Capitanía de Puerto, Chañaral

De acuerdo a las denuncias recibidas por la Comisión Valech, hubo detenidos en la Capitanía de Puerto Chañaral, Camino Panamericana, Ruta 5, Km. 9.685, lote D, sitio 6, desde septiembre de 1973 hasta septiembre de 1974. Según los testimonios, las detenciones eran breves, pero como forma de hostigamiento se procedía a detenerlos varias veces por cortos períodos. Los detenidos eran maltratados y golpeados en forma reiterada, incomunicados, privados de alimentos y de sueño. Denunciaron haber sufrido golpes con pies, puños y objetos contundentes, cortes con yataganes, aplicación de electricidad, especialmente en los genitales, y simulacros de fusilamiento.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech;

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) la indemnización que el fisco debe pagar a Pedro Julio Briones Contreras, quien fue detenido en su domicilio el 20 de noviembre de 1973 y trasladado a la capitanía de puerto de Chañaral, donde fue sometido a sesiones de tortura hasta 24 de diciembre de 1973, día que recuperó la libertad.

En fallo unánime  (causa rol 8.226-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Maritza Villadangos, Paula Rodríguez y la abogada (i) Pía Tavolari– consideró que el doble de la indemnización fijada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, por concepto de daño moral, se condicen más con el padecimiento sufrido por el demandante.

“Que en cuanto al pretium doloris del daño extrapatrimonial demandado, esta Corte lo avaluará prudencialmente, teniendo en consideración para ello, la edad del demandante a la época en que fue detenido y torturado por agentes del Estado; las circunstancias que rodearon este hecho; la duración y gravedad de los padecimientos físicos y emocionales sufridos; y especialmente los montos judicialmente asignados a víctimas de violaciones a los derechos humanos en causas similares, en la suma de cuarenta millones de pesos”, razona el tribunal.

“Que en lo que atañe al pago de las costas de la causa, cabe reflexionar que conforme dispone el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, puede eximirse de su pago a la parte que ha litigado con motivo plausible, circunstancia que se aprecia en este caso, respecto del Fisco de Chile, atendida la naturaleza de la acción deducida en su contra”, añade.

Por tanto, se  I.- Que se revoca la sentencia apelada de fecha dos de abril de dos mil veinte, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago, en los autos rol N°14.733-2019, sólo en cuanto condenó en costas al demandado Fisco de Chile; y en su lugar se dispone que se le exime de dicha carga. II.- Que se confirma en lo demás apelado el aludido fallo, con declaración  que la suma que se condena pagar a la parte demandada a título de daño moral es la de cuarenta millones de pesos ($40.000.000), más reajustes conforme al alza del Índice de Precios al Consumidor que se devenguen a contar de la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta la de su pago efectivo y que dicha suma así reajustada devengará además intereses corrientes para operaciones reajustables los que se contabilizarán desde que el deudor sea constituido en mora”.

El ministerio de Bienes Nacionales realizó un catastro histórico de inmuebles fiscales usados como lugares de detención y tortura entre 1973 y marzo de 1990, dentro de los cuales 12 se encuentran en Atacama.

Entre los objetivos de este catastro está el hecho de transparentar y difundir el uso que se dio a inmuebles fiscales entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, en la violación a los derechos humanos, identificando su localización y distribución territorial, su administración en el período de dictadura y en la actualidad. Todo esto, en un registro virtual, a través de Internet.

A lo largo de todo el país hubo un total de 1.132 recintos de detención, los cuales se mencionan en los testimonios recogidos en la Comisión Valech. De estos, 802 son individualizados en el informe de la Comisión y son la base para el estudio catastral y 515 de ellos eran de propiedad fiscal.

ATACAMA

De esos 515 recintos, doce están en Atacama, siendo Chañaral y Copiapó los que presentaron mayor número de ellos.

En Chañaral los recintos de propiedad fiscal utilizados como centro de detención y tortura fueron la Capitanía de Puerto, la cárcel, la comisaría de Carabineros y el cuartel de Investigaciones.

En Copiapó la cárcel, la Comisaría de Carabineros, el cuartel de Investigaciones y el Regimiento de Infantería Nº 23.

En tanto en Vallenar fue utilizada como centro de tortura la cárcel y la comisaría de Carabineros de esta ciudad, así como la Tenencia de Carabineros de Freirina y la Tenencia de Carabineros de Diego de Almagro.

Al respecto, la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, destacó que el objetivo de este proyecto es poner a disposición de todos un registro para la memoria histórica de Chile.

"Nos anima el propósito de contribuir a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso cuidarla y fortalecerla, y entregar un legado a las nuevas generaciones", afirmó.

Asimismo, agregó la ministra que cuestiones tan fundamentales como los derechos humanos no pueden quedar a merced de la mirada más o menos cercana que un determinado Gobierno tenga del tema.

"Para que esa convicción se apropie de la gente es preciso mirar más allá de las normas: hay que apelar también a la memoria", sentenció la ministra.

Del mismo modo, precisó que los inmuebles que aparecen en este estudio habían sido sindicados como lugares de detención y tortura y el ministerio decidió precisar su ubicación, determinar su propiedad y su administración durante el período sindicado y en la actualidad digitalizar los datos para ponerlos a disposición de todo el mundo a través de Internet.

La idea de este catastro -explicó la ministra Schmidt- "no es estigmatizar inmuebles, sino preservar una parte dolorosa de nuestra memoria histórica".

El dirigente regional del Partido Socialista, Luis Orrego, indicó que estos recintos fueron mudos testigos de "una parte negativa de la historia de nuestro país cuando se cometieron grandes atropellos a los derechos humanos y hoy se convierten en verdaderos emplazamientos a la memoria para que nunca más en el país se vuelva a vivir este tipo de hechos".