de información en general. En lo relativo a las intercepciones telefónicas estaba a cargo el coronel (Jorge) Vizcaya y se encontraba la unidad en la parte posterior del cuartel central”. 

Señaló que el análisis de inteligencia se procesaba y daba origen a informes que eran confeccionados diariamente, o día por medio, los que “eran entregados personalmente por el director al Presidente de la República, con quien se reunía para estos efectos todos los días, día por medio o en las oportunidades que el Presidente lo requería”. 

Además, dijo, “el director integraba el Comité Político y asistía a las reuniones de Gabinete”. Manifestó que ingresó a la Central Nacional de Informaciones en 1980 y se retiró en febrero de 1983 y de esta fecha hasta 1985 prestó “seguridad indirecta” a Pinochet en los viajes que realizaba en la Carretera Austral. 

En esa última labor observó que “realizaba visitas al sur en los meses de verano, el cual recibía las informaciones diarias que se le enviaban sobre la situación del país”. 

A fojas 1150 y 3183 Roberto Schmied declaró que mientras ejerció como comandante de la División de Inteligencia Metropolitana “no se hacía nada sin su conocimiento, puesto que estaba al tanto de todo, sin que pueda responder de aquello que sucedía en su ausencia, en que quedaba como segundo comandante Sergio Canals”. Por su parte, en la declaración indagatoria de Alvaro Corbalán, a fojas 2408 y 3133, dijo que en la CNI estuvo a cargo de “una unidad de búsqueda de información dependiente de la División de Inteligencia Metropolitana, comandada por Roberto Schmied y como segundo jefe Sergio Canals”.

La otra cara de la gaviota se puede observar en quienes truncan el deseo de los que como Canals, pensaron que matando a las personas se mataba a sus ideas, puesto que como todos los años desde su asesinato, una gran cantidad de personas se reunieron para realizar una romería a la tumba de Tucapel Jiménez en el cementerio General.

En la ocasión, todos los participantes destacaron el ejemplo de lucha por la democracia y la justicia social que encarnó el dirigente gremial.

Lo distinto fue que en esta ocasión el homenaje contó con la presencia de la presidenta electa, Michelle Bachelet, quien se centró en alabar las cualidades del extinto dirigente.

Michelle Bachelet señaló que durante su gobierno dará los pasos necesarios para que los trabajadores alcancen aquellos derechos por los que tanto peleó Tucapel, dando prioridad a los compromisos establecidos con el mundo sindical, como la negociación colectiva para todos y la posibilidad de ser elegidos como parlamentarios.

Por su parte, Tucapel Jiménez hijo agradeció que por primera vez desde el crimen contra su padre, un mandatario asistiera a la romería en su honor, con lo que se enaltece la figura del presidente mártir de la ANEF. 

El diputado electo manifestó también su preocupación por la posibilidad de que se repitan medidas como el indulto presidencial a Manuel Contreras Donaire, autor material del asesinato de su padre.

Raúl De La Puente, presidente de la ANEF, coincidió en destacar las virtudes de Jiménez como representante de los empleados fiscales y su enorme decisión para enfrentar a la dictadura, bregando por la unidad de los trabajadores. Es esa consecuencia la que, según De La Puente, llevó a los personeros de la dictadura a terminar con su vida, puesto que consideraban un peligro para la estabilidad del régimen el trabajo de Tucapel Jiménez y otros dirigentes en aras de la unidad del movimiento obrero.

Hay que destacar que la romería a la tumba de Tucapel Jiménez se ha transformado en el hito, mediante el cual los trabajadores del sector público renuevan la decisión de lucha por mejorar su desmedrada situación laboral, provocada por las políticas de la dictadura, las que no han sido corregidas por los gobiernos de la concertación.

Es por lo anterior que la asistencia de Michelle Bachelet y los compromisos que ella suscribió con los trabajadores, abre una pequeña luz de esperanza en quienes suelen ser olvidados cuando se diseñan las políticas de estado, lo que pone de manifiesto la necesidad de que los trabajadores recuperen su capacidad de organización dado que, como pregonara el propio Tucapel Jiménez Alfaro a sus compañeros de lucha, es sólo a través de la unidad de los trabajadores que se pueden lograr las transformaciones sociales, “puesto que a los trabajadores nunca se nos han regalado nada”.

