Villa Grimaldi

Ubicada en Santiago, en Avenida José Arrieta a la altura del 8.200, comuna de Peñalolén, Villa Grimaldi fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. El local, conocido por los agentes de la DINA como Cuartel Terranova, ya estaba en funcionamiento en 1974, como sede de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM).

Progresivamente se fueron trasladando al local más unidades. Villa Grimaldi tiene un extenso terreno, y sus edificaciones, actualmente demolidas, se fueron ampliando para acomodar las distintas funciones que se le agregaban. Aparentemente, los primeros detenidos llegaron ya a mediados de 1974, aunque un flujo más regular no se produjo hasta fines de 1974. Hacia el verano de 1975, Villa Grimaldi pasó a convertirse en el centro de operaciones de la BIM, que ejercía la función de represión interna en Santiago. En Villa Grimaldi tenían su cuartel los equipos operativos; allí se llevaba a los prisioneros para sus primeros interrogatorios después de la detención y se mantenían lugares y artefactos especialmente dispuestos para las distintas formas de tortura; allí, también, se mantenía a los prisioneros a quienes ya no se torturaba, a veces por largos períodos, a la espera de posibles nuevos interrogatorios o de la decisión sobre su suerte futura.

A medida que el numero de detenidos fue aumentando se fueron habilitando lugares para su permanencia, los que aparentemente se encontraban diferenciados según la calidad en que se encontraba el detenido y los efectos que se esperaba producir en él. En una visita de la Comisión a este recinto, aunque las principales edificaciones estaban demolidas, por la distribución de cimientos y ruinas se pudo confirmar la descripción que sigue:

Los lugares más característicos donde permanecían los detenidos dentro de Villa Grimaldi eran:

– "La Torre". Efectivamente se trataba de una construcción como torre, que sustentaba un deposito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para la mantención de reclusos, de unos 70 x 70 centímetros y unos dos metros de alto, con una puerta pequeña en la parte baja por la que era necesario entrar de rodillas. En esa torre también había una sala de torturas. En cada una de estas celdas se mantenía a una o dos personas en un régimen de encierro permanente. En el caso de haber dos detenidos en una celda debían acomodarse de modos muy forzados para permanecer en el lugar y especialmente para dormir. Aparentemente las personas llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían terminado su etapa de interrogatorios intensos. A muchos de los detenidos que permanecieron en "La Torre" no se los volvió a ver.

Por ejemplo, Ariel Mancilla, uno de los principales dirigentes socialistas desapareció, así como muchos otros, luego de ser llevado, torturado, a "La Torre".

– Las "Casas Chile". Estas eran unas construcciones de madera destinadas al aislamiento individual de detenidos, que consistían en secciones verticales similares a closets donde el detenido debía permanecer de pie, a oscuras, durante varios días. 

– Las "Casas Corvi". Eran pequeñas piezas de madera construídas en el interior de una pieza mayor. Dentro de cada una de ellas se ubicaba un camarote de dos pisos. Aparentemente era el lugar donde permanecían los detenidos que estaban siendo sometidos al régimen mas intenso de interrogatorios y torturas.

Durante su permanencia en Villa Grimaldi los detenidos en general no tenían la posibilidad de asearse ni cambiarse de ropa, debían acudir al baño a horas fijas, sin excepciones, la comida era muy mala y absolutamente insuficiente, todo lo cual, además de las torturas, producía deterioros notables en la salud de los detenidos.

Dentro de la Villa Grimaldi había habitaciones especialmente dispuestas para la tortura. Unos agentes aplicaban los distintos métodos de torturas y otros, generalmente oficiales, conducían los interrogatorios, aunque estos últimos también a veces manipulaban personalmente los instrumentos de tortura. En algunas ocasiones, durante los interrogatorios, con o sin tortura, un funcionario tomaba notas en una máquina de escribir.

La forma más habitual de tortura era la "parrilla", que consiste en un catre de metal sobre el que se amarra desnudo al detenido para proceder a aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre distintas partes del cuerpo, especialmente aquellas más sensibles como los labios o los genitales, y aun sobre heridas o prótesis metálicas. Una modalidad particularmente cruel de este método consistía en la utilización de un camarote metálico de dos pisos; se colocaba al interrogado en el de abajo y en el de arriba se torturaba a un pariente o amigo suyo, como modo de presionarlo aún más.

Otro método de tortura muy empleado era el de los colgamientos. La víctima era colgada de una barra, ya sea por las muñecas o por las muñecas y las rodillas. En ambos casos, al dolor producido por el peso del cuerpo colgado por largo tiempo, se sumaba la aplicación de corriente eléctrica, de golpes, heridas cortantes y vejámenes.

También se aplicó frecuentemente en Villa Grimaldi el método de hundimiento de la cabeza de la persona en un recipiente con agua, generalmente sucia, o con otro líquido, manteniéndosele hundida hasta un punto cercano a la asfixia. Similar efecto se conseguía mediante el llamado "submarino seco", que consistía en la colocación de una bolsa plástica en la cabeza de la persona de modo de no permitirle la entrada del aire, también hasta un punto cercano a la asfixia.

Además de los métodos descritos era habitual la tortura y los malos tratos por medio de golpes de todo tipo, desde los muy violentos, con consecuencia de graves lesiones, hasta los múltiples golpes imprevistos dados a una persona con la vista vendada.

En Villa Grimaldi se emplearon drogas destinadas a obtener declaraciones. Durante un cierto tiempo se intentó hipnotizar a los detenidos, pero este método no parece haber dado resultados.

Además de las torturas descritas, que eran de aplicación general, algunos agentes emplearon en ocasiones otros métodos. Existen testimonios concordantes de que en una ocasión, en el caso de la familia Gallardo, narrado más adelante, se arrojó agua u otro líquido hirviendo a varios detenidos como un modo de castigarlos, y en anticipación a la muerte que luego les causaron. Se trataba de una represalia por la participación directa que uno de ellos tuvo en un acto de terrorismo: un ataque armado sobre seguro que costó la vida a un uniformado.

Villa Grimaldi mantenía una actividad permanente, prácticamente sin interrupciones. Los equipos operativos entraban y salían del lugar las veinticuatro horas del día, se traía a detenidos en cualquier momento y se torturaba a toda hora.

Al interior de Villa Grimaldi se daba un ambiente de degradación generalizada. Además de las torturas durante los interrogatorios, tanto los oficiales como los demás agentes operativos y algunos guardias permanentemente golpeaban y vejaban a los detenidos.

En su carácter de cuartel general de la BIM, Villa Grimaldi también albergó a un equipo de agentes que cumplía diversas labores de apoyo administrativo y logístico.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; villagrimaldi.cl; Memoriaviva

Villa Grimaldi, llamada también “Cuartel Terranova”, empezó a ser usada desde fines de 1973 por la Brigada de Inteligencia Metropolitana BIM y la DINA, entre mediados de 1974 y fines de 1975, período en que se produce la mayor presencia de detenidos, bajo el mando de los comandantes Pedro Espinoza, y Marcelo Morén, ambos oficiales de Ejército.

Este fue el principal centro de las operaciones de aniquilamiento de la DINA, dirigido por oficiales secundados por sus respectivos grupos operativos de captura o aniquilamiento, de interrogatorio y tortura, y por equipos de guardia interna y externa así como grupos de apoyo y servicios: secretaría, administración, radiocomunicaciones, documentación y falsificaciones, entre otros.

