Elizondo Ormaechea Antonio

Nombre : ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA
 R.U.T. : 4.469.4921 de Santiago
F.Nacim. : 21 05 47, 29 años al momento de su detención
Domicilio : Diagonal Los Presidentes Nº143 B, Dpto. 2, Ñuñoa, Santiago
E.Civil : Casado
Actividad : Egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado
C.Repres. : Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU
F.Detenc. : 26 de mayo de 1976

Nombre : ELIZABETH MERCEDES REKAS URRA
R.U.T. : 5.849.187-K de Santiago
F.Nacim. : 28 03 49, 27 años al momento de su detención
Domicilio : Diagonal Los Presidentes Nº143 B, Dpto. 2, Ñuñoa, Santiago
E.Civil : Casada Actividad : Asistente Social del Metro
C.Repres. : Militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU
F.Detenc. : 26 de mayo de 1976

Antonio Elizondo Ormaechea, casado, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado y Elizabeth Mercedes Rekas Urra, casada, embarazada, asistente social, ambos militantes del MAPU, fueron detenidos por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA el día 26 de mayo de 1976, aproximadamente a las 18:30 horas, en la intersección de las calles Alameda con Lord Cochrane.

Ambos fueron detenidos en la vía pública, a bordo de una citroneta propiedad de la Empresa Constructora Raúl Varela S.A., donde Antonio se desempeñaba como ingeniero en ejecución, a cargo de la mantención de la maquinaria y equipos, desde el 29 de enero de 1975.

Dos días antes de la detención del matrimonio Elizondo Rekas, es decir, el día 24 de mayo de 1976, alrededor de las 15:00 horas, fue detenido Andrés Constantino Rekas Urra, hermano de Elizabeth, quien fue aprehendido por agentes de la DINA en la vía pública, en la esquina de las calles Alameda con Amunátegui, en los momentos en que éste descendía de un bus de la locomoción colectiva, luego de haber sido sometido a un notorio seguimiento. Sus captores lo introdujeron por la fuerza en un automóvil marca FIAT, modelo 125, de color gris, en el que lo trasladaron hasta el recinto de tortura y detención clandestino de la DINA, conocido como Villa Grimaldi. En ese lugar, fue interrogado acerca de las actividades de su hermana, de su cuñado y de un amigo y compañero de partido de éstos, señalándolo como un joven rubio que iba con frecuencia a la casa y cuya descripción correspondía a Juan Maino Canales (también detenido desaparecido). Concluido el interrogatorio, Andrés fue llevado por sus captores hasta el lugar donde trabajaba su hermana, con el objeto de que éste la reconociera. Para ello utilizaron el mismo vehículo en que detuvieron a Andrés Constantino. Una vez en el centro de la ciudad, le quitaron a éste la venda y estacionaron el vehículo en la calle Lord Cochrane, frente al trabajo de Elizabeth. Aproximadamente a las 18:30 horas, llegó hasta el lugar Antonio Elizondo, conduciendo la citroneta en que posteriormente fuera detenido junto a su esposa. Precisamente, recogió a ésta y abandonaron el lugar, siendo seguidos por el automóvil en que se trasladaban los agentes; pero varias cuadras más allá, perdieron de vista al vehículo en que se movilizaban Antonio y Elizabeth, razón por la cual los agentes y Andrés Constantino, regresaron nuevamente hasta Villa Grimaldi. Sin embargo, estando este último en ese recinto, el día 26, alrededor de las 19:00 horas, pudo distinguir el ruido característico del motor de la citroneta que utilizaba Antonio debido que al detenerse, seguía emitiendo un ruido la correa del ventilador, asimismo escuchó las voces de éste y de su hermana. Ese mismo día Andrés fue puesto en libertad por sus captores. Desde esa fecha se ha perdido todo rastro de Antonio, Elizabeth y de Juan Bosco Maino Canales, quien fuera detenido horas más tarde del mismo día 26 de mayo de 1976. Juan Bosco era militante y dirigente del partido MAPU, compañero de estudios de Antonio, con quien se encontraba realizando la tesis para obtener el título de Ingeniero Mecánico. Razón por la cual, Maino Canales concurría regularmente al domicilio del matrimonio Elizondo Rekas y muy a menudo alojaba allí, donde mantenía incluso algunas pertenencias suyas.

A raíz de la desaparición de la citroneta (conjuntamente con los detenidos), la empresa propietaria interpuso una denuncia por robo del mencionado vehículo, la que se tramitó ante el quinto Juzgado del Crimen de Santiago, con el Rol Nº102.463 7.

