Bolumburú Taboada Eliana Carlota

Rut: 5.494.089-0

Cargos:

Grado : Enfermera

Rama : Civil

Organismos : Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)


Torturadores y asesinos: Médicos de la muerte

Fuente :El Siglo 13 de Febrero 2004

Categoría : Prensa

Cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, psicólogos, ginecólogos y otorrinolaringólogos pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. La mayoría de ellos aún se encuentra en funciones en hospitales públicos, clínicas privadas e instituciones de salud de las Fuerzas Armadas.

El Juramento Hipocrático dice en algunas de sus partes: "Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles nada, si ellos desean aprenderlo… Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".

Evidentemente, los que pusieron sus conocimientos al servicio de la tortura y la muerte violaron este juramento y todas las normas relativas a la defensa de los derechos humanos. Lo peor es que, con protección de las Fuerzas Armadas o con la extrema desidia de los directores de hospitales públicos designados por la Concertación, siguen en funciones atendiendo a personas que no tienen la más mínima idea de que "su doctor" tiene tan siniestro pasado.

Así ocurrió, cuando comenzaron las denuncias públicas denominadas funas, con centenares de pacientes que comenzaron a llamar a los médicos para increparles y cancelar sus visitas al enterarse de los hechos. Entre otros casos, fue lo sucedido con Alejandro Forero en la Clínica INDISA, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia.

Desde los primeros días

La colaboración de los médicos que se habían puesto del lado de los golpistas se dio desde los primeros días de la dictadura pinochetista. El caso de José María Fuentealba, funcionario de salud del Ejército es uno de ellos.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería argentina a militares chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.
El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería.
Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río Mayo José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos. Eso duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Epoca del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Como en este caso, también aparece desde el primer momento el cardiólogo de Punta Arenas Guillermo Aranda y Alejandro Babaich Schmith, Director del Hospital "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, reconocidos por muchos torturados de esa localidad. Otro es Darwin Arraigada Loyola, en ese momento dirigente del Colegio Médico de Chile, quien fue posteriormente nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud y al que se le acusa, entre otras cosas, de entregar a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados, y participar en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a prisioneros políticos.

El médico Raúl Díaz Doll, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.
En Iquique, el pediatra Werner Gálvez, Coronel de Sanidad, aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios a los prisioneros de guerra. Mientras en Valdivia, el traumatólogo Fernando Jara de la Maza participó directamente en la aplicación de tortura a los detenidos.

En la provincia de Concepción, asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende certificados por "muerte natural", para encubrir los crímenes, un médico de Carabineros de apellido Minoletti. En tanto en Tejas Verdes, cuna de la DINA, cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de ese recinto militar el doctor Vittorio Orvieto Teplizky, que posteriormente se incorporaría a la Brigada de Salubridad de dicha asociación ilícita, apareciendo como director de la clínica clandestina Santa Lucía. En las cercanías de Santiago, el radiólogo Bernardo Pulto, junto al Fiscal militar de Melipilla, tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a los prisioneros.

La Brigada de Sanidad

La DINA tuvo su propio equipo para atención del personal de servicio, de prisioneros que colaboraban y la aplicación de tormentos a quienes consideraba sus "enemigos". Junto al ya citado Vittorio Orvieto Teplizky, cumplían funciones Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sin formar parte de la estructura, el médico Gregorio Burgos del Regimiento de Los Angeles, colaboró con agentes de la DINA buscando formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

Muchos de ellos parece que ya no ejercen funciones en sus respectivas áreas, aunque se mantienen cercanos, como la enfermera María Eliana Bolumburú que trabaja en un laboratorio químico de calle Ejército. Otros continúan activos y asumen destacados roles en su profesión, como Roberto Emilio Lailhacar Chávez, quien en los últimos años de los ‘90 y hasta el 2001 ocupara el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual, cuya sede funcionaba en su consulta particular de Obispo Salas 290 en la comuna de Providencia. A esta organización integró, como "persona natural", al abogado Víctor Manuel Avilés Mejías, integrante del Departamento Jurídico de la DINA.
Por su parte, el cirujano dentista Sergio Muñoz Bonta, que trabajó en las clínicas clandestinas Santa Lucía y London, atendió entre otras personas a Marcia Merino, la "flaca Alejandra", y fue "socio fundador" de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos, por intermedio de la cual la DINA lavaba los dineros provenientes del Estado, del tráfico de armas y drogas, y legalizaba los robos de casas, autos y bienes de aquellos prisioneros que eran hechos desaparecer. Aquí fue "colega", por ejemplo, de Francisco Ferrer Lima, Emilio Sajuria Alvear, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Gómez Segovia, Augusto Pinochet Hiriart y Pedro Espinoza Bravo.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, Emilio Troncoso Vivillos, Heriberto Acevedo, Vianel Valdivieso y Julio Leyton Robles, hermano de Manuel Leyton, muerto en extrañas circunstancias en la clínica London.
El doctor Santibáñez reconoció el 17 de julio de 1980 haber integrado la DINA en calidad de médico. Informó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. Cuando se le exhibió la foto de Cortés dijo que le parecía cara conocida y que posiblemente pudo haber visto a esa persona en el Hospital San Juan de Dios. En la misma diligencia se le interrogó sobre el caso de Gabriel Castillo Tapia, desaparecido desde el 5 de agosto de 1976.

En la muerte de Manuel Leyton Robles aparece implicado otro doctor, Osvaldo Leyton Bahamondes, quien firmó un certificado de defunción afirmando que el agente de la DINA había fallecido a causa de una crisis epiléptica y de arritmia cardiaca. El deceso habría sido en Almirante Barroso Nº 76, donde funcionaba la Clínica London. Lo cierto es que Manuel Leyton fue asesinado por sus "colegas" al ser descubierto su papel de integrante de la DINA tras participar en un trabajo encargado por Germán Barriga: el robo de una renoleta.

Por su parte, Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, tras finalizar su labor en la DINA, con base en la Clínica Santa Lucía, continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI y a fines de la dictadura se le vio aparecer en publicidad de diversos tipos, como una de Nescafé, otra de galletas Tritón y de instituciones financieras. Aún ejerce funciones en el Hospital Félix Bulnes. El doctor Eugenio Fantuzzi tiene su consulta particular y es Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila. El ginecólogo Juan Pablo Figueroa atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco y Hernán Taricco Lavín continúa trabajando para el Ejército en el Centro Médico Militar de Maipú .

Werner Zanghellini Martínez, quien inyectara con el virus de la rabia al detenido Jorge Fuentes Alarcón, abandonó rápidamente su consulta, ubicada en Galvarino Gallardo 1983, cuando fue funado por decenas de personas hace un par de años. Se sabe que continúa atendiendo en una consulta de Avenida Providencia que pertenece a un familiar, aunque su nombre no aparece en la placa adosada a la puerta.

La CNI y el Comando Conjunto

Aunque en el Comando Conjunto, integrado básicamente por miembros de la Fuerza Aérea, se conoce la presencia de otros médicos, el que ha sido procesado como parte permanente de esta asociación ilícita es el cardiólogo Alejandro Jorge Forero Alvarez, comandante de escuadrilla de la FACH y funcionario del hospital institucional. Nombrado en la mayoría de los casos que involucran al Comando Conjunto, se sabe que en 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, usado como centro clandestino de reclusión por la FACH. En este lugar habría participado supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Forero participó en Patria y Libertad durante el gobierno de la Unidad Popular, donde conoció a Roberto Fuentes Morrison, alias "el Wally". Ya en dictadura, fue procesado por el ministro Carlos Cerda, pero dicho proceso fue cerrado y amnistiado por un juez puesto especialmente para eso. Por los delitos de asociación ilícita y detención ilegal de Víctor Vega Riquelme, fue procesado junto a otros 20 integrantes del Comando Conjunto.

En la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) aparece Jorge León Alessandrini, dentista y agente civil, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez donde habría actuado proporcionando el arma homicida.

La CNI también contó con su propio equipo médico, especialmente en los recintos clandestinos de torturas ubicados en Santiago, como el Cuartel Borgoña, y otros de regiones. Casos que han alcanzado notoriedad dejaron al descubierto a algunos de ellos, por ejemplo a los implicados en la muerte por torturas del profesor Federico Alvarez Santibáñez en agosto de 1979.

El joven militante del MIR fue entregado por Carabineros a la CNI, donde fue sometido a terribles apremios mientras era "vigilado" por profesionales de la salud para evitar su muerte. Entre éstos aparecen Luis Losada Fuenzalida, Manfred Jurgensen Caesar y Camilo Azar Saba, todos sancionados por el Colegio Médico el 31 de marzo de 1986. Losada Fuenzalida firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas sólo una hora antes de la muerte de Alvarez Santibáñez.

Camilo Azar es traumatólogo y ortopedista, por lo que conocía a la perfección las zonas del cuerpo más sensibles, que pudieran causar mayor dolor con menos peligro de muerte. Sin embargo, en este caso no sirvieron: Federico Alvarez falleció debido a contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.

Otro caso es el del transportista serenense Mario Fernández López, secuestrado por la CNI en octubre de 1984. Tras la muerte por torturas de Fernández, fueron sancionados por el Colegio Médico los doctores Víctor Carcuro Correa y Guido Mario Félix Díaz Paci, partícipes de la aplicación de tormentos al detenido.

Guido Díaz Paci, conocido médico del Ejército, mintió a los doctores de turno del Hospital de La Serena, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, y solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.
Una vez fallecido Mario Fernández, Díaz Paci intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso.
Ya en 1974, cuando participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido Bernardo Lejdermann en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena, mintió al extender un certificado de defunción asegurando que la mujer se había dinamitado.
Como muchos de estos "médicos de la muerte", Díaz Paci continúa trabajando en La Serena.

El lugar de trabajo

H. Darwin Arraigada Loyola, Medicina general.
Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

Dr. Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.
Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago.
Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

Dr. Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.
Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299.

Werner Zanghellini Martínez, Cardiólogo.
Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, Medicina general.
Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago.

Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.
Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563.

Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.
Trabaja en el Hospital Militar de Santiago.

Alejandro Forero Alvarez, Cardiólogo.
Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555.
Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116.

Guido Díaz Paci, Pediatra.
Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes.

Camilo Azar Saba, Traumatólogo.
Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576.

Sergio Roberto Muñoz Bonta, Dentista.
Atiende en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

Roberto Lailhacar Chávez, Psiquiatra.
Continúa atendiendo en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405.

El Mostrador

24 de Julio 2007

Por asociación ilícita, homicidio y secuestro Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

El Mostrador

12 de Noviembre 2007

Corte golpea investigación de Madrid por muerte de ex agente de la DINA

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy una parte dos resoluciones dictadas por el ministro Alejandro Madrid en contra del ex doctor de la disuelta DINA Pedro Valdivia y de la enfermera Eliana Bolumburu. Esos últimos están procesados en la investigación por el homicidio del agente del servicio represivo, Manuel Leyton Robles.

Para el caso de Valdivia, el tribunal de alzada, por dos votos contra uno, estimó que no se configuraba el delito por asociación ilícita para el encubrimiento que le imputa Madrid, como médico de la Clínica London de la DINA en la muerte de Leyton.

Según la resolución, Madrid no pudo acreditar en su fallo la "estructura jerarquizada" al interior de la Clínica London.

“En el auto de procesamiento dictado no se logra determinar la participación que le cabría a cada uno de los procesados y menos la jefatura que cumplían, y que no se puede suponer por el solo hecho de pertenecer a la DINA. Por último, tampoco se logra detectar el sentido de pertenencia a dicha estructura por parte del procesado”, escribió la Corte.

A Bolumburu, en tanto, la sala estimó que no se daban los presupuestos para mantenerla encausada por el delito de falsificación de instrumento público. Sin embargo, aún se mantiene procesada por asociación ilícita para el homicidio y secuestro.

Esta es la primera vez que la Octava Sala revoca una resolución de fondo dictada por Madrid. Esto podría marcar un criterio permanente de este tribunal y determinará que el resto de los procesados inicien acciones legales similares, las que también podrían ser revocadas.

Historia de una muerte

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Procesamientos

En julio pasado, Madrid dictó 35 procesamientos contra 13 personas y se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y falsificación.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Taboada.

Esta última es prima de Ana María Bolumburu, quien laboraba en la Universidad Católica cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

CIPER.cl

8 de Diciembre 2009

Todas las muertes conducen a Berríos

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El químico de la DINA, cuyo cadáver fue encontrado en abril de 1995 en una playa de Uruguay con impactos de bala en la cabeza, había sido sacado clandestinamente del país cuatro años antes. Su fuga fue ejecutada por un equipo del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), encabezados por los escoltas de Pinochet, que le dieron muerte junto a militares uruguayos que lo tenían bajo su custodia cuando intentó escapar.

Existe certeza sobre cómo se ejecutó la salida de Eugenio Berríos hacia Uruguay. Una operación que tuvo por objeto evitar que Bañados interrogara al hombre que “sabía mucho”. Su escape se concretó el 26 de octubre de 1991, poco después de que la abogada Fabiola Letelier le pidiera al ministro Adolfo Bañados que interrogara al químico de la DINA en la investigación por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se trataba de un testigo estelar.

Michael Townley había confesado que en un principio se pensó matar a Letelier (en Washington, septiembre de 1976) con gas sarín, un agente químico letal inventado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y perfeccionado por Berríos en un laboratorio de la DINA. Tan avanzado estaba el plan inicial que Townley recordó haberse embarcado en 1976 en un vuelo de Lan portando“un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con sarín”.

Cuando el ministro Bañados dictó el 8 de noviembre de 1991 la orden de detención en contra del químico de la DINA, ya era tarde: Berríos estaba clandestino en Uruguay, país al que llegó vía Argentina el 29 de octubre. El ministro Bañados ignoraba que en su propio despacho la BIE tenía un topo que les informó de la orden antes incluso que fuera firmada.

Sólo ahora se entiende el por qué de los millones de dólares que se gastaron en la operación para sacar a Eugenio Berríos del país. No eran los autores del crimen de Orlando Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que en ese momento, recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores. Incluso de defensa nacional por el destino y uso potencial que se les daría a las armas químicas fabricadas en laboratorios del Ejército.

Desde 1999, fecha del inicio del juicio por el secuestro y homicidio de Berríos, primero la jueza Olga Pérez y luego el ministro Alejandro Madrid -junto al mismo equipo policial integrado por el prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella- han ido armando pieza por pieza un puzzle macabro.

Primero se esclareció el crimen de Renato León Zenteno, conservador de Bienes Raíces de Santiago, asesinado por un equipo de la DINA. El crimen se perpetró el 30 de noviembre de 1976, dos meses después de ser asesinado Letelier, en el propio departamento de León Zenteno. El protocolo de autopsia dice que murió víctima de una “toxemia aguda inespecífica”.

Uno de los agentes que participó en el asesinato confesó que al dejar la escena del crimen, Berríos reparó en que el frasco de perfume con gas sarín había quedado olvidado en la mesa de noche de León Zenteno. Ya era tarde. No podían regresar. Muchos años después, cuando se revisó el viejo expediente archivado, la sorpresa de los investigadores de Madrid fue mayúscula: en las fotos tomadas por los peritos se ve nítidamente el mismo frasco descrito por el agente de la DINA en su confesión.

