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Escuela de Suboficiales de Carabineros

Santiago

La Escuela de Carabineros ubicada en Antonio Varas Nº 1842, Providencia, al igual que otros recintos de Carabineros a lo largo de Chile fue utilizada para la detención y interrogatorio de presos políticos.

Fuentes de Información: Informe Valech; Memoriaviva

La Nacion
Domingo 3 de agosto de 2003
Relatos de las víctimas uniformadas del 11 de septiembre: Ni orden, ni patria

Luego del Golpe de Estado de 1973, un grupo de oficiales de Carabineros fue acusado por el general César Mendoza de “tener influencias marxistas”, enjuiciados dentro del proceso al general Alberto Bachelet y marginados de la institución, a cuyos cuarteles aún tienen dificultades para ingresar, pese a que fueron absueltos. A 30 años de los hechos cuentan su historia y piden justicia por el trato recibido.

Cerca de las diez de la mañana del 12 de septiembre de 1973, mientras el país aún no se recuperaba del impacto del golpe de Estado y se vivía el primer día de gobierno militar, el mayor (R) Eduardo Núñez Perrow estaba retenido en el casino de la Escuela de Suboficiales de Carabineros sin comprender qué estaba sucediendo en un Chile que comenzaba a cambiar para siempre.

En el patio, efectivos atrincherados lanzaban locos disparos defendiéndose de un supuesto ataque del MIR que, por cierto, nunca ocurrió. Pese a su calidad de retenido, y respondiendo al cargo de jefe de régimen interno de dicha dependencia que aún creía poseer, Núñez detuvo la balacera y atravesó el recinto para llegar a su oficina y comunicarse con su mujer. Al verle llegar y levantar el teléfono, un carabinero dejó su puesto de guardia, hecho que ni la orden de su superior evitó. “Dile a los niños que mejor entren a la casa”, advirtió el entonces mayor a su esposa. Al salir Núñez de la habitación, el director de la Escuela de Suboficiales, coronel Lautaro Melgarejo, lo golpeó y lo botó al suelo mientras lo insultaba y acusaba de estar contactándose con elementos del MIR. “Llévenselo al medio del patio para fusilarlo” fue la orden de Melgarejo. Años después y poco antes de morir, acota Núñez Perrow, “me pidió disculpas por haber hecho eso”.

El recuerdo aún está fresco en su memoria, pero lo relata con tranquilidad, la misma que con que enfrentó a su superior cuando éste le sacó a tirones las presillas de su uniforme. “Lo único que quería saber era por qué me querían matar, nunca tuve absolutamente nada que ver con política. Mi posición fue contraria al golpe, Carabineros estaba identificado con la Constitución, con la defensa de la vida y la integridad de los ciudadanos. En consecuencia, una adhesión a un movimiento golpista era olvidarse de lo que era ser carabinero”, afirma Núñez.

HISTORIAS REPETIDAS
La historia de este oficial es similar a la vivida por cerca de 50 carabineros, quienes -al negarse a participar del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende- fueron separados de la institución y tachados de peligrosos y marxistas.

A 30 años de lo ocurrido, no sólo Núñez tiene esas imágenes vivas.

Los mayores (R) Víctor Derviniadis Paredes, Zenón García Gallardo y el capitán (R) Oscar Díaz Ortiz también quieren justicia, ya que mientras las otras ramas de las Fuerzas Armadas han hecho gestos por reincorporar al personal separado de sus filas tras el golpe de Estado, Carabineros aún los mantiene “marcados” en los archivos de la Dirección General.

Además, y pese a que la prohibición “de libre acceso a aquellas dependencias que no fueran las destinadas a la atención de público” para el personal que aparece en un listado secreto que las FF.AA. elaboraron en 1973 fue dejado sin validez en 1999, algunos de ellos han tenido dificultades objetivas producto de esa prohibición, por ejemplo, cuando a uno de ellos le fue vedado el acceso a una comisaría, donde pretendía ingresar en su calidad de abogado.

Tras varios intentos frustrados por regularizar su situación, en enero de 2003 una parte de este grupo presentó una demanda en contra del fisco por daños y perjuicios provocados por las torturas y vejámenes que sufrieron, tanto de parte de sus propios compañeros como por funcionarios de la Fuerza Aérea en la Academia de Guerra, en el proceso denominado “contra Bachelet y otros”, en que finalmente fueron absueltos.