El mismo día de las detenciones, fue allanado el departamento donde residía el matrimonio Elizondo Rekas, oportunidad en que fue detenido Juan Bosco. Acerca del estado en que quedó el inmueble, da fe el acta de constitución en él del Notario Público don Rafael Zaldívar Díaz, asistido además por el propietario del departamento don Luis Bravo Vásquez y la madre de Juan Bosco Maino Canales. Este acto se realizó en virtud de que el Tribunal respectivo que investigaba la desaparición de Maino Canales, se negó a constituirse en el lugar. GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS El día 3 de junio de 1976, Andrés Constantino Rekas Urra, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago el Recurso de Amparo Rol Nº486?76, en favor de Antonio Elizondo Ormaechea y de Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, el que fue rechazado el 1° de julio de 1976, teniendo en cuenta sólo dos informes del Ministro del Interior, que indicaba que los amparados no se encontraban detenidos por orden de esa Secretaría de Estado. Lo anterior fue obrado a pesar que en la presentación del Amparo se solicitó explícitamente que se requirieran informes, además de dicho Ministerio, a la DINA, al Ministerio de Justicia y al Jefe del Campamento de Detenidos "Cuatro Alamos", toda vez que al recurrente le constaba personalmente la reclusión de ambos en el recinto de Villa Grimaldi. Teniendo en cuenta tal situación, se solicitó a la Corte de Apelaciones, la designación de uno de sus Ministros para que se constituyera en Villa Grimaldi, petición que también fue rechazada por dicha Corte. Posteriormente, la resolución de no acoger el Recurso de Amparo, fue confirmada por la Corte Suprema el 29 de julio de 1976, la que además ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente, a fin de investigar la posible comisión de un delito en el hecho denunciado. Con fecha 13 de agosto de 1976, la Corte de Apelaciones remitió el expediente sobre recurso de amparo Nº486 76 al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. A su vez, la jueza Raquel Camposano Echegaray, el día 17 del mismo mes, ordenó remitir los antecedentes al Octavo Juzgado del Crimen, debido a que, según su opinión "la detención de Antonio Elizondo Ormaechea y Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, se habría llevado a efecto en el domicilio de dichas personas, el que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal…". Comentando dicha declaración, el juez del 8° Juzgado del Crimen señala: "de lo que no existe antecedente alguno en el expediente y por el contrario, tal afirmación no se compadece con lo afirmado por el recurrente en orden a las diligencias que se habrían efectuado para buscarlos, que no tendrían objeto si hubieren sido ubicables en su domicilio…", razón por la cual le remite de vuelta los antecedentes al Segundo Juzgado del Crimen, el 24 de agosto de 1976. En el intertanto, la familia de Antonio recurrió a la representación diplomática de España en carta fechada el 25 de junio de 1976, a fin que recabaran información, ante las autoridades chilenas, acerca del matrimonio Elizondo Rekas; a quienes se les informó verbalmente que los detenidos se encontraban en Cuatro Alamos, respuesta que había sido dada por circular oficial. Finalmente, con fecha 1° de septiembre de 1976, son remitidos nuevamente los autos del Segundo al Quinto Juzgado del Crimen, teniendo en cuenta el lugar de detención del recurrente (en el Amparo). Iniciándose en este último Juzgado la tramitación, en forma definitiva, el 8 de septiembre de 1976, bajo el rol Nº102.825?1. Entre las diligencias ordenadas, se tuvo la causa rol Nº13.979?6 del Octavo Juzgado, iniciada el 17 de agosto de 1976 por presunta desgracia de Juan Bosco Maino Canales. De igual forma, durante el proceso, se tuvo a la vista la causa rol Nº102.463 del Quinto Juzgado del Crimen por hurto de la citroneta IUV 58 de La Cisterna, modelo 1962 que usaba Antonio Elizondo el día de su detención. Con fecha 31 de octubre de 1977, se cierra el sumario, sobreseyéndose temporalmente la causa. Sin que se lograra establecer ni el paradero ni el estado de las víctimas, ni menos los responsables de su desaparición, a pesar de la precisión de los datos aportados respecto a la reclusión de ambas víctimas en el recinto de Villa Grimaldi. El 14 de diciembre de 1977 la Corte de Apelaciones aprobó dicha resolución. Posteriormente, con fecha 1° de agosto de 1978, se presenta ante el Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, una querella colectiva por el delito de secuestro de setenta detenidos desaparecidos, entre los cuales figuraba Antonio Elizondo Ormaechea y Elizabeth Rekas Urra, en contra del General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel de Ejército Marcelo Luis Moren Brito y del Teniente Coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo. Al Tribunal se entregaron además las identidades de otros agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los antecedentes de recintos secretos de detención del mencionado organismo y otros datos relativos a su estructura y medios con que contaba la DINA. Sin realizar ninguna diligencia, el 10 de agosto de ese año la Jueza del 10° Juzgado se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar; después de varias apelaciones, en mayo de 1979 la causa se radicó en la 2a. Fiscalía Militar de Santiago, bajo el rol N° 553 78. En 1983 el Tribunal tuvo a la vista los cuatro cuadernos de instalación de la Visita Extraordinaria por casos de detenidos desaparecidos de la Región Metropolitana, que sustanció el Ministro Servando Jordán, en ellos se contenía importante información respecto al actuar de la DINA y a la responsabilidad de ese organismo de seguridad en cientos de detenidos desaparecidos. Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2° Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa ?la que aún se encontraba en etapa de sumario? por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución. (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras se encuentran en el caso de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