¿Por qué matar a León Zenteno? Por una simple razón. Éste se oponía a traspasar ilegalmente a sociedades de la DINA terrenos en la Reina Alta de los que fueron despojados opositores al régimen. De cualquier forma, el ex conservador de Bienes Raíces de Santiago no fue obstáculo para los propósitos de la DINA. En esos mismos terrenos hoy se levantan sólidos y hermosos conjuntos residenciales para militares.

Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la Brigada Quetropillán de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa que Michael Townley y su esposa Mariana Callejas compartían en Lo Curro. En ese laboratorio se desarrolló el proyecto “Andrea”, destinado a producir armas químicas para la eliminación de opositores y, eventualmente, para ser usados en algún conflicto con países vecinos. Sarín, Soman y Tabun fueron algunas de las toxinas químicas desarrollados por Berríos y el científico Francisco Oyarzún Sjoberg, quienes trabajaban bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

El gas sarín obtenido en la casa de Lo Curro fue probado por primera vez en abril de 1976, utilizando perros y hasta un burro. También se experimentó con ratones y conejos.

Una de las primeras víctimas humanas fue el poeta Luis Waldo Silva Caunic. Después fue el turno del diplomático español Carmelo Soria, quien fue secuestrado en julio de 1976 y conducido a la casa de Lo Curro. Cuatro meses después ocurrió el asesinato del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Y en marzo de 1977 la víctima provino de las propias filas del organismo dirigido por Manuel Contreras.

Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de Ejército adscrito a la DINA, había sido detenido en 1977 por robo de autos y uno de ellos pertenecía a un detenido desaparecido. En su declaración a Carabineros dijo que lo hacía por encargo de la DINA. Poco antes de ratificar sus dichos ante un tribunal fue eliminado con gas sarín, aunque oficialmente el Ejército adjudicó la muerte a “causas naturales”.

Treinta años después Alejandro Madrid estableció la verdad y, de paso, demostró por primera vez que la DINA utilizó gas sarín para la eliminación de personas. Por este juicio hay 13 ex agentes procesados, entre los que se cuentan los médicos Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton. La enfermera Eliana Carlotta Bolumburu Taboada, quien cumplía un rol clave en la Clínica London de la DINA y luego de la CNI, también fue vinculada.

A partir del asesinato de Letelier, en septiembre de 1976, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, general Odlanier Mena. Este último objetaba los brutales y desprolijos procedimientos de Contreras.

Entonces, de acuerdo con el testimonio de Michael Townley, Contreras decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café” que había sido proporcionada por Berríos. El plan se frustró porque en esa oportunidad Mena prefirió un agua de yerbas.

En 1978, una vez que la participación de Townley en el crimen de Letelier quedó al descubierto y fue reclamado por Estados Unidos y expulsado a ese país ante la presión de su gobierno, Berríos y su laboratorio de Lo Curro se trasladaron al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante. El hombre al mando: el coronel Gerardo Huber, uno de los mandos operativos de la DINA, asesinado tras el escándalo que provocó el descubrimiento de un cargamento de armas rotulado como material sanitario cuyo destino final era Croacia.

Las armas químicas fabricadas por Berríos cobrarían nuevas víctimas el 8 de diciembre de 1981, el mismo día que Frei Montalva se agravó para ya no recuperarse y era operado por tercera vez por el doctor Patricio Silva Garín.

Mientras en la Clínica Santa María el ex mandatario comenzaba a evidenciar signos de muerte, en la Cárcel Pública un grupo de cuatro presos políticos del MIR y otros dos reos comunes experimentaban los mismos signos, a raíz de un envenenamiento. Adalberto Muñoz Jara, Guillermo Rodríguez Morales y Ricardo y Elizardo Aguilera lograron sobrevivir al ataque, aunque con serias secuelas. Sin embargo, dos presos comunes -Víctor Corvalán Castillo y Héctor PachecoDíaz- que compartieron almuerzo con los miristas, murieron a causa de una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se investigó sus muertes.

Sí lo hizo el juez Madrid y su equipo, logrando establecer la identidad de los funcionarios de Gendarmería que tenían vínculos con los organismos represivos, además de acreditar que la intoxicación fue provocada con toxinas botulínicas fabricadas en el Instituto Bacteriológico del Ejército. El episodio lleva la marca de fábrica de Berríos.

Cuando las verdaderas circunstancias de la muerte de Frei Montalva comienzan a despejarse, es el turno del envenenamiento de la Cárcel Pública. Pero antes, se espera la sentencia en primera instancia por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos. Veintiuna personas serán condenadas, entre ellas cuatro generales de Ejército y tres altos oficiales del Ejército de Uruguay.

Sobre el destino de las armas químicas el secreto se mantiene. Y Berríos se llevó a la tumba los nombres de los otros personajes molestos a los que se eliminó con su fabricación letal.

Colegio de enfermeras

22 Julio 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA: COLEGIO RECHAZA ACTOS ENFERMERA INVOLUCRADA EN CASO LEYTON

El Colegio de Enfermeras de Chile en el caso de la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA que se encuentra hoy procesada por los delitos de asociación ilícita, coautora de secuestro, falsificación de documentos públicos y como coautora del homicidio calificado, del ex agente de la DINA Manuel Leyton, expresa lo siguiente:

Repudiamos que una enfermera, cuya formación profesional y ética la llama a velar por el derecho a la vida, la dignidad humana y el cuidado de la salud esté involucrada en deleznables hechos de muerte.

Según nuestros registros la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA se tituló el 25 de octubre de 1972 de la Universidad Católica y se colegió en el Consejo Regional Santiago el 8 de noviembre de 1972. Actualmente se encuentra desafiliada de nuestra organización.

Manifestamos nuestra máxima adhesión a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y con la misma fuerza rechazamos los actos de horror y muerte que ésta profesional haya sido capaz de llevar a cabo. Esperamos que la justicia siga trabajando por esclarecer estos repudiables hechos del pasado de nuestro país.

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE

Directorio Nacional

La Nacion

9 de septiembre de 2007

Carlota Bolumburu, procesada por el crimen del cabo Manuel Leyton

La enfermera de la muerte

La mujer participó en el exterminio de prisioneros en la Clínica Santa Lucía de la DINA, administrándoles sobredosis de pentotal. Se codeó con la elite del terrorismo de Estado y durante 30 años logró pasar inadvertida.

Aunque era sólo una enfermera, civil, Carlota Bolumburu tenía un poder en las sombras. Entre otras cosas, manejar las llaves del bien resguardado mueble en que la DINA almacenaba los medicamentos, primero en la Clínica Santa Lucía y, más tarde, en la Clínica London, donde en 1977 asesinaron al cabo Manuel Leyton Robles.

Los enfermeros militares le tenían respeto y temor. Ella los mandaba. Sus amores con "Cacho" Acevedo, un oficial de la Brigada Rengo encargada de la seguridad de los cuarteles del terror, le permitieron volar alto en la escena del crimen organizado desde el Estado.

En el cuartel general de Belgrado 11, a una cuadra de Plaza Italia, Acevedo hacía a veces de ayudante del jefe, Manuel Contreras. Carlota llegaba hasta ahí seguido para limpiar las orejas del Mamo, que con frecuencia se le tapaban. Al jefe le podía pasar cualquier cosa dirigiendo la máquina, menos oír mal.

Con "Cacho", Eliana Carlota Bolumburu Taboada bailó y conspiró en salones militares, codeada con la elite del exterminio. Ella misma se lo contó, no hace mucho al juez Alejandro Madrid, durante su investigación por la muerte del cabo Leyton.

Tuvo el cuidado de mantenerse silenciosa más de 30 años, como inmaculada señora, todavía en la flor de la vida. Pero en la Clínica Santa Lucía, en el número 164 de la calle del mismo nombre, Carlota olió y vio la muerte de cerca, junto a los médicos Werner Zanghellini su jefe entre en 1975 y 1976 , y Osvaldo Leyton Bahamondes. ¡Va paquete!, avisaban a Santa Lucía, casi siempre de noche, desde Villa Grimaldi el "Ronco" Moren Brito, Fernando Laureani o quien estuviera a cargo.

Carlota sabía de qué se trataba y preparaba todo. Porque ello significaba que el prisionero, que entraba en camilla o caminando, según fuera su estado, de ahí salía cadáver. Las pocas excepciones eran cuando les interesaba mantener a alguien con vida un poco más.

La Dama del Pentotal

Oculto a veces en los recovecos de la casona de tres pisos, o de cuerpo presente junto a sus jefes, un suboficial de la Brigada Rengo, enfermero Carlos Norambuena, fue testigo de las labores de Carlota y los dos médicos. "Fueron episodios que me marcaron para toda mi vida. Los doctores Zanghellini y Osvaldo Leyton, junto a la enfermera Bolumburu, estuvieron involucrados en la muerte de detenidos", le dijo al juez Madrid.

Tal como la teniente de la Brigada Lautaro, Gladys Calderón, inyectaba cianuro a los prisioneros en el cuartel Simón Bolívar, Carlota y los médicos solían suministrarles sobredosis de pentotal. "Eso les ocasionaba de inmediato una arritmia, seguida de un paro cardiorespiratorio, y fallecían en la clínica. Después sacaban a los detenidos camuflados cubiertos con una frazada. Siempre lo hicieron de noche y esto fue recurrente", confesó Norambuena.

Cuando Norambuena acompañó a Bolumburu a Villa Grimaldi se dio cuenta de que ella se contactaba directamente "porque conocía a los jefes". Pero hace unos días, frente a la corte, la diferencia a su favor la hizo un abogado, Vivian Bullemore.

Amigos de Frei Montalva

Bullemore, ex abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, convenció a los jueces de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de que Bolumburu no era un peligro para la sociedad, gracias a lo cual obtuvo, el 16 de agosto pasado, la libertad provisional.

"¡Cómo va a ser un peligro para la sociedad, señores, si ella y su padre eran tan amigos del Presidente Frei Montalva que hasta le vendieron la casa donde Frei vivió con su familia!, dijo el abogado a los tres ministros de la sala, levantando con sus manos una fotografía en la que los Bolumburu aparecen junto al desaparecido ex Presidente.

Carlota, al igual que los médicos de la DINA, continúa procesada por asociación ilícita criminal en el secuestro y homicidio del cabo Leyton. Quiso el destino que en la misma casona de Santa Lucía donde ella y los médicos asesinaban a los prisioneros, la Comisión Política del Mapu había discutido algunos meses antes, a veces con vehemencia, si Allende estaba o no traicionando o a la clase obrera cuando buscaba dialogar con la DC, en los días previos al golpe. Jugando otra carta, quiso también el destino que terminada la dictadura, a esa casa llegara la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con Jaime Castillo Velasco a la cabeza. 

La socialista española

Ahora que existen confesiones sobre los crímenes de Santa Lucía, es posible preguntarse quiénes fueron sus víctimas. Otro médico DINA, Juan Pablo Figueroa Yáñez, enganchado para la organización por el agente Christoph Willikie, examinó en dicha a clínica a la socialista de nacionalidad española Michelle Peña Herreros, en avanzado estado de embarazo. Figueroa recuerda en su declaración procesal que la mujer "tenía la vista vendada" y le fue entregada "como paquete" por Moren Brito. 

Peña, pareja del socialista Ricardo Lagos Salinas también desaparecido , tenía síntomas de parto y estaba en mal estado físico. Pero Figueroa dio el visto bueno para que "continuaran con ella las diligencias". "Creo que fui ingenuo", dijo más tarde al juez.

La relación de Carlota con este hecho la entrega Luz Arce Sandoval, la militante socialista que se transformó en agente pagada de la DINA. "La enfermera del doctor Figueroa era Bolumburu", afirmó.

A 32 años de su desaparición, el proceso abierto por el caso de Michelle Peña, que instruye el juez Jorge Zepeda, no tiene inculpados, y tampoco se sabe si su hijo nació.

El fin del cabo Leyton

Entre fines de 1976 y comienzos de 1977, la DINA dejó la casona de Santa Lucía para reinstalarse en Almirante Barroso 76, y allí se trasladó Carlota con su manojo de llaves. La función de la clínica era atender a los agentes y sus familias, pero también exterminar a los prisioneros, o reanimarlos para seguir torturándolos.

Antes del cambio, eso sí, Carlota pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que la DINA había instalado en Rinconada de Maipú, donde cursó y se graduó de agente.

En la nueva clínica, denominada London, siguió mandando, ahora con el respaldo de su grado. "La enfermera Bolumburu nos daba las órdenes; una de ellas era que nunca debíamos subir el tercer piso de ese lugar", recuerda el enfermero-agente Andrés Riquelme:

¿Qué había en ese tercer piso? Más prisioneros. Un día de marzo de 1977 llegó entre ellos el cabo Manuel Leyton, transformado hoy en historia. 

Integrante de la Brigada Purén y detenido por Carabineros por robo de un vehículo, el cabo firmó su sentencia de muerte al revelar a un oficial de policía de apellido Denecke y a un fiscal militar de nombre Helmut , cómo hacían desaparecer a los prisioneros arrojándolos al mar desde helicópteros. 

El fiscal era amigo de Contreras, quien ordenó entonces al mayor Vianel Valdivieso, uno de los capos, matar a Leyton. El jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, fue testigo de esa orden. 

En London, Carlota se encargó personalmente de Leyton, como recuerda una auxiliar de enfermería que trabajaba con ella, Yasna Larrecheda Valdés.

La sentencia se cumplió de noche el 29 de marzo de 1977, bajo la fiscalización de Valdivieso. Para ocultar el asesinato con gas sarín, Bolumburu y los médicos Pedro Valdivia Soto, Horacio Taricco Lavín y Leyton Bahamondes dijeron que el cabo había sufrido un paro cardíaco. Ante sus gritos acudieron corriendo la auxiliar Silvia Valdés Uribe y el enfermero-agente Vicente Álvarez Ramírez. 

El cabo yacía desnudo tendido en una camilla. Valdivia le inyectó atropina directo al corazón, mientras Silvia le administró un vasodilatador intravenoso. Pero todo era una farsa. Cuando Morales Salgado entró a la sala de procedimientos "sentí inmediatamente un fuerte olor extraño y me lagrimearon los ojos". 

¡Salgan todos de ahí rápido!, ordenó Valdivieso. El informe de autopsia también fue falso. Poco después, Carlota se casó con Acevedo, pero siguió limpiando las orejas del Mamo.

Cuando Contreras, junto a siete agentes, llegó a la casa de la madre del cabo para quitarles el ataúd, Susana, su hermana, recuerda que este la amenazó ante su protesta: ¡Tenga cuidado señora, acuérdese que su otro hijo Julio todavía está en el Ejército!

La Nación

24 de Julio 2007 

Condenan a 25 años de presidio a Manuel Contreras

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros. 

Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras.

Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.

En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez.

En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito.

El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA. Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires

Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado

En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabeada.


Por asociación ilícita, homicidio y secuestro Procesan a médicos y ex militares por crimen de agente DINA Manuel Leyton

Fuente :El Mostrador 24 de Julio 2007

Categoría : Prensa

Juez Madrid encausó a trece personas, entre ellas los facultativos Horacio Taricco, Pedro Valdivia, Osvaldo Leyton, Vittorio Orvietto y la enfermera Eliana Bolumburu, develando las oscuras actividades de profesionales de la salud al servicio de la dictadura. Fallo, al que accedió en exclusiva El Mostrador.cl, acreditó que deceso de Leyton estuvo asociado al gas sarín.

