Araya Silva Carlos Roberto

El Colegio de Periodistas de Chile expulsó de sus filas a un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que llegó a convertirse en periodista y suspendió por un año, con censura pública, a otros cuatro profesionales con formación universitaria que colaboraron en la fabricación de noticias falsas para encubrir asesinatos de opositores políticos a la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas expulsó a Carlos Roberto Araya Silva, un ex locutor de la radio Sargento Aldea de San Antonio a quien el jefe de la DINA, el entonces coronel de Ejército Manuel Contreras, introdujo en la televisión del Estado, y suspendió por un año, con censura pública, a Julio López Blanco, Claudio Sánchez Venegas, Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán, periodistas formados en diferentes universidades que colaboraron con la dictadura desde sus cargos en Canal 7, Televisión Nacional (TVN), y la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica.

Los sancionados participaron en el montaje comunicacional de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y críticos de la dictadura que jamás existió, difundido además por los diarios La Tercera, Últimas Noticias, la revista Qué Pasa y otros medios. Qué Pasa incluso entrevistó a Rodolfo Pávez, un niño de 8 años, como “testigo presencial”. “Yo los vi”, dijo Rodolfo. “Por los faldeos de esos cerros que le son tan familiares, Rodolfo vio bajar a siete extraños. “Entre ellos había dos mujeres, y los hombres las ayudaban a salar el canal que ese día venía con agua. Iban corriendo”, relata a Qué Pasa, con aplomo”, aseguró la edición Nº 240 de la revista, que el 27 de noviembre de 1975 publicó esta joyita de la mentira hecha periodismo.

La DINA fabricó la noticia sobre este hecho falso con la complicidad de la Dirección Nacional de Comunicaciones (DINACOS), el ente propagandístico del régimen militar, donde laboraban muchos periodistas con formación universitaria que aún se encuentran activos e incluso enseñan la profesión en diferentes universidades privadas, incluido el ramo de “ética periodística”.

En rigor, no hubo enfrentamiento armado, sino un montaje comunicacional para disfrazar el asesinato de siete personas que se hallaban recluidas en el Cuartel Terranova del Ejército, más conocido como Villa Grimaldi. Este episodio, que contó entre sus víctimas a una mujer embarazada, ocurrió el 19 de noviembre de 1975 y se le recuerda como “El Caso Rinconada de Maipú”. Otros montajes periodísticos de esa misma época, como el “Caso de Los 119” u “Operación Colombo”, de junio de 1975, encubrieron asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura. También el periodista Augusto Carmona Acevedo fue asesinado por la espalda en 1977, cuando ingresaba a su domicilio en Santiago, pero la versión periodística lo hizo aparecer como muerto en un “enfrentamiento” a balazos, pero no tuvo la oportunidad de defenderse de sus asesinos todavía impunes.

Asesinatos selectivos

El juicio ético fue solicitado el 25 de abril de 2006 por Isabel Gallardo Moreno, familiar de cinco de las siete víctimas: Catalina Ester Gallardo Moreno, su hermana de 30 años, a quien le arrancaron los ojos; Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, de 26 años, profesora de educación básica, embarazada de tres meses y cónyuge de su hermano Roberto Gallardo Moreno –asesinado el día anterior–; Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, de 64 años, padre de los Gallardo Moreno; Manuel Lautaro Reyes Garrido, Luis Andrés Gangas Torres, Felipe Cárcamo y Pedro Blas Jeldrés. La muerte anterior de Roberto Gallardo, al parecer en un enfrentamiento de verdad, desencadenó la feroz venganza de la DINA contra su familia.

Las siete víctimas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1975 por la Policía de Investigaciones de Chile (PICH), cuyo jefe, el hoy general retirado de Ejército Ernesto Baeza Michelsen, decidió dividir el grupo y enviar a la DINA a quienes terminaron muertos. También fue detenida Isabel Gallardo, junto con otro hermano llamado Guillermo Gallardo Moreno, su madre Ofelia Moreno Aguirre y dos niños menores, sobrinos suyos, que fueron dejados en libertad esa misma noche del día 18.

Las víctimas, que sufrieron atroces torturas antes de morir en Villa Grimaldi, fueron detenidas ante testigos en sus domicilios, o con otros familiares como en el caso de los Gallardo, o en sus lugares de trabajo. Todas estas personas fueron vistas todavía vivas por otros detenidos de ese centro de la DINA. Isabel Gallardo y su madre, en cuanto quedaron en libertad, iniciaron de inmediato las gestiones por sus seres queridos ante el Comité Pro Paz, sustentado por las iglesias cristianas, pero el 19 de noviembre de 1975 se llevaron la sorpresa de ver y escuchar al hombre ancla del noticiario estelar de TVN, Julio López Blanco, en cuclillas desde el entonces fundo La Rinconada de Maipú, al sur-oeste de Santiago, informando que sus familiares habían muerto allí, en un “violento enfrentamiento”. Como “prueba” irrefutable, López Blanco exhibió media docena de cápsulas o vainillas de proyectiles de uso militar.

El asesianto de cinco miembros de la familia Gallardo y de otros disidentes políticos de la dictadura fue investigado por la justicia del crimen, en el proceso judicial caratulado “Familia Gallardo-Gangas”, Rol 2.182-98, a cargo del juez Alejandro Solís Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también citó a declarar a López Blanco y al ex DINA Araya, entre otros. Según la acusación de Isabel Gallardo, Julio López Blanco, que actualmente trabaja en Mega visión, propiedad de Ricardo Claro, tuvo una actuación “mal intencionada y mentirosa, como se ha comprobado en el curso de la investigación judicial”. Claudio Sánchez, quien también trabaja en Megavisión, emitió un informe parecido por el Canal 13 de la Universidad Católica.

Incoherencias del género “periodismo de ficción”

“Están los testimonios del violento enfrentamiento: vainillas vacías, muchas vainillas vacías”, reportó el periodista Julio López, vestido con un impecable traje de lino blanco, en un lugar agreste, de vegetación baja, donde no se observan cadáveres, huellas de sangre o señal alguna de ningún “violento enfrentamiento”, excepto las cápsulas que enseñó a los televidentes. “Hay seis o siete [vainillas] aquí en este lugar y muchas otras más esparramadas por aquí en el cerro”, subrayó López Blanco. Más o menos una vainilla por cada víctima.

“Las últimas informaciones dicen que otros dos grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA”, continuó “informando” el periodista López. “Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil 2, donde Roberto Araya, en el mismo lugar donde cayeron los extremistas nos dará los nombres de ellos y otros antecedentes de este espectacular suceso”. Y aquí intervino el periodista-agente: “Este es el sitio exacto donde se produce la refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y los seis extremistas; como puede observarse, se ve a simple vista el lugar quemado, ello en atención a que Seguridad debió echar granadas para sacar desde aquí a los extremistas parapetados”.

Araya muestra el lugar donde la DINA habría lanzado granadas: “Aquí están las vainillas, incluso puede observarse una caja de cartuchos, aquí hay una marca que se hizo posteriormente, para marcar donde cayó uno de ellos”. Este periodismo de ficción articulado por la DINA a través de “la televisión de todos los chilenos” era de tan mala calidad y mentía tan impunemente que el agente Araya habló de una refriega entre fuerzas de seguridad de la DINA y [los] seis extremistas pero luego leyó siete nombres de su propia lista de muertos. Es decir, hubo siete muertos en una refriega en que sólo participaron seis supuestos “extremistas”.

El responsable del noticiario estelar de TVN era el director de prensa Vicente Pérez Zurita, mientras la gerencia general del canal del Estado la ejercía Manfredo Mayol Durán, también periodista. Claudio Sánchez Venegas hizo un despacho similar “en vivo” por la señal de Canal 13 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La fiscal del juicio ético, Doris Jiménez, obtuvo un video del reportaje de menos de tres minutos que fue proporcionado por TVN a los tribunales de justicia, pero Canal 13 no quiso facilitar la transmisión que realizó Claudio Sánchez. “Al respecto y una vez revisados los archivos audiovisuales de Canal 13 advertimos que sólo existe sobre el particular una nota realizada por el periodista don Claudio Sánchez, quien aparece también en pantalla”, dice una carta dirigida al TRED, el 2 de octubre de 2006, por Eliana Rozas Ortúzar, entonces directora ejecutiva de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica. El jefe máximo de la Iglesia Católica, el Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Javier Errázuriz, no respondió a los requerimientos del Colegio de Periodistas.