COMANDANTES

Pedro O. Espinoza Bravo

Pedro Octavio Espinoza Bravo, conocido como “Don Rodrigo” o “Rodrigo Terranova”, Coronel de Ejército, fue el primer Comandante de la BIM y de Villa Grimaldi. C.I. No: 3.063.238-9 de Santiago. Su nombre está indisolublemente ligado a la así llamada “Caravana de la Muerte”, que inicia su trágica trayectoria el 4 de octubre en Cauquenes y termina el 19 del mismo mes en Antofagasta dejando a su paso 68 ejecuciones sumarias. Pero no solo ejecuciones sino además masacres con corvos, con armas blancas. Actualmente cumple condena de seis años en la cárcel especial de Punta Peuco, por el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. Luego de la disolución de la DINA, continuó en la CNI. En Villa Grimaldi supervisó el ametrallamiento de los detenidos y su posterior sepultura clandestina.

Moren Brito,

Marcelo Luis Manuel Morén Brito, “El Coronta”, “El Ronco”, “El Oso”, Teniente Coronel de Ejército, sucedió a Espinoza en la comandancia de la Villa Grimaldi. Incondicional de Contreras, renunció a la DINA con el retiro de éste.Su sobrino Alan Bruce Catalán fue detenido en febrero de 75, permaneció en La Torre y está desaparecido. La familia de Alan Bruce había acogido en su hogar a Morén cuando éste era estudiante de la Escuela Militar. Actualmente está procesado por el delito de secuestro calificado en el caso Caravana de la Muerte. Estuvo unos meses detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, pero se le dio la libertad provisional en octubre de 2000, por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones.

OFICIALES

Jorge Claudio Andrade Gómez, “ Don Pedro”, Coronel de Ejército, comandó la Brigada O’Higgins. Permaneció en la CNI. Participó en los fusilamientos de Peldehue y asesinatos del complejo maderero Panguipulli junto a Medina Lois. Muchos sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de los detenidos en Villa Grimaldi.

Muchos sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de los detenidos. En 1991 era mayor en la guarnición general metropolitana.Este agente era miembro del Grupo Aguila y mano derecha de Krassnoff Martchenko. Estuvo en servicio en la Villa Grimaldi, donde los sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de detenidos.

En Agosto de 1979, participo en la aplicación de tortura que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez.

Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Mayor de Ejército, fue subdirector de inteligencia interior del BIM y la DINA. Fue jefe de un equipo de colaboradoras integrado por Luz Arce, Marcia Merino (Flaca Alejandra) y María Alicia Uribe Gómez (Carola), bajo cuyas órdenes trabajaron tanto en Villa Grimaldi como en el cuartel general de calle Belgrano. Se dice que se “enamoró” de Luz Arce y protegió a esas mujeres, responsables de la detención de decenas de personas. Integró la brigada Mulchén de la DINA. Está acusado del asesinato de Carmelo Soria. Este oficial de Ejército integraba la brigada Mulchén de la Dina, y aparece como uno de los directamente implicados en la muerte de Carmelo Soria. Estuvo en Villa Grimaldi y en el Cuartel General de Calle Belgrano. Fue Subdirector de Inteligencia Interior, pero estaba igualmente informado de lo que se hacia en el exterior. Hoy esta en retiro como Coronel.

Luz Arce Sandoval, militante socialista que doblegada por la tortura entregó a sus propios compañeros. Llegaría a ser jefe de sección de la DINA y amante de Wenderoth Pozo. Esta agente de estado ha sido la que ha dado declaraciones mas detalladas con respecto a Villa Grimaldi y la funcion que cada asesino, torturador ejercia en ese recinto ilegal de detencion.

Recuerda muchos nombres de secuestrados y torturados que pasaron por esa casa del horror.

Augusto Patricio Deichler Guzmán , mayor de ejército, reemplazaba ocasionalmente a Wenderoth en sus tareas. Oficial de Ejercito de la Rama de Caballería, promoción del año 1958. El 11 de septiembre era miembro del Estado Mayor de Ejercito y como tal pasó a integrar el Estado Mayor de la DINA. Este agente estaba en la sección C-1 de la Subdirección de Inteligencia Interior de la DINA. Formó parte del Departamento Exterior y en alguna oportunidad, asumió la jefatura transitoriamente. También reemplazó a Rolf Wenderoth cuando este salió al extranjero.Pasó a retiro como brigadier.

Gerardo Ernesto Ulrich, “Mano Negra”, Mayor de Ejército, Jefe Agrupaciones Puma y Tigre, DINA – CNI. Segun declaraciones de un ex funcionario de la DINA que tuvo acceso privilegiado a varios oscuros episodios de la dictadura junto a la enfermera Borumburu. declara: “Pude conocer accidentalmente ‘la torre’ (Villa Grimaldi) en una oportunidad en que el mayor Gerardo Ulrich estaba procediendo a quemarle los pezones con alcohol a una mujer totalmente desnuda”. unto al Mayor Manuel A. Carevic Cubillos, son responsables directos de la desaparición del conscripto de la FACH Rodolfo Valentín González Pérez. Es por la desaparición del joven González Pérez, que ambos oficiales fueron llevados a proceso en agosto de 1992 en el Tercer Juzgado del Crimen por la Magistrado Virginia Bravo.

Miguel Krassnoff Marchenko, “Capitán Miguel”, Capitán de Ejército, oficial de inteligencia responsable de la represión al MIR. Bajo su mando directo se ubicaban los oficiales jefes de agrupaciones y grupos operativos, de interrogatorio y tortura, denominadas como Aguila, Tucán, Halcón, Caupolicán. De su orden directa dependía el destino de los prisioneros: tortura, ejecución o desaparición. En los años 90 fue comandante del Regimiento Tucapel de Temuco. Luego, segundo hombre de la Cuarta División con sede en Valdivia. Ferrer Lima.

Francisco Maximiliano Ferrer Lima, “Max Lenoux”, “Max”, Capitán de Ejército, fue Jefe de Cuartel del Centro José Domingo Cañas y oficial de la Plana Mayor de Villa Grimaldi. Tras la disolución de la DINA continuó en la CNI y el DINE. Vinculado a los casos de Edgardo Enríquez, y el secuestro de Máximo Gedda Ortiz, era conocido que gustaba de presenciar la tortura de los detenidos y observar sus reacciones. En Ginebra asumió la defensa del gobierno de Chile, donde aseguró que los desaparecidos no existían. Fue nombrado director de la Escuela Nacional de Inteligencia. En 1991, con el grado de coronel, cumplía funciones en la DINE. Barriga Miembro de la Brigada Caupolicán de la DINA. Después de su disolución trabajó en los servicios de inteligencia del régimen militar. Formó parte de la brigada Caupolicán de la disuelta Dina, más tarde se desempeñó en el departamento de análisis.

Germán Jorge BArriga Muñoz, “Don Jaime”, Capitán de Ejército, comanda las agrupaciones Caupolicán, Purén, de la DINA. Responsable de la represión al PS, PC y otros partidos. Sólo ocasionalmente intervenían en la represión al MIR. Testigos los responsabilizan de la detención y tortura de Fidelia Herrera y su cónyuge y de la detención de Ricardo Lagos Salinas, Exequiel Ponce, Carlos Lorca Tobar. Campos Rehbeim, Alejandro Paulino, “Antolín”, Capitán de Corbeta de la Armada, Ayudante jefe Agrupación Halcón DINA. Carevic Cubillo, Germán Barriga podría contar quiénes son los responsables de la golpiza sufrida por la joven Michelle Peña, quien, casi al término de su embarazo, perdió su bebé debido a la brutal pateadura. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización.

Manuel Andrés Carevic Cubillos, “Raúl”, Capitán de Ejército, jefe de Agrupación Purén y Tigre, DINA – CNI. Este agente fue el segundo hombre de la Brigada Purén, encargada de la represión contra el Partido Socialista. Fue un cruel torturador e interrogador, participo en las sesiones de tortura a la ex agente Luz Arce.