BUSCANDO EQUIDAD
A fines de los convulsionados años 60 en Carabineros había un grupo de oficiales que, además de preocuparse del orden, la seguridad ciudadana y hacer cumplir las leyes, miraba más allá y buscaba respuestas a sus inquietudes sociales. Y la caridad, siempre debe partir por casa.

 “Queríamos hacer cambios en Carabineros, terminar con las diferencias odiosas. Había que terminar con eso de que sólo los oficiales eran ‘señores’. Nosotros sosteníamos que genéricamente todos debían ser oficiales, pero Carabineros siempre ha estado más cercano a la estratificación militar que a lo policial, debido a su origen”, dice el mayor (R) Víctor Derviniadis, quien en 1973 estaba a cargo de la 17ª Comisaría de Radiopatrullas, en la que prestaba servicio como teniente el actual general director de la institución, Alberto Cienfuegos.

Las discriminaciones sociales y la mala situación en que vivían algunos carabineros era motivo de preocupación para Derviniadis, quien junto a Zenón García se movilizó para conseguir viviendas dignas para los carabineros, las que fueron entregadas en 1972 en la Prefectura de Radiopatrullas en un acto que, señala Derviniadis, “la Dirección General no tomó en cuenta”.

Por esta preocupación social que buscaba elevar la condición del carabinero, comenzaron a ser tachados de reformistas tanto en la prensa de derecha como al interior de Carabineros. “Nuestros mismos compañeros se encargaban de indisponernos, estábamos marcados, no como marxistas, pero como tipos más evolucionados que queríamos hacer más cosas, éramos adelantados a nuestra época”, recuerda Víctor Derviniadis desde su oficina en calle Teatinos, donde actualmente mantiene una empresa de seguridad.

Zenón García rememora la época en que estuvo destinado en el sur del país, “donde me tocó llegar a casas con el piso de tierra, con familias enteras con tuberculosis en una situación deplorable. Entonces uno va viendo muchas injusticias y va tomando conciencia”.

Esta situación, sumada a su inquietud por estudiar derecho, fue marcando un perfil algo distinto al carabinero común y corriente, que vio con buenos ojos la llegada de Salvador Allende a la Presidencia de la República “por todos los cambios sociales que se proyectaban que, si se lograban, eran realizaciones que eran buenas desde todo punto de vista”.

Desde su cargo de comisario de la 1ª Comisaría de Arauco, en Lebu, el capitán (R) Oscar Díaz también veía nacer estas inquietudes. “Una vez fui a Cunco y encontré al carabinero Walter Illanes Sánchez viviendo en una verdadera pocilga con su señora, por lo que hablé con el general Antonio Díaz de quien yo era ayudante, para que pudiera ocupar las dependencias del casino de suboficiales, pese a que la Dirección General no lo permitía” cuenta Díaz, quien meses después sufrió aquello de ‘las vueltas de la vida’: el 11 de septiembre, tras su detención, el carabinero a quien había ayudado lo reemplazó en el cargo de comisario y, mientras él era trasladado en calidad de detenido hacia Santiago, utilizó el patio de su casa donde aún vivía su esposa, embarazada de seis meses, como lugar de tiro y práctica con ametralladoras.

 “Mi señora tuvo que ser operada y mi hija nació prematura, debió ser operada del corazón y aún no logra recuperarse”.

UN GOLPE BAJO
Llegaba 1973 y la tensión en Chile se respiraba en todos los rincones. Carabineros ya sufría una división en su interior y comenzaban a destacar los oficiales constitucionalistas “y los conspiradores que estaban liderados por el general Arturo Yovanne desde Valparaíso, iba a los casinos, se contactaba con los oficiales y organizaba todo” señala García.

La figura del entonces general director, José María Sepúlveda, es señalada como clave por este grupo de ex uniformados, pues le adjudican la responsabilidad de no haberse opuesto al golpe y de tener “una actitud ambigua”.

El 29 de junio de 1973, cuando se produjo el “Tancazo”, el general Sepúlveda se encontraba fuera del país en una gira de carácter diplomático. Tras lo que se ha llamado el ensayo general del posterior golpe de Estado, Sepúlveda no apuró su regreso al país, lo que cayó mal en cierto sector de la oficialidad de Carabineros.