Rozas involucró a Sánchez en el montaje comunicacional, pero rehusó facilitar el video aduciendo un juicio laboral entre el periodista y la estación de TV, a menos que “el Sr. Sánchez acepte de manera fehaciente su total acuerdo a que el material sea facilitado, eximiendo a Canal 13 de toda responsabilidad por dicha entrega”. Sánchez no colaboró con la investigación del tribunal metropolitano y rehusó concurrir a declarar, a diferencia de los demás imputados, quienes sí reconocieron la tuición del Colegio de Periodistas sobre la conducta ética de sus afiliados. En definitiva, Sánchez fue sancionado por no colaborar con la investigación sobre su propia conducta ética.

Seis asesinos procesados por el crimen

El ministro Solís Muñoz estableció el 27 de febrero de 2006 que el asesinato múltiple se produjo el 19 de noviembre, el mismo día de la transmisión del montaje comunicacional, y sometió a proceso por este crimen a Juan Manuel Contreras Sepúlveda, el jefe de la DINA, y a sus subalternos Marcelo Luis Morén Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Basclay Zapata Reyes, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, todos del Ejército, “en calidad de autores de los delitos de homicidio calificado que contempla el artículo 391 N° 1 del Código Penal”. Todos estos militares son responsables de numerosos otros asesinatos de opositores a la dictadura y están implicados en decenas de juicios.

Araya declaró abiertamente que fue un agente transmutado en “periodista” gracias a su compadre Manuel Contreras, el entonces jefe de la DINA, y a un cursillo de “corresponsales de guerra” del Ejército, según su declaración ante la periodista Doris Jiménez, quien actuó como fiscal, designada por el TRED para investigar la denuncia de Isabel Gallardo. Araya relató en el expediente que su compadre Contreras lo introdujo en TVN para manejar la propaganda de la represión, con más poder incluso que Pérez, el jefe de prensa, y que Mayol, el gerente general. Las declaraciones de estos jefes sorprenden, porque ahora indican que sus cargos eran nominales, aunque se supone que cobraban puntualmente sus salarios, pero en la práctica no tenían idea de qué ocurría bajo sus narices. Pérez, que también fue jefe de prensa de Canal 13, se dedica hoy a enseñar… periodismo.

La amistad de Araya con Contreras nació en el puerto de San Antonio donde se desempeñaba como locutor de un programa de tangos de la radioemisora local, mientras el futuro fundador de la DINA ejercía la jefatura del regimiento Tejas Verdes, donde también se cometieron numerosos asesinatos de presos políticos. Los tribunales del crimen establecieron que Araya entregó a la DINA nombres, domicilios y datos de dirigentes de estibadores y supuestos izquierdistas del puerto de San Antonio para su posterior detención y eliminación.

“Desearíamos que esos periodistas, no sólo fueran repudiados por sus pares sino también por la sociedad toda; por su conducta indecente y vergonzante comparada con la de otros valientes periodistas que dieron incluso la vida, por reflejar la verdad de los hechos”, aseguró Isabel Gallardo al conocer el fallo. También insistió en la culpabilidad penal “del jefe de la Policía de Investigaciones de Chile en 1975, el general en retiro Ernesto Baeza Michelsen, y el personal a su cargo; a parte de los funcionarios civiles y militares de la EX DINA, sometidos a proceso en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 27 de febrero de 2006”. Añadió que “este fallo, que nos llegó justo el Día de la Madre, aunque solo emite una sanción moral, es un bálsamo que necesitábamos y ha sido altamente valorado por nuestras familias”.

Los cinco periodistas afectados fueron notificados del fallo el 12 de mayo. Tienen 15 días para apelar ante la instancia superior, el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (TRINED) del Colegio.

En la resolución de primera instancia figuran militares (R) poco conocidos en la represión, aparte del “repetido” ex jefe de la DINA, Manuel Contreras. En la sentencia aparece mencionado como “espectador” de torturas el periodista Roberto Araya.

Uno de los episodios de la represión menos conocido públicamente, aquel del campo de concentración de Tejas Verdes en la Quinta Región, en el cual continúan apareciendo militares que hacen su "estreno en sociedad", comienza a ingresar en su última etapa a cargo del juez Alejandro Solís.

Ayer el magistrado dictó una nueva condena en contra de seis oficiales (R) de Ejército y Policía de Investigaciones, por el secuestro y desaparición en diciembre de 1973 desde ese lugar del militante comunista Miguel Heredia Vásquez.

Los 15 años de presidio para el ex jefe de la DINA Manuel Contreras en calidad de autor del secuestro y desaparición de Heredia, aparecen sin embargo irrelevantes para alguien como Contreras que ya suma dos condenas perpetuas por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, más otra cantidad de años por otras sentencias que sobrepasan los 100 años y que sin duda indica que el "Mamo" no volvería a conocer la libertad y morirá en prisión.

Los otros sentenciados son los tenientes coroneles (R) David Miranda Monardes, ex fiscal militar en Tejas Verdes, Raúl Quintana Salazar, y los coroneles Claudio Kossiel Hornig, más conocido entre sus pares por "el alemán al que se le pegan las erre", y Vittorio Orvieto Tiplitzky, quien era el médico militar de ese campo y a quien correspondía verificar el estado de salud de los prisioneros para dar el visto bueno si se les podía o no seguir aplicando la tortura.

Todos ellos fueron condenados a cinco años y un día de presidio, también en calidad de coautores del secuestro y desaparición de Heredia.

La novedad de esta resolución es que en ella el ex conscripto y ex prisionero Arturo Farías Vargas denuncia que las torturas que le aplicaron en Tejas Verdes fueron en presencia de Contreras, Kossiel y otros, también reconoció como "espectador" al periodista y ex agente de la DINA Roberto Araya, que hace poco fue expulsado del Colegio de Periodistas por su participación junto a sus colegas Claudio Sánchez, Julio López Blanco y otros, en el montaje del caso llamado Rinconada de Maipú, por el cual el abogado Hugo Gutiérrez pidió el procesamiento de todos estos profesionales de la prensa.

Araya fue el brazo derecho de Contreras en San Antonio cuando el "Mamo", todavía con el grado de teniente coronel, asumió la comandancia en jefe de la zona de estado de emergencia en la provincia de San Antonio, apenas producido el golpe militar. Desde el campo de prisioneros de Tejas Verdes desaparecieron también ciudadanos extranjeros, entre ellos dos uruguayos.

Allí se aplicó además la conocida "ley de fuga", por el cual se justificó el asesinato de prisioneros, por ejemplo, el de un grupo de dirigentes sindicales portuarios.

En la sentencia el ministro Solís establece pormenorizadamente la trayectoria de los ex prisioneros al interior del campo, así como los lugares en los cuales se les torturaba.

El coronel (R) Claudio Kossiel emerge a partir de los sucesos de Tejas Verdes como un "ilustre desconocido", pero que es reconocido por ex detenidos como uno de los oficiales más crueles en ese recinto.

Condena Civil

En su dictamen el ministro Alejandro Solís condenó además a los sentenciados a pagar la suma de 50 millones de pesos a los familiares de Miguel Heredia por concepto de daño moral y psicológico.

De esta manera el juez Solís acogió la demanda civil interpuesta por los parientes de Heredia en el marco de la investigación criminal.

El monto de dinero estipulado por el magistrado deberá ser pagado por los condenados “en forma solidaria”, vale decir, la cantidad debe ser enterada entre todos los sentenciados.

Carlos Araya fue encartado por el montaje en el denominado caso Rinconada de Maipú en el que fueron asesinados cuatro personas. El profesional quedó libre tras pagar una fianza.