Junto al Mayor Gerardo Urrich González, son responsables directos de la desaparición del conscripto de la FACH Rodolfo Valentín González Pérez. Es por la desaparición del joven González Pérez, que ambos oficiales fueron llevados a proceso en agosto de 1992 en el Tercer Juzgado del Crimen por la Magistrado Virginia Bravo. Con el grado de Coronel, posteriormente cumplía funciones en el Regimiento de Iquique.

Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, subprefecto de Investigaciones, miembro de la brigada de homicidios, oficial de la Plana Mayor de Villa Grimaldi. Comanda agrupaciones y participa en interrogatorios y directamente en Tortura, DINA.

Gerardo Ernesto Godoy García, “Teniente Marcos”, “Cachete Chico”, Teniente de Carabineros, Jefe Unidad Tucán, DINA. En agosto 74 detuvo a Alfonso Chanfreau,caso por el cual ha llegado recientemente desde Francia una petición de interrogar judicialmente a Contreras. Es responsable de la detención, tortura y desaparecimiento de Antonio Llido Mengual. Gerardo Godoy García era subteniente de Carabineros a cargo del grupo operativo Tucán en 1974, que servía de apoyo a las tareas de los grupos Halcón 1, a cargo de Lorenz y del grupo Aguila, que comandaba Krassnoff. Gerardo Godoy tenía a su cargo a la agente “Marisol”. Solía trabajar en grandes operativos junto al “Troglo”, “Guatón Romo”, Luz Arce, y “El Pulgar” o “Negro Paz”. Los prisioneros de 1975 lo recuerdan como “teniente Marcos”. A pesar de que era apenas un subteniente se daba ínfulas de alto oficial. Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago.

Nelson Edgardo Haase Mazzel, Teniente de Ejército, jefe Unidad Operativa Tucapel, DINA. Laureani Maturana, Fernando Eduardo, “Teniente Pablo”, “Lalo”, Teniente de Ejército, Jefe Brigada Vampiro DINA – CNI. Participa personalmente en la tortura de su compañero de curso Gustavo Thauby. Haase fue uno de los hombres de confianza del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y fue jefe del recinto de detención clandestino ubicado en calle Bilbao, conocido como “Cuartel Bilbao”. Diversos testimonios y documentos, entre ellos el entregado por la agente de la DINA Luz Arce, indican que el inmueble –habilitado desde 1976- tenía como fachada un aviso luminoso que decía “Implacate”. El historial del teniente también lo registra como miembro de la Sociedad Pedro Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país. A lo largo de los años, quienes sobrevivieron lo han descrito como arrogante, prepotente y despiadado; de hecho se llegó a decir que se enorgullecía de llevar permanentemente en su automóvil una picota para usarla en los allanamientos.

Ricardo Víctor Lawrence Meires, “Julio”, “Cachete Grande”, Teniente de Carabineros, jefe Grupos Aguila y Caupolicán, DINA. Pereira Pereira, Tulio, “Flaño”, Teniente Carabineros, jefe agrupación Halcón y Caupolicán, DINA. Participa directamente en el asesinato de los militantes del MIR Amador del Fierro Santibáñez e Iván Pérez Vargas. Lorenz era el hazmerreír de los guardias, detrás suyo custionaban su autoridad. Era considerado cruel, sólo suspendía la tortura a un detenido cuando éste sufría un paro cardíaco o se desmayaba. Los sobrevivientes recuerdan la vez que a una detenida, que había sufrido más de cuatro horas de parrillazos eléctricos, le puso un jugoso pedazo de sandía delante suyo. Todos sabían que si la mujer ingería el apetitoso trozo le provocaría un estallido de sus vísceras. En su testimonio, la ex agente Luz Arce cuenta que fue él quien, bajo amenaza de muerte, la obligó a colaborar. Con el grado de teniente coronel se encuentra hoy en retiro y alejado de su institución. Ricardo Lawrence.- ex oficial de Carabineros. Jefe operativo de la Dina. Extraditable. Teniente de Carabineros en 1974, fue jefe de la Agrupación Aguila de la DINA. Se retiró como teniente coronel.

AGENTES OPERATIVOS

Pedro René Alfaro Fernández, Cabo de Fuerzas Especiales Carabineros, Agente operativo grupo Tucán, DINA – CNI. Altez España, Risiere, Conocido como “El Conde”, inspector de Investigaciones, operó en la DINA en 1974 – 1975, torturador de la Agrupación Tigre. Aguilera Ruiz, Miguel, “Ricardo”, subcomisario de Investigaciones, agente en la Dina hasta 1977. Aravena Ruiz, José, “Muñeca”, Sargento 2º de Carabineros, operativo Brigada Caupolicán, permanece en la CNI hasta el año 1985.Burgos Díaz, Fernando Remigio, “El Costilla”, suboficial de Ejército, jefe equipo Brigada Verde, DINA – CNI. Burgos Vidal, Sergio Daris, suboficial de la Armada, operativo de la Agrupación Puma, DINA – CNI. Bustamante Figueroa, Juan Fernando, “Santana”, subcomisario de Investigaciones, agente Agrupación Tigre DINA. Caamaño Díaz, Francisco Aladino, “Carlos”, subcomisario de Investigaciones, agente agrupación Tigre, DINA – CNI. Cancino Vargas, Daniel, “Mauro”, “Octavio”, prefecto de Investigaciones, operativo agrupación Vampiro, DINA. Cerda Galleguillos, Nancy Antonia suboficial de la Armada, agente Agrupación Tigre, DINA – CNI. Chirinos Ramírez, Manuel Gregorio, “Juan González”, Inspector de Investigaciones, agente Agrupación Puma, DINA. Clavería Leiva, Hugo, del Ejército fue guardia y después y agente operativo DINA, enero 1974 guardia y operativo Londres 38; nov 1974 guardia interna Terranova (junto a El Tonto Soto, El Negro de la Flor, El Cacha); 1976 Caupolicán; 1978-79 guardia cuartel BIM (Borgoño) Concha Rodríguez, Rodolfo Valentín, Cabo del Ejército, operativo del grupo Halcón, DINA. Cornejo Marillanca, Osvaldo Patricio, “El Mono”, “Akito”, “El Chino”, empleado civil de la Armada, operativo de la Brigada Verde, DINA – CNI. Cox Roa, Lionel Roberto Enrique, “El Cabeza de Rodilla”, subcomisario de Investigaciones, agente operativo DINA y posteriormente, asistente de documentación archivo central. Fuenzalida Devia, Samuel Enrique, “Marco Antonio”, “El Gato”, Ejército, ejerció primero como guardia de Villa Grimaldi y después fue operativo de la Brigada Caupolicán, DINA. Jiménez Santibañez, Nibaldo, “El Pájaro”, comisario de Investigaciones, operativo y torturador de la Brigada Caupolicán, DINA. Lander Cabezas, Jorge, subprefecto de Investigaciones, ayudante Agrupación Puma, DINA. Lucero Lobos, Manuel Ernesto, suboficial de Ejército, agente Brigada Caupolicán, DINA. Marin Huincaleo, Emilio “El caballo”, suboficial de Carabineros, agente de grupo Aguila, DINA. Òrdenes Montecinos, María Gabriela “La Guatona Gaby”, “Soledad”, Sargento de la Armada, agente unidad operativa Caupolicán, DINA – CNI. Osorio Navarro, Teresa del Carmen. “Chica Tere”, “Marisol”, empleada civil de la Armada, agente DINA. Pulgar Gallardo, Osvaldo “El Pulgar”, Sargento de Carabineros, agente del grupo Halcón, DINA. Ramos Hernández, Rosa Humilde, “La Huasa”, suboficial de Ejército, agente grupo Aguila, DINA – CNI. Participa directamente en sesiones de tortura. Rivas Díaz, Manuel, subcomisario de Investigaciones, agente DINA. Romo Mena, Osvaldo Enrique, “Comandante Raúl”, “Guatón Romo”, empleado civil de Ejército, agente grupo Halcón, DINA. Participa en detención y tortura de Alvaro Villagrán, Edwin Van Yurik, M. Angélica Andreioli, Luis Rojas Palominos y Diana Aron Svingilsky. Violación de Bárbara Uribe Tamblay. Tortura y muerte de Lumi Videla; desaparición de Jorge D’Orival Briceño, Guillermo Beausire y otros. Saldías Valdés, Juan, “Harry El Sucio”, comisario de Investigaciones, agente de agrupaciones Tigre y Vampiro, DINA. Troncoso Vivallo, Emilio Hernán “Cristián”, suboficial de Carabineros, operativo de Brigada Caupolicán, DINA – CNI. Urbina Cáceres, Juan, prefecto de Investigaciones, interrogador y agente DINA. Vargas Cid, Arturo Patricio, subcomisario de Investigaciones, agente operativo de la Agrupación Puma, DINA. Zapata Reyes, Basclay Humberto, “El Troglo”, suboficial de Ejército, agente y subjefe grupo Halcón y Caupolicán, DINA, CNI, DINE.