La no despreciable cantidad de 35 procesamientos contra 13 personas –entre los que destacan cuatro doctores y una enfermera- dictó el ministro Alejandro Madrid Crohare, en el proceso que sustancia por el homicidio y secuestro del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton, quien murió en marzo de 1977 por aplicación de torturas y gas sarín en la clínica London del organismo represivo.

Esta es la primera vez que un magistrado logra identificar la orgánica del recinto que la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) usó para aplicar tormentos y venenos a opositores de la dictadura, como también quiénes formaban parte del personal médico y auxiliar que ayudaron a llevar a cabo estas prácticas.

El Mostrador.cl accedió a una copia íntegra del procesamiento dictado por Madrid, a través de una alta fuente judicial.

Los encausamientos dictados por Madrid se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y asociación ilícita y afectan a 13 personas que tuvieron distintas participaciones en los hechos investigados.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Tabeada.

Esta última es prima de Ana María Borumburu, quien laboraba en la Universidad Católica, cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

Papeles mentirosos

Madrid no escatimó detalles en su investigación y también encausó en calidad de co-autores de falsificación de instrumento público al médico Leyton Bahamondes y la enfermera Bolumburu Taboada.

Estos últimos fueron quienes elaboraron la documentación para que la muerte de Leyton apareciera asociada a un ataque cardíaco provocado por una enfermedad, y no por los efectos de la aplicación del gas sarín.

De hecho, en la resolución dictada por Madrid queda acreditada que los directivos del Servicio Médico Legal (SML) de la época fueron presionados para cambiar la historia clínica y las causas de muerte.

Estos procesamientos se suman a los dictados el lunes por el mismo juez contra el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y quien fuera su mano derecha, el coronel (R) de justicia Enrique Ibarra Chamorro, en el marco de la investigación por el secuestro y homicidio del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

La historia que acreditó Madrid

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

El Mostrador

12 de Noviembre 2007

Corte golpea investigación de Madrid por muerte de ex agente de la DINA

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy una parte dos resoluciones dictadas por el ministro Alejandro Madrid en contra del ex doctor de la disuelta DINA Pedro Valdivia y de la enfermera Eliana Bolumburu. Esos últimos están procesados en la investigación por el homicidio del agente del servicio represivo, Manuel Leyton Robles.

Para el caso de Valdivia, el tribunal de alzada, por dos votos contra uno, estimó que no se configuraba el delito por asociación ilícita para el encubrimiento que le imputa Madrid, como médico de la Clínica London de la DINA en la muerte de Leyton.

Según la resolución, Madrid no pudo acreditar en su fallo la "estructura jerarquizada" al interior de la Clínica London.

“En el auto de procesamiento dictado no se logra determinar la participación que le cabría a cada uno de los procesados y menos la jefatura que cumplían, y que no se puede suponer por el solo hecho de pertenecer a la DINA. Por último, tampoco se logra detectar el sentido de pertenencia a dicha estructura por parte del procesado”, escribió la Corte.

A Bolumburu, en tanto, la sala estimó que no se daban los presupuestos para mantenerla encausada por el delito de falsificación de instrumento público. Sin embargo, aún se mantiene procesada por asociación ilícita para el homicidio y secuestro.

Esta es la primera vez que la Octava Sala revoca una resolución de fondo dictada por Madrid. Esto podría marcar un criterio permanente de este tribunal y determinará que el resto de los procesados inicien acciones legales similares, las que también podrían ser revocadas.

Historia de una muerte

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Procesamientos

En julio pasado, Madrid dictó 35 procesamientos contra 13 personas y se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y falsificación.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Taboada.

Esta última es prima de Ana María Bolumburu, quien laboraba en la Universidad Católica cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

CIPER.cl

8 de Diciembre 2009

Todas las muertes conducen a Berríos

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El químico de la DINA, cuyo cadáver fue encontrado en abril de 1995 en una playa de Uruguay con impactos de bala en la cabeza, había sido sacado clandestinamente del país cuatro años antes. Su fuga fue ejecutada por un equipo del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), encabezados por los escoltas de Pinochet, que le dieron muerte junto a militares uruguayos que lo tenían bajo su custodia cuando intentó escapar.

Existe certeza sobre cómo se ejecutó la salida de Eugenio Berríos hacia Uruguay. Una operación que tuvo por objeto evitar que Bañados interrogara al hombre que “sabía mucho”. Su escape se concretó el 26 de octubre de 1991, poco después de que la abogada Fabiola Letelier le pidiera al ministro Adolfo Bañados que interrogara al químico de la DINA en la investigación por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se trataba de un testigo estelar.

Michael Townley había confesado que en un principio se pensó matar a Letelier (en Washington, septiembre de 1976) con gas sarín, un agente químico letal inventado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y perfeccionado por Berríos en un laboratorio de la DINA. Tan avanzado estaba el plan inicial que Townley recordó haberse embarcado en 1976 en un vuelo de Lan portando“un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con sarín”.

Cuando el ministro Bañados dictó el 8 de noviembre de 1991 la orden de detención en contra del químico de la DINA, ya era tarde: Berríos estaba clandestino en Uruguay, país al que llegó vía Argentina el 29 de octubre. El ministro Bañados ignoraba que en su propio despacho la BIE tenía un topo que les informó de la orden antes incluso que fuera firmada.

Sólo ahora se entiende el por qué de los millones de dólares que se gastaron en la operación para sacar a Eugenio Berríos del país. No eran los autores del crimen de Orlando Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que en ese momento, recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores. Incluso de defensa nacional por el destino y uso potencial que se les daría a las armas químicas fabricadas en laboratorios del Ejército.

Desde 1999, fecha del inicio del juicio por el secuestro y homicidio de Berríos, primero la jueza Olga Pérez y luego el ministro Alejandro Madrid -junto al mismo equipo policial integrado por el prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella- han ido armando pieza por pieza un puzzle macabro.

Primero se esclareció el crimen de Renato León Zenteno, conservador de Bienes Raíces de Santiago, asesinado por un equipo de la DINA. El crimen se perpetró el 30 de noviembre de 1976, dos meses después de ser asesinado Letelier, en el propio departamento de León Zenteno. El protocolo de autopsia dice que murió víctima de una “toxemia aguda inespecífica”.

Uno de los agentes que participó en el asesinato confesó que al dejar la escena del crimen, Berríos reparó en que el frasco de perfume con gas sarín había quedado olvidado en la mesa de noche de León Zenteno. Ya era tarde. No podían regresar. Muchos años después, cuando se revisó el viejo expediente archivado, la sorpresa de los investigadores de Madrid fue mayúscula: en las fotos tomadas por los peritos se ve nítidamente el mismo frasco descrito por el agente de la DINA en su confesión.

¿Por qué matar a León Zenteno? Por una simple razón. Éste se oponía a traspasar ilegalmente a sociedades de la DINA terrenos en la Reina Alta de los que fueron despojados opositores al régimen. De cualquier forma, el ex conservador de Bienes Raíces de Santiago no fue obstáculo para los propósitos de la DINA. En esos mismos terrenos hoy se levantan sólidos y hermosos conjuntos residenciales para militares.

Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la Brigada Quetropillán de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa que Michael Townley y su esposa Mariana Callejas compartían en Lo Curro. En ese laboratorio se desarrolló el proyecto “Andrea”, destinado a producir armas químicas para la eliminación de opositores y, eventualmente, para ser usados en algún conflicto con países vecinos. Sarín, Soman y Tabun fueron algunas de las toxinas químicas desarrollados por Berríos y el científico Francisco Oyarzún Sjoberg, quienes trabajaban bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

El gas sarín obtenido en la casa de Lo Curro fue probado por primera vez en abril de 1976, utilizando perros y hasta un burro. También se experimentó con ratones y conejos.

Una de las primeras víctimas humanas fue el poeta Luis Waldo Silva Caunic. Después fue el turno del diplomático español Carmelo Soria, quien fue secuestrado en julio de 1976 y conducido a la casa de Lo Curro. Cuatro meses después ocurrió el asesinato del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Y en marzo de 1977 la víctima provino de las propias filas del organismo dirigido por Manuel Contreras.

Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de Ejército adscrito a la DINA, había sido detenido en 1977 por robo de autos y uno de ellos pertenecía a un detenido desaparecido. En su declaración a Carabineros dijo que lo hacía por encargo de la DINA. Poco antes de ratificar sus dichos ante un tribunal fue eliminado con gas sarín, aunque oficialmente el Ejército adjudicó la muerte a “causas naturales”.

Treinta años después Alejandro Madrid estableció la verdad y, de paso, demostró por primera vez que la DINA utilizó gas sarín para la eliminación de personas. Por este juicio hay 13 ex agentes procesados, entre los que se cuentan los médicos Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton. La enfermera Eliana Carlotta Bolumburu Taboada, quien cumplía un rol clave en la Clínica London de la DINA y luego de la CNI, también fue vinculada.

A partir del asesinato de Letelier, en septiembre de 1976, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, general Odlanier Mena. Este último objetaba los brutales y desprolijos procedimientos de Contreras.

Entonces, de acuerdo con el testimonio de Michael Townley, Contreras decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café” que había sido proporcionada por Berríos. El plan se frustró porque en esa oportunidad Mena prefirió un agua de yerbas.

En 1978, una vez que la participación de Townley en el crimen de Letelier quedó al descubierto y fue reclamado por Estados Unidos y expulsado a ese país ante la presión de su gobierno, Berríos y su laboratorio de Lo Curro se trasladaron al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante. El hombre al mando: el coronel Gerardo Huber, uno de los mandos operativos de la DINA, asesinado tras el escándalo que provocó el descubrimiento de un cargamento de armas rotulado como material sanitario cuyo destino final era Croacia.

Las armas químicas fabricadas por Berríos cobrarían nuevas víctimas el 8 de diciembre de 1981, el mismo día que Frei Montalva se agravó para ya no recuperarse y era operado por tercera vez por el doctor Patricio Silva Garín.

Mientras en la Clínica Santa María el ex mandatario comenzaba a evidenciar signos de muerte, en la Cárcel Pública un grupo de cuatro presos políticos del MIR y otros dos reos comunes experimentaban los mismos signos, a raíz de un envenenamiento. Adalberto Muñoz Jara, Guillermo Rodríguez Morales y Ricardo y Elizardo Aguilera lograron sobrevivir al ataque, aunque con serias secuelas. Sin embargo, dos presos comunes -Víctor Corvalán Castillo y Héctor PachecoDíaz- que compartieron almuerzo con los miristas, murieron a causa de una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se investigó sus muertes.

Sí lo hizo el juez Madrid y su equipo, logrando establecer la identidad de los funcionarios de Gendarmería que tenían vínculos con los organismos represivos, además de acreditar que la intoxicación fue provocada con toxinas botulínicas fabricadas en el Instituto Bacteriológico del Ejército. El episodio lleva la marca de fábrica de Berríos.

Cuando las verdaderas circunstancias de la muerte de Frei Montalva comienzan a despejarse, es el turno del envenenamiento de la Cárcel Pública. Pero antes, se espera la sentencia en primera instancia por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos. Veintiuna personas serán condenadas, entre ellas cuatro generales de Ejército y tres altos oficiales del Ejército de Uruguay.

Sobre el destino de las armas químicas el secreto se mantiene. Y Berríos se llevó a la tumba los nombres de los otros personajes molestos a los que se eliminó con su fabricación letal.

Colegio de enfermeras

22 Julio 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA: COLEGIO RECHAZA ACTOS ENFERMERA INVOLUCRADA EN CASO LEYTON

El Colegio de Enfermeras de Chile en el caso de la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA que se encuentra hoy procesada por los delitos de asociación ilícita, coautora de secuestro, falsificación de documentos públicos y como coautora del homicidio calificado, del ex agente de la DINA Manuel Leyton, expresa lo siguiente:

Repudiamos que una enfermera, cuya formación profesional y ética la llama a velar por el derecho a la vida, la dignidad humana y el cuidado de la salud esté involucrada en deleznables hechos de muerte.

Según nuestros registros la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA se tituló el 25 de octubre de 1972 de la Universidad Católica y se colegió en el Consejo Regional Santiago el 8 de noviembre de 1972. Actualmente se encuentra desafiliada de nuestra organización.

Manifestamos nuestra máxima adhesión a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y con la misma fuerza rechazamos los actos de horror y muerte que ésta profesional haya sido capaz de llevar a cabo. Esperamos que la justicia siga trabajando por esclarecer estos repudiables hechos del pasado de nuestro país.

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE

Directorio Nacional

La Nacion

9 de septiembre de 2007

Carlota Bolumburu, procesada por el crimen del cabo Manuel Leyton

La enfermera de la muerte

La mujer participó en el exterminio de prisioneros en la Clínica Santa Lucía de la DINA, administrándoles sobredosis de pentotal. Se codeó con la elite del terrorismo de Estado y durante 30 años logró pasar inadvertida.

Aunque era sólo una enfermera, civil, Carlota Bolumburu tenía un poder en las sombras. Entre otras cosas, manejar las llaves del bien resguardado mueble en que la DINA almacenaba los medicamentos, primero en la Clínica Santa Lucía y, más tarde, en la Clínica London, donde en 1977 asesinaron al cabo Manuel Leyton Robles.

Los enfermeros militares le tenían respeto y temor. Ella los mandaba. Sus amores con "Cacho" Acevedo, un oficial de la Brigada Rengo encargada de la seguridad de los cuarteles del terror, le permitieron volar alto en la escena del crimen organizado desde el Estado.

En el cuartel general de Belgrado 11, a una cuadra de Plaza Italia, Acevedo hacía a veces de ayudante del jefe, Manuel Contreras. Carlota llegaba hasta ahí seguido para limpiar las orejas del Mamo, que con frecuencia se le tapaban. Al jefe le podía pasar cualquier cosa dirigiendo la máquina, menos oír mal.

Con "Cacho", Eliana Carlota Bolumburu Taboada bailó y conspiró en salones militares, codeada con la elite del exterminio. Ella misma se lo contó, no hace mucho al juez Alejandro Madrid, durante su investigación por la muerte del cabo Leyton.

Tuvo el cuidado de mantenerse silenciosa más de 30 años, como inmaculada señora, todavía en la flor de la vida. Pero en la Clínica Santa Lucía, en el número 164 de la calle del mismo nombre, Carlota olió y vio la muerte de cerca, junto a los médicos Werner Zanghellini su jefe entre en 1975 y 1976 , y Osvaldo Leyton Bahamondes. ¡Va paquete!, avisaban a Santa Lucía, casi siempre de noche, desde Villa Grimaldi el "Ronco" Moren Brito, Fernando Laureani o quien estuviera a cargo.

Carlota sabía de qué se trataba y preparaba todo. Porque ello significaba que el prisionero, que entraba en camilla o caminando, según fuera su estado, de ahí salía cadáver. Las pocas excepciones eran cuando les interesaba mantener a alguien con vida un poco más.