Previo pago de una fianza de $200 mil, el periodista y ex jefe de prensa de TVN Carlos Roberto Araya Silva recobró su libertad luego que el ministro en visita Alejandro Solís lo procesara como encubridor de una violación a los derechos humanos perpetrada por agentes del Estado el 19 de noviembre de 1975.

El juez detalló el montaje en el denominado caso Rinconada de Maipú en el que fueron asesinados Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga.

Solís logró establecer que el 17 de noviembre de ese año fueron detenidos todos los integrantes de la familia Gallardo, tras lo cual fueron trasladados al Cuartel de Investigaciones de calle General Mackenna donde fueron interrogados y torturados.

"En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de 'Villa Grimaldi'", dice el fallo.

Asimismo se detalla que ese día se detuvo a Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados hasta el mismo recinto y tras torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto".

Durante la indagatoria se acreditó que un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de "un enfrentamiento" en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto estas personas, pero se esclareció que todo se trató de "un montaje" para ocultar lo que las muertes y torturas cometidas por los agentes, además de lograr la "impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA".

El Mostrador

31 de Enero 2012

Ministro Solís procesa a periodista implicado en montaje para encubrir crimen de embarazada

Se trata de Carlos Roberto Araya Silva, quien en noviembre de 1975 habría sido pieza clave para que la prensa de entonces difundiera el supuesto enfrentamiento donde fueron abatidos los “extremistas” Mónica Pacheco, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Luis Andrés Ganga Torres, quienes en realidad -se determinó- perecieron en Villa Grimaldi a manos de torturadores.

El 19 de noviembre del 1975 Televisión Nacional y Canal 13 transmitieron “en directo desde el lugar de los hechos” la nota sobre un enfrentamiento entre supuestos “extremistas”, quienes resultaron abatidos por fuerzas de seguridad en los cerros de la Rinconada de Maipú.

Agentes de la DINA fueron a buscar a los periodistas para que cubrieran el caso que fue difusamente abordado en publicaciones de ese tiempo. Carlos Roberto Araya Silva, cercano a Manuel Contreras y que trabajaba en TVN gracias a su vínculo con los militares fue clave en la difusión de los hechos.También acudieron Julio López Blanco y Claudio Sánchez.

El comunicado de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) y que fue el centro de la información difundida por los profesionales, señalaba que al medio día “en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de 30 minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”.

Entre los subversivos que fallecieron en medio del supuesto tiroteo figuraba una profesora de educación básica de nombre Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de entonces 25 años y embarazada de tres meses.

Más de 36 años después, el ministro en visita Alejandro Solís Muñoz, sometió a proceso a Carlos Roberto Araya Silva como encubridor de lo que en verdad fue el homicidio de Mónica Pacheco, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Luis Andrés Ganga Torres.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación el grupo falleció en Villa Grimaldi y lo divulgado por la prensa correspondió a un “montaje para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N°2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N°3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.

El 2007 Araya había sido sancionado por el Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas.

Al periodista se le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos.

Se trata de Carlos Roberto Araya Silva, quien en noviembre de 1975 habría sido pieza clave para que la prensa de entonces difundiera el supuesto enfrentamiento donde fueron abatidos los “extremistas” Mónica Pacheco, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Luis Andrés Ganga Torres, quienes en realidad -se determinó- perecieron en Villa Grimaldi a manos de torturadores.

El 19 de noviembre del 1975 Televisión Nacional y Canal 13 transmitieron “en directo desde el lugar de los hechos” la nota sobre un enfrentamiento entre supuestos “extremistas”, quienes resultaron abatidos por fuerzas de seguridad en los cerros de la Rinconada de Maipú.

Agentes de la DINA fueron a buscar a los periodistas para que cubrieran el caso que fue difusamente abordado en publicaciones de ese tiempo. Carlos Roberto Araya Silva, cercano a Manuel Contreras y que trabajaba en TVN gracias a su vínculo con los militares fue clave en la difusión de los hechos.También acudieron Julio López Blanco y Claudio Sánchez.

El comunicado de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) y que fue el centro de la información difundida por los profesionales, señalaba que al medio día “en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de 30 minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”.

Entre los subversivos que fallecieron en medio del supuesto tiroteo figuraba una profesora de educación básica de nombre Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de entonces 25 años y embarazada de tres meses.

Más de 36 años después, el ministro en visita Alejandro Solís Muñoz, sometió a proceso a Carlos Roberto Araya Silva como encubridor de lo que en verdad fue el homicidio de Mónica Pacheco, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Luis Andrés Ganga Torres.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación el grupo falleció en Villa Grimaldi y lo divulgado por la prensa correspondió a un “montaje para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N°2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N°3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.

El 2007 Araya había sido sancionado por el Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas.

Al periodista se le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos.

Araya Silva era un simple locutor en San Antonio. Ahí conoció al "Mamo" Contreras antes del golpe. Este lo envió a TVN donde llegó a leer en el noticiero central. Y a apoyar los montajes y los crimenes de la DINA a través de los noticieros. Para el ex vocero de gobierno Francisco Vidal “esto era la dictadura, donde no sólo asesinaban sino también encubrían casos y engañaban a la ciudadanía contándoles otra cosa”. Revise en exclusiva el fallo del Colegio de Periodistas emitido tras la investigación hecha a petición de los familiares de las víctimas

El ministro en visita Alejandro Solís dictó procesamiento contra el periodista y ex jefe de prensa de TVN, Roberto Araya Silva como encubridor de los asesinatos de militantes del MIR y el PC en 1975.

El hecho se refiere a los homicidios de Alberto Gallardo Pacheco, militante del PC; Catalina Gallardo Moreno, militante del MIR; Mónica Pacheco Sánchez, militante del MIR que tenía tres meses de embarazo; y Luis Andrés Ganga Torres, militante del MIR.

Todos ellos fueron ejecutados en el sector de Rinconada de Maipú el 19 de noviembre de 1975.

El caso

El 19 de noviembre del 1975 Televisión Nacional y Canal 13 transmitieron "desde el lugar de los hechos", según dice el informe judicial, la nota sobre un enfrentamiento entre supuestos "extremistas", quienes resultaron abatidos por fuerzas de seguridad en los cerros de la Rinconada de Maipú.

Agentes de la DINA fueron a buscar a los periodistas a los respectivos canales para que cubrieran el caso que fue profusamente abordado en publicaciones de la prensa escrita de ese tiempo.

Roberto Araya Silva, quien según recuerdan los que lo conocieron, se vanagloriaba de su cercanía y amistad con el entonces coronel Manuel Contreras, a la sazón director de la DINA, y que trabajaba en TVN. Gracias a su vínculo con los militares, fue clave en la difusión de los deleznables hechos.

Araya Silva era un locutor de una radio de San Antonio, y ahí conoció antes del golpe al que sería después de la asonada golpista, el jefe de la policia secreta de Pinochet. El "Mamo" Contreras era el jefe del regimiento Tejas Verdes de Llolleo. De ese cargo militar saltó a la DINA, y luego ascendido a general.

Cuando Contreras empezó a tener más poder en la dictadura, llamó a Roberto Araya Silva para que se hiciera cargo de la seguridad de TVN. En su oficina, Silva tenía "una lista negra" de artistas, funcionarios y personal que no podía trabajar en ese canal. Luego el mismo Silva, comenzó a tomar distintos controles del canal y comenzó a salir en pantalla: leía en el noticiero central, los cables internacionales que llegaban a la sala de teletipos, mientras el periodista Julio López Blanco (actual asesor comunicacional en el municipio de Huechuraba) era el periodista "ancla" del informativo.

Araya Silva no estudió periodismo. Se había colegiado en la institución que cobija a los periodistas por un sistema especial de colegiatura.

Investigación del Colegio de Periodistas

Una de las aristas importantes que se conoció de este hecho fue la investigación hecha por el Colegio de Periodistas, a petición de las familias de los asesinados.