“Yo me sentí derrotado en el momento que el Presidente Allende confirmó en el cargo al general Sepúlveda, porque sabía que él no iba a ser capaz de oponerse al golpe que ya se estaba preparando y que yo intuía iba a producirse el 18 de septiembre o antes”, señala Zenón García recordando, además, que el candidato para reemplazar a Sepúlveda era el general Rubén Álvarez Oyarzún, quien era un conocido constitucionalista, y que luego fue señalado como “pro marxista” por la fallecida diputada del Partido Nacional Silvia Pinto en un reportaje de la revista Qué Pasa, entonces dirigida por el historiador Gonzalo Vial Correa, publicado sólo cinco días antes del golpe.

Tal como lo esperaba el mayor (R) García, el 11 llegó y aquellos carabineros “adelantados a su época” inmediatamente fueron separados de la institución. Con los días sufrirían torturas físicas y psicológicas.

“Solicité permiso para irme a la casa de mi suegra en Valparaíso y me trasladé con mi mujer y mis hijos. A los cuatro días de estar allá se produjo un tremendo y desmedido operativo con 50 carabineros a cargo del mayor Néstor Paiva Valdés, en el cual allanaron la casa de mi suegra e incluso la arrinconaron a ella y a mis hijos con ametralladoras” recuerda el mayor en retiro Derviniadis.

“Al ser detenido fui desvinculado del cargo y ahí se acabó Carabineros para mí, porque pasé a ser un prisionero, me retiraron la Tipcar, el revólver. Derviniadis, a quien se calificó como “hombre de confianza del régimen marxista, siendo que jamás conocí al Presidente Allende”, fue trasladado a la Prefectura de Valparaíso, donde el entonces teniente coronel Rodolfo Stange le mostró la orden de detención, causa 1-73 “contra Bachelet y otros”, donde se ordenaba su inmediato traslado a Santiago en calidad de detenido e incomunicado. “Yo no sabía qué pasaba, no conocía al general Bachelet. Stange me dijo ‘lea atrás’. Ahí se consignaba que yo era mayor de Carabineros, que estaba armado, que era altamente peligroso, y que estaría reunido con otros individuos en el cerro Playa Ancha. Ahí me expliqué la ferocidad con que entraron a la casa de mi suegra, porque se les notaba su odio”, recuerda Derviniadis.

EN LA ACADEMIA DE GUERRA
Zenón García corrió la misma suerte. “A las once de la mañana del 11 de septiembre el coronel Lautaro Melgarejo me dice que soy prisionero de guerra y de ahí tuve que defenderme ante la fiscalía. Me tuvieron detenido, luego llegó la orden de dejarme en libertad y al otro día fui a la escuela a dejar mis uniformes y todo, no quería saber nada más con Carabineros”.

García y Derviniadis -junto al fallecido mayor (R) y periodista Juan Bastidas- se encontrarían días después en la Academia de Guerra, donde según cuentan, “tenían todo preparado, los que iban a estar a cargo de los consejos de guerra e incluso tenían una radio que alcanzaba a tomar una señal desde Cuba donde escuchaban los discursos de Fidel Castro, para crear ambiente e imaginarse que estaban en una guerra real, peleando con el enemigo”.

Luego de ser sometidos a diversas torturas -que incluyeron golpes y aplicación de electricidad- ordenadas por el fiscal a cargo de la causa “contra Bachelet y otros”, Orlando Gutiérrez, fueron obligados a firmar una declaración y trasladados a la Escuela de Carabineros.

Allí, si bien no sufrieron apremios físicos, fueron sometidos a diversos vejámenes, como darles comida empapada en orina y excremento. “Aún causa asco recordarlo” señala Derviniadis, mientras que García prefiere olvidar “por una especie de autodefensa, para mi higiene mental”.

Una vez en libertad, Víctor Derviniadis partió al exilio en Canadá, mientras Zenón García, Eduardo Núñez y Oscar Díaz permanecieron en Chile, “en pésimas condiciones y constantemente perseguidos”, cuenta este último.

TODO SIGUE IGUAL
En los ochenta formaron el Taller de Estudios Policiales, entidad que publicó boletines, realizó foros y charlas donde criticaron la forma cómo se estaba manejando la institución, sobre todo porque “había pasado a ser una entidad netamente represora luego que el general César Mendoza le entregara la institución al Ejército” afirma Zenón García. 