La Dama del Pentotal

Oculto a veces en los recovecos de la casona de tres pisos, o de cuerpo presente junto a sus jefes, un suboficial de la Brigada Rengo, enfermero Carlos Norambuena, fue testigo de las labores de Carlota y los dos médicos. "Fueron episodios que me marcaron para toda mi vida. Los doctores Zanghellini y Osvaldo Leyton, junto a la enfermera Bolumburu, estuvieron involucrados en la muerte de detenidos", le dijo al juez Madrid.

Tal como la teniente de la Brigada Lautaro, Gladys Calderón, inyectaba cianuro a los prisioneros en el cuartel Simón Bolívar, Carlota y los médicos solían suministrarles sobredosis de pentotal. "Eso les ocasionaba de inmediato una arritmia, seguida de un paro cardiorespiratorio, y fallecían en la clínica. Después sacaban a los detenidos camuflados cubiertos con una frazada. Siempre lo hicieron de noche y esto fue recurrente", confesó Norambuena.

Cuando Norambuena acompañó a Bolumburu a Villa Grimaldi se dio cuenta de que ella se contactaba directamente "porque conocía a los jefes". Pero hace unos días, frente a la corte, la diferencia a su favor la hizo un abogado, Vivian Bullemore.

Amigos de Frei Montalva

Bullemore, ex abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, convenció a los jueces de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de que Bolumburu no era un peligro para la sociedad, gracias a lo cual obtuvo, el 16 de agosto pasado, la libertad provisional.

"¡Cómo va a ser un peligro para la sociedad, señores, si ella y su padre eran tan amigos del Presidente Frei Montalva que hasta le vendieron la casa donde Frei vivió con su familia!, dijo el abogado a los tres ministros de la sala, levantando con sus manos una fotografía en la que los Bolumburu aparecen junto al desaparecido ex Presidente.

Carlota, al igual que los médicos de la DINA, continúa procesada por asociación ilícita criminal en el secuestro y homicidio del cabo Leyton. Quiso el destino que en la misma casona de Santa Lucía donde ella y los médicos asesinaban a los prisioneros, la Comisión Política del Mapu había discutido algunos meses antes, a veces con vehemencia, si Allende estaba o no traicionando o a la clase obrera cuando buscaba dialogar con la DC, en los días previos al golpe. Jugando otra carta, quiso también el destino que terminada la dictadura, a esa casa llegara la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con Jaime Castillo Velasco a la cabeza. 

La socialista española

Ahora que existen confesiones sobre los crímenes de Santa Lucía, es posible preguntarse quiénes fueron sus víctimas. Otro médico DINA, Juan Pablo Figueroa Yáñez, enganchado para la organización por el agente Christoph Willikie, examinó en dicha a clínica a la socialista de nacionalidad española Michelle Peña Herreros, en avanzado estado de embarazo. Figueroa recuerda en su declaración procesal que la mujer "tenía la vista vendada" y le fue entregada "como paquete" por Moren Brito. 

Peña, pareja del socialista Ricardo Lagos Salinas también desaparecido , tenía síntomas de parto y estaba en mal estado físico. Pero Figueroa dio el visto bueno para que "continuaran con ella las diligencias". "Creo que fui ingenuo", dijo más tarde al juez.

La relación de Carlota con este hecho la entrega Luz Arce Sandoval, la militante socialista que se transformó en agente pagada de la DINA. "La enfermera del doctor Figueroa era Bolumburu", afirmó.

A 32 años de su desaparición, el proceso abierto por el caso de Michelle Peña, que instruye el juez Jorge Zepeda, no tiene inculpados, y tampoco se sabe si su hijo nació.

El fin del cabo Leyton

Entre fines de 1976 y comienzos de 1977, la DINA dejó la casona de Santa Lucía para reinstalarse en Almirante Barroso 76, y allí se trasladó Carlota con su manojo de llaves. La función de la clínica era atender a los agentes y sus familias, pero también exterminar a los prisioneros, o reanimarlos para seguir torturándolos.

Antes del cambio, eso sí, Carlota pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que la DINA había instalado en Rinconada de Maipú, donde cursó y se graduó de agente.

En la nueva clínica, denominada London, siguió mandando, ahora con el respaldo de su grado. "La enfermera Bolumburu nos daba las órdenes; una de ellas era que nunca debíamos subir el tercer piso de ese lugar", recuerda el enfermero-agente Andrés Riquelme:

¿Qué había en ese tercer piso? Más prisioneros. Un día de marzo de 1977 llegó entre ellos el cabo Manuel Leyton, transformado hoy en historia. 

Integrante de la Brigada Purén y detenido por Carabineros por robo de un vehículo, el cabo firmó su sentencia de muerte al revelar a un oficial de policía de apellido Denecke y a un fiscal militar de nombre Helmut , cómo hacían desaparecer a los prisioneros arrojándolos al mar desde helicópteros. 

El fiscal era amigo de Contreras, quien ordenó entonces al mayor Vianel Valdivieso, uno de los capos, matar a Leyton. El jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, fue testigo de esa orden. 

En London, Carlota se encargó personalmente de Leyton, como recuerda una auxiliar de enfermería que trabajaba con ella, Yasna Larrecheda Valdés.

La sentencia se cumplió de noche el 29 de marzo de 1977, bajo la fiscalización de Valdivieso. Para ocultar el asesinato con gas sarín, Bolumburu y los médicos Pedro Valdivia Soto, Horacio Taricco Lavín y Leyton Bahamondes dijeron que el cabo había sufrido un paro cardíaco. Ante sus gritos acudieron corriendo la auxiliar Silvia Valdés Uribe y el enfermero-agente Vicente Álvarez Ramírez. 

El cabo yacía desnudo tendido en una camilla. Valdivia le inyectó atropina directo al corazón, mientras Silvia le administró un vasodilatador intravenoso. Pero todo era una farsa. Cuando Morales Salgado entró a la sala de procedimientos "sentí inmediatamente un fuerte olor extraño y me lagrimearon los ojos". 

¡Salgan todos de ahí rápido!, ordenó Valdivieso. El informe de autopsia también fue falso. Poco después, Carlota se casó con Acevedo, pero siguió limpiando las orejas del Mamo.

Cuando Contreras, junto a siete agentes, llegó a la casa de la madre del cabo para quitarles el ataúd, Susana, su hermana, recuerda que este la amenazó ante su protesta: ¡Tenga cuidado señora, acuérdese que su otro hijo Julio todavía está en el Ejército!

La Nación

24 de Julio 2007 

Condenan a 25 años de presidio a Manuel Contreras

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros. 

Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras.

Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.

En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez.

En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito.

El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA. Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires

Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado

En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabeada.


Corte golpea investigación de Madrid por muerte de ex agente de la DINA

Fuente :El Mostrador 12 de Noviembre 2007

Categoría : Prensa

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó hoy una parte dos resoluciones dictadas por el ministro Alejandro Madrid en contra del ex doctor de la disuelta DINA Pedro Valdivia y de la enfermera Eliana Bolumburu. Esos últimos están procesados en la investigación por el homicidio del agente del servicio represivo, Manuel Leyton Robles.

Para el caso de Valdivia, el tribunal de alzada, por dos votos contra uno, estimó que no se configuraba el delito por asociación ilícita para el encubrimiento que le imputa Madrid, como médico de la Clínica London de la DINA en la muerte de Leyton.

Según la resolución, Madrid no pudo acreditar en su fallo la "estructura jerarquizada" al interior de la Clínica London.

“En el auto de procesamiento dictado no se logra determinar la participación que le cabría a cada uno de los procesados y menos la jefatura que cumplían, y que no se puede suponer por el solo hecho de pertenecer a la DINA. Por último, tampoco se logra detectar el sentido de pertenencia a dicha estructura por parte del procesado”, escribió la Corte.

A Bolumburu, en tanto, la sala estimó que no se daban los presupuestos para mantenerla encausada por el delito de falsificación de instrumento público. Sin embargo, aún se mantiene procesada por asociación ilícita para el homicidio y secuestro.

Esta es la primera vez que la Octava Sala revoca una resolución de fondo dictada por Madrid. Esto podría marcar un criterio permanente de este tribunal y determinará que el resto de los procesados inicien acciones legales similares, las que también podrían ser revocadas.

Historia de una muerte

La muerte del cabo Leyton Robles es lo que podría llamarse una vendetta mafiosa para quien traiciona el código del silencio. Y para el ex director de la DINA Manuel Contreras la palabra traición era sencillamente un vocablo impronunciable.

La historia acreditada por el juez es que Leyton Robles, junto a otros agentes, buscaban repuestos para reparar una renoleta con la que trabajaba la DINA. Sin embargo, los fondos con los que contaba el organismo represivo ya eran exiguos y, por lo tanto, no se podía arreglar el vehículo.

El cabo decidió resolver el tema por sí mismo robó un automóvil similar al francés Marcel Duhalde. El ciudadano europeo denunció el hecho ante Carabineros, cuyos efectivos detuvieron a Leyton Robles y al agente Heriberto Acevedo y los llevaron a una comisaría.

Entre tiras y aflojas entre la DINA y la policía uniformada, se llegó al punto máximo de que la unidad fue rodeada por efectivos del organismo encabezado por Manuel Contreras.

Sin embargo, Leyton ya había revelado en el interrogatorio que el vehículo en cuestión pertenecía a un detenido desaparecido y que éstos eran lanzados al mar, como una forma de hacerles ver a los policías que su detención era casi un asunto de seguridad nacional.

El cabo fue finalmente liberado. Pero la DINA lo detuvo nuevamente en el recinto de Simón Bolívar. Días más tarde falleció de un misterioso ataque cardíaco, cuando sólo tenía 24 años.

Tras la muerte de Leyton, el círculo de hierro de la DINA se hizo presente en el lugar: Vianel Valdivieso y el entonces mayor Morales Salgado. Ellos se llevaron el cadáver. De eso han pasado poco más de 20 años.

Procesamientos

En julio pasado, Madrid dictó 35 procesamientos contra 13 personas y se dividen en los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y falsificación.

Por asociación ilícita, en calidad de co-autores, fueron procesados los médicos Hernán Horacio Taricco Lavín, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes, Vittorio Orvietto Tiplitzky y la enfermera jefe de la clínica London Eliana Carlota Bolumburu Taboada.

Esta última es prima de Ana María Bolumburu, quien laboraba en la Universidad Católica cerca de los doctores Hermal Rosemberg y Sergio González Bombardiere, quienes realizaron la autopsia no autorizada al ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Bajo los mismos cargos, el ministro procesó a los ex militares Ricardo Víctor Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Luís Sovino Maturana (jefe de seguridad de la clínica), al suboficial mayor (R) Santiago Alfredo Matteo Galleguillos; al coronel (R) Juan Morales Salgado (recién procesado en el caso Prats); al comandante (R) del Ejército y miembro de la brigada Lautaro de la DINA Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (procesado en el caso Conferencia); la teniente del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño (también encausada en Conferencia), conocida en la DINA por su crueldad, ya que fue quien inyectaba cianuro a los detenidos; y al empleado civil Lorenzo Omar Toro Olivares.

De acuerdo a la resolución del magistrado, los coautores del homicidio calificado, es decir, quienes participaron directamente en la muerte de Leyton, fueron el médico Taricco Lavín, y los ex uniformados Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes y Morales Salgado. Sus cómplices, en tanto, fueron Sovino Maturana y Toro Olivares

Los encubridores del homicidio, según el procesamiento, son los doctores Leyton Bahamondes, Valdivia Soto, la enfermera Bolumburu Taboada y los ex uniformados Matteo Galleguillos, Chaigneau Sepúlveda y la teniente Calderón Carreño.

Finalmente, como coautores de secuestro fueron procesados los doctores Taricco Lavín, Leyton Bahamondes, la enfermera Bolumburu Taboada, y los ex militares Lawrence Mires, Vianel Valdivieso, Sovino Maturana, Morales Salgado y Toro Olivares.

CIPER.cl

8 de Diciembre 2009

Todas las muertes conducen a Berríos

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El químico de la DINA, cuyo cadáver fue encontrado en abril de 1995 en una playa de Uruguay con impactos de bala en la cabeza, había sido sacado clandestinamente del país cuatro años antes. Su fuga fue ejecutada por un equipo del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), encabezados por los escoltas de Pinochet, que le dieron muerte junto a militares uruguayos que lo tenían bajo su custodia cuando intentó escapar.

Existe certeza sobre cómo se ejecutó la salida de Eugenio Berríos hacia Uruguay. Una operación que tuvo por objeto evitar que Bañados interrogara al hombre que “sabía mucho”. Su escape se concretó el 26 de octubre de 1991, poco después de que la abogada Fabiola Letelier le pidiera al ministro Adolfo Bañados que interrogara al químico de la DINA en la investigación por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se trataba de un testigo estelar.

Michael Townley había confesado que en un principio se pensó matar a Letelier (en Washington, septiembre de 1976) con gas sarín, un agente químico letal inventado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y perfeccionado por Berríos en un laboratorio de la DINA. Tan avanzado estaba el plan inicial que Townley recordó haberse embarcado en 1976 en un vuelo de Lan portando“un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con sarín”.

Cuando el ministro Bañados dictó el 8 de noviembre de 1991 la orden de detención en contra del químico de la DINA, ya era tarde: Berríos estaba clandestino en Uruguay, país al que llegó vía Argentina el 29 de octubre. El ministro Bañados ignoraba que en su propio despacho la BIE tenía un topo que les informó de la orden antes incluso que fuera firmada.

Sólo ahora se entiende el por qué de los millones de dólares que se gastaron en la operación para sacar a Eugenio Berríos del país. No eran los autores del crimen de Orlando Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que en ese momento, recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores. Incluso de defensa nacional por el destino y uso potencial que se les daría a las armas químicas fabricadas en laboratorios del Ejército.

Desde 1999, fecha del inicio del juicio por el secuestro y homicidio de Berríos, primero la jueza Olga Pérez y luego el ministro Alejandro Madrid -junto al mismo equipo policial integrado por el prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella- han ido armando pieza por pieza un puzzle macabro.

Primero se esclareció el crimen de Renato León Zenteno, conservador de Bienes Raíces de Santiago, asesinado por un equipo de la DINA. El crimen se perpetró el 30 de noviembre de 1976, dos meses después de ser asesinado Letelier, en el propio departamento de León Zenteno. El protocolo de autopsia dice que murió víctima de una “toxemia aguda inespecífica”.

Uno de los agentes que participó en el asesinato confesó que al dejar la escena del crimen, Berríos reparó en que el frasco de perfume con gas sarín había quedado olvidado en la mesa de noche de León Zenteno. Ya era tarde. No podían regresar. Muchos años después, cuando se revisó el viejo expediente archivado, la sorpresa de los investigadores de Madrid fue mayúscula: en las fotos tomadas por los peritos se ve nítidamente el mismo frasco descrito por el agente de la DINA en su confesión.

¿Por qué matar a León Zenteno? Por una simple razón. Éste se oponía a traspasar ilegalmente a sociedades de la DINA terrenos en la Reina Alta de los que fueron despojados opositores al régimen. De cualquier forma, el ex conservador de Bienes Raíces de Santiago no fue obstáculo para los propósitos de la DINA. En esos mismos terrenos hoy se levantan sólidos y hermosos conjuntos residenciales para militares.

Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la Brigada Quetropillán de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa que Michael Townley y su esposa Mariana Callejas compartían en Lo Curro. En ese laboratorio se desarrolló el proyecto “Andrea”, destinado a producir armas químicas para la eliminación de opositores y, eventualmente, para ser usados en algún conflicto con países vecinos. Sarín, Soman y Tabun fueron algunas de las toxinas químicas desarrollados por Berríos y el científico Francisco Oyarzún Sjoberg, quienes trabajaban bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

El gas sarín obtenido en la casa de Lo Curro fue probado por primera vez en abril de 1976, utilizando perros y hasta un burro. También se experimentó con ratones y conejos.

Una de las primeras víctimas humanas fue el poeta Luis Waldo Silva Caunic. Después fue el turno del diplomático español Carmelo Soria, quien fue secuestrado en julio de 1976 y conducido a la casa de Lo Curro. Cuatro meses después ocurrió el asesinato del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Y en marzo de 1977 la víctima provino de las propias filas del organismo dirigido por Manuel Contreras.

Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de Ejército adscrito a la DINA, había sido detenido en 1977 por robo de autos y uno de ellos pertenecía a un detenido desaparecido. En su declaración a Carabineros dijo que lo hacía por encargo de la DINA. Poco antes de ratificar sus dichos ante un tribunal fue eliminado con gas sarín, aunque oficialmente el Ejército adjudicó la muerte a “causas naturales”.

Treinta años después Alejandro Madrid estableció la verdad y, de paso, demostró por primera vez que la DINA utilizó gas sarín para la eliminación de personas. Por este juicio hay 13 ex agentes procesados, entre los que se cuentan los médicos Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton. La enfermera Eliana Carlotta Bolumburu Taboada, quien cumplía un rol clave en la Clínica London de la DINA y luego de la CNI, también fue vinculada.

A partir del asesinato de Letelier, en septiembre de 1976, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, general Odlanier Mena. Este último objetaba los brutales y desprolijos procedimientos de Contreras.

Entonces, de acuerdo con el testimonio de Michael Townley, Contreras decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café” que había sido proporcionada por Berríos. El plan se frustró porque en esa oportunidad Mena prefirió un agua de yerbas.

En 1978, una vez que la participación de Townley en el crimen de Letelier quedó al descubierto y fue reclamado por Estados Unidos y expulsado a ese país ante la presión de su gobierno, Berríos y su laboratorio de Lo Curro se trasladaron al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante. El hombre al mando: el coronel Gerardo Huber, uno de los mandos operativos de la DINA, asesinado tras el escándalo que provocó el descubrimiento de un cargamento de armas rotulado como material sanitario cuyo destino final era Croacia.

Las armas químicas fabricadas por Berríos cobrarían nuevas víctimas el 8 de diciembre de 1981, el mismo día que Frei Montalva se agravó para ya no recuperarse y era operado por tercera vez por el doctor Patricio Silva Garín.

Mientras en la Clínica Santa María el ex mandatario comenzaba a evidenciar signos de muerte, en la Cárcel Pública un grupo de cuatro presos políticos del MIR y otros dos reos comunes experimentaban los mismos signos, a raíz de un envenenamiento. Adalberto Muñoz Jara, Guillermo Rodríguez Morales y Ricardo y Elizardo Aguilera lograron sobrevivir al ataque, aunque con serias secuelas. Sin embargo, dos presos comunes -Víctor Corvalán Castillo y Héctor PachecoDíaz- que compartieron almuerzo con los miristas, murieron a causa de una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se investigó sus muertes.

Sí lo hizo el juez Madrid y su equipo, logrando establecer la identidad de los funcionarios de Gendarmería que tenían vínculos con los organismos represivos, además de acreditar que la intoxicación fue provocada con toxinas botulínicas fabricadas en el Instituto Bacteriológico del Ejército. El episodio lleva la marca de fábrica de Berríos.

Cuando las verdaderas circunstancias de la muerte de Frei Montalva comienzan a despejarse, es el turno del envenenamiento de la Cárcel Pública. Pero antes, se espera la sentencia en primera instancia por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos. Veintiuna personas serán condenadas, entre ellas cuatro generales de Ejército y tres altos oficiales del Ejército de Uruguay.

Sobre el destino de las armas químicas el secreto se mantiene. Y Berríos se llevó a la tumba los nombres de los otros personajes molestos a los que se eliminó con su fabricación letal.

Colegio de enfermeras

22 Julio 2010

DECLARACIÓN PÚBLICA: COLEGIO RECHAZA ACTOS ENFERMERA INVOLUCRADA EN CASO LEYTON

El Colegio de Enfermeras de Chile en el caso de la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA que se encuentra hoy procesada por los delitos de asociación ilícita, coautora de secuestro, falsificación de documentos públicos y como coautora del homicidio calificado, del ex agente de la DINA Manuel Leyton, expresa lo siguiente:

Repudiamos que una enfermera, cuya formación profesional y ética la llama a velar por el derecho a la vida, la dignidad humana y el cuidado de la salud esté involucrada en deleznables hechos de muerte.

Según nuestros registros la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA se tituló el 25 de octubre de 1972 de la Universidad Católica y se colegió en el Consejo Regional Santiago el 8 de noviembre de 1972. Actualmente se encuentra desafiliada de nuestra organización.

Manifestamos nuestra máxima adhesión a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y con la misma fuerza rechazamos los actos de horror y muerte que ésta profesional haya sido capaz de llevar a cabo. Esperamos que la justicia siga trabajando por esclarecer estos repudiables hechos del pasado de nuestro país.

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE

Directorio Nacional

La Nacion

9 de septiembre de 2007

Carlota Bolumburu, procesada por el crimen del cabo Manuel Leyton

La enfermera de la muerte

La mujer participó en el exterminio de prisioneros en la Clínica Santa Lucía de la DINA, administrándoles sobredosis de pentotal. Se codeó con la elite del terrorismo de Estado y durante 30 años logró pasar inadvertida.

Aunque era sólo una enfermera, civil, Carlota Bolumburu tenía un poder en las sombras. Entre otras cosas, manejar las llaves del bien resguardado mueble en que la DINA almacenaba los medicamentos, primero en la Clínica Santa Lucía y, más tarde, en la Clínica London, donde en 1977 asesinaron al cabo Manuel Leyton Robles.

Los enfermeros militares le tenían respeto y temor. Ella los mandaba. Sus amores con "Cacho" Acevedo, un oficial de la Brigada Rengo encargada de la seguridad de los cuarteles del terror, le permitieron volar alto en la escena del crimen organizado desde el Estado.

En el cuartel general de Belgrado 11, a una cuadra de Plaza Italia, Acevedo hacía a veces de ayudante del jefe, Manuel Contreras. Carlota llegaba hasta ahí seguido para limpiar las orejas del Mamo, que con frecuencia se le tapaban. Al jefe le podía pasar cualquier cosa dirigiendo la máquina, menos oír mal.

Con "Cacho", Eliana Carlota Bolumburu Taboada bailó y conspiró en salones militares, codeada con la elite del exterminio. Ella misma se lo contó, no hace mucho al juez Alejandro Madrid, durante su investigación por la muerte del cabo Leyton.

Tuvo el cuidado de mantenerse silenciosa más de 30 años, como inmaculada señora, todavía en la flor de la vida. Pero en la Clínica Santa Lucía, en el número 164 de la calle del mismo nombre, Carlota olió y vio la muerte de cerca, junto a los médicos Werner Zanghellini su jefe entre en 1975 y 1976 , y Osvaldo Leyton Bahamondes. ¡Va paquete!, avisaban a Santa Lucía, casi siempre de noche, desde Villa Grimaldi el "Ronco" Moren Brito, Fernando Laureani o quien estuviera a cargo.

Carlota sabía de qué se trataba y preparaba todo. Porque ello significaba que el prisionero, que entraba en camilla o caminando, según fuera su estado, de ahí salía cadáver. Las pocas excepciones eran cuando les interesaba mantener a alguien con vida un poco más.

La Dama del Pentotal

Oculto a veces en los recovecos de la casona de tres pisos, o de cuerpo presente junto a sus jefes, un suboficial de la Brigada Rengo, enfermero Carlos Norambuena, fue testigo de las labores de Carlota y los dos médicos. "Fueron episodios que me marcaron para toda mi vida. Los doctores Zanghellini y Osvaldo Leyton, junto a la enfermera Bolumburu, estuvieron involucrados en la muerte de detenidos", le dijo al juez Madrid.

Tal como la teniente de la Brigada Lautaro, Gladys Calderón, inyectaba cianuro a los prisioneros en el cuartel Simón Bolívar, Carlota y los médicos solían suministrarles sobredosis de pentotal. "Eso les ocasionaba de inmediato una arritmia, seguida de un paro cardiorespiratorio, y fallecían en la clínica. Después sacaban a los detenidos camuflados cubiertos con una frazada. Siempre lo hicieron de noche y esto fue recurrente", confesó Norambuena.

Cuando Norambuena acompañó a Bolumburu a Villa Grimaldi se dio cuenta de que ella se contactaba directamente "porque conocía a los jefes". Pero hace unos días, frente a la corte, la diferencia a su favor la hizo un abogado, Vivian Bullemore.

Amigos de Frei Montalva

Bullemore, ex abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, convenció a los jueces de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de que Bolumburu no era un peligro para la sociedad, gracias a lo cual obtuvo, el 16 de agosto pasado, la libertad provisional.

"¡Cómo va a ser un peligro para la sociedad, señores, si ella y su padre eran tan amigos del Presidente Frei Montalva que hasta le vendieron la casa donde Frei vivió con su familia!, dijo el abogado a los tres ministros de la sala, levantando con sus manos una fotografía en la que los Bolumburu aparecen junto al desaparecido ex Presidente.

Carlota, al igual que los médicos de la DINA, continúa procesada por asociación ilícita criminal en el secuestro y homicidio del cabo Leyton. Quiso el destino que en la misma casona de Santa Lucía donde ella y los médicos asesinaban a los prisioneros, la Comisión Política del Mapu había discutido algunos meses antes, a veces con vehemencia, si Allende estaba o no traicionando o a la clase obrera cuando buscaba dialogar con la DC, en los días previos al golpe. Jugando otra carta, quiso también el destino que terminada la dictadura, a esa casa llegara la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con Jaime Castillo Velasco a la cabeza. 

La socialista española

Ahora que existen confesiones sobre los crímenes de Santa Lucía, es posible preguntarse quiénes fueron sus víctimas. Otro médico DINA, Juan Pablo Figueroa Yáñez, enganchado para la organización por el agente Christoph Willikie, examinó en dicha a clínica a la socialista de nacionalidad española Michelle Peña Herreros, en avanzado estado de embarazo. Figueroa recuerda en su declaración procesal que la mujer "tenía la vista vendada" y le fue entregada "como paquete" por Moren Brito. 

Peña, pareja del socialista Ricardo Lagos Salinas también desaparecido , tenía síntomas de parto y estaba en mal estado físico. Pero Figueroa dio el visto bueno para que "continuaran con ella las diligencias". "Creo que fui ingenuo", dijo más tarde al juez.

La relación de Carlota con este hecho la entrega Luz Arce Sandoval, la militante socialista que se transformó en agente pagada de la DINA. "La enfermera del doctor Figueroa era Bolumburu", afirmó.

A 32 años de su desaparición, el proceso abierto por el caso de Michelle Peña, que instruye el juez Jorge Zepeda, no tiene inculpados, y tampoco se sabe si su hijo nació.

El fin del cabo Leyton

Entre fines de 1976 y comienzos de 1977, la DINA dejó la casona de Santa Lucía para reinstalarse en Almirante Barroso 76, y allí se trasladó Carlota con su manojo de llaves. La función de la clínica era atender a los agentes y sus familias, pero también exterminar a los prisioneros, o reanimarlos para seguir torturándolos.

Antes del cambio, eso sí, Carlota pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que la DINA había instalado en Rinconada de Maipú, donde cursó y se graduó de agente.

En la nueva clínica, denominada London, siguió mandando, ahora con el respaldo de su grado. "La enfermera Bolumburu nos daba las órdenes; una de ellas era que nunca debíamos subir el tercer piso de ese lugar", recuerda el enfermero-agente Andrés Riquelme:

¿Qué había en ese tercer piso? Más prisioneros. Un día de marzo de 1977 llegó entre ellos el cabo Manuel Leyton, transformado hoy en historia. 

Integrante de la Brigada Purén y detenido por Carabineros por robo de un vehículo, el cabo firmó su sentencia de muerte al revelar a un oficial de policía de apellido Denecke y a un fiscal militar de nombre Helmut , cómo hacían desaparecer a los prisioneros arrojándolos al mar desde helicópteros. 

El fiscal era amigo de Contreras, quien ordenó entonces al mayor Vianel Valdivieso, uno de los capos, matar a Leyton. El jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, fue testigo de esa orden. 

En London, Carlota se encargó personalmente de Leyton, como recuerda una auxiliar de enfermería que trabajaba con ella, Yasna Larrecheda Valdés.

La sentencia se cumplió de noche el 29 de marzo de 1977, bajo la fiscalización de Valdivieso. Para ocultar el asesinato con gas sarín, Bolumburu y los médicos Pedro Valdivia Soto, Horacio Taricco Lavín y Leyton Bahamondes dijeron que el cabo había sufrido un paro cardíaco. Ante sus gritos acudieron corriendo la auxiliar Silvia Valdés Uribe y el enfermero-agente Vicente Álvarez Ramírez. 

El cabo yacía desnudo tendido en una camilla. Valdivia le inyectó atropina directo al corazón, mientras Silvia le administró un vasodilatador intravenoso. Pero todo era una farsa. Cuando Morales Salgado entró a la sala de procedimientos "sentí inmediatamente un fuerte olor extraño y me lagrimearon los ojos". 

¡Salgan todos de ahí rápido!, ordenó Valdivieso. El informe de autopsia también fue falso. Poco después, Carlota se casó con Acevedo, pero siguió limpiando las orejas del Mamo.

Cuando Contreras, junto a siete agentes, llegó a la casa de la madre del cabo para quitarles el ataúd, Susana, su hermana, recuerda que este la amenazó ante su protesta: ¡Tenga cuidado señora, acuérdese que su otro hijo Julio todavía está en el Ejército!

La Nación

24 de Julio 2007 

Condenan a 25 años de presidio a Manuel Contreras

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros. 

Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras.

Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.

En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez.

En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito.

El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA. Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires

Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado

En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabeada.


Carlota Bolumburu, procesada por el crimen del cabo Manuel Leyton La enfermera de la muerte

Fuente :La Nacion 9 de septiembre de 2007

Categoría : Prensa

La mujer participó en el exterminio de prisioneros en la Clínica Santa Lucía de la DINA, administrándoles sobredosis de pentotal. Se codeó con la elite del terrorismo de Estado y durante 30 años logró pasar inadvertida.

Aunque era sólo una enfermera, civil, Carlota Bolumburu tenía un poder en las sombras. Entre otras cosas, manejar las llaves del bien resguardado mueble en que la DINA almacenaba los medicamentos, primero en la Clínica Santa Lucía y, más tarde, en la Clínica London, donde en 1977 asesinaron al cabo Manuel Leyton Robles.