En el fallo que investigó los hechos, se relata que hubo un comunicado emitido por la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) de la dicctadura sobre el supuesto caso de Rinconada de Maipú: "El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, consignado ante el juez Solís, indica que en la tarde del día 19 fue difundido al país un comunicado de la DINACOS dando cuenta hechos ocurridos en la calle Bío Bío (se refiere a los supuestos enfrentamientos ocurridos en la Escuela Nº 5, el día 17 de noviembre de 1975, donde fue muerto Roberto Gallardo Moreno) y se indicó que a partir de ellos "la DINA en conjunto con la policia de Investigaciones comenzaron a realizar numerosas diligencias que permitieron seguir la pista del grupo de asaltantes hasta los cerros de la Rinconada de Maipú, donde a las 12 horas se registró un violento enfrentamiento a tiros por más de 30 minutos". Todo esto show comunicacional fue para encubrir la muerte por tortura de siete personas que habían sido asesinados horas antes en Villa Grimaldi, por funcionarios de la DINA.

Además, el escrito da cuenta que "parte del fundo en donde suceden los hechos, de propiedad de la Universidad de Chile, fue usado primeramente por la DINA y luego por la CNI desde 1973 hasta 1989. Los campesinos indicaron que era habitual el desplazamiento de agentes por todo el fundo".

"Esta información (el comunicado de DINACOS) habría sido publicada, entre los días 19 y 20 de noviembre de 1975, en casi todos los medios de comunicación legales en dicha época: escritos, radiales y de televisión. El dia 19, habría sido transmitido en el noticiero nocturno por Televisión Nacional de Chile, canal 7", indica el escrito.

El fallo del Colegio de Periodistas consigna el interrogatorio realizado por la Comisión de Etica a Roberto Araya Silva, asegurando que el periodista "señaló que se reconocía en las imágenes del video que se le presentó. Aseguró que recordaba el incidente y que creía que había sido por el año 74, fecha que fue corregida por la fiscal."

"Afirmó que en el fondo había una especie de convenio entre las fuerzas de seguridad del Ejército y los canales y los medios para poder actuar y solicitar gente cuando fuera necesario. Y agrega: 'Vivíamos en una época en que no valía la pena corroborar nada. ¿Para qué? Si le dicen "Señor aquí está, aquí tiene esto ¡trabaje!'. No había una disposición que en el ejercicio de la profesión nos permitiera a nosotros indagar, hacer preguntas", prosigue el informe.

Finalmente se concluye que "el organismo de seguridad conocido como DINA realizó -el 19 de noviembre de 1975- un montaje informativo para la televisión en el lugar denominado Rinconada de Maipú a fin de encubrir el asesinato por tortura de 7 personas en Villa Grimaldi, entre ellas una mujer con 3 meses de estado de gravidez. Que esta versión fue divulgada por DINACOS en todos los medios nacionales. Que en dicho montaje televisivo participaron los periodistas Julio López Blanco y Roberto Araya Silva, este último funcionario de la DINA, y un equipo de camarógrafos cuyos nombres no se conocen".

"Que todos los periodistas llamados como testigos declaran que sospechaban o estaban en conocimiento de que Roberto Araya Silva pertenecía a la DINA. Incluso, algunos testigos aseguran que este periodista tenía un gran poder al interior del Canal Nacional y que incluso tenía autoridad como para vetar personas. Igualmente, indican que Araya Silva no parecía ser un periodista profesional y que, sin embargo, estuvo a cargo de la sección internacional del noticiario".

Posteriormente el inculpado llegó a ocupar el cargo de Director de Prensa del canal estatal. Es más, Silva tuvo tres cargos al unísono en el canal: era el jefe de Seguridad, Jefe de Prensa y el lector de las informaciones internacional en el noticiero "Sesenta Minutos" de la red estatal

"Esto era la dictadura"

Tras este caso, Araya se convierte en el primer periodista que es expulsado del Colegio en toda su historia y procesado por violar los derechos humanos, que en este caso se ven reflejados al ocultar asesinatos.

Para el actual presidente de la entidad, Marcelo Castillo "el tribunal ha sido razonable en velar por las víctimas de esta complicidad que tuvo Roberto Araya con la DINA".

En diálogo con Cambio21 agregó que "ellos formaron parte de un encubrimiento y deben pagar por aquello, y creo que fue positivo el hecho que se expulsara al menos a Araya del Colegio".

Finalmente indicó que "aunque pienso que aún existen muchos civiles que tuvieron responsabilidad durante la dictadura y siguen libres como si nada".

Roberto Araya Silva debe ser uno de los pocos civiles (sino el único) que ha sido procesado por los crimenes cometidos por la DINA.

Por su parte, el ex vocero de gobierno y ex ministro de Defensa Francisco Vidal indicó a Cambio21 que "la justicia tiene que seguir avanzando en temas de violación a los derechos humanos, y esto es un claro ejemplo de aquello".

A ello agregó que "incluso cuando fui parte del directorio de TVN, analizamos el tema de los periodistas que se prestaban para encubrir casos de asesinato en dictadura, por eso que la expulsión encuentro que fue la mejor opción".
Francisco Vidal insistió en que "esto era la dictadura, donde no sólo asesinaban sino también encubrían casos y engañaban a la ciudadanía contándoles otra cosa".

El ex ministro dice que este fallo ratifica que no sólo TVN realizó montajes periodísticos en la dictadura sino que también, los medios escritos y los canales de televisión, le dieron cobertura y tuvieron complicidad en decenas de crimenes cometidos durante el regimen militar

Carlos Roberto Araya Silva fue cómplice junto a Julio López Blanco, quien hace poco era rostro de Mega, de haber protagonizado el encubrimiento de la matanza de 6 persones en Rinconada de Maipú en 1975. Una de las víctimas estaba embarazada. Hasta ahora la única sanción recibida por Araya Silva es la expulsión del Colegio de Periodistas el 2007.

El ex periodista Carlos Roberto Araya Silva fue sometido a proceso como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 19 de noviembre de 1975.

Según informó el Poder Judicial (PJ) el 31 de enero de este año, la investigación del juez Alejandro Solís Muñoz estableció que Carlos Roberto Araya y Julio López Blanco fueron convocados por la Dirección Nacional de Informaciones (DINA), policía secreta de Pinochet para emitir notas en televisión que presentaran como enfrentamiento el asesinato de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Luís Andrés Ganga, Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, quien llevaba en su vientre una criatura de 3 meses.

Algunas de las personas asesinadas eran familiares y habían sido detenidas por la DINA días anteriores.

Según el documento de tribunales “el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento en calle Bío Bío [Santiago] donde resultaron muertos un militar y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno. El 18 de noviembre fueron detenidos en sus domicilios todos los integrantes de la familia Gallardo y conducidos hasta el cuartel [general] de Investigaciones [hoy Policía de Investigaciones (PDI)], en calle General Mackenna, donde fueron interrogados y torturados. En la madrugada del 19 de noviembre fueron liberados algunos de los miembros de la familia, a excepción de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [embarazada de 3 meses], quienes fueron puestos a disposición de la DINA y trasladados hasta el recinto de Villa Grimaldi”.

Todos los detenidos, incluidos dos sobrinos menores de edad de Pacheco Sánchez, fueron interrogados por el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza Michelson, quien les dijo que los dejaba en libertad. Pero era mentira.

“En la madrugada del 19 de noviembre –prosiguió el informe oficial del PJ-, fue detenida Ester Torres junto a tres de sus hijos, Renato, Mauricio y Francisco Javier Ganga, por agentes de la DINA que buscaban a su hijo mayor Luís Andrés Ganga y fueron llevados a Villa Grimaldi; después de ser torturados e interrogados se obtuvo el dato del paradero de Luís Andrés, quien fue aprehendido momentos más tarde y conducido a ese recinto, donde fue torturado”.

“Testigos que se encontraban detenidos en Villa Grimaldi declaran que ésa fue la peor de todas las noches, describen un gran movimiento de autos, escucharon a los agentes pidiendo agua y aceite caliente y gritos de lamento de los torturados. Al otro día se observó en el patio, tirados en el suelo, varios cadáveres y en una pieza a dos mujeres, Catalina y Mónica, en muy malas condiciones físicas. En la tarde del 19 de noviembre un comunicado de prensa del Gobierno dio cuenta de un enfrentamiento en los cerros de la Rinconada de Maipú, en el que habrían muerto Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez [y su criatura no nata de 3 meses], Luís Andrés Ganga y otros dos hombres [alusión a Manuel Reyes Garrido y Pedro Cortes Jeldres, cuyos casos se investigaron en otra causa].