GUARDIAS

Benavente Conejeros, Gonzalo Gilberto, “ Huaso Ríos”, empleado civil de Ejército, guardia de la DINA – CNI. Bozo Salgado, Ricardo Abraham, “El Dedos Largos”, empleado civil de Ejército, guardia DINA – CNI. De la Flor, Oscar , “El Negro”, cabo de Ejército, participó como agente operativo DINA y posteriormente guardia y comandante de guardia de Villa Grimaldi. Delgado, Manuel “Chufinga”, Cabo de Ejército, guardia BIM – DINA en Villa Grimaldi. Molina Astete, Víctor Manuel, “Juan Pablo”, “El Choco”, suboficial de Ejército, guardia DINA – CNI.

OTROS AGENTES

Arce Sandoval, Luz , “Ana María”, tras su detención colabora con la DINA en la captura e interrogatorios, posteriormente es empleada civil como secretaria plana mayor BIM DINA. Almuna Guzmán, Palmira Isabel, oficial de Carabineros, Ayudante Comandancia BIM y DINA. Iribarren Ledermann, Emilio, “Joel”, después de su detención pasa a colaborar con la DINA, en identificación de compañeros, documentación y archivos. Empleado DINA. Merino Vega, Marcia Alejandra Evelyn, “Flaca Alejandra”, al ser detenida se convierte en colaboradora para la captura de sus compañeros. Analista y secretaria plana mayor BIM, DINA – CNI. Empleada civil de Ejército. Pincetti Gac, Osvaldo Andrés, “Doctor Mortis”, “El Brujo”, paramédico, empleado civil de Ejército, DINA – CNI. Interrogador, usaba técnicas de hipnosis, estuvo en Londres 38, Villa Grimaldi y Colonia Dignidad. Vinculado desparecimiento Edwin Van Yurik, tortura Adriana Bohórquez; formó parte de la comitiva que detuvo en Paraguay a Jorge Fuentes Alarcón. Uribe Gomes, María Alicia, “Carola”, se convierte en colaboradora de la Dina tras su detención. Realiza actividades de secretaria y análisis en la Brigada Purén, DINA – CNI. Empleada civil de Ejército.

CUATRO ALAMOS

Manzo Durán José, “Carapálida” “Lucero”, Teniente de gendarmería en comisión de servicio en la DINA, comandante del recinto de Incomunicación DINA de Cuatro Alamos; Muchas personas fueron sacadas de allí y nunca más volvieron. De este lugar salió para desaparecer “Mauro”, (Carlos Carrasco Matus) un guardia que vigilaba a los presos, con quienes tenía una actitud humanitaria. Manzo ha sido acusado además como violador.

LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN

Seccatore Gómez, Italo Alberto, oficial de ejército, responsable de la modernización del sistema de archivos computacionales de la DINA, con dos sistemas de ingresos: uno con la lista de detenidos en el tiempo, y otro, con las listas de detenidos desaparecidos. Antes de su retiro, trató de convencer a Luz Arce que no hablara ante la Comisión Verdad y Reconciliación.

La primera vez que Lelia Pérez sintió la quemadura de la picana fue de manos de un soldado chileno. Tenía 16 años, era estudiante de secundaria y fue utilizada como conejillo de indias para que las fuerzas de seguridad de Pinochet perfeccionasen sus técnicas de tortura. Ni siquiera se molestaron en hacerle preguntas.
"Les iban enseñando a otros cómo se hace un interrogatorio, cómo se aplica la corriente, dónde, por cuánto tiempo. Les van explicando y uno está allí y le van aplicando corriente… Lo primero que sentí es que no me estaba pasando a mí. Tenía la impresión de que me miraba a mí misma desde otro lugar. Fue brutal", dice.
El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet tomó el poder en Chile por la fuerza. En los días siguientes al golpe de Estado militar, cientos de personas fueron detenidas y llevadas a los dos principales estadios de la capital, Santiago. Lelia cuenta a Amnistía Internacional que la detuvieron junto con 10 compañeros de clase y les llevaron al estadio Chile -llamado actualmente Víctor Jara porque el cantante estuvo detenido allí-. Tenían a los detenidos en las tribunas, con las manos atadas, mientras los soldados apuntaban continuamente con sus ametralladoras.
Lelia Pérez a los 16 años. | AILelia Pérez a los 16 años. | AI
"Perdías la noción del tiempo porque las luces estaban constantemente encendidas. Sólo sabíamos si era de día o de noche cuando veíamos a los guardias comer", cuenta. Mientras los detenidos miraban, los soldados construyeron unas cabinas especiales. Allí se cometieron las peores torturas.
Lelia pasó cinco días en el estadio Chile. Finalmente, la liberaron sin ninguna explicación, sacándola a la calle en mitad de la noche. "Iba con ropa de otras personas que habíamos visto cómo asesinaban. Nos dejaron salir muy cerca del estadio. Era el toque de queda y la calle estaba llena de prostíbulos. Las mujeres me acogieron, me bañaron y me prestaron ropa. Entré de 16 años y salí de 60".
Esos días de horror fueron sólo el principio de una larga historia que llevó a Lelia a algunas de las peores prisiones de Pinochet. Estuvo detenida tres veces en un periodo de dos años, y en cada una de ellas los soldados del brutal régimen de Pinochet la maltrataron y torturaron.
Un país de terror
Lelia Pérez, hoy, reivindicando la memoria de los desaparecidos. | AILelia Pérez, hoy, reivindicando la memoria de los desaparecidos. | AI
Cuando Lelia salió del estadio Chile, su país era casi irreconocible. Pinochet había impuesto restricciones a los ciudadanos y se estaba deteniendo a miles de activistas sociales, maestros, abogados, sindicalistas y estudiantes, que eran encerrados en centros clandestinos de todo el país.
Sin arredrarse por su experiencia, Lelia se matriculó en la Universidad Técnica del Estado, conocida por su activismo político, para estudiar Historia. Pero pagó un alto precio y su libertad duró poco. Una noche de finales de octubre de 1975, la policía política de Pinochet llamó a su puerta una vez más. La detuvieron a ella y a su novio.
"Me hicieron salir de la casa esposada. Me subieron a un coche, me colocaron cinta adhesiva en los ojos y gafas oscuras. La cinta adhesiva era para que yo no viese a dónde me llevan y las gafas para que la gente que está en la calle no vises que tú estás así". El coche tardó unos 30 minutos en recorrer la distancia entre el centro de Santiago y Villa Grimaldi, una antigua casa colonial de recreo que había tomado la DINA —la policía política de Pinochet— para usarla como centro de detención y tortura.
"De ahí fui trasladada a una especie de oficina donde me tomaron los datos y me llevaron a una sala de interrogatorio con una cama de dos niveles, metálica. Había un compañero que estaba siendo interrogado en la parte de arriba, a mí me colocan en la de abajo y a mi pareja la amarraron al camarote. Estaban interrogando a tres personas simultáneamente y utilizando la misma descarga eléctrica para las tres. Mi interrogatorio terminó por la mañana, antes del desayuno".
En Villa Grimaldi se sometía a las personas detenidas a electroshocks y simulacros de ahogamiento, les sumergían la cabeza en cubos llenos de orina y excrementos, los asfixiaban con bolsas, les colgaban de los pies o de las manos y los golpeaban… Muchas mujeres fueron violadas y para algunas personas, el castigo fue la muerte. Para los detenidos, la oscura y húmeda celda era el único mundo que existía y, con el tiempo, surgió un sentimiento de comunidad.
"Cuando llegas después de un interrogatorio y te tiran en la celda de las mujeres, te cierran la puerta e inmediatamente sientes que alguien viene, te acuesta, te levanta la venda, te moja los labios… Generalmente las descargas eléctricas te hacen transpirar mucho, te deshidratas muy rápido, entonces tienes mucha sed", cuenta. Se calcula que en Villa Grimaldi entraron unas 4.500 personas. Muchas no salieron jamás y cientos de ellas siguen desaparecidas.
Lelia pasó casi un año allí. Luego la trasladaron a un campo de trabajo donde estuvo otros 12 meses, hasta que la obligaron a salir del país a finales de 1976. Más de diez años después, cuando Pinochet fue destituido tras un referéndum general, regresó a Chile y a Villa Grimaldi para tratar de reconciliarse con el pasado. Ahora la casa colonial es un centro cultural para la comunidad local. "Este lugar que era clandestino hoy es abierto. Fue un sitio de destrucción y lo convertimos en un sitio de construcción. Este lugar que trató de asesinar ahora propugna la vida", cuenta.

