Cayuman Cayuman Carlos Alberto


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Temuco - memoriales.cl

Temuco – memoriales.cl

Rut : 7.028.627-0

Fecha Detención : 10-10-1973
Lugar Detención : Liquiñe


Fecha Nacimiento : 05-08-1942 Edad : 31

Lugar Nacimiento : Capitan Pastenes – Lumaco

Actividad Política : Movimiento Campesino Revolucionario (MCR)
Actividad : Obrero maderero

Estado Civil e Hijos :
Nacionalidad : chilena


Relatos de Los Hechos

Fuente :(Informe Rettig)

Categoría : Antecedentes del Caso

El 10 de octubre de 1973, entre las 21:00 y las 23:00 horas, fueron detenidas en el sector de Liquiñe, dentro del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", las siguientes personas:

– Salvador ALAMOS RUBILAR, 45 años, industrial, militante del Partido Socialista, detenido en Liquiñe;

– José Héctor BORQUEZ LEVICAN, 30 años, obrero maderero, Jefe de Faenas del fundo Trafún, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– Daniel Antonio CASTRO LOPEZ, 68 años, comerciante, militante del Partido Socialista, detenido en Liquiñe;

– Carlos Alberto CAYUMAN CAYUMAN, 31 años, obrero maderero, vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– Mauricio Segundo CURIÑANCO REYES, 38 años, artesano carpintero, militante del Partido Socialista, detenido en Liquiñe;

– Carlos FIGUEROA ZAPATA, 46 años, obrero maderero, Consejero del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero" del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", militante del Partido Socialista, detenido en Paimún;

– Isaías José FUENTEALBA CALDERON, 29 años, Jefe de Area del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli" en el fundo Trafún, miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). Fue detenido en Liquiñe, cuando se dirigía a su domicilio;

– Luis Armando LAGOS TORRES, 50 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", militante del Partido Socialista, detenido en Carranco;

– Alberto Segundo REINANTE RAIPAN, 39 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– Ernesto Juan REINANTE RAIPAN, 29 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– Modesto REINANTE RAIPAN, 18 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– Luis RIVERA CATRICHEO, cuya identidad se acreditó por medio de testigos, 54 años, obrero Maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", sin militancia política conocida, detenido en Paimún;

– Alejandro Antonio TRACANAO PINCHEIRA, 22 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– José Miguel TRACANAO PINCHEIRA, 25 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

– Eliseo Maximiliano TRACANAO VALENZUELA, 18 años, obrero maderero del Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli", vinculado al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), detenido en Trafún;

Es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba VERA CONTARDO, 27 años, profesora de la escuela de Puerto Fuy (Complejo Maderero y Forestal "Panguipulli"), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenida en Trafún. De acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruído por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado.

Se ha podido acreditar que las detenciones fueron practicadas por personal uniformado, quienes portaban una lista con los nombres de los detenidos, confeccionada por civiles que también participaron en estas. Los agentes aprehensores fueron guiados por el sector por algunos funcionarios de Carabineros de la dotación del Retén de Liquiñe.

Los efectivos militares vestían uniforme de combate y se identificaron como "militares" ante los familiares, señalando que los detenidos regresarían a sus casas tan pronto como prestaran algunas declaraciones. Testimonios recibidos por esta Comisión permiten presumir que los uniformados pertenecían al Grupo Nº 3 de Helicópteros "Maquehua" ubicado en la ciudad de Temuco y pertenecientes a la Fuerza Aérea.

Se movilizaban en un vehículo particular, una camioneta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), un vehículo policial y en la ambulancia del Retén de Liquiñe; contaron también con el apoyo de un helicóptero.

Actuaron divididos en varios grupos, que se juntaron en el cruce de Coñaripe, cercano a todos los lugares en que se practicaron las detenciones. Allí tomaron el camino a Villarrica y en el puente sobre el río Toltén, ubicado a la entrada de la ciudad, les dieron muerte y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Dos de ellos fueron reconocidos por los lugareños, antes de sumergirse definitivamente en el río.