El 26 mayo de 1976 fue detenida Elizabeth Mercedes REKAS URRA, quien presentaba un embarazo de cuatro meses, junto a su cónyuge, Antonio ELIZONDO ORMAECHEA, militante del MAPU. Según declaró Andrés Constantino Rekas Urra, hermano de Elizabeth Mercedes, quien mismo fue detenido en la vía pública el 24 de mayo, siendo inmediatamente trasladado a un lugar que identificó como Villa Grimaldi. Allí fue interrogado acerca de las actividades y paradero de su hermana Elizabeth, de su cuñado Antonio, y del amigo de ambos, Juan Bosco MAINO CANALES, señalándosele que sólo sería liberado cuando éstos fueran detenidos. Al día siguiente, fue sacado por sus captores de Villa Grimaldi y trasladado a los lugares de trabajo de su hermana y de su cuñado con el objeto de que los identificara. Posteriormente fue devuelto al lugar de reclusión señalado.

El día 26, estando aún detenido en Villa Grimaldi, Andrés Rekas escuchó un sonido característico que tenía la Citroneta que conducía su cuñado Antonio Elizondo. Unos momentos después, escuchó los gritos de una mujer, a la que reconoció como su hermana Elizabeth Mercedes. Ese mismo día fue liberado. Unos días después, concurrió hasta el domicilio de su hermana y de su cuñado, comprobando que éstos no se encontraban allí, y que el departamento se hallaba en un completo desorden, muestra evidente de haber sido allanado.

El Notario Público, Rafael Zaldívar Díaz, levantó acta del estado en que se encontraba el departamento que ocupaba el matrimonio Elizondo-Rekas, comprobándose además que sobre la mesa del comedor se encontraban los lentes ópticos, el reloj y una revista pertenecientes a Juan Maino, dirigente del MAPU, quien fue detenido el mismo día al interior de este departamento.

Por otra parte, el 30 de diciembre de 1980 fue detenido por agentes de la CNI, Carlos Montes. Durante los interrogatorios a que fue sometido se le exhibió un documento manuscrito por él y que se encontraba en poder de Juan Maino a la fecha de su detención. Con ocasión de la detención de Carlos Montes, el Ministerio del Interior informó al tribunal que éste era un alto dirigente del MAPU y que "con la detención de uno de sus más importantes colaboradores, Juan Maino" había ingresado a la clandestinidad para evitar ser aprehendido.

La Comisión tiene la convicción de que tanto Elizabeth Rekas, como Antonio Elizondo y Juan Maino, fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado, en grave violación a sus derechos humanos.

En la sentencia (rol 82.487-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus- consideró que se cumplen los requisitos para solicitar a Italia la extradición de Reinhard Doring Falkenberg

La Corte Suprema estimó procedente solicitar a la República de Italia la extradición del ciudadano alemán  Reinhard Doring Falkenberg, procesado por la ministra en visita de causas de derechos humanos Paola Plaza González  como cómplice de los secuestros calificados de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cometidos el día 26 de mayo de 1976 en la ex Colonia Dignidad.

En la sentencia (rol 82.487-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus- consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición al país europeo para que sea juzgado en nuestro país.