“En realidad –prosigue la publicación oficial del PJ-, se realizó un “montaje” para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N° 2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N° 3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.

El juez Solís fue indulgente con Araya: le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos, unos 400 dólares.

A DÚO CON JULIO LÓPEZ BLANCO

Con la colaboración de varios periodistas y los más importantes medios de comunicación de la época, estos asesinatos perpetrados en la Villa Grimaldi fueron disfrazados como “bajas terroristas” de un falso enfrentamiento escenificado en el lado opuesto de la ciudad, en el fundo experimental Rinconada de Maipú, entonces un predio agrícola del oeste de Santiago, camino al aeropuerto Pudahuel, arrebatado por los servicios de represión de la dictadura a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

Araya Silva y Julio López Blanco, otro periodista de Canal 7-TVN, hicieron un reportaje a dúo con el libreto de la Dirección Nacional de Comunicaciones (Dinacos) en el escenario dispuesto por la DINA: “En los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de treinta minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”- fue lo que dijeron esa vez.

A la par la cámara mostraba a un López encuclillado y ataviado con un impecable traje de lino blanco exhibiendo cápsulas de utilería de balas supuestamente percutadas en la contienda, Araya brincaba entre pequeños arbustos balbuceando dónde operaron los protagonistas del “enfrentamiento”.

No mostraron nada parecido a huellas de sangre, ni siquiera salsa de tomates, tampoco había cadáveres, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y el pasto ralo de una suave ladera.

El jefe de Prensa de Canal 7-TVN y superior de Araya y Blanco era Vicente Pérez Zurita, formado en la Universidad Católica, quien se desempeña como profesor de en varias universidades privadas donde enseña “Nuevo Periodismo” y Ética Periodística. Por encima de todos, en la jerarquía de TVN estaba el director general Manfredo Mayol Durán, otro periodista con información universitaria.

Claudio Sánchez Venegas, otro periodista formado en la Universidad Católica, también escenificó in situ el reportaje exclusivo con el libreto DINA-Dinacos para la Corporación de TV Canal 13, de la Pontificia Universidad Católica, que hoy pertenece al Grupo Luksic en 66%.

Toda la prensa repitió el mismo guión, comenzando por los diarios de Agustín Edwards, El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias, etc., y Copesa, la otra rama del duopolio del papel impreso, hizo lo mismo en La Tercera, revista Qué Pasa y lo hicieron todos los medios del país.

EXPULSIÓN Y SANCIONES DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

Veinticinco años después del montaje periodístico DINA-Dinacos, en 2007, y mientras el ministro Solís llevaba adelante el proceso judicial penal por los homicidios, Isabel Gallardo, de la familia más afectada por la matanza, se dirigió al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas.

Doris Jiménez, la fiscal designada por el Tribunal Regional Metropolitano (TRED), después de entrevistar testigos y a cada uno de los protagonistas del montaje –excepto a Claudio Sánchez, que no acató la citación de la Orden, pidió la expulsión y censura pública de Carlos Alberto Araya Silva, censura pública más suspensión por un año de la Orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez Venegas: y un año de suspensión de la Orden para Vicente Pérez Zurita y Manfredo Mayol Durán.

El fallo del TRED fue ratificado por la instancia superior del Colegio, el Tribunal Nacional (Trined), pero Claudio Sánchez se dirigió a la Corte de Apelaciones del Poder Judicial, que en 2008 ratificó la sentencia de los tribunales éticos del periodismo, tal como ocurrió en enero de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo ético que expulsó de por vida del Colegio de Periodistas a Manuel Fuentes Wendling, otro periodista de derecha que se dedicó a delatar a sus colegas izquierdistas que veía en la calle desde las páginas de La Segunda. El único paso que le faltaba al Colegio era pedir el perdón de los familiares de las víctimas calumniadas por el montaje.

Tras el fracaso de Claudio Sánchez ante la Corte de Apelaciones, el Colegio tomó la decisión de honrar la memoria de las víctimas en presencia de sus familiares. El 21 de junio de 2008, convocó a los familiares de 125 víctimas de montajes periodísticos, “Los 119” del caso “Operación Colombo” y las 6 de “La Rinconada de Maipú”.

El entonces presidente nacional de la Orden, Luis Conejeros, encabezó la ceremonia y explicó el sentido del gesto aún pendiente, junto a Juanita Rojas, presidenta del Trined, y Alfredo Taborga, presidente del Tribunal Regional Santiago, quienes explicaron el procedimiento ético-disciplinario. Hablaron, además, Isabel Gallardo, familiar de tres de las seis víctimas de “La Rinconada de Maipú”, y Roberto D’Orival, del Colectivo de Familiares y Compañeros de “Los 119″ y hermano de una de las víctimas.

¿QUIÉN ES CARLOS ROBERTO ARAYA SILVA?

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Araya era locutor de radio Sargento Aldea en la ciudad-puerto de San Antonio y propietario del periódico El Pelícano. Tras el golpe derrochó energías en delatar por las ondas hertzianas a toda clase de dirigentes (as) sindicales, sociales y políticos del puerto más importante del país.

Se hizo amigo del entonces coronel de ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, jefe del cercano Regimiento Tejas Verde, también transformado en prisión, campo de torturas y centro de exterminio incluso días antes del golpe por el imperio de la “Ley de Control de Armas”, aprobada por el Congreso hostil a Salvador Allende el 21 de octubre de 1972 como Ley 17.798.

Esta legislación concedió a todas las ramas castrenses atribuciones propias de las policías, por imposición de la mayoría del Congreso, encabezada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y autor de la iniciativa, la que fue concebida para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular y, de paso, medir la reacción psicológica de trabajadores enfrentados abruptamente a violentos allanamientos practicados por personal armado del ejército, marina y aviación que invocaron la nueva ley en busca de supuestos “arsenales populares”, muchas veces con resultados de muertes selectivas y sin encontrar los buscadas arsenales de armas que no existían.

La idea de los enemigos civiles y uniformados de Allende era medir hasta dónde llegaría la lealtad de los trabajadores en defensa del gobierno legítimo en el poder. A escala, y con las debidas diferencias, esa ley de armas tuvo un rol psicológico de propaganda comparable a las ficticias “armas de destrucción masiva” con que EEUU justificó su inútil invasión y guerra en Irak iniciada en 2003.

Contreras Sepúlveda, quien cumple prisión de por vida por centenares de crímenes, fue el fundador y director de la DINA, cuyo enorme poder logró transmutar al locutor de provincia en “periodista”, a quien introdujo como hombre de confianza en la televisión pública, Canal 7-TVN.

Araya logró afiliarse al Colegio de Periodistas, manejado bajo la dictadura por el PDC –que como aliado de Pinochet también ocupó cargos menores de gobierno- y presidido entonces por Carlos Sepúlveda Vergara (fallecido), quien a la vez fungía de director de “La Patria”, fugaz sustituto castrense de La Nación, el tradicional diario chileno de los gobiernos de turno, hoy desaparecido por voluntad de Piñera. Las reuniones del Consejo Nacional del Colegio se realizaban en las oficinas de Sepúlveda Vergara en La Patria.

Araya, un hombre sin estudios medios completos, carente de vocación por la noticia y la verdad, en rigor carece de la formación cultural mínima para ejercer esta profesión considerada la más antigua del mundo, al igual que “la otra”. Su pedigrí lo asemeja más a un esbirro.

EL PERIODISTA TORTURADOR

En las 405 páginas de una sentencia del mismo magistrado Alejandro Solís Muñoz contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010, caratulado “Proceso Rol Nº 2.182-98, episodio denominado ‘Tejas Verdes’”, iniciado por querella interpuesta por numerosas víctimas, quedó constancia del “atestado de Carlos Roberto Araya Silva, de fojas 1634, quien expresa que el 11 de septiembre de 1973 era periodista y se desempeñaba como locutor en radio Sargento Aldea de San Antonio y que ese día, en atención a su profesión, fue movilizado por el comandante en jefe de la Guarnición, el Teniente Coronel Manuel Contreras para relaciones públicas e informaciones, funcionando en una oficina del primer piso de la Escuela de Ingenieros.