Nota: las referencias a la sentencia del ministro Sergio Muñoz, en el caso del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, fueron extraídas de una investigación del periodista Víctor Osorio (N del E: uno de los destacados "actores secundarios").

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinoza, dictó sentencia en contra de 20 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de los ex militantes y dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuenteovejuna de la comuna de Las Condes.

El hecho fue un episodio de falso enfrentamiento con que la CNI y la dictadura pretendieron ocultar crímenes y asesinatos, con la complicidad activa de la prensa empresarial. En el fallo (causa rol 539-2011), el ministro Carroza condenó a la pena de 15 años y un día de presidio al ex brigadier de ejército Roberto Urbano Schmied Zanzi, ex jefe de la División Metropolitana de la CNI, como autor de los homicidios calificados. En tanto, a 10 años y un día, también como autores de los delitos, fueron condenados los ex oficiales de ejército Aquiles Mauricio González Cortés, alias "Caracha", ex jefe de la Brigada Azul a la época de los crímenes, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, ex jefe de la división antisubversiva de la CNI, Norman Antonio Jeldes Aguilar, alias "Gorilón", ex integrante de la Brigada Especial, y al ex empleado civil del ejército Manuel Mariano Ventura Laureada Núñez, alias "Piolín", también agente de la Brigada Especial.

En la causa, el ex oficial de ejército y segundo de Schmied Zanzi en la División Metropolitana, Sergio María Canals Baldwin, y los ex agentes Juan José Pastene Osses, Patricio Leonidas González Cortez, Luis René Torres Méndez, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Hernán Gálvez Navarro, Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Modesto Olivares Carrizo, Raúl Hernán Escobar Díaz, Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré, Raúl Horacio González Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rafael de Jesús Riveros Frost, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices.

En tanto, el ex agente de la Brigada Especial, Egon Antonio Barra Barra, alias "Siete Fachas", fue absuelto de participación en este episodio (el grupo en que éste participaba se encontraba, simultáneamente, cometiendo otros crímenes en calle Janequeo).

Brigada Azul

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mario Carroza logró establecer que, tras el asesinato del intendente de la Región Metropolitana Carol Urzúa Ibañez, cometido el 30 de agosto de 1983, el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Gordon Rubio (fallecido) ordenó a la División Antisubversiva Metropolitana, al mando de Roberto Schmied Zanzi, conformar una nueva agrupación: la Brigada Azul, para investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En dicho contexto, en horas de la mañana del 7 de septiembre de 1983, se ordenó la detención de miembros del MIR que se encontraban en el inmueble de Fuenteovejuna 1330, que había sido previamente ubicado. Lugar al cual, en horas de la tarde, se envió un número considerable de agentes al mando de Álvaro Corbalán Castilla (comandante de la Brigada Antisubversiva Metropolitana) y de Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul).

«En las acciones iniciales, los agentes instalaron frente al inmueble una base de fuego, consistente en una ametralladora Rheinmetal, calibre 7,62 mm, montada en el techo de un jeep, que en esa oportunidad era conducido por Manuel Ventura Laureada Núñez, y el arma operada por al menos dos personas, una la que disparaba, Norman Antonio Jeldes Aguilar, y la otra encargada de pasar la cinta de municiones, con capacidad de tiro de 10 por cada ráfaga corta y disposición de tiro completa de 500 por minuto, con balas trazadoras», consigna el fallo.

La resolución agrega que: «ya encontrándose en posición la base de fuego, se ordena por el oficial al mando dirigirla y disparar contra el inmueble por cerca de un minuto, esto es, unos 500 tiros, luego detienen su acción y mediante altoparlantes conminan a los ocupantes del inmueble a entregarse».