“Que en el caso examinado los delitos por los cuales se encuentra procesado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; el delito por el cual fue procesado el requerido es punible con una sanción superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de aprehensión librado en su contra vigente y la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, dice el fallo.

Agrega: “Que se encuentra establecido en el proceso, además, que el requerido, se encuentra detenido en la República de Italia a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los Tribunales Chilenos”.

Además se considera: “Que en consecuencia, como se advierte de la sentencia firme mediante la cual se sometió a proceso al requerido, así como del informe de la Sra. Fiscal Judicial, y en consideración, además, a las reflexiones precedentes, todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación”.

La Corte de Apelaciones de  Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, ilícitos ocurridos a partir del 26 de mayo de 1976.

La resolución confirma la sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Jorge Zepeda el 23 de enero de 2012, que condenó a los ex integrantes de la Dirección de  Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López Tapia, a penas de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los secuestros calificados y a Eugenio Fieldhouse Chávez a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice.

Asimismo, las juezas absolvieron por falta de convicción a los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke Koschitzke y Karl Johann van Den Berg Schurrmann, revocando el fallo de primera instancia que los había condenado a 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplices.

En el aspecto civil, se revocó la condena al fisco a pagar indemnización a las víctimas. Sin embargo, se determinó que los condenados Contreras Sepúlveda, López Tapia  y Fieldhouse Chávez deben pagar una indemnización de noventa millones de pesos a Filma Canales Soré –madre de Juan Maino Canales- y sesenta millones de pesos a  María Dolores Elizondo Ormaechea –hermana de Antonio Elizondo Ormaechea- por concepto de daño moral.

 Una delegación italiana visitó Chile esta semana para pedir la extradición de militares chilenos condenados en Italia por la Operación Cóndor y sus miembros dijeron confiar en que la justicia chilena la otorgue próximamente.

Compuesta por el abogado, Arturo Salerni, el representante de varias de las víctimas, Jorge Ithurburu, quienes impulsaron el proceso en Italia, se reunieron con la ministra de Justicia de Chile, Marcela Ríos, y la viceministra de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter.

Además, tomaron contacto con las partes civiles y testigos del juicio, junto con conocer los lugares donde ocurrieron los hechos.

"Nosotros hemos controlado el procedimiento para la extradición aquí en Chile y probablemente en el mes de mayo, la Corte Suprema chilena pueda sentenciar por los primeros tres pedidos de extradición", dijo el abogado Salerni, en una rueda de prensa en el Museo de la Memoria de Santiago.

"Creo que existen todas las condiciones previstas por el tratado de extradición ítalo-chileno para que esta extradición sea concedida", agregó el jurista italiano.

En julio de 2021, la Justicia italiana solicitó a Chile extraditar a tres exmilitares chilenos, condenados a cadena perpetua en Italia por el asesinato de dos de sus ciudadanos, en el marco del Plan Cóndor, una operación coordinada de las dictaduras militares del Cono Sur en la década de los 70 para el exterminio de opositores.

Tras más de 20 años de investigaciones, la Corte Suprema italiana concluyó el año pasado el proceso, con la condena a cadena perpetua 24 exmilitares y represores latinoamericanos, seis de ellos chilenos.

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos, cuatro chilenos y 13 uruguayos, además de otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina.

Los chilenos condenados, todos a cadena perpetua, son los exmiembros de la Policía de Investigaciones Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza y el exsuboficial Orlando Moreno Vásquez, por quienes se pidió la extradición.

Los otros tres son el excoronel Rafael Ahumada Valderrama y los exbrigadieres y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán

Todos son ancianos exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Las víctimas ítalo-chilenas son Juan José Montiglio Murúa, de 24 años; el exsacerdores de 31 años Omar Venturelli; el estudiante Juan Maino Canales, de 27, junto al matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA. Además del mecánico Jaime Donato Avendaño, de 41.