Señala que supo de la existencia de un “campamento de detenidos” debajo del puente pero no lo conoció; presenció interrogatorios de detenidos en las oficinas del primer piso pero no vio torturar. No sabe de interrogatorios en el casino de Oficiales pero que no significa que no haya habido. El Director de la Escuela era Manuel Contreras y le seguía en grado Jorge Núñez Magallanes”.

En el mismo proceso declaró la víctima Onofre Segundo Aguila Parra: “Desconozco quien me torturó, toda vez que estaba con la vista vendada, pero si reconocí la voz de uno de mis torturadores, Roberto Araya Silva, periodista, Director de la radio Sargento Aldea, él era Suboficial de reserva, hacía transmisiones por la radio, además, vivía en la zona, su voz era conocida”.

Otra víctima, Arturo Florencio Farías Vargas, declaró: “…en esta sesión de tortura se encontraban Manuel Contreras, Jara Seguel, Klaudio Kosiel, un locutor de la radio Sargento Aldea, cuyo nombre era Roberto Araya Silva, y cuando me ahogaba con la capucha que tenía puesta me la quitaban y un doctor, Vittorio Orvieto, me revisaba y me decía que yo no me estaba ahogando y me mostraba lo que era ahogarse colocándome una bolsa de nylon en la cabeza, lo que se llamaba “submarino seco”; todas las personas que acabo de mencionar las conocía desde que hice el servicio militar, [tras] este interrogatorio que debe haber durado unas seis horas, soy trasladado junto a Héctor [su primo Héctor Farías] a la cárcel en calidad de incomunicado…

María Cecilia Rojas Silva, estudiante del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica de San Antonio e inspectora del Liceo Fiscal, estuvo presa en Tejas Verdes, donde la torturaron, la manosearon y le introdujeron objetos en la vagina, situación que relató a algunas compañeras de trabajo. El documento judicial describe que “…a una de ellas la pasó a buscar su marido en auto y al interior de éste estaba Roberto Araya Silva, quien era dueño del periódico “El Pelícano”, al que le comentó lo que ella [María Cecilia] le había referido. Al día siguiente, 30 de noviembre [1973], se presentaron en su casa [de María Cecilia] dos sujetos quienes la subieron a una camioneta y la llevan [nuevamente] al Regimiento Tejas Verdes, ingresándola a una oficina donde se encontraba Jara Seguel quien le reprochó lo que ella había comentado, le señala que le harían un Consejo de Guerra y le indica que es Manuel Contreras quien decidirá sobre si queda o no detenida. Este último, al llegar, la deja detenida y es ingresada nuevamente al campamento de detenidos”.

Raúl Quintana Salazar, un subteniente de reserva que se desempeñó en Tejas Verdes, declaró ante el juez Solis: “Roberto Araya, era periodista, director de la radio Sargento Aldea de San Antonio y corresponsal de guerra con el grado de Teniente, en una ocasión lo vi en el casino de oficiales; este señor leía los bandos por la radio”.

En el proceso consta que Quintana Salazar ratificó íntegramente su declaración judicial prestada con fecha 11 de Abril de 2003 (354) y señaló: “Como ya manifesté en su oportunidad, para el 11 de septiembre de 1973 ostentaba el grado de Subteniente de Reserva, por lo cual para esta fecha fui a presentarme a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, comenzando a desempeñar funciones como contador en la administración de fondos e integrar los roles de guardia. Fui asignado al mando del Mayor David Miranda, quien se desempeñaba como Fiscal Militar y como encargado de personal. Mis labores de guardia la desempeñaba en el cuartel N° 1 que era la Escuela y en el cuartel N° 2, el parque de materiales, en este sector se instaló un “campamento de prisioneros políticos”. Los turnos que desempeñaba en el cuartel N° 2… se desarrollaban cada 24 horas, donde entraba una guardia completa, la misión de la guardia era dar seguridad a todo el perímetro donde se encontraba situado el campamento de detenidos, impedir que ingresara gente extraña y, a su vez, que hubiese fuga de detenidos. Teníamos que preocuparnos de necesidades logísticas tanto como del personal de conscriptos como de los detenidos, como, por ejemplo, que la alimentación llegara en su momento, el abastecimiento de agua potable, que funcionara el alumbrado. Los ingresos de los detenidos al campamento de detenidos venían documentados desde la Fiscalía Militar, pero en el campo mismo la guardia no llevaba un registro de los detenidos…”.

Señores Directorio TVN
Presentes:
Como familiares sobrevivientes del Montaje comunicacional denominado “Rinconada de Maipú” y con motivo de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, hemos estado observando cómo los canales de televisión han incorporado en su parrilla programática, una serie de reportajes, programas especiales, encuentros, etc. que dan cuenta de la situación pasada y presente respecto de las violaciones de Derechos Humanos. Hechos importantes como el cara a cara del Ex Comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre con Ernesto Lejderman Ávalos, hijo de una pareja extranjera asesinada en nuestro país, dan cuenta de una apertura nunca antes vista en la televisión chilena. Sin embargo, es necesario recordar que el rol de la televisión chilena durante la dictadura fue en muchos casos pasivo y cómplice; y tiene a su haber además, acciones que deben ser asumidas de manera integral desde una perspectiva institucional.

El 19 de noviembre de 1975 los periodistas Julio López Blanco y Carlos Roberto Araya Silva -ambos periodistas de TVN- trasmiten la noticia de que un grupo de subversivos se han enfrentado a Fuerzas de Seguridad del régimen militar parapetándose en los cerros de Rinconada de Maipú. Se detalla en la noticia los nombres, edades y apodos de los extremistas. Durante la nota la cámara muestra en el sitio del suceso, diversas “pruebas” que apuntan a la responsabilidad de los individuos en los hechos. El gran problema es que todo lo presentado en esta noticia es completamente FALSO. El 18 de noviembre de 1975 es tomada detenida toda nuestra Familia incluyendo a dos niños, una de 9 años y el otro de 6 meses de edad; llevándonos al Cuartel de Investigaciones –actual PDI- ubicado en General Mackenna. Desde este lugar son enviados hacia Villa Grimaldi: Catalina Gallardo Moreno, Alberto Gallardo Pacheco y Mónica Pacheco Sánchez. Luego de pasar una noche de horror, nuestros familiares fueron torturados hasta la muerte, según consta en declaraciones de testigos en los expedientes judiciales y en los informes de las comisiones Rettig y Valech.

Por estos hechos el Colegio de Periodistas de Chile en junio de 2008, después de una exhaustiva investigación de su Comité de Ética y Disciplina, realizó un acto de disculpas públicas hacia los sobrevivientes por el accionar inmoral de los periodistas involucrados en este y otro montaje periodístico denominado el “Caso de los 119”. Como familia valoramos altamente este gesto de desagravio realizado por parte del Colegio de Periodistas. Sin embargo, creemos que la gravedad de la falsedad divulgada hace que ese acto sea insuficiente. Tenemos claro que también existe una responsabilidad por parte de Televisión Nacional de Chile en la transmisión de esta noticia. Así como también, en que una vez pedidas las disculpas públicas por el Colegio de Periodistas, ningún medio televisivo diera cobertura a este gesto, quedando esta otra noticia en el más absoluto silencio, redoblando nuestra sensación de Impunidad.

Creemos que en el presente están dadas las condiciones para que cada institución se haga cargo de sus responsabilidades. En el caso de TVN, instamos a que se retransmita este Montaje periodístico; que se digan
las cosas como fueron y de esta forma podamos sentir como familiares de las víctimas que por fin se nos han pedido las correspondientes disculpas que merecemos. Necesitamos este acto para avanzar en un reencuentro social real. Actos concretos como este son los que nos hacen falta como sociedad para ir cerrando las heridas que nos produjo la Dictadura de Pinochet. Muchas han sido las voces que últimamente se han levantado para pedir “perdón”, pero muy pocos han sido capaces de realizar acciones que acompañen la palabra empeñada.