A mediados de noviembre del año 1975, diversos medios de comunicación difundieron la información de que estas seis personas:

Alberto Gallardo

Catalina Gallardo

Mónica Pacheco

Luis Andrés Ganga

Pedro Cortés

Manuel Reyes

Eran extremistas que habían muerto en un violento enfrentamiento a tiros con fuerzas de la DINA y de Investigaciones, en los cerros de La Rinconada de Maipú.

En realidad, esas seis personas, vínculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y al Partido Comunista (PC), habían sido detenidas ilegalmente, llevadas al centro clandestino de detención y tortura «Villa Grimaldi», torturadas, y asesinadas.

La DINA había orquestado un montaje comunicacional «tendente a ocultar los hechos efectivamente ocurridos», conforme se halla acreditado en el proceso que lleva adelante el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos.

En la intersección de Carmen con Camino a Rinconada, junto al Registro Civil, en Maipú, hay un mural del colectivo Víctor Alfonso Martínez referido al caso, conocido como «El montaje de la Rinconada de Maipú».

Los hechos

De acuerdo al Informe Rettig, el 17 de noviembre de 1975:

«(…) se produjo un ataque armado de miembros del MIR a un grupo de soldados del Ejército en la [Escuela 51, de] calle Bío-Bío de Santiago, generándose un enfrentamiento a consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas Calderón y el militante del MIR Roberto Gallardo (…)” (Informe Rettig, tomo 2, página 804).

Con ulteriores entregas pretendemos completar una visión del caso en su complejidad. A efectos de la presente recogeremos algunos de los hechos que se hallan acreditados en autos:

Al día siguiente del asalto a la Escuela 51, es decir el 18 de noviembre de 1975, fueron detenidos ilegalmente y trasladados hasta Villa Grimaldi  el padre, una de las hermanas y la esposa embarazada de tres meses de Roberto Gallardo: Alberto Gallardo, Catalina Gallardo y Mónica Pacheco. Militante del PC el primero, del MIR las mujeres.

También fueron detenidos ilegalmente y trasladados hasta Villa Grimaldi otras tres personas vinculadas a Roberto Gallardo: su amigo Luis Andrés Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. Militante del PC este último, del MIR los otros.

Para la abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Marcela Prieto, la DINA detuvo ilegalmente a estos tres jóvenes porque trabajaban junto a Roberto en un grupo cristiano, más que por su militancia política.

La noche del 18 al 19 de enero de 1975, estas seis personas cercanas a Roberto Gallardo fueron torturadas en Villa Grimaldi. El salvajismo fue tal que personas detenidas entonces en el lugar señalan a aquella como:

«La peor de todas las noches».

Al día siguiente, el 19 de enero de 1975, los cadáveres de Mónica Pacheco, Catalina Gallardo, Alberto Gallardo, Luis Andrés Ganga, Pedro Cortés y Manuel Reyes, «fueron trasladados desde Villa Grimaldi, por personal de la DINA al mando del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y del capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, hasta el recinto denominado Rinconada de Maipú, con la finalidad de aparentar un enfrentamiento entre estos detenidos y personal de la DINA».

Existen versiones en el sentido de que a estas personas las habrían trasladado vivas hasta la hacienda de la Universidad de Chile, en el sector de La Rinconada de Maipú, donde las habrían bajado de los vehículos y hecho correr. Entonces, las habrían ejecutado disparándoles por la espalda.

Eso es lo que piensa la abogada Marcela Prieto.

Ese mismo día (19 de noviembre de 1975), se difundió un comunicado de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno de la dictadura de Pinochet.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condena a tres agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado del profesor de enseñanza media Guillermo Hernán Herrera Manríquez, perpetrado el 5 de mayo de 1975, en la ciudad de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 41.287-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier- rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo, interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y descartó infracción de ley en la sentencia que condenó a 10 años y un día de presidio a los jerarcas de la DINA y ex oficiales de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko y Fernando Eduardo Lauriani Maturana y a la agente ex funcionaria de Carabineros Luisa Durandín Villaseca, todos en calidad de autores del delito.

El profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Guillermo Herrera Manríquez, de 28 años de edad, fue detenido en la calle por agentes de la DINA el día 23 de mayo de 1975, cerca de las 14:00 horas, en los alrededores de la Estación Central, en Santiago. Inmediatamente le trasladan hasta un centro clandestino de detención y tortura que con posterioridad se pudo establecer se trataba de Villa Grimaldi.

En ese cuartel secreto de la DINA, el detenido fue sometido a interrogatorios y torturas, como era la práctica habitual de ese órgano criminal. En esas condiciones, Herrera Manríquez manifiesta a sus captores y torturadores que tenía un contacto telefónico que debía recibir en el domicilio de su padre; por ese motivo, en horas de la noche los agentes captores le trasladan hasta la vivienda paterna ubicada en calle General Gana de la comuna de Estación Central.

En el inmueble se encontraban los padres de Herrera Manríquez y un primo, quienes fueron testigos de las deplorables condiciones físicas en que llega el detenido hasta el domicilio producto de los flagelos a que ha sido sometido en esas horas de prisión. Los agentes le esposan a una cama de la vivienda, además, expresan que el detenido está incomunicado por tanto los familiares no pueden hablarle; sólo le observan desde lejos y tratan de comunicarse por señas.

Esta condición de secuestro se mantuvo inalterable los días sábado y domingo, bajo el control y vigilancia permanente de un grupo de agentes de la DINA, entre los cuales estaban los ahora condenados. El día lunes 5 de mayo, cerca de las 7:00 horas, el estado de salud de Herrera Manríquez se agrava; los familiares se percatan de ello pues le ven vomitar sangre e imposibilitado de moverse. El padre del detenido, ante la calamitosa situación en que está su hijo, hace ver este hecho y reclama ayuda a los cancerberos quienes, dado el evidente empeoramiento de la salud del detenido, deciden sacarlo de la vivienda con destino desconocido y retirarse de la misma llevándose todos sus armamentos y agentes.