Los enfermeros militares le tenían respeto y temor. Ella los mandaba. Sus amores con "Cacho" Acevedo, un oficial de la Brigada Rengo encargada de la seguridad de los cuarteles del terror, le permitieron volar alto en la escena del crimen organizado desde el Estado.

En el cuartel general de Belgrado 11, a una cuadra de Plaza Italia, Acevedo hacía a veces de ayudante del jefe, Manuel Contreras. Carlota llegaba hasta ahí seguido para limpiar las orejas del Mamo, que con frecuencia se le tapaban. Al jefe le podía pasar cualquier cosa dirigiendo la máquina, menos oír mal.

Con "Cacho", Eliana Carlota Bolumburu Taboada bailó y conspiró en salones militares, codeada con la elite del exterminio. Ella misma se lo contó, no hace mucho al juez Alejandro Madrid, durante su investigación por la muerte del cabo Leyton.

Tuvo el cuidado de mantenerse silenciosa más de 30 años, como inmaculada señora, todavía en la flor de la vida. Pero en la Clínica Santa Lucía, en el número 164 de la calle del mismo nombre, Carlota olió y vio la muerte de cerca, junto a los médicos Werner Zanghellini su jefe entre en 1975 y 1976 , y Osvaldo Leyton Bahamondes. ¡Va paquete!, avisaban a Santa Lucía, casi siempre de noche, desde Villa Grimaldi el "Ronco" Moren Brito, Fernando Laureani o quien estuviera a cargo.

Carlota sabía de qué se trataba y preparaba todo. Porque ello significaba que el prisionero, que entraba en camilla o caminando, según fuera su estado, de ahí salía cadáver. Las pocas excepciones eran cuando les interesaba mantener a alguien con vida un poco más.

La Dama del Pentotal

Oculto a veces en los recovecos de la casona de tres pisos, o de cuerpo presente junto a sus jefes, un suboficial de la Brigada Rengo, enfermero Carlos Norambuena, fue testigo de las labores de Carlota y los dos médicos. "Fueron episodios que me marcaron para toda mi vida. Los doctores Zanghellini y Osvaldo Leyton, junto a la enfermera Bolumburu, estuvieron involucrados en la muerte de detenidos", le dijo al juez Madrid.

Tal como la teniente de la Brigada Lautaro, Gladys Calderón, inyectaba cianuro a los prisioneros en el cuartel Simón Bolívar, Carlota y los médicos solían suministrarles sobredosis de pentotal. "Eso les ocasionaba de inmediato una arritmia, seguida de un paro cardiorespiratorio, y fallecían en la clínica. Después sacaban a los detenidos camuflados cubiertos con una frazada. Siempre lo hicieron de noche y esto fue recurrente", confesó Norambuena.

Cuando Norambuena acompañó a Bolumburu a Villa Grimaldi se dio cuenta de que ella se contactaba directamente "porque conocía a los jefes". Pero hace unos días, frente a la corte, la diferencia a su favor la hizo un abogado, Vivian Bullemore.

Amigos de Frei Montalva

Bullemore, ex abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, convenció a los jueces de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de que Bolumburu no era un peligro para la sociedad, gracias a lo cual obtuvo, el 16 de agosto pasado, la libertad provisional.

"¡Cómo va a ser un peligro para la sociedad, señores, si ella y su padre eran tan amigos del Presidente Frei Montalva que hasta le vendieron la casa donde Frei vivió con su familia!, dijo el abogado a los tres ministros de la sala, levantando con sus manos una fotografía en la que los Bolumburu aparecen junto al desaparecido ex Presidente.

Carlota, al igual que los médicos de la DINA, continúa procesada por asociación ilícita criminal en el secuestro y homicidio del cabo Leyton. Quiso el destino que en la misma casona de Santa Lucía donde ella y los médicos asesinaban a los prisioneros, la Comisión Política del Mapu había discutido algunos meses antes, a veces con vehemencia, si Allende estaba o no traicionando o a la clase obrera cuando buscaba dialogar con la DC, en los días previos al golpe. Jugando otra carta, quiso también el destino que terminada la dictadura, a esa casa llegara la Comisión Chilena de Derechos Humanos, con Jaime Castillo Velasco a la cabeza. 

La socialista española

Ahora que existen confesiones sobre los crímenes de Santa Lucía, es posible preguntarse quiénes fueron sus víctimas. Otro médico DINA, Juan Pablo Figueroa Yáñez, enganchado para la organización por el agente Christoph Willikie, examinó en dicha a clínica a la socialista de nacionalidad española Michelle Peña Herreros, en avanzado estado de embarazo. Figueroa recuerda en su declaración procesal que la mujer "tenía la vista vendada" y le fue entregada "como paquete" por Moren Brito. 

Peña, pareja del socialista Ricardo Lagos Salinas también desaparecido , tenía síntomas de parto y estaba en mal estado físico. Pero Figueroa dio el visto bueno para que "continuaran con ella las diligencias". "Creo que fui ingenuo", dijo más tarde al juez.

La relación de Carlota con este hecho la entrega Luz Arce Sandoval, la militante socialista que se transformó en agente pagada de la DINA. "La enfermera del doctor Figueroa era Bolumburu", afirmó.

A 32 años de su desaparición, el proceso abierto por el caso de Michelle Peña, que instruye el juez Jorge Zepeda, no tiene inculpados, y tampoco se sabe si su hijo nació.

El fin del cabo Leyton

Entre fines de 1976 y comienzos de 1977, la DINA dejó la casona de Santa Lucía para reinstalarse en Almirante Barroso 76, y allí se trasladó Carlota con su manojo de llaves. La función de la clínica era atender a los agentes y sus familias, pero también exterminar a los prisioneros, o reanimarlos para seguir torturándolos.

Antes del cambio, eso sí, Carlota pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que la DINA había instalado en Rinconada de Maipú, donde cursó y se graduó de agente.

En la nueva clínica, denominada London, siguió mandando, ahora con el respaldo de su grado. "La enfermera Bolumburu nos daba las órdenes; una de ellas era que nunca debíamos subir el tercer piso de ese lugar", recuerda el enfermero-agente Andrés Riquelme:

¿Qué había en ese tercer piso? Más prisioneros. Un día de marzo de 1977 llegó entre ellos el cabo Manuel Leyton, transformado hoy en historia. 

Integrante de la Brigada Purén y detenido por Carabineros por robo de un vehículo, el cabo firmó su sentencia de muerte al revelar a un oficial de policía de apellido Denecke y a un fiscal militar de nombre Helmut , cómo hacían desaparecer a los prisioneros arrojándolos al mar desde helicópteros. 

El fiscal era amigo de Contreras, quien ordenó entonces al mayor Vianel Valdivieso, uno de los capos, matar a Leyton. El jefe de la Brigada Lautaro, Juan Morales Salgado, fue testigo de esa orden. 

En London, Carlota se encargó personalmente de Leyton, como recuerda una auxiliar de enfermería que trabajaba con ella, Yasna Larrecheda Valdés.

La sentencia se cumplió de noche el 29 de marzo de 1977, bajo la fiscalización de Valdivieso. Para ocultar el asesinato con gas sarín, Bolumburu y los médicos Pedro Valdivia Soto, Horacio Taricco Lavín y Leyton Bahamondes dijeron que el cabo había sufrido un paro cardíaco. Ante sus gritos acudieron corriendo la auxiliar Silvia Valdés Uribe y el enfermero-agente Vicente Álvarez Ramírez. 

El cabo yacía desnudo tendido en una camilla. Valdivia le inyectó atropina directo al corazón, mientras Silvia le administró un vasodilatador intravenoso. Pero todo era una farsa. Cuando Morales Salgado entró a la sala de procedimientos "sentí inmediatamente un fuerte olor extraño y me lagrimearon los ojos". 

¡Salgan todos de ahí rápido!, ordenó Valdivieso. El informe de autopsia también fue falso. Poco después, Carlota se casó con Acevedo, pero siguió limpiando las orejas del Mamo.

Cuando Contreras, junto a siete agentes, llegó a la casa de la madre del cabo para quitarles el ataúd, Susana, su hermana, recuerda que este la amenazó ante su protesta: ¡Tenga cuidado señora, acuérdese que su otro hijo Julio todavía está en el Ejército!


Condenan a 25 años de presidio a Manuel Contreras

Fuente :La Nación 24 de Julio 2007

Categoría : Prensa

Por el crimen de Lumi Videla fue condenada la cúpula de la DINA en un dictamen de primera instancia que involucra además de Contreras a Miguel Krassnoff, Cristoph Willike, Marcelo Moren Brito, entre otros. 

Sendas condenas dictaron dos magistrados en causas conocidas de derechos humanos, sentencias que complican nuevamente a la cúpula de la DINA y con especial fuerza al líder del organismo represivo el general (r) Manuel Contreras.

Por un lado el ministro Alejandro Solís dictó sentencia en el caso por el homicidio de Lumi Videla Moya y el secuestro calificado de su marido Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos el 3 de noviembre de 1974 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.

En el dictamen condena a diez años y un día de presido mayor en su grado medio al general (r) Manuel Contreras en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez. También sanciona por igual ilícito a Miguel Krassnoff pero en este caso la pena es de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, caso que se repite para Ciro Ernesto Torré Sáez.

En el crimen de Lumi Videla la sanción para el Mamo Contreras alcanza a quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Para Krassnoff Martchenko a diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo e igual sanción cumplirá Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Marcelo Luis Moren Brito. Mientras que Basclay Humberto Zapata Reyes recibe una sanción de cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Y luego que ayer se conociera la condena en contra del ex auditor del Ejército, general (r) Fernando Torres Silva, y del coronel (j) Enrique Ibarra, como autores de asociación ilícita en la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berrios, hoy el juez Alejandro Madrid amplió las condenas por otro ilícito.

El dictamen del juez se refiere al secuestro y homicidio del cabo de Ejército y agente de la DINA, Manuel Leyton Robles, asesinado con gas tóxico en 1977. Este caso reviste especial importancia pues se trataría de un delito conexo a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei, debido a que el oficial falleció en la clínica London donde operaba la DINA. Por el delito de asociación ilícita condenó a Hernán Taricco Lavin, Pedro Valdivia Soto, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Ricardo Lawrence Mires, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Santiago Matteo Galleguillos, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares, Vittorio Orvietto Teplisky, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Por el delito de secuestro la sanción implica a Hernán Taricco Lavin, Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Vianel Valdivieso Cervantes, Hernán Sovino Maturana, Juan Morales Salgado, Lorenzo Toro Olivares y Ricardo Lawrence Mires

Y además por la figura de homicidio que afectó al mismo Manuel Leyton, el ministro Madrid condenó a Hernán Taricco Lavin, Ricardo Lawrence Mires y Juan Morales Salgado

En calidad de cómplices sancionó a Hernán Sovino Maturana y Lorenzo Toro Olivares; y en el rol de encubridores condenó a Osvaldo Leyton Bahamondes, Carlota Bolumburu Tabeada, Pedro Valdivia Soto, Santiago Matteo Galleguillos, Federico Chaigneau Sepúlveda y Gladys Calderón Carreño.

Finalmente, por el delito de coautores en falsificación de instrumento público sancionó a Osvaldo Leyton Bahamondes y Carlota Bolumburu Tabea


Todas las muertes conducen a Berríos

Fuente :CIPER.cl 8 de Diciembre 2009

Categoría : Prensa

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El juicio por el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva está directamente vinculado a otros cinco crímenes que tienen a Eugenio Berríos y la fabricación secreta de armas químicas durante la dictadura como eje central. Los seis procesos están concentrados en las manos del ministro Alejandro Madrid, en una investigación que ya acumula diez años.

El químico de la DINA, cuyo cadáver fue encontrado en abril de 1995 en una playa de Uruguay con impactos de bala en la cabeza, había sido sacado clandestinamente del país cuatro años antes. Su fuga fue ejecutada por un equipo del grupo más secreto de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), encabezados por los escoltas de Pinochet, que le dieron muerte junto a militares uruguayos que lo tenían bajo su custodia cuando intentó escapar.

Existe certeza sobre cómo se ejecutó la salida de Eugenio Berríos hacia Uruguay. Una operación que tuvo por objeto evitar que Bañados interrogara al hombre que “sabía mucho”. Su escape se concretó el 26 de octubre de 1991, poco después de que la abogada Fabiola Letelier le pidiera al ministro Adolfo Bañados que interrogara al químico de la DINA en la investigación por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Se trataba de un testigo estelar.

Michael Townley había confesado que en un principio se pensó matar a Letelier (en Washington, septiembre de 1976) con gas sarín, un agente químico letal inventado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y perfeccionado por Berríos en un laboratorio de la DINA. Tan avanzado estaba el plan inicial que Townley recordó haberse embarcado en 1976 en un vuelo de Lan portando“un frasquito de perfume Chanel Nº 5 que me había dado mi esposa y que yo había llenado con sarín”.

Cuando el ministro Bañados dictó el 8 de noviembre de 1991 la orden de detención en contra del químico de la DINA, ya era tarde: Berríos estaba clandestino en Uruguay, país al que llegó vía Argentina el 29 de octubre. El ministro Bañados ignoraba que en su propio despacho la BIE tenía un topo que les informó de la orden antes incluso que fuera firmada.

Sólo ahora se entiende el por qué de los millones de dólares que se gastaron en la operación para sacar a Eugenio Berríos del país. No eran los autores del crimen de Orlando Letelier lo que Pinochet y sus custodios del BIE temían que revelara el químico. Bañados ya tenía ese cuadro claro. Eran otras muertes que en ese momento, recién iniciada la recuperación de la democracia, permanecían ocultas y podían detonar problemas mayores. Incluso de defensa nacional por el destino y uso potencial que se les daría a las armas químicas fabricadas en laboratorios del Ejército.

Desde 1999, fecha del inicio del juicio por el secuestro y homicidio de Berríos, primero la jueza Olga Pérez y luego el ministro Alejandro Madrid -junto al mismo equipo policial integrado por el prefecto Nelson Jofré y la inspectora Palmira Mella- han ido armando pieza por pieza un puzzle macabro.

Primero se esclareció el crimen de Renato León Zenteno, conservador de Bienes Raíces de Santiago, asesinado por un equipo de la DINA. El crimen se perpetró el 30 de noviembre de 1976, dos meses después de ser asesinado Letelier, en el propio departamento de León Zenteno. El protocolo de autopsia dice que murió víctima de una “toxemia aguda inespecífica”.

Uno de los agentes que participó en el asesinato confesó que al dejar la escena del crimen, Berríos reparó en que el frasco de perfume con gas sarín había quedado olvidado en la mesa de noche de León Zenteno. Ya era tarde. No podían regresar. Muchos años después, cuando se revisó el viejo expediente archivado, la sorpresa de los investigadores de Madrid fue mayúscula: en las fotos tomadas por los peritos se ve nítidamente el mismo frasco descrito por el agente de la DINA en su confesión.

¿Por qué matar a León Zenteno? Por una simple razón. Éste se oponía a traspasar ilegalmente a sociedades de la DINA terrenos en la Reina Alta de los que fueron despojados opositores al régimen. De cualquier forma, el ex conservador de Bienes Raíces de Santiago no fue obstáculo para los propósitos de la DINA. En esos mismos terrenos hoy se levantan sólidos y hermosos conjuntos residenciales para militares.