Estamos ante un contexto histórico irrepetible que puede abrirnos las puertas a mirar el futuro con otros ojos, pero eso no será posible si primero no nos hacemos cargo de nuestro pasado, con acciones generadas en el presente. Creemos que este es el verdadero camino para avanzar hacia un “Nunca Más” real, donde para garantizar los pilares de una Democracia sólida nuestro país exige a gritos “VERDAD Y JUSTICIA”. De la Justicia, sabemos que deben hacerse cargo los Tribunales, incluso durante el fin de semana recién pasado hemos visto a los magistrados pronunciarse sobre su responsabilidad en las violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura. En cuanto a la “Verdad”, son los Medios de Comunicación quienes tienen un rol privilegiado, un deber y una ética. En este contexto
como Familia nos preguntamos: ¿Tendrá la valentía el Canal de todos los Chilenos, de asumir la infamia de la que fueron cómplices sus antecesores o callarán redoblando un estado permanente de complicidad?

Se despiden atentamente de Uds., sobrevivientes de la Familia Gallardo.

Isabel Gallardo Moreno, Viviana Gallardo Magallán, Alberto Rodríguez Gallardo

Era el tiempo de una televisión de vedettes que salían con torturadores y de programas de entretenimiento. La TV era otro campo de batalla para los agentes de Pinochet y los “otros periodistas”. ¿Qué pasa cuando el Estado asesina ciudadanos y los reporteros, en vez de cubrir la noticia participan de un montaje? Aquí el recuerdo de una historia de indolencia.

Su sonrisa lo decía todo, micrófono en mano, trataba de cautivar a una audiencia temerosa de los terroristas y reacia a hacerse preguntas. Era noviembre de 1975 y la represión subía su tenor a punta de torturas y desapariciones. Claudio Sánchez se erigía como el periodista movilero del momento y al mismo tiempo, aquí y allá  se contaba la historia de una imagen: los detenidos apostados en las graderías del Estadio Nacional, hombres abatidos que apagaban el hambre con un cigarro. Sánchez aseguraba que allí se hacían ejercicios y que los prisioneros se divertían.

-¿La pasan muy mal los detenidos en el Estadio Nacional? ¿Están muy angustiados? No. Porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquestas-, remataba el periodista. Enseguida, se mostraba a los prisioneros cantando “El patito chiquito”, la canción icono de quienes apoyaban a Augusto Pinochet.

Cuando en los noventa se empezó a hablar del  “Montaje Rinconada de Maipú”, Claudio Sánchez, Carlos Araya Silva y Julio López Blanco comenzaron a ser investigados como posibles encubridores de estos crímenes. Una década después, Araya fue procesado durante la investigación del juez Alejandro Solís.   El caso fue dado a conocer a la opinión pública en junio del 2003 por el periodista Jorge Escalante, cuando la investigación ya estaba en curso.

Los ojos de Catalina

Isabel Gallardo tiene la piel blanca y una melena crespa que doma con una media cola. Está en el comedor de su casa y se frota las manos para capear una mañana fría en la comuna de Renca. Trae una bandeja con dos tazas de café y galletas de agua. Mientras reparte las cucharadas de azúcar, recuerda que Catalina, su hermana mayor, era vanidosa y le enseñaba modales como a caminar derecha equilibrándose sobre un tablón con pasos cortos.

Isabel la admiraba. “Tenía los ojos achinados pero oscuros y profundos y llevaba el pelo corto ‘a lo garçon’… Sus ojos eran muy lindos”, repite y bebe un sorbo de café al seco.

Isabel dice que Catalina estaba enamorada, se había casado y ya tenía al pequeño Alberto de seis meses, antes había sufrido una pérdida, por eso sentía que a los 29 años su felicidad estaba casi completa. Casi, porque a veces, “Cathy” sospechaba de esa racha de buena suerte.

-A mi hermana le arrancaron los ojos durante la tortura, le dejaron las cuencas vacías ¿sabía?- pregunta Isabel.

Ofelia, la madre, está a su lado, tiene 88 años, lleva  moño de pelo color ceniza y un aparato auditivo en el oído izquierdo. Recuerda que Alberto, su esposo, era un hombre grande y de sonrisa bonachona que trabajaba como tornero mecánico. Esa semana le tocó el turno de la noche.

Según los documentos de la investigación de Villa Grimaldi, el 17 de noviembre de 1975, se produjo un enfrentamiento entre miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR con algunos militares lo que terminó con la muerte de Hernán Salinas, un funcionario del ejército y Roberto Gallardo (hijo). Al día siguiente la policía de Investigaciones fue en la busca de los padres de Roberto. Se llevaron a Ofelia, Alberto (padre), sus hermanas Catalina, Isabel, a su cuñado Guillermo y sus sobrinos: el pequeño Alberto y a Viviana de nueve años.

A Ofelia le dijeron que su hijo había muerto y que el resto de la familia quedaría en manos de la DINA. “No sabíamos que existían centros de tortura, vi pasar a mi marido por el pasillo con los ojos chiquititos, como encandilados, nunca creí que los llevarían a Villa Grimaldi…”, recuerda la madre de Isabel. De la familia Gallardo, sólo sobrevivieron ellas, el pequeño Beto y el esposo de Catalina, Rolando Rodríguez, a quién asesinaron a tiros en la calle un año después. “Mi cuñada Mónica del Carmen Pacheco tenía tres meses de embarazo cuando la mataron, y la reconocieron con señales claras de aborto provocado por los golpes”, agrega Isabel.

Esa misma madrugada, fue detenida Ester Torres en su casa junto a sus hijos Renato, Mauricio y Francisco Javier, por agentes de la DINA, los que buscaban a su hijo Luis Andrés Gangas.

La noche del 18 de noviembre fue una de las más espantosas en aquel centro de tortura. Los testigos recuerdan que la luz mortecina que llegaba bajo las vendas de sus ojos, venía colmada de ruidos: chirridos de autos, llanto y los gritos de hombres pidiendo agua y aceite hirviendo para quemar a las víctimas. También recuerdan haber visto a la mañana siguiente el cuerpo de dos mujeres y un anciano que yacían en el patio.

Los rostros del noticiero

El 25 de abril del 2006, y mientras el ministro Alejandro Solís llevaba adelante el proceso judicial, Isabel Gallardo exigió una investigación al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas (TRED). En la resolución se pidió la expulsión y censura pública de Carlos Araya, más suspensión por un año de la orden para Julio López Blanco y Claudio Sánchez: y un año de suspensión de colegiatura para Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese entonces y Manfredo Mayol Durán, director del canal en 1975. En junio del 2008, el Colegio de Periodistas pidió perdón por este caso y el de la Operación Colombo.

Lo último que se supo de Julio López Blanco en Mega, fue que contaba que estaba preparando un piloto de programa para el adulto mayor llamado “Vivan las canas” que no prosperó. Ahora, al teléfono, dice que todo lo que tenía que decir lo confesó en la investigación del Colegio de Periodistas. “No hablo de ese tema, hoy trabajo en unas revistas con unos amigos y no sé si seguiré en la Universidad privada en la que estoy”, comenta.

Hasta el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Carlos Araya trabajaba como locutor de radio Sargento Aldea en el puerto de San Antonio y era dueño del periódico El Pelícano. Con la dictadura instalada, se dedicó delatar a dirigentes sindicales y políticos desde su lugar. Así, rápidamente se ganó la amistad de Manuel Contreras, jefe del cercano Regimiento Tejas Verdes. Araya llegó a Televisión Nacional como su hombre de confianza y se afilió al Colegio de Periodistas. Así los respalda  las 405 páginas de la sentencia del juez Alejandro Solís contra Manuel Contreras -y otros- por torturas en Tejas Verdes, del 9 de agosto de 2010.

En la investigación, el periodista relató que fue contactado por los agentes de Pinochet. También que de esas manos recibió los libretos para hacer las notas.

Así lo corrobora una copia en DVD del video que emitió TVN.