Frente a la falta de respuesta de los agentes represivos respecto de adonde le llevaban, la familia de Herrera Manríquez comienza a buscarlo por distintos centros asistenciales, encontrándole finalmente fallecido en el Servicio Médico Legal.

El informe de autopsia del SML -de la época- registra como causa de muerte una herida cortante de tipo suicida y consigna la hora del fallecimiento a las 7:15 del 5 de mayo de 1975.

Todos estos antecedentes llevan a la justicia a establecer que: "en consecuencia, lo que no admite duda alguna y se tiene como cierto, es que la víctima Guillermo Hernán Herrera Manríquez fue detenido por agentes del Estado, quienes le interrogaron y torturaron, y a consecuencia de sus lesiones muere privado de libertad y bajo la custodia de agentes de la DINA".

Por tales consideraciones, entre otras, la Corte Suprema rechaza los recursos interpuestos por los condenados que buscaban la nulidad del juicio, o pretendiendo obtener absoluciones, beneficios y rebajas que no tienen cabida por la calificación del delito como un crimen de lesa humanidad.

por Darío Núñez

La Corte Suprema condenó a 14 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega; y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Los delitos fueron cometidos entre abril y agosto de 1976, en la provincia de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 71.900-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo y Eliana Quezada- revocó la sentencia dictada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, que aplicaba la media prescripción a los acusados.  En sentencia de reemplazo la Corte Suprema condenó a los ex jerarcas DINA y ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Jorge Claudio Andrade Gómez a las penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de 16 secuestro calificado y a 10 años y un día en calidad de autores de un homicidio calificado.

En tanto, Rolf Arnold Wenderoth Pozo fue condenado a sendas penas de 10 años y un día de presidio, como autor de tres secuestros calificados y un homicidio calificado; Juan Hernán Morales Salgado y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño a 10 años y un día de presidio, como autores de seis secuestros calificados.

En el caso de los ex agentes Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich y Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, se les aplicó una pena de 5 años y un día de presidio, como autores de un solo caso de secuestro calificado.

Asimismo, los ex agentes Orlando Jesús Torrejón Gatica, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza y Carlos Eugenio López Inostroza deberán purgar 7 años en calidad de cómplices de los 16 secuestros calificados y 5 años y un día presidio en calidad de cómplices del homicidio calificado.

Finalmente, Hermon Helec Alfaro Mundaca deberá purgar 7 años en calidad de cómplice de 15 secuestros calificados y 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del homicidio calificado.

Los criminales Carlos José Leonardo López Tapia y Ricardo Víctor Lawrence Mires, que habían sido condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Leopoldo Llanos en julio de 2017, a penas de 20 años de presidio, fallecieron en el curso del proceso. También fallecieron los condenados en primera instancia Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.

Al desestimar la media prescripción, la Corte Suprema establece que: "(…) resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión también debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional".

La resolución agrega que: "A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total".

"Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena", añade.

"Sin embargo -prosigue-, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes".

Los hechos

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá dio por establecido que en el marco de la represión sistemática a los opositores al régimen militar, en los meses de abril y agosto de 1976, se produjeron las detenciones de una serie de personas, todos militantes del Partido Comunista.

El día 29 de abril de 1976, en el sector de las calles Santa Rosa y Sebastopol de la comuna de San Miguel, fueron detenidos por agentes de la DINA los hermanos Manuel Guillermo, de 22 años, y Luis Emilio Recabarren González, de 29 años, junto a Nalvia Rosa Mena Alvarado, de 20 años, y el hijo de ésta de dos años de edad. El menor fue abandonado cerca de su domicilio en horas de la noche.

Al día siguiente, 30 de abril, a las 7:00 horas, fue detenido Manuel Segundo Recabarren Rojas, de 50 años de edad, a poco de salir de su domicilio en el mismo sector y cuando se disponía a abordar un bus de locomoción colectiva.

Todos los detenidos fueron conducidos al cuartel clandestino de detención y tortura 'Villa Grimaldi'; a Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, además, se les vio en el recinto 'Simón Bolívar' y a Luis Emilio Recabarren González en 'Cuatro Álamos'. Desde esos recintos la DINA los hizo desaparecer.

El día 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Rojas Magallanes con Panamá de la comuna de La Florida, fue detenida por agentes de la DINA la joven Clara Elena Canteros Torres, de 21 años de edad. Fue reducida al descender de la locomoción colectiva.

Es trasladada hasta 'Villa Grimaldi' donde es vista por testigos, y el día 20 de agosto de 1976, es sacada de ese recinto junto a los también detenidos Mario Juica Vega y "scar Ramos. Desde entonces se les hizo desaparecer.

A las 21:40 horas Eduardo Canteros Prado, 48 años, tío de Clara Elena, constructor civil, es detenido en la vía pública por agentes de la DINA, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá, de la comuna de La Florida. Fue trasladado hasta la 'Villa Grimaldi'. En el año 1990 sus restos fueron encontrados en el fundo Las Tórtolas de Colina, recinto que hasta 1980 perteneció al Ejército.

El día 27 de julio de 1976, alrededor de las 17:15 horas, Alejandro Rodríguez Urzúa, de 49 años de edad, fue detenido por agentes DINA desde su oficina ubicada en Mallinkrodt 70, Barrio Bellavista. Lo trasladaron hasta el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El día 4 de agosto de 1976, Daniel Palma Robledo, 61 años, empresario, fue detenido en horas de la mañana, en avenida Matta, entre las calles San Diego y Arturo Prat; luego de retirar su correspondencia, compró un diario y al momento de retirarse fue detenido y se lo llevaron con destino desconocido, pero fue visto en el cuartel de exterminio 'Simón Bolívar'.

El mismo 4 de agosto, a las 15:00 horas, fue detenido el médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, de 39 años. Lo apresaron durante el trayecto que efectuaba entre el Hospital Parroquial de San Bernardo y su consulta particular, ubicada en calle Barros Arana con Arturo Prat. Fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi' y, posteriormente, a 'Cuatro Álamos', desde donde se le hace desaparecer.

En horas de la noche del 4 de agosto fue detenido por agentes DINA el médico cirujano Iván Sergio Insunza Bascuñán, de 43 años, mientras conducía su vehículo. Fue trasladado a 'Villa Grimaldi' y luego a 'Cuatro Álamos'.

El día 6 de agosto de 1976, a poco de salir de su domicilio, alrededor de las 9:30 horas, fue detenido por agentes DINA el dirigente estudiantil y de la Central Única de Trabajadores, José Eduardo Santander Miranda, de 29 años; testigos sobrevivientes lo vieron en el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El 9 de agosto, Víctor Hugo Morales Mazuela, de 45 años, carpintero y obrero de la construcción, dirigente sindical y encargado de organización de un regional del Partido Comunista, fue detenido en horas de la mañana, en los alrededores de la población 'Villa México' de la comuna de Maipú y fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi'. Posteriormente, se le vio en el cuartel 'Simón Bolívar'.

El mismo 9 de agosto, Mario Jesús Juica Vega, 34 años, comerciante, fue detenido alrededor del mediodía, en las inmediaciones de plaza Egaña, en la comuna de 'uñoa, y trasladado a 'Villa Grimaldi', lugar en que fue visto por numerosos testigos. El día 20 de agosto fue sacado desde ese recinto junto a otros dos detenidos y desde entonces la DINA los hace desaparecer.

El 11 de agosto de 1976, a las 9:00 horas, en circunstancias que salía de su domicilio, ubicado en calle Chiloé, entre Santa Rosa y Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, fue detenido por agentes DINA el comerciante Miguel Nazal Quiroz, de 44 años. Fue trasladado a' Villa Grimaldi'.