«Uno de ello -continúa-, Sergio Peña Díaz, decide entregarse y sale con las manos en la nuca, pero en los momentos en que caminaba hacia los agentes, éstos le disparan y sus heridas le provocan la muerte, lo cual incita la reacción de la única mujer del grupo, que les enfrenta con un arma; ante esta reacción, Álvaro Corbalán nuevamente da la orden de disparar la base de fuego en dirección al inmueble, lo cual provoca no sólo la muerte de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, por heridas de bala, sino también el incendio de la casa y la calcinación del tercer integrante del movimiento, Arturo Vilavella Araujo».

El mismo día, 7 de septiembre de 1983, la CNI realizó un operativo simultáneo en calle Janequeo, en Quinta Normal, donde fueron ejecutados otros dos militantes del MIR. Este episodio, sin embargo, se sustancia en causa separada y por otro ministro en visita.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983. El ministro en visita condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a la pena de 20 años de presidio.

Por su responsabilidad en los homicidios de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983, y se dieron a conocer en su momento como un enfrentamiento, que resultó ser falso.

El ministro Vázquez condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a la pena de 20 años de presidio. Mientras que los ex agentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán pasar 15 años y un día de presidio como autores de los delitos.

En calidad de cómplices fueron condenados a 10 años y un día de presidio Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro.

Durante la investigación de la causa, el ministro Vázquez logró establecer que Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián murieron por impactos de bala recibidos por la espalda, luego de que agentes de la CNI, de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos comenzaron a disparar sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble ubicado en calle Janequeo 5707.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primer grado dictada por el ministro Miguel Vásquez Plaza el 19 de julio de 2019 que condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo (causa rol 4741-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada – integrada por la ministra Verónica Sabaj Escudero, Alejandro Aguilar Brevis y Rodrigo Carvajal Schnettler – resolvió rechazar los recursos de apelación y de casación interpuestos por algunos condenados y confirmar la sentencia de primera instancia con la declaración de rebajar de 20 a 17 años de presidio las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Manuel Ángel Morales Acevedo y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

En la causa se decretó la absolución de los agentes Zinaida Lena Vicencio González, Jorge Raimundo Ahumada Molina y Eduardo Martín Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en este hecho. Otro procesado en esta causa, el ex PDI Jorge Arnaldo Barraza Riveros, falleció en el curso del proceso; en tanto, sigue en calidad de prófugo el procesado ex oficial de Carabineros Miguel Ángel Patricio Soto Duarte.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera, de 39 años de edad. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

La Corte Suprema confirmó las condenas contra 22 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal, en Santiago.

En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal (causa rol 10.047-2022) -integrada por los ministro Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos Sagristá, Jean Pierre Matus, y el abogado (i) Gonzalo Ruz L. y la abogada (i) Leonor Etcheberry C.- descartó error de derecho en la sentencia y rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la casi totalidad de los condenados en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado en noviembre de 2021, que a su vez confirmó con algunos cambios la de primera instancia, dictada en julio de 2019 por el ministro Miguel Vásquez Plaza.

En la resolución la Segunda Sala confirma las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán  Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, quienes quedan condenados a 17 años de presidio, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército y operativos de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

El agente Manuel Ángel Morales Acevedo, también condenado en las instancias previas, falleció en el curso del proceso.

Falso enfrentamiento

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera.

Simultáneamente, con ocasión de ir llegando al barrio y al mismo domicilio donde residía, el militante Alejandro Salgado Troquián fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, a dos cuadras de la vivienda atacada.

Hugo Norberto Ratier Noguera, de 39 años de edad, era de nacionalidad argentina, originario de Misiones, y residía en Chile desde 1970. Era dirigente del MIR y se mantenía activo en la clandestinidad. Era casado y padre de tres hijos; poco antes de estos hechos su esposa e hijos habían abandonado el país por razones de seguridad. Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad, de profesión veterinario, también militante del MIR, era casado y padre sustituto de los hijos de su pareja.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento y en donde fueron asesinados Arturo Vilavella Araujo, Lucía Orfilia Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz. Los tres habían regresado clandestinamente a Chile para integrarse a la lucha contra la dictadura. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuente Ovejuna, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

por Darío Núñe