Se ve el día de calor en los pastizales secos, el cable del micrófono, el periodista vestido de traje. “Aquí en el suelo están los testimonios del violento enfrentamiento”, dice Julio López Blanco y continua con sus comentarios sobre el exterminio de “grupúsculos cercados por agentes de la DINA”.

Por otra parte en canal 13, Claudio Sánchez, también habría participado in situ en el reportaje con el libreto de Dinacos para la Corporación Canal 13, competencia de TVN. Este video tiene calidad más borrosa y es difícil distinguir el audio.

Sigue el video, Julio López, en cuclillas, exhibe las balas que supuestamente habían disparado los enemigos. No hay cadáveres ni sangre, sólo cápsulas vacías, piedras, arbustos y la maleza seca del cerro. “Las últimas informaciones dicen que otros grupúsculos del MIR y del proscrito Partido Comunista se encuentran cercados, en este momento, por fuerzas de la DINA. Y trasladémonos ahora hasta nuestro móvil dos, donde Carlos Araya, está en el mismo lugar donde cayeron los extremistas…”, remata  Lopez Blanco.

Aparece Araya, tiene una libreta en la mano, la abre y entrega los nombres de los abatidos: “Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo… “

En su hogar, Isabel y su madre mueren en vida.

La semana pasada, Isabel supo que Carlos Araya falleció hace dos meses de una enfermedad al corazón.

“Hoy se habla de perdón, no sé si se puede perdonar a quien tortura de esa forma a tu familia, después de tantos años, sólo hay una orden de procesamiento… No, no se puede”, dice y vuelve a su silencio.

El próximo 16 de agosto a las 10 de la mañana, el periodista Javier Ignacio Rebolledo Escobar deberá comparecer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por la querella presentada en su contra por eventuales delitos de injurias graves con publicidad. Y la querella -en forma inédita- tiene el apoyo de un militar que está condenado a 20 años de prisión y que en la actualidad está preso en Punta Peuco desde 2014.

Esto, luego de que la hija del teniente coronel (r) Raúl Quintana Salazar, Carolina Paz Quintana, presentara la acción en su contra por considerar que el libro en el que aparece, “Camaleón- Doble vida de un Agente Comunista”, atenta contra la honra de quien hoy cumple condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad.

Pero quién es el miitar Raul Pablo Quintana Salazar

Está claro es un Teniente coronel retirado del Ejercito y que integró la policía política de Pinochet, la DINA desde su nacimiento.

Quintana está recluido en el penal Punta Peuco cumpliendo diez años y un día de presidio como autor del delito de secuestro calificado de cinco detenidos desaparecidos. A ello suma cinco años de condena por aplicación de tormentos en contra de detenidos en el campo de prisioneros Tejas Verdes, el lugar donde se creó la DINA y un grupo de torturadores, integrado por Quintana Salazar, experimentó con ellos. Igualmente, se encuentra condenado en última instancia a cinco años de presidio como autor del secuestro calificado de dos ciudadanos uruguayos. Y está procesado en otra causa de lesa humanidad por asociación ilícita, secuestro, aplicación de tormentos y secuestro calificado.

La DINA nació en el regimiento Tejas Verdes en San Antonio donde el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda era el jefe de esa unidad y Raúl Quintana -el querellante del periodista Javier Rebolledo- era parte de su selecto team de torturadores.

Foto: Tejas Verdes en los inicios de la dictadura

Según el sitio para preservar y conocer a los delincuentes que participaron en la dictadura y que cometieron centenas de graves delitos Memoria Viva Raúl Quintana participó en varios crímenes y torturas. A hombres y mujeres.

Según Memoria Viva, Quintana participa en las torturas y asesinatos llevados a cabo en el campo de concentración “Tejas Verdes”.

Este centro represivo estaba ubicado en la Provincia de San Antonio, y era parte de la infraestructura de represión del Ejército y fue uno de los más paradigmáticos centros de tortura, relacionado directamente con la formación y centro de operaciones de la DINA desde 1973.

En este recinto de tortura también se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en métodos de tortura y represión.

Entre los “profesores” se encontraba el ex Alcalde de Providencia Cristián Labbé.

De acuerdo al Informe Rettigg “Tejas Verdes” correspondía al: Campamento Nº 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares "Tejas Verdes": Dicho recinto de detención, que llegó a tener más de 100 prisioneros en ciertas épocas, funcionó como tal desde el mismo 11 de septiembre de 1973, existiendo testimonios de su uso sistemático para tales efectos hasta mediados del año 1974.

Los presos políticos que estuvieron detenidos en Tejas Verdes señalan que, inmediatamente después del golpe de Estado, eran trasladados hacia San Antonio y Melipilla  y luego a Tejas Verdes, donde eran cruelmente torturados y posteriormente asesinados en el mismo lugar o en otros lugares de la región.

Entre los criminales de dicho campo de tortura estuvieron: General (r) Manuel Contreras Sepúlveda, General (r) Eugenio Armando Videla Valdebenito, Coronel (r) de Salud Vittorio Orvieto Teplinzki, Coronel (r) Jorge Núñez Magallanes, Coronel (r) Klaudio Erich Kossiel Horning, Teniente coronel (r) Raúl Pablo Quintana Salazar,
Teniente coronel (r) Daniel Adolfo Miranda Monarde, Mayor (r) Mario Alejandro Jara Seguel, Suboficial mayor (r) Patricio Laureano Carranca Saavedra, Prefecto (R) de Investigaciones Nelson Patricio Valdés Cornejo, y el Agente DINA Civil Carlos Roberto Araya Silva. Este último tiene una vida ligada a Manuel Contreras, luego del golpe de Estado.

Victimas ejecutadas o desaparecidas por los criminales de Tejas Verdes:
Ejecutados
Armando Jiménez Machuca
Samuel Núñez González
Guillermo Álvarez Cañas
Héctor Rojo Alfaro
Raúl Enrique Bacciarini Zorrilla
Fidel Alfonso Bravo Álvarez
Jorge Antonio Cornejo Carvajal
Patricio del Carmen Rojas González

Desaparecidos:
Rebeca Espinoza Sepúlveda
José Pérez Hermosilla
José Orellana Meza

El caso de Rebeca Espinoza y el locutor que llegó a altos cargos en TVN
Uno de los casos en que estuvo involucrado, el militar Quintana, es el de Rebeca Espinoza. Tenía 40 años, cinco hijos, no tenía militancia conocida y era secretaria en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, cuando fue detenida en los alrededores de la Plaza de la Constitución junto a José Miguel Rivas Rachitoff y José Leonardo Pérez Hermosilla, militantes socialistas, quienes tuvieron un itinerario similar al de Espinoza y actualmente también se encuentran desaparecidos…o muertos.
 En el caso del médico militar Vittorio Orvietto, tras ser procesado por el juez Solís regresó, en abril de 2005, desde Estados Unidos, para entregarse. Luego de examinarlos, Orvietto era quien daba el visto bueno para que los prisioneros continuaran siendo torturados.

El 11 de septiembre de 1973, cuando a pocos días después empezó a armar la DINA, Manuel Contreras tenía el grado de coronel y era el jefe de zona en estado de sitio de la provincia de San Antonio.

Con él trabajó estrechamente el locutor de una radio de San Antonio Carlos Roberto Araya Silva, convertido en agente DINA.

Luego, Manuel Contreras fue ascendido a general y se hizo cargo formalmente de la DINA en todo el país. Y se trajo a Santiago a Roberto Araya Silva -como era conocido- que llegó como jefe de seguridad en TVN y luego fue subiendo de grado debido a su amistad con el Mamo Contreras.

Roberto Araya llegó a leer noticias en pantalla desde el año 1975, especialmente las que llegaban del extranjero. Muy luego fue designado Director de Prensa, sin haber estudiado Periodismo en ninguna universidad.

En 1975 fue parte, junto a los periodistas Julio López Blanco y Claudio Sánchez, del denominado montaje de Rinconada de Maipú donde fueron asesinadas cinco personas, todos familiares. Por ello fueron sancionados por el Colegio de Periodistas y luego querellados por su complicidad en el operativo de la DINA.