Ha quedado establecido judicialmente que Berríos formó parte de la Brigada Quetropillán de la DINA, un laboratorio que funcionó en la casa que Michael Townley y su esposa Mariana Callejas compartían en Lo Curro. En ese laboratorio se desarrolló el proyecto “Andrea”, destinado a producir armas químicas para la eliminación de opositores y, eventualmente, para ser usados en algún conflicto con países vecinos. Sarín, Soman y Tabun fueron algunas de las toxinas químicas desarrollados por Berríos y el científico Francisco Oyarzún Sjoberg, quienes trabajaban bajo las órdenes directas de Manuel Contreras.

El gas sarín obtenido en la casa de Lo Curro fue probado por primera vez en abril de 1976, utilizando perros y hasta un burro. También se experimentó con ratones y conejos.

Una de las primeras víctimas humanas fue el poeta Luis Waldo Silva Caunic. Después fue el turno del diplomático español Carmelo Soria, quien fue secuestrado en julio de 1976 y conducido a la casa de Lo Curro. Cuatro meses después ocurrió el asesinato del conservador de Bienes Raíces de Santiago. Y en marzo de 1977 la víctima provino de las propias filas del organismo dirigido por Manuel Contreras.

Manuel Jesús Leyton Robles, un cabo de Ejército adscrito a la DINA, había sido detenido en 1977 por robo de autos y uno de ellos pertenecía a un detenido desaparecido. En su declaración a Carabineros dijo que lo hacía por encargo de la DINA. Poco antes de ratificar sus dichos ante un tribunal fue eliminado con gas sarín, aunque oficialmente el Ejército adjudicó la muerte a “causas naturales”.

Treinta años después Alejandro Madrid estableció la verdad y, de paso, demostró por primera vez que la DINA utilizó gas sarín para la eliminación de personas. Por este juicio hay 13 ex agentes procesados, entre los que se cuentan los médicos Hernán Taricco Lavín, Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton. La enfermera Eliana Carlotta Bolumburu Taboada, quien cumplía un rol clave en la Clínica London de la DINA y luego de la CNI, también fue vinculada.

A partir del asesinato de Letelier, en septiembre de 1976, se desató una fuerte pugna entre el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras, y el jefe de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, general Odlanier Mena. Este último objetaba los brutales y desprolijos procedimientos de Contreras.

Entonces, de acuerdo con el testimonio de Michael Townley, Contreras decidió matar al general Mena “mediante la incorporación de una bacteria mortal en su café” que había sido proporcionada por Berríos. El plan se frustró porque en esa oportunidad Mena prefirió un agua de yerbas.

En 1978, una vez que la participación de Townley en el crimen de Letelier quedó al descubierto y fue reclamado por Estados Unidos y expulsado a ese país ante la presión de su gobierno, Berríos y su laboratorio de Lo Curro se trasladaron al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante. El hombre al mando: el coronel Gerardo Huber, uno de los mandos operativos de la DINA, asesinado tras el escándalo que provocó el descubrimiento de un cargamento de armas rotulado como material sanitario cuyo destino final era Croacia.

Las armas químicas fabricadas por Berríos cobrarían nuevas víctimas el 8 de diciembre de 1981, el mismo día que Frei Montalva se agravó para ya no recuperarse y era operado por tercera vez por el doctor Patricio Silva Garín.

Mientras en la Clínica Santa María el ex mandatario comenzaba a evidenciar signos de muerte, en la Cárcel Pública un grupo de cuatro presos políticos del MIR y otros dos reos comunes experimentaban los mismos signos, a raíz de un envenenamiento. Adalberto Muñoz Jara, Guillermo Rodríguez Morales y Ricardo y Elizardo Aguilera lograron sobrevivir al ataque, aunque con serias secuelas. Sin embargo, dos presos comunes -Víctor Corvalán Castillo y Héctor PachecoDíaz- que compartieron almuerzo con los miristas, murieron a causa de una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se investigó sus muertes.

Sí lo hizo el juez Madrid y su equipo, logrando establecer la identidad de los funcionarios de Gendarmería que tenían vínculos con los organismos represivos, además de acreditar que la intoxicación fue provocada con toxinas botulínicas fabricadas en el Instituto Bacteriológico del Ejército. El episodio lleva la marca de fábrica de Berríos.

Cuando las verdaderas circunstancias de la muerte de Frei Montalva comienzan a despejarse, es el turno del envenenamiento de la Cárcel Pública. Pero antes, se espera la sentencia en primera instancia por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos. Veintiuna personas serán condenadas, entre ellas cuatro generales de Ejército y tres altos oficiales del Ejército de Uruguay.

Sobre el destino de las armas químicas el secreto se mantiene. Y Berríos se llevó a la tumba los nombres de los otros personajes molestos a los que se eliminó con su fabricación letal.da.


Declaración pública: colegio rechaza actos enfermera involucrada en caso Leyton

Fuente :Colegio de enfermeras 22 Julio 2010

Categoría : Otra Información

El Colegio de Enfermeras de Chile en el caso de la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA que se encuentra hoy procesada por los delitos de asociación ilícita, coautora de secuestro, falsificación de documentos públicos y como coautora del homicidio calificado, del ex agente de la DINA Manuel Leyton, expresa lo siguiente:

Repudiamos que una enfermera, cuya formación profesional y ética la llama a velar por el derecho a la vida, la dignidad humana y el cuidado de la salud esté involucrada en deleznables hechos de muerte.

Según nuestros registros la enfermera ELIANA CARLOTA BOLUMBURU TABOADA se tituló el 25 de octubre de 1972 de la Universidad Católica y se colegió en el Consejo Regional Santiago el 8 de noviembre de 1972. Actualmente se encuentra desafiliada de nuestra organización.

Manifestamos nuestra máxima adhesión a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y con la misma fuerza rechazamos los actos de horror y muerte que ésta profesional haya sido capaz de llevar a cabo. Esperamos que la justicia siga trabajando por esclarecer estos repudiables hechos del pasado de nuestro país.

COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE

Directorio Nacional


La ley de la Omertá: 9 agentes de la DINA condenados por el asesinato de otro agente de la DINA

Fuente :resumen.cl, 27 de Octubre 2015

Categoría : Prensa

Este lunes 26 de octubre se conoció que el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid, dictó condena de primera instancia en la investigación que sustancia por el homicidio del cabo del Ejército Manuel Jesús Leyton Robles, delito perpetrado el 29 de marzo de 1977, en Santiago, Región Metropolitana.

Leyton Robles era miembro de la DINA desde su creación a fines de 1973. Con el alias de "Mario Segundo" perteneció a la agrupación Leopardo, de la Brigada Purén, y posteriormente a la agrupación Mehuín que operó en el Cuartel Simón Bolívar, junto a la Brigada Lautaro. En este grupo Mehuín, que actuaba bajo el mando del oficial de ejército Germán Barriga, cumplía funciones represivas cuando cayó en desgracia.

El ministro de fuero, además del delito de homicidio, concluye que se configuran también los delitos de secuestro y de asociación ilícita. En la resolución, el ministro Madrid condenó a los ex jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y ex oficiales de ejército Vianel Valdivieso Cervantes y Juan Hernán Morales Salgado y al ex oficial de carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires a penas de 15 años de presidio, como autores del delito de homicidio; además de 3 años y un día por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, más 541 días por el delito de asociación ilícita.

En tanto, el ex oficial de ejército Hernán Luis Sovino Maturana fue condenado a 10 años y un día, en calidad de cómplice en el delito de homicidio; 3 años y un día, como autor en el delito de secuestro, y 541 días por asociación ilícita.

En el caso del ex oficial de la Brigada de Sanidad de la DINA, el médico Vittorio Orvietto Tiplitzky, el magistrado Madrid lo condenó a 5 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita.

Los también miembros de la Brigada de Sanidad, el médico Pedro Samuel Valdivia Soto y la enfermera Gladys de las Mercedes Calderón Carreño recibieron condenas de 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio; en tanto, el médico Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera María Eliana Carlotta Bolumburu Tabaoda fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio como encubridores del homicidio. A Valdivia Soto y Bolumburu Taboada se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, y al agente Taricco Lavín, el beneficio de la remisión condicional.

Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro Alejandro Madrid logró acreditar la siguiente secuencia de hechos:

«a) Que, durante el mes de marzo del año 1977, dos funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procedieron, en primer término a sustraer un vehículo Renoleta perteneciente al profesor Sr. Daniel Palma Robledo -detenido desaparecido- y, posteriormente, cometieron un robo de otro vehículo de similares características perteneciente al comerciante de pinturas Sr. Marcel Jean Duhalde Garat, a quien luego de sustraerle el móvil en que se desplazaba por el sector centro de esta ciudad, procedieron a dejarlo abandonado en el sector de Las Vizcachas

b) Que, posteriormente, al tomar conocimiento de estos hechos, funcionarios de Carabineros de Chile pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a cargo del Teniente Sr. Alfonso Denecken Alberti, realizaron un allanamiento al domicilio particular del cabo de Ejército Sr. Manuel Leyton Robles quien prestaba en esa fecha servicios a la DINA, ubicado en calle Los Pioneros de la comuna de La Florida, lugar en el que también se encontraban los dos vehículos sustraídos, procediendo a detener al militar antes nombrado y posteriormente a otro funcionario de DINA de nombre Heriberto del Carmen Acevedo.

c) Que, luego los detenidos antes nombrados fueron trasladados al cuartel de la SIAT ubicado en calle Rodrigo de Araya, comuna de 'uñoa, lugar donde fueron interrogados, señalando el cabo Manuel Leyton Robles, diversas actuaciones realizadas por el equipo de DINA al que pertenecía y que se encontraba bajo el mando del Capitán de Ejército Sr. Germán Barriga Muñoz. Debido a lo anterior el Director de la DINA, Coronel Sr. Manuel Contreras Sepúlveda ordenó a funcionarios de su dependencia que concurrieran a ese cuartel policial y procedieran a hacer las gestiones pertinentes para obtener la liberación de los detenidos pertenecientes a la organización bajo su mando.

d) Como resulta que a los funcionarios de DINA privados de libertad se les imputaba la comisión de delitos y se encontraban siendo interrogados, debían, además, ser confeccionados los respectivos partes policiales para ser remitidos a la Fiscalía Militar del Ejército, por ello, no fue posible que se pudiera obtener en forma inmediata la liberación solicitada y, como, tomaron conocimiento de la situación producida altas autoridades de la época, tales como, el Ministro de Defensa Nacional, General (R) Herman Brady Roche, el Prefecto de Carabineros de Santiago General Sr. Germán Campos, el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la referida institución y el integrante de la Junta de Gobierno en representación de Carabineros, General Director Sr. César Mendoza Duran, se dispuso la entrega de los detenidos a la DINA.

e) Que, una vez obtenido el egreso de los detenidos, el cabo Manuel Leyton Robles fue trasladado al Cuartel de la calle Simón Bolívar a cargo del Mayor de Ejército Juan Morales Salgado y, posteriormente, llevado a la «Clínica London», ubicada en la calle Almirante Barroso de esta ciudad, lugar donde permaneció privado de su libertad, vigilado permanentemente e interrogado acerca de las declaraciones que prestó mientras se encontraba detenido en el cuartel policial antes mencionado, por las cuales habría indicado el destino sufrido por algunos de los detenidos que se encontraban en el cuartel ubicado en la calle Simón Bolívar de esta ciudad.

f) Que, luego de permanecer varios días en las condiciones precedentemente mencionadas, el nombrado Leyton sufrió un paro cardiorespiratorio y, por tal razón fue trasladado a una dependencia de la señalada clínica, siendo atendido por médicos y enfermeras de ese establecimiento, falleciendo el día 29 del mes de marzo de 1977.

g) Que, luego de producido su deceso, funcionarios de la DINA procedieron a comunicar lo anterior a familiares del occiso, con el objeto que procedieran al retiro del cadáver y, mientras se verificaba el velatorio en su domicilio particular, por orden del Director Nacional de la referida organización, se retiró el cuerpo para ser trasladado al Instituto Médico Legal, donde luego de haberse efectuado una reunión entre un oficial de DINA y el Director de ese Instituto, a este último se le señaló la necesidad que no ocurriese ninguna dificultad que pudiera incriminar a directivos del organismo últimamente mencionado, procediéndose a realizar el señalado procedimiento, especificándose como causa de la muerte aspiración de contenido gástrico.

h) Que como la causa últimamente señalada constituye sólo un síntoma producido por el cese de las funciones vitales de un individuo, tal como indica el doctor José Belleti a fojas 2.303, el hecho del fallecimiento de la víctima, de acuerdo a los antecedentes que fluyen de la investigación sólo ha podido producirse por la inoculación de una sustancia tóxica, tal como lo señala, como una de las posibilidades factibles, la autopsia médico legal agregada a fojas 1.087, realizada por el doctor Tomás Tobar Pinochet, y como en la referida pericia no pudo determinarse la presencia del agente químico denominado gas sarín, por las razones antes expuestas, tampoco es posible determinar que no haya sido utilizado y, por el contrario, los elementos de juicio analizados en el fundamento primero, permiten concluir que su muerte sólo se pudo producir por la inoculación del referido elemento químico».

En el aspecto civil, se dictó sentencia condenatoria que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de $220.000.000 (doscientos veinte millones de pesos), a la viuda y seis hijos de la víctima.

Este hecho, y la resolución judicial que lo condena, es una clara muestra del significado criminal de los pactos impuestos por los altos mandos uniformados y jerarcas de los aparatos represivos de la dictadura. Cuando los subordinados no se sometían a las leyes impuestas por los jefes supremos, sufrían las consecuencias de su propio accionar. El jefe directo de Leyton Robles, el implacable Germán Barriga Muñoz se suicidó en enero del año 2005, cuando los procesos judiciales en que estaba involucrado le auguraban un largo período en la cárcel.

El caso de Leyton Robles es sólo uno de una serie de crímenes cometidos contra integrantes de los aparatos represivos que, por oscuras razones criminales, fueron objeto de las represalias de sus implacables jefes, como ocurrió con Guillermo Bratti Cornejo, Eugenio Berríos, Gerardo Huber, entre otros.


“Era una continuación de la tortura”: La primera querella contra la Clínica Santa Lucía de la DINA

Fuente :theclinic.cl, 18 de Dciembre 2019

Categoría : Prensa

Dos sobrevivientes de la Clínica Santa Lucía (centro médico de tortura de la DINA), entregaron sus testimonios sobre su paso por el edificio. Este martes se presentó la primera querella respecto del caso que apunta a civiles, médicos y dentistas, como responsables de perpetuar la tortura de Estado.

Por Estefanía Labrín

Este martes se presentó la primera querella en el caso de la Clínica Santa Lucía, un espacio utilizado por la DINA y operado por médicos civiles que en algunos casos, por primera vez, serán cuestionados por la justicia por su participación en la orgánica de tortura de la inteligencia en Dictadura. El centro ubicado en Santa Lucía 162, operó entre los años 1974 y 1977 como un centro médico clandestino que recibía a presos políticos descompensados por huelgas de hambre, golpes, o con secuelas graves después de sesiones de tortura en las que sus cuerpos no dieron más.