En horas de la noche del mismo 11 de agosto, Carlos Mario Vizcarra Cofré, de 31 años, desabollador, en su domicilio en Quinta Normal fue detenido por agentes que lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi', recinto en que lo vieron testigos hasta el 25 de agosto del mismo año. Posteriormente, fue visto en el recinto 'Simón Bolívar'.

El 13 de agosto, Juan Aurelio Villarroel Zárate, de 55 años, dirigente sindical, fotograbador, alrededor de mediodía, cuando se trasladaba desde su domicilio en Conchalí fue detenido por agentes DINA en las cercanías de la Estación Mapocho. Fue trasladado hasta Villa Grimaldi.

El día 16 de agosto de 1976, a las 11:30 horas, el obrero Julio Roberto Vega Vega fue detenido por agentes DINA en avenida Presidente Balmaceda, entre Cueto y Libertad, de la comuna de Santiago. Varios testigos lo vieron recluido tanto en 'Villa Grimaldi' como en el cuartel 'Simón Bolívar'.

por  Darío Núñez

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.

Rodolfo Núñez Benavides fue catalogado como detenido desaparecido.

La sentencia se dictó en contra del teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, el mayor Juan Morales Salgado, y el cabo primero Juvenal Piña Garrido, todos del Ejército, quienes tuvieron responsabilidad en la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides, el 18 de mayo de 1976.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de San Miguel sentenció a tres exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del vendedor de productos lácteos Rodolfo Marcial Núñez Benavides, ilícito que fue perpetrado a partir del 18 de mayo de 1976.

La condena fue dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos del referido tribunal, Marianela Cifuentes, quien resolvió imponer una pena de diez años de cárcel a los acusados Pedro Espinoza Bravo, teniente coronel de Ejército a la época de los hechos; Juan Morales Salgado, mayor del Ejército, y Juvenal Piña Garrido, cabo primero de la misma institución, como autores del delito.

El fallo establece penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, la sentencia acogió la demanda interpuesta y condenó al Fisco pagar una indemnización total de 160 millones de pesos por concepto de daño moral a los familiares de la víctima.

Hechos

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los hechos ocurridos hace 47 años, cuando la DINA estaba a cargo del coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda –actualmente fallecido–, y secundado por el director de Operaciones de dicho organismo, teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, quien tenía bajo su mando a todas las brigadas regionales, desde Arica a Punta Arenas, entre ellas, a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM).

Que de dicha brigada dependía la Brigada Lautaro, a cargo del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, unidad que ocupaba el cuartel ‘Simón Bolívar’, en la comuna de La Reina. Asimismo, operaba un grupo de élite denominado ‘Delfín’, a cargo del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence Mires –ambos fallecidos–, que “fue creado con el propósito de perseguir y exterminar a la dirigencia del Partido Comunista (PC) que trabajó en el centro de detención clandestino denominado ‘Villa Grimaldi’ y, luego, en el cuartel ‘Simón Bolívar’”, reza el fallo.

En ese contexto, el 18 de mayo de 1976, alrededor de las 15:00 horas, en avenida Departamental al llegar a avenida Ochagavía, agentes de la DINA detuvieron sin derecho a la víctima, quien era militante del PC y viajaba junto a su hijo Rodolfo Francisco Núñez Moya en un vehículo, y momentos más tarde allanaron su domicilio en la comuna de La Cisterna.

En este sentido, los captores mantuvieron encerrado a Núñez Benavides en el centro de detención clandestino ‘Villa Grimaldi’, ubicado en Peñalolén, siendo posteriormente trasladado al centro de detención clandestino ‘Simón Bolívar’, el que estaba a cargo del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, en el que operaba la agrupación ‘Delfín’.

Esta sería la última noticia que se tiene de la persona secuestrada, el cual “fue trasladado por el cabo 1° del Ejército Juvenal Alfonso Piña Garrido, agente del referido grupo ‘Delfín’, a una dependencia del mencionado centro de detención que se ocupaba para torturar a los detenidos, desconociéndose desde entonces su paradero”, concluye la sentencia.

La Corte Suprema condenó a agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del estudiante del Instituto Superior de Comercio de Talca Francisco Eduardo Ugás Morales, de 22 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue secuestrado a partir del 7 de febrero de 1975, en la comuna de Estación Central, en Santiago.

El nombre de Rodrigo Ugás apareció, posteriormente, en el listado de 119 personas detenidas desaparecidas incluidas en la maniobra de desinformación implementada por la DINA y la dictadura conocida como "Operación Colombo".

En fallo unánime (causa rol 63-094-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari- acogió los recursos de casación en el fondo deducidos por los querellantes y estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, anulándola y reemplazándola.

En la sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó la sentencia de primer grado dictada por el ministro Hernán Crisosto Greisse en junio de 2015 y que condenó a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito.

En tanto, los ex oficiales Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García y Manuel Andrés Carevic Cubillos, y los ex agentes Pedro René Alfaro Fernández, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Alfonso Ojeda Obando, Luis René Torres Méndez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Carlos Eusebio López Inostroza, Luis Rigoberto Videla Insunza, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Mora Villanueva, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Silvio Antonio Concha González y Roberto Hernán Rodríguez Manquel deberán cumplir 10 años y un día de presidio, como coautores del secuestro calificado.

En el caso, del agente Samuel Enrique Fuenzalida Devia, se confirmó la resolución del ministro en visita Hernán Crisosto, que lo condenó a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. Al menos otros 11 agentes condenados en el fallo de primera instancia fallecieron en el curso del proceso.

En la resolución, la Segunda Sala establece que: "….aparece claro que los jueces del grado al momento de resolver la controversia sometida a su conocimiento y absolver a los acusados Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Pedro René Alfaro Fernández, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Alfonso Ojeda Obando, Luis René Torres Méndez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Carlos López Inostroza, Luis Rigoberto Videla Insunza, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Mora Villanueva, Víctor Manuel Molina Astete y Fernando Enrique Guerra Guajardo, han incurrido en los errores de derecho denunciados por el querellante, al estimar, en síntesis, según se evidencia del razonamiento que antecede, …. reduciendo artificialmente la responsabilidad atribuida a cada uno de ellos a su condición de agentes de la DINA, mediante una reproducción incompleta de los fundamentos esgrimidos por el tribunal de primera instancia…..", sostiene el fallo.

"Que por otro lado -prosigue-, como ya se ha esbozado, adicionalmente a dicha calificación jurídica, los sentenciadores estimaron…., que los hechos fueron cometidos en un contexto de ataque sistemático o generalizado en contra de la población civil, lo que determinó que el ilícito establecido fuera, además, considerado como crímenes de lesa humanidad, por atentar contra normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario, y por lo mismo, sometido a dicho estatuto jurídico internacional".

Villa Grimaldi

En la sentencia de primera instancia, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto Greisse estableció que en horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, miembros de la DINA, detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central, en Santiago, a Rodrigo Eduardo Ugás Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado 'Cuartel Terranova' o 'Villa Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual solo tenían acceso los agentes de la DINA.

El detenido Ugás Morales durante su estada en el cuartel de Villa Grimaldi, según testimonios de sobrevivientes, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel.

La última vez que Rodrigo Ugás Morales fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido desde esa fecha. 

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en la forma y en el fondo interpuestos por las defensas, en contra de la sentencia que condenó a agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del estudiante de sociología Ariel Martín Salinas Argomedo, cometido a partir del 25 de septiembre de 1974 en Santiago. 

El nombre de Ariel Salinas Argomedo apareció, posteriormente, en el listado de 119 personas detenidas desaparecidas incluidas en la maniobra de desinformación implementada por la DINA y la dictadura conocida como "Operación Colombo".

En fallo unánime (causa rol 135.568-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari-, acogió el recurso de casación en la forma deducido por la querellante Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, consecuencialmente, invalidó la sentencia impugnada, solo en la parte que absolvió al acusado Manuel Heriberto Avendaño González y, en sentencia de reemplazo, lo condenó a 10 años de presidio, en calidad de autor del delito.