 

La Comisión se formó convicción que las dieciséis personas mencionadas fueron ejecutadas al margen de todo proceso , por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos impidiendo a sus familiares darles una digna sepultura. Fundamentan esta convicción las siguientes evidencias:

– Se acreditó la detención de las personas antes mencionadas;

– Las investigaciones realizadas por esta Comisión acreditan fehaciente que todas ellas desaparecieron después de su detención, perdiéndose todo rastro. Sumado a esto la constancia que ninguno de los detenidos ha tomado contacto con sus familias, realizó gestiones administrativas ante organismos del Estado, ni registra entradas o salidas del país, ni defunción, posteriores a sus detenciones;

– testimonios múltiples verosímiles y concordantes recibidos por esta Comisión dan cuenta de haber oído disparos en el Puente Villarrica sobre el río Toltén alrededor de las 02:00 horas del día 11 de Octubre, y haber visto rastros de sangre en él al día siguiente;

– La existencia de testigos que declaran haber reconocido al menos dos de los cuerpos encontrados en Villarrica como pertenecientes a dos de los detenidos desaparecidos de Liquiñe.

– Fueron infructuosos los intentos de esta Comisión por contar con información oficial sobre el caso de parte de autoridades militares y de los funcionarios que deberían haber dado una explicación al respecto.

 


Juez Solís dictó la pena más alta hasta el momento en causas de DDHH

Fuente :26 de Enero 2006 El Mostrador

Categoría : Prensa

El magistrado condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo a un retirado teniente coronel del Ejército por el secuestro calificado de 11 campesinos en Liquiñe.

El ministro Alejandro Solís dictó este jueves la pena más alta conocida para una causa vinculada a violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar encabezado por el general (R) Augusto Pinochet.

El magistrado condenó a 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autor de delitos reiterados de secuestro calificado al teniente coronel (R) Hugo Alberto Guerra Jorquera, en el denominado “episodio Liquiñe”.

El fallo se basa en la represión que sufrieron a contar del 10 octubre de 1973 un grupo de 11 campesinos que simpatizaban con la Unidad Popular (UP), en el sector precordillerano de la Décima Región de Los Lagos.

Entre las víctimas se cuentan a Salvador Álamos Rubilar, José Héctor Bórquez Levican, Daniel Antonio Castro López, Carlos Alberto Cayuman Cayuman, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa Zapata, Isaías José Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres, Ernesto Juan Reinante Raipan, Modesto Juan Reinante Raipan y Luis Alfredo Rivera Catricheo.

El retirado oficial del Ejército fue además condenado a pagar una suma total de $ 250 millones como indemnización, en virtud de una demanda civil presentada en su contra por cinco familiares de los malogrados.

Los beneficiados, con $ 50 millones para cada uno, serán Miguel Ángel e Isaías Julián Fuentealba Lagos, así como Héctor Hernán, Hugo Raúl y Didier Antonio Figueroa Arraigada.

Adicionalmente, fue condenado el dueño de las Termas de Liquiñe, un civil identificado como Luis Osvaldo García Guzmán, quien en calidad de autor del secuestro calificado de Luis Armando Lagos Torres recibió una pena de cinco años y un día.


Corte confirma mayor condena por violaciones a DDHH en dictadura

Fuente :03 de Agosto 2007 El Mostrador

Categoría : Prensa

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este viernes la condena a 18 años de prisión contra el coronel retirado Hugo Alberto Guerra Jorquera por el secuestro de 11 campesinos que fueron ejecutados en 1973 pero cuyos cuerpos nunca aparecieron, informaron fuentes judiciales.

Los campesinos eran de la localidad de Liquiñe y trabajaban en un complejo maderero de la zona.

El tribunal de alzada rechazó un recurso interpuesto por Guerra Jorquera para invalidar la condena impuesta por el juez Alejandro Solís en enero de 2006, que en la actualidad es la sentencia más dura dictada por violaciones de los derechos humanos.

El coronel retirado del Ejército fue condenado, asimismo, a pagar 250 millones de pesos (unos 480.000 dólares) como indemnización, en virtud de una demanda civil entablada en su contra por cinco familiares de las víctimas.

Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones de los derechos humanos durante el régimen del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), los obreros agrícolas fueron detenidos en un operativo conjunto de la policía de Carabineros del retén de Liquiñe, efectivos del Ejército y civiles.

Los campesinos fueron trasladados hasta el puente Villarrica, sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados y sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Entre los ejecutados se hallan los hermanos Modesto, Ernesto y Alberto Reinante Raipán, los tres obreros y miembros del sindicato del complejo maderero Panguipulli.

El abogado querellante, Nelson Caucoto celebró el dictamen porque, según dijo, confirma los crímenes y establece castigos ejemplares contra los imputados.