Veintitrés italianos que vivían en Chile, Bolivia, Perú y Uruguay fueron asesinados en el marco del Plan Cóndor.

estudiantes, exalumnos, amigos del liceo y de la Ute   

30 – Amador Montero Mosquera, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. Militante Comunista.
29 – Juan Carlos Ruiz Mancilla, estudiante de Construcción Civil en la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. Militante Comunista.
28 – Juan Antonio Chávez, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, sede Temuco. Militante Comunista.
27 – Pedro Labra Saure, estudiante de la Universidad Técnica. Militante del MIR.
26 – Patricio Calfuñir Henríquez, estudiante de la Universidad Técnica, muerto en Neltume. Militante del MIR.
25 – Alan Rodríguez Pacheco, estudiante de la Universidad Técnica. Militante del MIR.
24 – Óscar Fuentes Fernández, estudiante de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago (USACH).
23 – Julio Santibáñez Romero, dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado y militante político.
22 – René Lucero Muñoz, estudiante de la Universidad Técnica.
21 – Ernesto Contreras Jorquera, estudiante de la Universidad Técnica.
19 – Víctor Alfonso Martínez, Ingeniero de Ejecución Mecánico egresado de la Universidad Técnica del Estado. Militaba en el MIR.
18 – Ramón Núñez Espinoza, estudiante de la Universidad Técnica, militante del MIR.
17 – Blanca Carrasco Peña, estudiante de Artes Plásticas. Militante del MIR y dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado.
16 – Juan Bosco Maino Canales, egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Militante del MAPU.
15 – Michelle Peña Herreros, estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses.
14 – Agustín Alamiro Martínez Meza , Ingeniero de Ejecución de la Universidad Técnica Sede La Serena y estudiante de Ingeniería Civil de la Sede Santiago. Militante del MIR.
13 – Rafael Madrid Gálvez , militante socialista y dirigente en la Universidad Técnica del Estado.
12 – Eugenio Iván Montti Cordero, egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica del Estado, militante del MIR.
11 – Jorge Elías Andrónico Antequera, egresado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica del Estado. Militante del MIR.
10 – Víctor Jara Martínez, cantante, músico, autor y director teatral. Miembro del Comité Central de las J.J.C.C., profesor de la Universidad Técnica del Estado.
9 – ANTONIO ELIZONDO ORMAECHEA . Militante del MAPU. Egresado de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado.
8 – Hugo Araya González, militante socialista, fotógrafo, funcionario de la Universidad Técnica del Estado.
7 – Gregorio Mimica Argote, estudiante de la Universidad Técnica del Estado, Presidente del Centro de Alumnos de su Escuela, militante del Partido Comunista.
6 – Marcos Barrantes Alcayaga, supervisor de MANESA. Militante socialista. Estudiante de Construcción Civil de la Universidad Técnica Sede La Serena.
5 – Jaime Enrique Vásquez Sáenz, Profesor de enseñanza Industrial y Constructor Civil de la Universidad Técnica. Militante del MIR.
4 – Claudio Enrique Contreras Hernández, Constructor Civil de la Universidad Técnica Sede La Serena y estudiante de Ingeniería Civil de la Sede Santiago. Militante del MIR.
3 – Mario Martínez Rodríguez, Secretario General de la FEUSACH y Secretario de Finanzas de la CONFECH. Militante Demócrata Cristiano.
2 – Jaime Buzio Lorca , estudiante de Mantención Mecánica en el Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica. Militante de la Liga Comunista
1 – Gastón Vidaurrázaga Manríquez. Profesor egresado de la Universidad Técnica del Estado. Militante del MIR.
Te solicito les des a todos un gran saludo de este viejo olivarero, que hace más de 3décadas vivió el privilegio de ser parte de una de las mas formidables luchas universitarias que Chile ha conocido.

Mis recuerdos para Iris, Emilio, Aldo, Gordo Verdugo, Miguel, Moris Daneri, Pato Soza, Cifuentes y muchos que formaron la FEUT de los tiempos de la Reforma y del Presidente Allende.

Saludos afectuosos

Alberto Ríos Ponce
(EX PRESIDENTE DE FEUT)   (EXTRACTO)

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule valoró la acción de la ministra Plaza, calificándolo de un “hito importante” para la verdad y justicia. Además. tienen en la mira a dos excolonos que estarían implicados en tareas de desaparición de personas.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule valoró la acción de la ministra Plaza, calificándolo de un “hito importante” para la verdad y justicia. Además. tienen en la mira a dos excolonos que estarían implicados en tareas de desaparición de personas.

Este viernes se informó la detención de Willy Malessa, excolaborador de Paul Schäffer en Colonia Dignidad, por ser cómplice de secuestro calificado de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, quienes fueron detenidos por agentes de la DINA.

La ministra Plaza señala en su resolución que “de los antecedentes y las declaraciones de Willy Malessa Boll fluyen presunciones fundadas para estimar en este estado procesal que le ha correspondido participación en calidad de cómplice en los referidos delitos”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Maule valoró la acción de la ministra Plaza, calificándolo de un “hito importante” para la verdad y justicia.  