El fallo de la Corte Suprema confirmó las sentencias de los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas DINA César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann quienes deberán cumplir 13 años de presidio, por su responsabilidad como autores del secuestro calificado.

Mientras que, además del ya aludido Manuel Heriberto Avendaño González, los ex oficiales, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Gerardo Ernesto Godoy García, Palmira Isabel Almuna Guzmán, y los ex agentes Hermón Helec Alfaro Mundaca, Julio José Hoyos Zegarra, Silvio Antonio Concha González, José Alfonso Ojeda Obando, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Rosa Humilde Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Pedro Ariel Araneda Araneda, y Juan Evaristo Duarte Gallegos deberán purgar 10 años de reclusión, todos condenados en calidad de autores del delito.

Otros 12 agentes, también condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Hernán Crisosto Greisse en octubre de 2015, fallecieron en el curso del proceso.

Respecto del caso del acusado Manuel Avendaño González la Sala Penal señala: "(…) en tales condiciones, el recurso propuesto por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, deberá ser acogido, desde que de la sola lectura de la sentencia objetada se evidencia en ella fundamentos que resultan completamente contradictorios, anulándose unos a otros, tornando la decisión que absuelve al acusado Avendaño González que se declara en lo resolutivo, carente de todo fundamento, configurándose el vicio de invalidación denunciado.

"En  efecto, a la época de los hechos, estos acusados formaban parte como superiores jerárquicos y agentes operativos, conjuntamente con otros imputados cuya participación se analizara en los considerandos siguientes, de las agrupaciones pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional que materializó el secuestro de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre cuyos miembros se encontraba Salinas Argomedo, de manera tal que no obstante no recordar el nombre específico de este resulta indiscutible concluir, tal como lo hace el a quo, que tomaron parte en la ilegítima privación de libertad de este de manera inmediata y directa en la forma que prevé la norma recién citada y que, por lo mismo, son coautores punibles de este ilícito.

Operación Colombo

Ariel Martín Salinas Argomedo era ex estudiante de sociología de la Universidad de Concepción. El joven, de 26 años, casado y padre de una hija, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formaba parte de la dirección universitaria del MIR en Concepción y, hasta el golpe militar, fue presidente del centro de alumnos de la carrera de sociología de la UdeC. Luego del golpe debió pasar a la clandestinidad para evitar ser apresado. Se trasladó a Santiago para continuar con su actividad militante y un año más tarde fue detenido.

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Hernán Crisosto Greisse dio por establecido que en horas de la mañana del día 25 de septiembre de 1974, Ariel Salinas fue detenido en la vía pública por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado 'Ollagüe', ubicado en José Domingo Cañas N° 1367 de la comuna de 'uñoa. Posteriormente fue trasladado a los recintos clandestinos de detención denominados 'Villa Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de La Reina, y a 'Cuatro Álamos', ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales solo tenían acceso los agentes de la DINA.

Según consta del testimonio de prisioneros sobrevivientes, durante su estada en los cuarteles de José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, el detenido Ariel Salinas permaneció sin contacto con el exterior. En los dos primeros lugares vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dichos cuarteles. 

La última vez que Ariel Salinas Argomedo fue visto con vida por otros detenidos ocurrió un día no determinado del mes de noviembre de 1974, encontrándose desaparecido desde esa fecha.

por Darío Núñez

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a cuatro ex agentes de la disuelta DINA-CNI por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de Jenny del Carmen Barra Rosales, perpetrado a partir del 17 de octubre de 1977 en Santiago.

La joven, de 23 años de edad, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrada, torturada, asesinada y hecha desaparecer. Los agentes represivos arrojaron su cuerpo a un socavón de la mina 'Los Bronces', en la Cuesta Barriga, lugar donde el año 2001 se encontraron parte de sus restos.

En el mes de enero de 1979, por decisión del tirano Pinochet, agentes de la CNI realizaron en Cuesta Barriga un operativo con el fin de extraer los restos de los prisioneros ejecutados y arrojados en ese sitio, con el propósito de eliminar toda evidencia de sus crímenes, los que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado, pero quedaron restos esparcidos que posibilitaron la posterior identificación de víctimas una vez que el sitio fue develado.

En el fallo (causa rol 6-2002), la ministra en visita condenó a los ex oficiales de Ejército y jerarcas represores Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Juan Hernán Morales Salgado, a la pena de10 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 541 días de presidio, como encubridor.

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecido que el día lunes 17 de octubre de 1977, en horas de la tarde, Jenny del Carmen Barra Rosales estuvo en la casa de una amiga en calle José Joaquín Pérez de la comuna de San Bernardo y, al retirarse en dirección a su domicilio en la misma comuna, fue detenida por agentes de seguridad, quienes la trasladaron al centro de detención clandestino 'Villa Grimaldi', mismo recinto en que permanecía detenido José Tobar Quezada.

Con anterioridad, el día sábado 15 de octubre de 1977, en horas de la mañana, José Miguel Tobar Quezada, también militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública por agentes de seguridad quienes lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi' y lo sometieron a interrogatorios y torturas con el fin de obtener información acerca de otros militantes del MIR, logrando conseguir la identificación de Jenny del Carmen Barra Rosales, de nombre político 'Hilda'.

Enseguida, los agentes se trasladaron hasta las inmediaciones del domicilio de Jenny Barra, ubicado en calle Industrias de la comuna de San Bernardo, entrevistando a un vecino, a quien consultaron respecto de las actividades de la joven, consumando luego su detención.

En 'Villa Grimaldi', Jenny Barra Rosales sufrió los mismos tormentos que el resto de los detenidos, de hecho Tobar Quezada escuchó su voz y su llanto en los momentos en que era interrogada y, doblegada por la tortura, habría proporcionado los antecedentes que permitieron la detención de Hernán Santos Pérez Álvarez, un fotógrafo y militante del MIR, practicada el día 19 de octubre de ese año en la comuna de Pudahuel y que también fue hecho desaparecer. Los tres militantes detenidos José Miguel Tobar Quezada, Jenny del Carmen Barra Rosales y Hernán Santos Pérez Álvarez, colaboraban estrechamente con la elaboración de la publicación denominada 'El Rebelde'. Con posterioridad, José Miguel Tobar Quezada y Jenny del Carmen Barra Rosales fueron trasladados al centro de detención clandestino denominado 'Simón Bolívar', lugar en que permanecieron encerrados por tiempo indeterminado.

Los hechos descritos tuvieron principio de ejecución en el mes de octubre del año 1977, época en que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) había sido declarada disuelta y continuaba operando como Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia que continuó realizando acciones represivas en contra de los militantes de los partidos políticos contrarios al régimen militar, en especial del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que, para tales efectos, recibió el personal y el patrimonio de la disuelta DINA, en particular los centros de detención clandestinos denominados 'Villa Grimaldi' y 'Simón Bolívar', los agentes encargados de su funcionamiento y sus superiores jerárquicos.

En razón de lo anterior, en el período de los hechos, el centro de detención clandestino 'Villa Grimaldi' estaba a cargo del entonces capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien, además, ejercía el mando de los equipos operativos encargados de perseguir y exterminar a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, por otra parte, el centro de detención clandestino 'Simón Bolívar' estaba bajo el mando del entonces mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, quien, adicionalmente, detentaba la jefatura de la Brigada Lautaro.

Asimismo, el general de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda -actualmente fallecido-, el coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y el teniente coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo se desempeñaron como director, director de Operaciones y subdirector de Inteligencia Interior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), respectivamente y, tras la disolución de dicho organismo, continuaron desarrollando sus funciones en la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el período en que estos hechos criminales comenzaron a desarrollarse.

por Daría Núñez