La integrante del equipo jurídico de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Romina Ampuero explicó que el “2018 pudimos terminar el primer dossier de investigación, de lo que fue un trabajo que inició originalmente el año 2012”. Este trabajo recopiló historias y breves menciones que apuntaban a la existencia de esta clínica en los informes Rettig y Valech, reunió sobrevivientes y logró armar el relato del edificio que ahora es sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la que recientemente fue robada. “Mediante este levantamiento de la información, logramos establecer la orgánica interna de la DINA en estos espacios, lo cual permite derribar algunos mitos como los que plantean que estos eran espontáneos”.

“Esta fue la primera clínica clandestina de la DINA, es el puntapié inicial de cómo se materializó el trabajo de la brigada de salubridad de la DINA, que se mantiene durante toda la dictadura, y tiene como característica esencial la vinculación con los civiles, y la participación que tienen ellos en mantener la Dictadura operando”, explica Romina.

La querella, si bien apunta “contra quienes resulten responsables”, se individualiza en la investigación al cardiólogo Werner Zanghellini Martinez como el jefe de la unidad (él según reportes, sigue ejerciendo en una consulta particular arrendada a nombre de un familiar suyo en Avenida Providencia). También se menciona a la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada; el cirujano dental Dámaso González Espinoza, el dentista Sergio Muñoz Bontá; los cirujanos Vitorio Orvietto Tiplizky, Jorge Fantini y Osvaldo Leyton. Además del otorrino Eugenio Fantuzzi, quien hasta el día de hoy sigue atendiendo en la Clínica Dávila en el área de otorrinolaringología.

Gabriela Salazar y Dagoberto Trincado. Foto: Valentina Manzano

“Las torturas eran con los médicos al lado”

Dagoberto Trincado es uno de los sobrevivientes de esta clínica, cree que estuvo 15 días internado, amarrado a la cama. Él cayó detenido a Villa Grimaldi en diciembre de 1975, después de varias sesiones de tortura con electricidad, su corazón empezó a fallar y llegó a la clínica para ser “sanado”. “Cuando uno escucha hablar de una clínica lo asocia con curación, ¿no? Esta clínica tenía la gran diferencia de que curaba a las personas para que resistieran a otro tipo de torturas. Yo caí ahí por problemas cardíacos después de tanto que me electrocutaron, y el dictamen fue: “No más tortura con electricidad”, porque eso me podía provocar la muerte, entonces lo que venía después era tortura física, atropellos, colgamientos, etcétera”, relata.

“Yo llegué semi consciente, lo primero que hicieron fue tirarme a la cama y encadenarme. Siempre escuché ruidos y supe que había detenidos en otras salas. Fui sometido a sueros y a pentotal, que se usaba para hablar. Es una droga que efectivamente hace hablar pero incoherencias. Ese era el ambiente que se vivía ahí, nos estaban preparando para entregar información, no era el fin curarnos o dejarnos en buen estado de salud. Después de eso no me pusieron más corriente, pero me pegaron y me torturaron, en una clínica, con personales médicos. Las torturas eran con los médicos al lado, ellos estaban ahí simplemente para controlar que mi pulso cardíaco no se acelerara y me reventara. Eran médicos, no eran aprendices ni paramédicos, sabían perfectamente bien cómo tratar a la persona y cómo aplicar los medicamentos que tenían a su disposición. Era la clínica de la DINA, era una parte de la institucionalidad de la tortura en Chile”

Dagoberto agrega que “el único contacto que tuve con un doctor, fue en un momento determinado en que yo quería morirme, y le dije al tipo que por favor me dejara morir. Y él me dijo algo que todavía me acuerdo todos los días… el médico me dijo ‘no, no puedo hacer eso porque es éticamente reprochable’, entonces ahí yo dije ya, mejor me muero. Me recalcó que yo estaba ahí por culpa mía, era mi culpa, porque yo no colaboraba, de eso me acuerdo perfectamente. Pero ellos estaban ahí silenciosos mientras me interrogaban los de la DINA”.

Dagoberto Trincado. Foto: Valentina Manzano

“Si usted es médico ¿por qué está acá?”

Gabriela Salazar fue detenida el 31 de diciembre de 1975, y fue trasladada a Villa Grimaldi. A Gabriela la llevaron a la Clínica Santa Lucía después de que inició una huelga de hambre (de una semana) “porque estaba decidida a morirme y que no me siguieran torturando”. Dice que estando aún en el centro de detención la atendió alguien, que le sacó la venda de los ojos y le dijo, ‘soy médico’. Ella rápidamente le respondió “y si usted es médico ¿por qué está acá? Él me dijo que era parte de un equipo médico que asiste a los prisioneros. Yo le pregunté si no le parecía que eso era espantoso, y me dijo que sí, que era espantoso lo que estaba sucediendo en Chile”. Gabriela cree que ese médico pidió que la trasladaran a la clínica Santa Lucía.

“Yo me di cuenta que venía hacia el centro de la ciudad porque me habían tirado en una furgoneta, tenía una ventana y yo veía afuera los árboles del parque forestal, algo sabía yo que existía algún ‘coso’ de los milicos, de la DINA, cerca de Santa Lucía, porque ese había sido un centro de la Universidad de Chile antes. Cuando me trajeron me subieron de las manos y los pies por las escaleras, y me di cuenta que era otro centro como la DINA, porque habían milicos por todos lados. Yo no veía nada pero sentía, porque tenía la venda en los ojos. Me llevaron al tercer piso de la clínica Santa Lucía, porque conté por las escaleras, me di cuenta, uno estará con la venda pero escucha”, agrega.

Gabriela Salazar. Foto: Valentina Manzano

Gabriel relata que “me pusieron en una cama encadenada a la cama, y ahí igual que Dagoberto, me colocaron suero. Era una situación bastante difícil porque estando encadenado y con venda, uno estaba como preso, era más que preso. Y sí había una persona que controlaba el suero, que yo calculo que debió ser una enfermera, probablemente un médico que controlaba e suero. Y había una persona situada afuera de la pieza… yo en un momento pregunté dónde estaba y me dijeron ‘no, silencio, no puede hablar’”.

“Sentía que alguien estaba al lado en la otra cama, me di cuenta porque personal médico entraba y vigilaba a la otra persona que entiendo que también le estaban poniendo suero. De un momento me decidí entonar una melodía que era especial para mi pareja y a mí, y entoné esa melodía aunque me habían dicho que tenía que estar callada, y lo hice para darme fuerza, y en ese momento me di cuenta de que la persona del lado, que me habló a pesar de que teníamos prohibido, era mi marido que estaba ahí en la misma habitación. Eso me dio fuerza porque antes de eso no sabía si estaba muerto o estaba vivo”, narra.

Para Gabriela, “lo que pasó ahí, en la clínica Santa Lucía era una continuación de la tortura. Eso era. Porque estar encadenado a un lugar, estar sin poder ver… Tenía una sensación de mucha inseguridad de estar en ese lugar, de no saber qué iba a pasar. Me habían torturado bastante antes de estar ahí, entonces no sabía si me iban a matar, no entendía. Mi sensación es que era un lugar cerrado, un lugar oscuro, un lugar duro, donde cualquier cosa te podía pasar. Tal como el compañero, yo no sabía si te iban a empezar a torturar de nuevo ahí. Era exactamente igual que Villa Grimaldi, con la diferencia de que era un centro médico. Yo me di cuenta más o menos donde estaba porque sonaba… en el cerro Santa Lucía siempre disparan a las 12 y todos los días sentía eso entonces yo más o menos ubiqué el lugar por eso, que estaba muy cerca del cerro Santa Lucía”.

La impunidad

“La impunidad en Chile nace con la Concertación”, dice Dagoberto. “Con Patricio Aylwin cuando él dice que se hará justicia en la medida de lo posible. Eso permitió la impunidad, porque nunca hubo un compromiso a hacer una investigación y reparación profunda”.

En medio de rayados y consignas en las calles, Dagoberto y Gabriela caminan y las leen, sonríen con algunas pero se preocupan por lo que se ha vivido en estos dos meses de movilizaciones sociales.

“Ahora con todo lo que está pasando este año, de repente yo pienso que es la misma metodología que usaba la DINA, es la misma forma de represión que usaban los pacos”, dice Gabriela. “Hay muchísimo atropello a la gente, siguen los atropellos. Gente que ha quedado ciega, semi ciega, miles de detenidos, y todos ellos han sido atropellados. La tortura en este país continúa igual que siempre. Aquí necesitamos un cambio frontal. Cuando comenzó el movimiento, no te voy a mentir que me dio una felicidad… que con los años que tengo… soy feliz de que los jóvenes hayan tomado la iniciativa”, cierra.


Nicolás Fernandois, creador del docuficción “La clínica de la DINA”: "Nos muestra la perversa participación de civiles al servicio del terrorismo de E

Fuente :elmostrador.cl, 10 de Enero 2022

Categoría : Prensa

Se trata de un documental que mezcla testimonios de víctimas de la tortura con escenas de ficción, que recrean el papel de los profesionales de la salud que mantenían con vida a las detenidas y los detenidos para que pudieran seguir siendo torturados, en la así llamada Brigada de Salubridad, o aplicarles una inyección mortal de pentotal cuando llegaba la orden de ejecutar a las víctimas. "Hablamos de profesionales de la salud, personas que teóricamente están formadas para ayudar a los seres humanos", señala Fernandois.

Una reflexión sobre el papel de los médicos y enfermeras que colaboraron con la DINA durante la dictadura constituye el docuficción La clínica de la DINA.

Se trata de un documental que mezcla testimonios de víctimas de la tortura con escenas de ficción, que recrean el papel de los profesionales de la salud que mantenían con vida a las detenidas y los detenidos para que pudieran seguir siendo torturados, en la así llamada Brigada de Salubridad, o aplicarles una inyección mortal de pentotal cuando llegaba la orden de ejecutar a las víctimas.

Uno de los lugares de operación era la ex Clínica Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, hoy convertido en Sitio de Memoria, donde laboraron cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos, en abierta traición a su Juramento Hipocrático.

En 2019, un grupo de sobrevivientes de prisión política y torturas de la ex Clínica Santa Lucía, interpuso una querella criminal ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del director del recinto, el cardiólogo Werner Zanghellini Martínez; así como la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada; Dámaso González Espinoza, cirujano dental; Sergio Muñoz Bontá, dentista; Vitorio Orvietto Tiplizky, cirujano; Osvaldo Leyton, cirujano; Eugenio Fantuzzi, otorrino; Jorge Fantini, cirujano; y otros.

Tras la recuperación de la democracia, varios fueron funados en sus lugares de trabajo, como ocurrió con Alejandro Forero en la Clínica Indisa, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia, tal como reseña el sitio Memoria Viva.

Origen

Nicolás Fernandois y Marcelo Salinas son los autores de la idea original del docuficción. El primero, actor y director, cuenta que el trabajo audiovisual se origina desde el vínculo creativo y productivo que existe entre el Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia y la Agrupación Teatro en Casa, donde ejerce como director de Programación y Contenidos.

El vínculo nació el año 2018, con la creación de un ciclo de artes escénicas, donde las obras presentadas abordaban temas relacionados con la memoria y las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, entre 1973 y 1990.

Dicho ciclo tuvo la particularidad de que las obras fueron presentadas en el interior del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, utilizando con esto un espacio no convencional para la presentación de obras de teatro, pero que a la vez contiene de mejor forma las temáticas abordadas por cada una de las propuestas escénicas, explica Fernandois (Santiago, 1981).

"Durante el segundo ciclo, como Teatro en Casa, tuvimos la oportunidad de preparar una puesta en escena que abordará la historia de la casa, concentrándose en la función que tuvo el inmueble mientras fue de propiedad de la DINA, y su doble rol de clínica médica y su participación en el proceso de interrogatorios, tortura y exterminio por parte del órgano represivo. Ese primer proceso, que se vio en parte interrumpido por el estallido social, fue la génesis para desarrollar, ahora en formato audiovisual, una obra que pudiera exponer la historia de la casa ubicada en calle Santa Lucía 162".

Memoria

Fernandois explica que les parece de importancia fundamental, para el futuro de nuestra sociedad, hacer memoria sobre hechos tan trágicos como los que allí ocurrieron, pero por sobre todo por la necesidad de encontrar justicia, reparación y aprender del pasado y no volver a repetirlo.

"El Estado chileno, aún hoy, no ha sido capaz de preservar la memoria, ni hacer justicia, ni reparar correctamente a las víctimas, y lo que es peor aún, ha sido incapaz de tomar un postura clara respecto a los hechos ocurridos en dictadura. Creo que no puede ser que en nuestro país pueda existir un Fundación Pinochet, por ejemplo, me parece extremadamente violento, o que en cualquier momento en los medios surja cualquier individuo defendiendo el legado de la dictadura así como así, y eso hasta sea encontrado razonable", dice.

El caso de Clínica Santa Lucía, por su parte, "nos muestra la perversa participación de civiles al servicio del terrorismo de Estado, y más aún hablamos de profesionales de la salud, personas que teóricamente están formadas para ayudar a los seres humanos".

Testimonio y ficción

Uno de los aspectos de la obra es que usa la ficción para dar voz a los victimarios, que fueron escritas sobre inspiraciones de otras entrevistas de torturadores y funcionarios de la DINA, así como entrevistas de médicos.

"Nos parecía muy importante, en términos artísticos, darles voz a los personajes que trabajaron ahí en la Clínica, por tanto la ficción nos permitió representar a los médicos y enfermeras que trabajaron allí al servicio de la Brigada de Salubridad de la DINA", cuenta.

De esta forma, "pudimos ficcionar sus argumentos, su propia defensa respecto a su accionar en dictadura. Es decir, nos parece de una violencia interpeladora exponer los probables fundamentos de gente que colaboró en los procedimientos de tortura y de muerte. Cómo los seres humanos nos aferramos a ciertas 'verdades' o nos lavamos las manos en función de una tranquilidad ética".

El proceso de investigación de los hechos fue principalmente a través de entrevistas realizadas a los sobrevivientes que pasaron por la clínica y a las personas que levantaron el movimiento para transformarla en Sitio de Memoria.

"Complementariamente trabajamos con el dossier de investigación que se realizó sobre la clínica, investigación que fue guiada por Romina Ampuero. Y también con el apoyo complementario de revisión de referentes, documentales y otros libros y documentos referentes al tema", agrega.

-¿Cómo creen que ha afectado el estallido el tema de los derechos humanos?
-Creo que ha puesto elevado la pregunta sobre el tema, es decir, me da la impresión que nos ha interpelado como sociedad, ya que he dejado en evidencia con la facilidad que el Estado es capaz de vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos realmente cuáles serán las acciones que realizaremos como sociedad para defender dichos derechos. Creo sinceramente que estábamos bastante tímidos al respecto, hasta antes del estallido.

Aunque suene trillado decirlo, debemos aprender que nunca más debemos permitir que acciones como las ocurridas en dictadura vuelvan a ocurrir.


Papeles de la Dictadura: los 26 médicos y cinco enfermeros que sirvieron en las clínicas de la DINA

Fuente :ciper.cl, 1 de Septiembre 2023

Categoría : Prensa

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.