“La detención de Malessa es el resultado de la perseverancia de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la Región del Maule que junto a la abogada de CODEPU, Mariela Santana venían solicitando desde hace más de un año la detención del  hoy procesado y declarado reo, habida consideración de que no hace mucho, no se procedió por parte del Estado de Chile con la debida diligencia para lograr en Italia  la extradición  del alemán y ex jerarca de Colonia Dignidad,  Reinhard Döring Falkenberg que se encontraba detenido por una orden internacional de captura por el delito de secuestro de Juan Maino”, señala la declaración.

Asimismo, la agrupación hizo un llamado a que “se pericien los sitios de interés que se encuentran al interior de la ex Colonia Dignidad, como son las fosas clandestinas, que permitan encontrar rastros e indicios de huellas de ADN de nuestros familiares”.

Por otra parte, la misiva sostiene que “es imprescindible, especialmente para las agrupaciones de familiares en la región del Maule, que Willy Malessa no sólo permanezca detenido, sino que colabore con esclarecer lo ocurrido en la ex Colonia Dignidad durante la dictadura, como perpetrador clave en el manejo de las retroexcavadoras, algo que él ha señalado, detallando que ocultó e hizo desaparecer cuerpos de detenidos y detenidas desaparecidas en la precordillera de Parral”.

En el caso de Malessa Boll, son sus propias declaraciones los que lo ubican operando una retroexcavadora para desenterrar cuerpos de fusilados y desaparecidos en Colonia Dignidad en una acción de colaboración del enclave alemán con la dictadura, las Fuerzas Armadas y los aparatos represivos dictatoriales que tenía como finalidad borrar todo rastro de los crímenes cometidos, entre ellos vehículos de propiedad de las víctimas.

Por último, la declaración sentencia: “Exigimos que todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos ahí ocurridas, declaren también ante la justicia, aportando nuevos antecedentes a las investigaciones y sean procesados según lo que la ley estipule. Ha declarado desde 2005 y que nunca ha querido revelar el lugar exacto de las fosas”.

La medida contra el ex jerarca alemán, Willy Malessa Boll fue decretada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.  El detenido sería el único de los perpetradores directamente implicados en estos crímenes detenido en Chile. Otros de los cómplices, como Rudolf Collen, Gerard Mucke, Karl Van Den Berg y Kurt Schnellekamp, fallecieron de muerte natural y otros como Reinhard Döring y Hartmut Hopp viven en completa impunidad en Alemania.  

El ex integrante del equipo de seguridad del jerarca alemán Paul Schafer, y líder de Colonia Dignidad, Willy Malessa Boll, quedó detenido y en prisión preventiva en la cárcel de Mulchén en calidad de cómplice de los delitos de secuestro calificado de tres presos políticos detenidos por la DINA y cuyos cuerpos fueron hechos desaparecer por Paul Schafer   

La medida contra el ex jerarca alemán, Willy Malessa Boll fue decretada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.   

Malessa sería el único de los perpetradores directamente implicados en estos crímenes detenido en Chile. Otros de los cómplices, como Rudolf Collen, Gerard Mucke, Karl Van Den Berg y Kurt Schnellekamp, fallecieron de muerte natural y otros como Reinhard Döring y Hartmut Hopp viven en completa impunidad en Alemania.  

Al imputado se le vincula con las desapariciones de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rojas Urra y Antonio Elizondo, todos ellos, según estableció la investigación judicial, fueron detenidos por la DINA en Santiago, tras el golpe de Estado de 1973 y entregados a Paul Schäfer en Colonia Dignidad.   

Fuentes ligadas a la causa judicial señalan que años más tarde, la DINA dispuso que los cuerpos fueran desenterrados y hechos desaparecer. En el caso de Colonia Dignidad, Schäfer ordenó esa misión a Gerard Mücke y Willy Malessa. El primero de ellos confesó que Malessa desenterró los cuerpos y, luego, los habrían quemado o disuelto en cal y agua, para finalmente cargar las cenizas en máquinas y lanzarlas al río Perquilauquén, en la frontera sur de Colonia Dignidad.  

En un reportaje televisivo que se transmitió a nivel mundial por la plataforma digital de contenidos audiovisuales Netflix, el propio Malessa también confiesa y confirma la versión que Mucke entregó a la justicia chilena. Sin embargo, Malessa nunca fue detenido por causas de violaciones a los derechos humanos, hasta este viernes