Con el retorno a la democracia la situación no cambió. Previo a las elecciones presidenciales de 1989 este grupo manifestó todo su apoyo a la candidatura de Patricio Aylwin, pero después se llevaron una sorpresa. “El difunto mayor Juan Bastidas, estando en la Intendencia de la Décima Región, se acercó al Presidente Aylwin y le preguntó por la situación de los exonerados de las FF.AA. y éste le contestó que no existían los exonerados en las FF.AA. Nos negó pese a que nosotros habíamos trabajado por él”, cuenta hoy con desencanto Oscar Díaz desde su casa de La Cisterna.

Luego, la primera Ley de Exonerados Políticos no los consideró y la segunda, de 1998, les compensó en cierta medida, pero no en lo que ellos solicitan. “Quiero que me restituyan a mi escalafón, porque me cortaron ilegalmente la carrera donde seguramente hubiera llegado a general por lógica consecuencia de ver quienes llegaron después a ese puesto” dice Eduardo Núñez.

Además, “una pena por un delito criminal dura 15 ó 20 años, pero nosotros estamos así para toda la vida y no cometimos ningún delito, al contrario, yo no tuve absolutamente nada que ver con política porque mi llamado a retiro no tuvo un fundamento y, al parecer, fue una confusión porque había un carabineros de apellido Núñez que se relacionaba con alguna gente de los cordones industriales”, aclara Núñez Perrow.

Oscar Díaz piensa que “así como el general Mendoza dio la orden de expulsarnos, como Pinochet prohibió que nosotros pudiéramos acceder a trabajos en el sector público o privado, el general Cienfuegos podría hacer lo mismo y reconocer que quienes estuvieron apegados a la institucionalidad fuimos nosotros y no ellos que gozan de las prebendas y beneficios que les dio la dictadura”

Actualmente Víctor Dervianidis y Zenón García viven sus días laborales en el centro de Santiago, mientras Oscar Díaz atiende un negocio de lavado de automóviles y Eduardo Núñez dirige su escuela de yoga clásico en Ñuñoa. Separados en el diario vivir, pero unidos por el recuerdo de su injusta salida de una institución a la que dedicaron más de dos décadas y donde siempre defendieron la Constitución y el uniforme.

"ALGUIEN ME VA A TENER QUE PAGAR LOS DAÑOS"
El 24 de enero pasado, con el patrocinio del abogado Eduardo Echenique, los mayores (R) Víctor Derviniadis, Eduardo Núñez y Héctor Salinas junto con los capitanes (R) Oscar Díaz y Jaime Silva, presentaron una demanda ante el Primer Juzgado Civil por indemnización de perjuicios en contra del fisco.
“A nosotros no nos dejaría felices un arreglo honorífico, que podamos entrar a los clubes o a los casinos. Hemos sido tratados como delincuentes siendo que los delincuentes fueron ellos, que incluso tuvieron que ampararse en la Amnistía. A mí alguien me va a tener que pagar los daños sufridos”, señala Derviniadis. 

El controvertido listado secreto
En 1999 estos ex carabineros presentaron un recurso de protección por la existencia de un listado secreto -al que La Nación Domingo tuvo acceso-, que prohibía a cerca de mil 500 ex funcionarios de todas las ramas de las FF.AA. ingresar a los cuarteles porque “su presencia podría facilitar la oportunidad para trabar contactos con elementos jóvenes, aún no compenetrados profundamente de la tradición y mística institucional, fáciles de ser persuadidos por ideologías foráneas”.

En el comparendo, el abogado de la Dirección General reconoció la existencia de este listado secreto, pero aclaró que mediante otro documento con el mismo carácter había quedado sin validez. Esto fue confirmado por el jefe del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, coronel Raúl Retamal, quien señaló a LND que “mediante la circular N° 1.546 de fecha 27 de Diciembre de 1999, Carabineros de Chile dejó sin efecto tal prohibición, por haberse constatado que sus prescripciones habían caído en desuso desde hacía algunos años”.

Sin embargo el año pasado al mayor Víctor Derviniadis no pudo obtener la TIPCAR y, a través de una averiguación que le hizo el general (R) Claudio Calderón dado que tras los trámites no obtuvo una notificación oficial, supo que le fue negada porque tenía “antecedentes en la computadora de la Dirección General”.

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